En una alocución ante el Senado de la Nación, en 2012, cuando justificaba la confiscación de YPF, el entonces secretario de Política Económica, Axel Kicillof, proclamó que la seguridad jurídica y el clima de negocios eran “palabras horribles”. Esa convicción íntima, manifestada en el Congreso de la Nación, fue luego traducida al inglés y agregada como prueba decisiva en el juicio del fondo Burford contra el Estado nacional, que resultó en una condena contra la República por 16.000 millones de dólares. Esas palabras tan burdas, de consecuencias nefastas, quedaron también grabadas a fuego en la memoria de quienes consideran invertir en la Argentina.
Doce años más tarde, el mismo Axel Kiciloff, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se niega a adherir al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), demostrando la firmeza de sus convicciones y su persistente afición a los desaciertos. Como alternativa, prepara una ley de fomento de inversiones estratégicas, en el contexto de su disputa con Río Negro por la inversión que realizarán YPF y Petronas para instalar una planta de gas natural licuado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, o en Punta Colorada (Río Negro). Se estima en 50.000 millones de dólares el monto previsto, el mayor por invertirse en infraestructura en la historia del país.
Dólares no faltan. Lo que falta es que regresen y la solución es la confianza
Según trascendió, Cristina Kirchner, su jefa política, considera que el RIGI nacional favorece demasiado a las empresas y que la Provincia no debe consentir la “entrega” de beneficios a los privados, en detrimento de fines públicos. Por ello, el proyecto alternativo exigirá que los inversores, además de construir la planta de GNL, “favorezcan la producción, el empleo, la transferencia de tecnología y el desarrollo de proveedores locales”. La expresidenta también objeta la prórroga de jurisdicción, olvidando que ella la consintió respecto de Irán por el atentado a la AMIA; incluso, en cláusula secreta del convenio Chevron-YPF, y, aun peor, que cedió territorio nacional a una potencia extranjera, como China.
El camporismo aún no comprende cómo se genera la riqueza de las naciones. En lugar de leer a Adam Smith, sigue aferrado al manual soviético de Eugenio Preobrazhenski (La nueva economía) creyendo de verdad que es nueva y no de 1926. Allá por 1987, con la Perestroika de Mijail Gorbachov, el Presidium del Soviet Supremo aprobó, sin entusiasmo, el ingreso de capital extranjero a la URSS con iguales prevenciones y tantas condiciones como el kirchnerismo bonaerense en 2024.
Quienes ignoran la lógica de los mercados, como el gobernador o los adeptos al manual, desconocen que el clima de negocios afecta los incentivos que causan la prosperidad o miseria de las naciones. Quien invita a YPF y a Petronas a enterrar miles de millones en Bahía Blanca, mientras despotrica contra la seguridad jurídica, incurre en una contradicción absurda y contraria al interés de su población.
A partir de 2003, el kirchnerismo arruinó el clima de negocios con un raid de demolición institucional violando los marcos regulatorios de los servicios concesionados y forzando a vender a sus titulares
El índice de riesgo país EMBI (Emerging Markets Bonds Index), calculado por J.P. Morgan Chase refleja la capacidad de un Estado para atender puntualmente su deuda soberana. Pero, en la Argentina, un indicador más certero para inversores de largo plazo sería preguntarse por qué sus residentes mantienen más de 250.000 millones de dólares fuera del sistema financiero local. Sin incluir los montos no declarados, acumulados en paraísos fiscales mediante la sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y falsos contratos de licencias y servicios técnicos.
Por lo pronto, esa cifra monumental desmiente el diagnóstico kirchnerista, aprendido del economista Marcelo Diamand, paladín de la autarquía, para quien el problema argentino es la falta de dólares y, su solución, más intervención estatal. Pero dólares no faltan. Lo que falta es que regresen y la solución es la confianza.
Solo revisando nuestro historial de ajustes, devaluaciones, emergencias, golpes inflacionarios y otras formas de licuar salarios, alterar contratos y expropiar ahorros, se entenderá la razón por la cual se rehúsan a ingresar y a quedar sujetos a la discreción de nuestros políticos, legisladores, jueces y sindicalistas. Hagamos memoria.
