Crece el delito rural y hay pocas herramientas para enfrentarlo
Más allá del debate interminable sobre si el “campo liquida” o no, un tema de conversación clásico que atraviesa gobiernos de diferente signo ideológico, por debajo del radar hay problemas que se repiten en el tiempo y que no tienen solución a corto plazo. Uno de ellos es el delito rural.
En las últimas semanas se sucedieron varios hechos. En el partido bonaerense de Coronel Pringles, por ejemplo, los productores denunciaron que prácticamente cada cuatro días hay un hecho de abigeato o carneadas en los campos. Como si fuera un verdadero Triángulo de las Bermudas, los ladrones rompen los alambrados, ingresan en los campos, carnean los animales y dejan tirados los restos. Con impotencia, los productores dicen que ya ni siquiera hacen la denuncia en la policía porque, pese a que se empieza a investigar, nunca se encuentra a los culpables de los delitos.
Otro hecho que provocó preocupación es un fallo de dos jueces de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires que redujo la pena de dos condenados por el robo de ganado al considerarlos como responsables de un “robo simple” en vez del delito de “abigeato agravado”. De esa forma, los acusados de robar y matar dos terneros en un establecimiento del partido de Olavarría en 2020, Miguel Ángel Ábalos y Luciano Agustín Ferro, en vez de enfrentar penas de seis y cinco años, respectivamente, tendrán que hacerlo por tres años de prisión efectiva, para el primero, y dos y medio condicional, para el segundo. En la Sociedad Rural de Olavarría se lamentaron por la decisión de la Justicia y expresaron que a los magistrados les falta “sentido común”.
Centros urbanos
“Están creciendo los delitos en quintas y en zonas rurales más cercanas a los centros urbanos”, dijo a LA NACION, Roberto Igolnikow, coordinador de la Comisión de Seguridad de Carbap. “Lamentablemente, muchas veces los productores no hacen las denuncias porque no se investigan los delitos”, añadió.
Productor y abogado en la zona de Las Flores, Igolnikow advirtió también por la postura laxa que se está tomando en la Justicia en relación con el delito en las zonas rurales.
La sospecha, no sin fundamentos, es que la carneada de animales en los campos opera como una suerte de “permitido” frente a la situación social crítica. Pero a eso se suman los circuitos comerciales ilegales que se montan alrededor del delito rural. Uno de ellos es el robo de hacienda. “Desde Carbap insistimos en que los gobiernos municipales se focalicen en los controles bromatológicos sobre los comercios”, explicó el ruralista.
Una de las vías de solución de este problema es dotar de mejores recursos a la Justicia. Esta semana, la diputada provincial Silvina Vacarezza (Cambio Federal) presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para crear unidades fiscales específicas para el delito rural. “Se necesita gente especializada en las investigaciones, vemos que están creciendo los hechos de inseguridad en el campo”, dijo a la legisladora a LA NACION.
Directivos de Carbap, Coninagro Federación Agraria y de sociedades rurales de la provincia se reunieron esta semana con Vacarezza para conocer los detalles de la iniciativa. Según la legisladora, fue bien recibida por el resto de los bloques que conforman la Legislatura provincial. De quien no tuvo eco fue de los representantes de La Libertad Avanza.
“Los productores están cansados de hacer las denuncias porque muchas veces no se recolectan las pruebas para investigar los delitos”, se lamentó Vacarezza, de familia de productores en Alberti. Por ese motivo, muchas veces las estadísticas oficiales no coinciden con los hechos reales que se suceden a diario en el campo.
“Los delitos que se cometen en el ámbito rural varían según la zona y para ello se deben tener en cuenta las estadísticas, zonificando la provincia de acuerdo al tipo de delito y la cantidad de habitantes”, sostiene el proyecto de ley.
Igolnikow, a su vez, destaca que desde Carbap insisten en que las denuncias se hagan para que tanto las fuerzas de seguridad como la Justicia se muevan con rapidez.
La inseguridad rural es uno de los motivos por los cuales también la gente prefiere mudarse a las ciudades. Cuando se habla de los déficit de desarrollo que tiene la Argentina, no siempre se toman en cuenta los problemas de infraestructura, educación y seguridad de quienes se esfuerzan por vivir en el campo. Más allá de las cuestiones sobre presión impositiva y precios, la seguridad rural es un tema crucial para el agro.
