Santiago Caputo desembarca en el fondo que administra millones de la empresa de su tío en Tierra del Fuego
Las decisiones del gobierno de Javier Milei respecto del régimen especial de Tierra del Fuego han sido objeto de polémica desde el comienzo de la gestión. En el Congreso, durante el tratamiento de la Ley Bases, los legisladores cuestionaron –muchos de ellos, en voz baja– por qué no se planteaba una reducción de los beneficios fiscales a la isla frente a la necesidad de sumar recursos para los bolsillos flacos del Estado. Este miércoles, en el Boletín Oficial, se vio reflejada una designación que vuelve a encender alarmas sobre los vínculos de ciertos funcionarios para con el esquema: específicamente, un fondo fiduciario multimillonario teóricamente abocado al desarrollo de la matriz productiva.
El Gobierno evalúa disolver alrededor de 60 organismos públicos y reducir más la planta de empleados
Aunque se decidió hace un mes, hoy se “aceptó la renuncia” de la funcionaria a cargo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), creado en 2022, luego de que la gestión de Alberto Fernández extendiera hasta 2038 el subrégimen industrial de Tierra del Fuego. Se trató de una iniciativa pensada para que, a través de préstamos y aportes, y con financiamiento a partir del 15% de los beneficios que las empresas adheridas (excepto textiles) percibían en concepto de no pago de IVA, se redistribuya un dineral entre los grandes jugadores de la zona (Mirgor, de los Caputo o NewSan, de Rubén Cherñajovsky, entre otros) a la provincia, a pequeños desarrollos científicos y tecnológicos, y a obras de infraestructura.
Con los fondos fiduciarios entre cejas, hace menos de tres meses se designó a Mónica Almada como directora del Comité Ejecutivo. De perfil técnico, Almada trabajó en diferentes gestiones, siempre con baja exposición. Estuvo cerca de Patricia Bullrich en la campaña 2023 y se sumó al equipo de Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, en el ámbito ministerial de Luis Caputo. Este miércoles fue “renunciada”.
El directorio de este fondo está compuesto por tres personas, todas designadas por el Poder Ejecutivo. Ellos son los que tienen la lapicera para definir qué proyectos se financian y cuáles no, a partir de propuestas que hacen las empresas y el gobierno provincial. En negociaciones con Guillermo Francos, el gobernador fueguino Gustavo Melella logró que uno de los directores sea representante de la provincia y así designó a Maximiliano D’Alessio, de su confianza. Los otros dos eran Felipe Berón, un experto en finanzas que trabajó en la consultora Anker, de Luis Caputo, y Almada.
En su reemplazo se confirmó como directora a Noelia Ruiz quien, según múltiples fuentes, reconoció que llega de la mano del asesor presidencial Santiago Caputo. La joven funcionaria respondía a Federico Salvai, jefe de Gabinete durante la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal, fue diputada provincial de Cambiemos, precandidata a intendente de Mercedes por Pro y parte de La Generación, una agrupación juvenil del macrismo.
Lo llamativo es que en pocos días pasó del llano a ocupar múltiples cargos. Además de su designación en el FAMP (ad honorem), fue nombrada hace menos de una semana en el Arsat, otra de las áreas de gobierno de especial interés para Santiago Caputo. Distintos conocedores del vínculo apuntan a que no se trata de un acuerdo con sus exjefes del vidalismo, sino que conoció al asesor presidencial a través de Guillermo Garat, socio de Caputo, exasesor de campañas para Pro y vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF desde diciembre de 2023. LA NACION se comunicó con Ruiz, que prefirió no hacer comentarios.
Se abren dos interrogantes a partir de esta designación. La primera es la influencia que tendrá el joven asesor gubernamental en la administración de los miles de millones de pesos que provienen de la empresa que está bajo el comando de uno de sus tíos, Nicolás “Nicky” Caputo. Más aún cuando Berón, el otro miembro del directorio del FAMP, trabajó en la consultora de Luis Caputo, primo de Nicky.