Es lamentable que Kicillof se niegue a adherir al RIGI por razones ideológicas y haya preparado una alternativa innecesaria que solo refleja la subsistencia de ideas equivocadas
En la Argentina hubo que comer pan negro en 1952; pasar el invierno en 1959; sufrir la pesificación de depósitos en 1964; el “Rodrigazo” de 1975; la “tablita” de 1978; la estatización de deuda privada en 1982; el Plan Austral de 1985; la emergencia previsional y de la obra pública en 1986; el “ahorro forzoso” en 1987; el Plan Bonex y la emergencia económica en 1989; el “impuestazo” de Machinea, y, en 2000, la segunda emergencia económica. En 2001, sufrimos el “corralito” bancario, el mayor default de la historia y el quiebre de contratos; en 2002, la tercera emergencia económica (Duhalde), luego el octavo default (2014) y la cuarta emergencia de “solidaridad social y reactivación productiva” (2019) con un impuesto a la riqueza que castigó a quienes se habían acogido al “blanqueo” de 2017.
A partir de 2003, el kirchnerismo arruinó el clima de negocios con un raid de demolición institucional violando los marcos regulatorios de los servicios concesionados y forzando a vender a sus titulares. Se estatizaron empresas privatizadas y se incautaron los fondos de las AFJP, vaciando el Fondo de Garantía (2008). Se falsearon los índices de crecimiento (Indec) para no pagar deudas (2007); se expropió YPF sin cumplir con su estatuto (2012); se entró en el noveno default y se reestructuró mal la deuda pública (2020).
Como la seguridad jurídica era una “palabra horrible”, se subsidió el transporte y la energía para alinearlos con los salarios, a costa de paralizar las inversiones. Y con planes sociales se intentó juntar votos y tapar el desempleo. Para esconder la inflación se controlaron precios, tarifas, peajes, alquileres, internet, telefonía celular y prepagas, además de prohibirse exportaciones. Se destruyó la moneda y se vaciaron los activos bancarios con papeles del Estado. Finalmente, se estableció el cepo cambiario dejando al país sin reservas, con daño para la producción rural e industrial.
Quienes hoy ignoran la lógica de los mercados, como el gobernador Kicillof o los adeptos al manual soviético, desconocen que el clima de negocios afecta los incentivos que causan la prosperidad o miseria de las naciones
Paralelamente, se consintieron ocupaciones de campos, tomas de fábricas, bloqueos de camioneros, liberaciones de presos, usurpaciones de tierras, roturas de silobolsas, intrusiones de viviendas, cortes de rutas y saqueos a comercios. Tampoco se evitaron el auge del narcotráfico ni la corrupción policial. Sin duda, no hubo “clima de negocios”.
Solo cuando asumamos la gravedad de esa trayectoria y la falta de credibilidad como causa profunda de la decadencia argentina, se entenderá por qué los cambios serán lentos, sujetos a los fantasmas del pasado. Los capitales observan a la Argentina desde afuera, pegando su nariz contra la vidriera, sin inmutarles en absoluto nuestra falta de reservas y nuestra urgencia por liberar el cepo mientras ven aún tantas caras conocidas, tantos preconceptos repetidos, tantos privilegios consolidados.
Sin embargo, en los círculos áulicos de La Plata se cultivan otros recuerdos y se fomentan otros climas. Poco les importa que los capitales ingresen o continúen donde están. Su Facultad de Periodismo otorgó el premio Rodolfo Walsh a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa y Evo Morales reconocidos por expulsar familias y ahuyentar capitales de sus naciones. Exactamente a la inversa de los principios de nuestra Constitución y de lo que el país necesita. Por algo, el premio no lleva el nombre de Juan Bautista Alberdi ni de Carlos Pellegrini, sino de un célebre terrorista.
Es lamentable que Kicillof se haya negado a adherir al RIGI de la Ley Bases por razones ideológicas y haya preparado una alternativa innecesaria que solo refleja la subsistencia de ideas equivocadas, causantes de tantos dramas de nuestra historia. Solo cabe desear que la inversión de YPF y Petronas se realice, ya fuere en Bahía Blanca o en Punta Colorada, según lo decidan quienes pondrán el dinero. Pues, a pesar de aquellos desvaríos, se radique en una provincia o en otra, siempre se tratará de una inversión fundamental para la prosperidad de todos los argentinos.