Más allá del debate interminable sobre si el “campo liquida” o no, un tema de conversación clásico que atraviesa gobiernos de diferente signo ideológico, por debajo del radar hay problemas que se repiten en el tiempo y que no tienen solución a corto plazo. Uno de ellos es el delito rural.
En las últimas semanas se sucedieron varios hechos. En el partido bonaerense de Coronel Pringles, por ejemplo, los productores denunciaron que prácticamente cada cuatro días hay un hecho de abigeato o carneadas en los campos. Como si fuera un verdadero Triángulo de las Bermudas, los ladrones rompen los alambrados, ingresan en los campos, carnean los animales y dejan tirados los restos. Con impotencia, los productores dicen que ya ni siquiera hacen la denuncia en la policía porque, pese a que se empieza a investigar, nunca se encuentra a los culpables de los delitos.
Otro hecho que provocó preocupación es un fallo de dos jueces de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires que redujo la pena de dos condenados por el robo de ganado al considerarlos como responsables de un “robo simple” en vez del delito de “abigeato agravado”. De esa forma, los acusados de robar y matar dos terneros en un establecimiento del partido de Olavarría en 2020, Miguel Ángel Ábalos y Luciano Agustín Ferro, en vez de enfrentar penas de seis y cinco años, respectivamente, tendrán que hacerlo por tres años de prisión efectiva, para el primero, y dos y medio condicional, para el segundo. En la Sociedad Rural de Olavarría se lamentaron por la decisión de la Justicia y expresaron que a los magistrados les falta “sentido común”.
Centros urbanos
“Están creciendo los delitos en quintas y en zonas rurales más cercanas a los centros urbanos”, dijo a LA NACION, Roberto Igolnikow, coordinador de la Comisión de Seguridad de Carbap. “Lamentablemente, muchas veces los productores no hacen las denuncias porque no se investigan los delitos”, añadió.
Productor y abogado en la zona de Las Flores, Igolnikow advirtió también por la postura laxa que se está tomando en la Justicia en relación con el delito en las zonas rurales.
La sospecha, no sin fundamentos, es que la carneada de animales en los campos opera como una suerte de “permitido” frente a la situación social crítica. Pero a eso se suman los circuitos comerciales ilegales que se montan alrededor del delito rural. Uno de ellos es el robo de hacienda. “Desde Carbap insistimos en que los gobiernos municipales se focalicen en los controles bromatológicos sobre los comercios”, explicó el ruralista.
Una de las vías de solución de este problema es dotar de mejores recursos a la Justicia. Esta semana, la diputada provincial Silvina Vacarezza (Cambio Federal) presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para crear unidades fiscales específicas para el delito rural. “Se necesita gente especializada en las investigaciones, vemos que están creciendo los hechos de inseguridad en el campo”, dijo a la legisladora a LA NACION.
Directivos de Carbap, Coninagro Federación Agraria y de sociedades rurales de la provincia se reunieron esta semana con Vacarezza para conocer los detalles de la iniciativa. Según la legisladora, fue bien recibida por el resto de los bloques que conforman la Legislatura provincial. De quien no tuvo eco fue de los representantes de La Libertad Avanza.
“Los productores están cansados de hacer las denuncias porque muchas veces no se recolectan las pruebas para investigar los delitos”, se lamentó Vacarezza, de familia de productores en Alberti. Por ese motivo, muchas veces las estadísticas oficiales no coinciden con los hechos reales que se suceden a diario en el campo.
“Los delitos que se cometen en el ámbito rural varían según la zona y para ello se deben tener en cuenta las estadísticas, zonificando la provincia de acuerdo al tipo de delito y la cantidad de habitantes”, sostiene el proyecto de ley.
Igolnikow, a su vez, destaca que desde Carbap insisten en que las denuncias se hagan para que tanto las fuerzas de seguridad como la Justicia se muevan con rapidez.
La inseguridad rural es uno de los motivos por los cuales también la gente prefiere mudarse a las ciudades. Cuando se habla de los déficit de desarrollo que tiene la Argentina, no siempre se toman en cuenta los problemas de infraestructura, educación y seguridad de quienes se esfuerzan por vivir en el campo. Más allá de las cuestiones sobre presión impositiva y precios, la seguridad rural es un tema crucial para el agro.