El interrogante no es menor, porque en la carpeta de proyectos que aguardan financiamiento está una de las obras de infraestructura más importante de las últimas décadas, impulsada principalmente por Mirgor, de los Caputo. Se trata de un puerto industrial en Río Grande, que cuenta con apoyo de todas las empresas de la zona y de gran parte del arco político, con objetivos que van desde lo comercial (bajar hasta 35% los costos logísticos y de transporte, que hoy en un 80% se concentran por tierra) hasta lo geopolítico, como habilitar un centro de abastecimiento para la Antártida, que actualmente se realiza vía Chile, desarrollar el hidrógeno verde o la producción de urea.
La obra requerirá de una inversión de US$400 millones, para los que Mirgor logró recientemente apoyo de un grupo de bancos norteamericanos, y espera también desembolsos del FAMP para ponerla operativa en abril de 2027.
El fondo acumuló, desde noviembre de 2022 a marzo de 2024, un total de casi $46.150 millones, unos US$50 millones a tipo de cambio oficial. Hoy, según fuentes conocedoras, alcanzó los $130.000 millones (aproximadamente US$136 millones). Los principales aportantes fueron Industrial Austral de Tecnología, de Mirgor, con un 26,7%; NewSan, con 24,3%, y Río Chico SA, con 7,8%. Estas cifras se desprenden de un informe que hizo Nicolás Posse, exjefe de Gabinete, al Congreso.
Una parte de los fondos, de monto desconocido, ya fue devengada, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que la mayor parte está todavía en las cuentas del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el fiduciario. Actualmente se encuentran presentados 41 proyectos y aprobados 21 de ellos, incluido el puerto de Mirgor, por un monto –”ridículo”, según fuentes consultadas– de $400 millones. Esperan recibir más financiamiento del FAMP.
Distintas fuentes indicaron que en el FAMP había un serio problema de gestión. Aducen que se contrató a una veintena de personas sin una función específica y que se firmaron contratos con la Universidad de Tres de Febrero para auditorías que algunos consideran sin sentido. Teóricamente, un tercio de los ingresos del fondo se utilizaban para gastos del comité, cifras estrafalarias teniendo en cuenta los millones en juego.
Las decisiones del gobierno de Javier Milei respecto del régimen especial de Tierra del Fuego han sido objeto de polémica desde el comienzo de la gestión. En el Congreso, durante el tratamiento de la Ley Bases, los legisladores cuestionaron –muchos de ellos, en voz baja– por qué no se planteaba una reducción de los beneficios fiscales a la isla frente a la necesidad de sumar recursos para los bolsillos flacos del Estado. Este miércoles, en el Boletín Oficial, se vio reflejada una designación que vuelve a encender alarmas sobre los vínculos de ciertos funcionarios para con el esquema: específicamente, un fondo fiduciario multimillonario teóricamente abocado al desarrollo de la matriz productiva.
El Gobierno evalúa disolver alrededor de 60 organismos públicos y reducir más la planta de empleados
Aunque se decidió hace un mes, hoy se “aceptó la renuncia” de la funcionaria a cargo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), creado en 2022, luego de que la gestión de Alberto Fernández extendiera hasta 2038 el subrégimen industrial de Tierra del Fuego. Se trató de una iniciativa pensada para que, a través de préstamos y aportes, y con financiamiento a partir del 15% de los beneficios que las empresas adheridas (excepto textiles) percibían en concepto de no pago de IVA, se redistribuya un dineral entre los grandes jugadores de la zona (Mirgor, de los Caputo o NewSan, de Rubén Cherñajovsky, entre otros) a la provincia, a pequeños desarrollos científicos y tecnológicos, y a obras de infraestructura.
Con los fondos fiduciarios entre cejas, hace menos de tres meses se designó a Mónica Almada como directora del Comité Ejecutivo. De perfil técnico, Almada trabajó en diferentes gestiones, siempre con baja exposición. Estuvo cerca de Patricia Bullrich en la campaña 2023 y se sumó al equipo de Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, en el ámbito ministerial de Luis Caputo. Este miércoles fue “renunciada”.
El directorio de este fondo está compuesto por tres personas, todas designadas por el Poder Ejecutivo. Ellos son los que tienen la lapicera para definir qué proyectos se financian y cuáles no, a partir de propuestas que hacen las empresas y el gobierno provincial. En negociaciones con Guillermo Francos, el gobernador fueguino Gustavo Melella logró que uno de los directores sea representante de la provincia y así designó a Maximiliano D’Alessio, de su confianza. Los otros dos eran Felipe Berón, un experto en finanzas que trabajó en la consultora Anker, de Luis Caputo, y Almada.