En una alocución ante el Senado de la Nación, en 2012, cuando justificaba la confiscación de YPF, el entonces secretario de Política Económica, Axel Kicillof, proclamó que la seguridad jurídica y el clima de negocios eran “palabras horribles”. Esa convicción íntima, manifestada en el Congreso de la Nación, fue luego traducida al inglés y agregada como prueba decisiva en el juicio del fondo Burford contra el Estado nacional, que resultó en una condena contra la República por 16.000 millones de dólares. Esas palabras tan burdas, de consecuencias nefastas, quedaron también grabadas a fuego en la memoria de quienes consideran invertir en la Argentina.
Doce años más tarde, el mismo Axel Kiciloff, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se niega a adherir al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), demostrando la firmeza de sus convicciones y su persistente afición a los desaciertos. Como alternativa, prepara una ley de fomento de inversiones estratégicas, en el contexto de su disputa con Río Negro por la inversión que realizarán YPF y Petronas para instalar una planta de gas natural licuado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, o en Punta Colorada (Río Negro). Se estima en 50.000 millones de dólares el monto previsto, el mayor por invertirse en infraestructura en la historia del país.
Dólares no faltan. Lo que falta es que regresen y la solución es la confianza
Según trascendió, Cristina Kirchner, su jefa política, considera que el RIGI nacional favorece demasiado a las empresas y que la Provincia no debe consentir la “entrega” de beneficios a los privados, en detrimento de fines públicos. Por ello, el proyecto alternativo exigirá que los inversores, además de construir la planta de GNL, “favorezcan la producción, el empleo, la transferencia de tecnología y el desarrollo de proveedores locales”. La expresidenta también objeta la prórroga de jurisdicción, olvidando que ella la consintió respecto de Irán por el atentado a la AMIA; incluso, en cláusula secreta del convenio Chevron-YPF, y, aun peor, que cedió territorio nacional a una potencia extranjera, como China.
El camporismo aún no comprende cómo se genera la riqueza de las naciones. En lugar de leer a Adam Smith, sigue aferrado al manual soviético de Eugenio Preobrazhenski (La nueva economía) creyendo de verdad que es nueva y no de 1926. Allá por 1987, con la Perestroika de Mijail Gorbachov, el Presidium del Soviet Supremo aprobó, sin entusiasmo, el ingreso de capital extranjero a la URSS con iguales prevenciones y tantas condiciones como el kirchnerismo bonaerense en 2024.
Quienes ignoran la lógica de los mercados, como el gobernador o los adeptos al manual, desconocen que el clima de negocios afecta los incentivos que causan la prosperidad o miseria de las naciones. Quien invita a YPF y a Petronas a enterrar miles de millones en Bahía Blanca, mientras despotrica contra la seguridad jurídica, incurre en una contradicción absurda y contraria al interés de su población.
A partir de 2003, el kirchnerismo arruinó el clima de negocios con un raid de demolición institucional violando los marcos regulatorios de los servicios concesionados y forzando a vender a sus titulares
El índice de riesgo país EMBI (Emerging Markets Bonds Index), calculado por J.P. Morgan Chase refleja la capacidad de un Estado para atender puntualmente su deuda soberana. Pero, en la Argentina, un indicador más certero para inversores de largo plazo sería preguntarse por qué sus residentes mantienen más de 250.000 millones de dólares fuera del sistema financiero local. Sin incluir los montos no declarados, acumulados en paraísos fiscales mediante la sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y falsos contratos de licencias y servicios técnicos.
Por lo pronto, esa cifra monumental desmiente el diagnóstico kirchnerista, aprendido del economista Marcelo Diamand, paladín de la autarquía, para quien el problema argentino es la falta de dólares y, su solución, más intervención estatal. Pero dólares no faltan. Lo que falta es que regresen y la solución es la confianza.