Más allá del debate interminable sobre si el “campo liquida” o no, un tema de conversación clásico que atraviesa gobiernos de diferente signo ideológico, por debajo del radar hay problemas que se repiten en el tiempo y que no tienen solución a corto plazo. Uno de ellos es el delito rural. En las últimas semanas se sucedieron varios hechos. En el partido bonaerense de Coronel Pringles, por ejemplo, los productores denunciaron que prácticamente cada cuatro días hay un hecho de abigeato o carneadas en los campos. Como si fuera un verdadero Triángulo de las Bermudas, los ladrones rompen los alambrados, ingresan en los campos, carnean los animales y dejan tirados los restos. Con impotencia, los productores dicen que ya ni siquiera hacen la denuncia en la policía porque, pese a que se empieza a investigar, nunca se encuentra a los culpables de los delitos. Otro hecho que provocó preocupación es un fallo de dos jueces de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires que redujo la pena de dos condenados por el robo de ganado al considerarlos como responsables de un “robo simple” en vez del delito de “abigeato agravado”. De esa forma, los acusados de robar y matar dos terneros en un establecimiento del partido de Olavarría en 2020, Miguel Ángel Ábalos y Luciano Agustín Ferro, en vez de enfrentar penas de seis y cinco años, respectivamente, tendrán que hacerlo por tres años de prisión efectiva, para el primero, y dos y medio condicional, para el segundo. En la Sociedad Rural de Olavarría se lamentaron por la decisión de la Justicia y expresaron que a los magistrados les falta “sentido común”.Centros urbanos“Están creciendo los delitos en quintas y en zonas rurales más cercanas a los centros urbanos”, dijo a LA NACION, Roberto Igolnikow, coordinador de la Comisión de Seguridad de Carbap. “Lamentablemente, muchas veces los productores no hacen las denuncias porque no se investigan los delitos”, añadió. Productor y abogado en la zona de Las Flores, Igolnikow advirtió también por la postura laxa que se está tomando en la Justicia en relación con el delito en las zonas rurales.La sospecha, no sin fundamentos, es que la carneada de animales en los campos opera como una suerte de “permitido” frente a la situación social crítica. Pero a eso se suman los circuitos comerciales ilegales que se montan alrededor del delito rural. Uno de ellos es el robo de hacienda. “Desde Carbap insistimos en que los gobiernos municipales se focalicen en los controles bromatológicos sobre los comercios”, explicó el ruralista.Una de las vías de solución de este problema es dotar de mejores recursos a la Justicia. Esta semana, la diputada provincial Silvina Vacarezza (Cambio Federal) presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para crear unidades fiscales específicas para el delito rural. “Se necesita gente especializada en las investigaciones, vemos que están creciendo los hechos de inseguridad en el campo”, dijo a la legisladora a LA NACION. Directivos de Carbap, Coninagro Federación Agraria y de sociedades rurales de la provincia se reunieron esta semana con Vacarezza para conocer los detalles de la iniciativa. Según la legisladora, fue bien recibida por el resto de los bloques que conforman la Legislatura provincial. De quien no tuvo eco fue de los representantes de La Libertad Avanza. “Los productores están cansados de hacer las denuncias porque muchas veces no se recolectan las pruebas para investigar los delitos”, se lamentó Vacarezza, de familia de productores en Alberti. Por ese motivo, muchas veces las estadísticas oficiales no coinciden con los hechos reales que se suceden a diario en el campo.“Los delitos que se cometen en el ámbito rural varían según la zona y para ello se deben tener en cuenta las estadísticas, zonificando la provincia de acuerdo al tipo de delito y la cantidad de habitantes”, sostiene el proyecto de ley.Igolnikow, a su vez, destaca que desde Carbap insisten en que las denuncias se hagan para que tanto las fuerzas de seguridad como la Justicia se muevan con rapidez. La inseguridad rural es uno de los motivos por los cuales también la gente prefiere mudarse a las ciudades. Cuando se habla de los déficit de desarrollo que tiene la Argentina, no siempre se toman en cuenta los problemas de infraestructura, educación y seguridad de quienes se esfuerzan por vivir en el campo. Más allá de las cuestiones sobre presión impositiva y precios, la seguridad rural es un tema crucial para el agro. LA NACION
