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La Argentina retomó una denuncia penal internacional contra el régimen de Venezuela por violaciones a los derechos humanos

El gobierno argentino retomó la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, en la que se investiga al régimen de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos. Así, el presidente Javier Milei revirtió la postura que mantuvo durante la gestión de Alberto Fernández, quien había retirado a la Argentina de la demanda, con el argumento de que la demanda era “parte de una maniobra ideada por Donald Trump”.

La decisión fue comunicada al tribunal internacional y difundida por la Cancillería, que conduce Diana Mondino, cuando faltan ocho días para las cruciales elecciones presidenciales en Venezuela.

Jorge Macri podría escalar la pelea con Milei si no hay acuerdo por los fondos en la cumbre con Caputo

“En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021″, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Añadió que “esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela” y afirmó que “la República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”.

La denuncia contra Venezuela ante la máxima instancia penal internacional, cuya sede se encuentra en La Haya, había sido presentada en 2018 por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y la Argentina, durante la presidencia de Mauricio Macri.

No existían antecedentes de Estados que demandaran a otro Estado por delitos considerados de lesa humanidad, ante un tribunal cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerras y agresiones violatorias de los derechos humanos.

Expertos convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) recibieron en cinco audiencias testimonios de víctimas y testigos de los atropellos del régimen de Maduro y en un informe, de 489 páginas, analizaron ataques contra dirigentes opositores en Venezuela. Describieron allí la existencia de “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas”, con el objeto de “aterrorizar” al pueblo de ese país.

Situación en Venezuela: Argentina vuelve a la Corte Penal Internacional

En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de… pic.twitter.com/OMCT6xlqxQ

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) July 19, 2024

El informe dictaminó la existencia de 131 víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o formaciones chavistas. Se identificaron, además, 8292 ejecuciones extrajudiciales a partir de 2015 y más de 12.000 detenciones arbitrarias, además de otras privaciones de libertad física desde las elecciones de 2013, que consagraron a Maduro como sucesor de Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013.

El gobierno argentino renegó de estas comprobaciones en 2021, cuando integraba el Grupo de Lima, al comunicar a la Corte Penal Internacional su decisión de retirarse de la denuncia. “Le pedí al titular de la CPI -el polaco Piotr Józef Hofmanski-, que ese tribunal no sea utilizado políticamente”, dijo en ese momento Fernández, al argumentar su posición.

Insistió en que la denuncia contra Venezuela formaba parte de “una maniobra ideada por Trump en perjuicio de un país latinoamericano” y que la finalidad política era marginar y dejar a un costado a Venezuela”.

El gobierno argentino retomó la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, en la que se investiga al régimen de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos. Así, el presidente Javier Milei revirtió la postura que mantuvo durante la gestión de Alberto Fernández, quien había retirado a la Argentina de la demanda, con el argumento de que la demanda era “parte de una maniobra ideada por Donald Trump”.

La decisión fue comunicada al tribunal internacional y difundida por la Cancillería, que conduce Diana Mondino, cuando faltan ocho días para las cruciales elecciones presidenciales en Venezuela.

Jorge Macri podría escalar la pelea con Milei si no hay acuerdo por los fondos en la cumbre con Caputo

“En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021″, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Añadió que “esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela” y afirmó que “la República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”.

La denuncia contra Venezuela ante la máxima instancia penal internacional, cuya sede se encuentra en La Haya, había sido presentada en 2018 por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y la Argentina, durante la presidencia de Mauricio Macri.

No existían antecedentes de Estados que demandaran a otro Estado por delitos considerados de lesa humanidad, ante un tribunal cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerras y agresiones violatorias de los derechos humanos.

Expertos convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) recibieron en cinco audiencias testimonios de víctimas y testigos de los atropellos del régimen de Maduro y en un informe, de 489 páginas, analizaron ataques contra dirigentes opositores en Venezuela. Describieron allí la existencia de “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas”, con el objeto de “aterrorizar” al pueblo de ese país.

Situación en Venezuela: Argentina vuelve a la Corte Penal Internacional

En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de… pic.twitter.com/OMCT6xlqxQ

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) July 19, 2024

El informe dictaminó la existencia de 131 víctimas de asesinatos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado o formaciones chavistas. Se identificaron, además, 8292 ejecuciones extrajudiciales a partir de 2015 y más de 12.000 detenciones arbitrarias, además de otras privaciones de libertad física desde las elecciones de 2013, que consagraron a Maduro como sucesor de Hugo Chávez, fallecido en marzo de 2013.

El gobierno argentino renegó de estas comprobaciones en 2021, cuando integraba el Grupo de Lima, al comunicar a la Corte Penal Internacional su decisión de retirarse de la denuncia. “Le pedí al titular de la CPI -el polaco Piotr Józef Hofmanski-, que ese tribunal no sea utilizado políticamente”, dijo en ese momento Fernández, al argumentar su posición.

Insistió en que la denuncia contra Venezuela formaba parte de “una maniobra ideada por Trump en perjuicio de un país latinoamericano” y que la finalidad política era marginar y dejar a un costado a Venezuela”.

 El gobierno se había retirado de la demanda en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández; la investigación es llevada adelante por la Corte Penal Internacional y comprende a Nicolás Maduro  LA NACION

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