En su reemplazo se confirmó como directora a Noelia Ruiz quien, según múltiples fuentes, reconoció que llega de la mano del asesor presidencial Santiago Caputo. La joven funcionaria respondía a Federico Salvai, jefe de Gabinete durante la gobernación bonaerense de María Eugenia Vidal, fue diputada provincial de Cambiemos, precandidata a intendente de Mercedes por Pro y parte de La Generación, una agrupación juvenil del macrismo.
Lo llamativo es que en pocos días pasó del llano a ocupar múltiples cargos. Además de su designación en el FAMP (ad honorem), fue nombrada hace menos de una semana en el Arsat, otra de las áreas de gobierno de especial interés para Santiago Caputo. Distintos conocedores del vínculo apuntan a que no se trata de un acuerdo con sus exjefes del vidalismo, sino que conoció al asesor presidencial a través de Guillermo Garat, socio de Caputo, exasesor de campañas para Pro y vicepresidente de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marketing de YPF desde diciembre de 2023. LA NACION se comunicó con Ruiz, que prefirió no hacer comentarios.
Se abren dos interrogantes a partir de esta designación. La primera es la influencia que tendrá el joven asesor gubernamental en la administración de los miles de millones de pesos que provienen de la empresa que está bajo el comando de uno de sus tíos, Nicolás “Nicky” Caputo. Más aún cuando Berón, el otro miembro del directorio del FAMP, trabajó en la consultora de Luis Caputo, primo de Nicky.
El interrogante no es menor, porque en la carpeta de proyectos que aguardan financiamiento está una de las obras de infraestructura más importante de las últimas décadas, impulsada principalmente por Mirgor, de los Caputo. Se trata de un puerto industrial en Río Grande, que cuenta con apoyo de todas las empresas de la zona y de gran parte del arco político, con objetivos que van desde lo comercial (bajar hasta 35% los costos logísticos y de transporte, que hoy en un 80% se concentran por tierra) hasta lo geopolítico, como habilitar un centro de abastecimiento para la Antártida, que actualmente se realiza vía Chile, desarrollar el hidrógeno verde o la producción de urea.
La obra requerirá de una inversión de US$400 millones, para los que Mirgor logró recientemente apoyo de un grupo de bancos norteamericanos, y espera también desembolsos del FAMP para ponerla operativa en abril de 2027.
El fondo acumuló, desde noviembre de 2022 a marzo de 2024, un total de casi $46.150 millones, unos US$50 millones a tipo de cambio oficial. Hoy, según fuentes conocedoras, alcanzó los $130.000 millones (aproximadamente US$136 millones). Los principales aportantes fueron Industrial Austral de Tecnología, de Mirgor, con un 26,7%; NewSan, con 24,3%, y Río Chico SA, con 7,8%. Estas cifras se desprenden de un informe que hizo Nicolás Posse, exjefe de Gabinete, al Congreso.
Una parte de los fondos, de monto desconocido, ya fue devengada, aunque todas las fuentes consultadas coinciden en que la mayor parte está todavía en las cuentas del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el fiduciario. Actualmente se encuentran presentados 41 proyectos y aprobados 21 de ellos, incluido el puerto de Mirgor, por un monto –”ridículo”, según fuentes consultadas– de $400 millones. Esperan recibir más financiamiento del FAMP.
Distintas fuentes indicaron que en el FAMP había un serio problema de gestión. Aducen que se contrató a una veintena de personas sin una función específica y que se firmaron contratos con la Universidad de Tres de Febrero para auditorías que algunos consideran sin sentido. Teóricamente, un tercio de los ingresos del fondo se utilizaban para gastos del comité, cifras estrafalarias teniendo en cuenta los millones en juego.
Designaron a Noelia Ruiz, una joven de Pro que se unió a las filas del asesor presidencial; el fondo maneja $130.000 millones para proyectos entre los que está el puerto de Mirgor, la firma de Nicolás Caputo; trabajará junto a un funcionario ligado al ministro Luis Caputo, primo del empresario LA NACION