Solo revisando nuestro historial de ajustes, devaluaciones, emergencias, golpes inflacionarios y otras formas de licuar salarios, alterar contratos y expropiar ahorros, se entenderá la razón por la cual se rehúsan a ingresar y a quedar sujetos a la discreción de nuestros políticos, legisladores, jueces y sindicalistas. Hagamos memoria.
Es lamentable que Kicillof se niegue a adherir al RIGI por razones ideológicas y haya preparado una alternativa innecesaria que solo refleja la subsistencia de ideas equivocadas
En la Argentina hubo que comer pan negro en 1952; pasar el invierno en 1959; sufrir la pesificación de depósitos en 1964; el “Rodrigazo” de 1975; la “tablita” de 1978; la estatización de deuda privada en 1982; el Plan Austral de 1985; la emergencia previsional y de la obra pública en 1986; el “ahorro forzoso” en 1987; el Plan Bonex y la emergencia económica en 1989; el “impuestazo” de Machinea, y, en 2000, la segunda emergencia económica. En 2001, sufrimos el “corralito” bancario, el mayor default de la historia y el quiebre de contratos; en 2002, la tercera emergencia económica (Duhalde), luego el octavo default (2014) y la cuarta emergencia de “solidaridad social y reactivación productiva” (2019) con un impuesto a la riqueza que castigó a quienes se habían acogido al “blanqueo” de 2017.
A partir de 2003, el kirchnerismo arruinó el clima de negocios con un raid de demolición institucional violando los marcos regulatorios de los servicios concesionados y forzando a vender a sus titulares. Se estatizaron empresas privatizadas y se incautaron los fondos de las AFJP, vaciando el Fondo de Garantía (2008). Se falsearon los índices de crecimiento (Indec) para no pagar deudas (2007); se expropió YPF sin cumplir con su estatuto (2012); se entró en el noveno default y se reestructuró mal la deuda pública (2020).
Como la seguridad jurídica era una “palabra horrible”, se subsidió el transporte y la energía para alinearlos con los salarios, a costa de paralizar las inversiones. Y con planes sociales se intentó juntar votos y tapar el desempleo. Para esconder la inflación se controlaron precios, tarifas, peajes, alquileres, internet, telefonía celular y prepagas, además de prohibirse exportaciones. Se destruyó la moneda y se vaciaron los activos bancarios con papeles del Estado. Finalmente, se estableció el cepo cambiario dejando al país sin reservas, con daño para la producción rural e industrial.
Quienes hoy ignoran la lógica de los mercados, como el gobernador Kicillof o los adeptos al manual soviético, desconocen que el clima de negocios afecta los incentivos que causan la prosperidad o miseria de las naciones
Paralelamente, se consintieron ocupaciones de campos, tomas de fábricas, bloqueos de camioneros, liberaciones de presos, usurpaciones de tierras, roturas de silobolsas, intrusiones de viviendas, cortes de rutas y saqueos a comercios. Tampoco se evitaron el auge del narcotráfico ni la corrupción policial. Sin duda, no hubo “clima de negocios”.
Solo cuando asumamos la gravedad de esa trayectoria y la falta de credibilidad como causa profunda de la decadencia argentina, se entenderá por qué los cambios serán lentos, sujetos a los fantasmas del pasado. Los capitales observan a la Argentina desde afuera, pegando su nariz contra la vidriera, sin inmutarles en absoluto nuestra falta de reservas y nuestra urgencia por liberar el cepo mientras ven aún tantas caras conocidas, tantos preconceptos repetidos, tantos privilegios consolidados.
Sin embargo, en los círculos áulicos de La Plata se cultivan otros recuerdos y se fomentan otros climas. Poco les importa que los capitales ingresen o continúen donde están. Su Facultad de Periodismo otorgó el premio Rodolfo Walsh a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa y Evo Morales reconocidos por expulsar familias y ahuyentar capitales de sus naciones. Exactamente a la inversa de los principios de nuestra Constitución y de lo que el país necesita. Por algo, el premio no lleva el nombre de Juan Bautista Alberdi ni de Carlos Pellegrini, sino de un célebre terrorista.
Es lamentable que Kicillof se haya negado a adherir al RIGI de la Ley Bases por razones ideológicas y haya preparado una alternativa innecesaria que solo refleja la subsistencia de ideas equivocadas, causantes de tantos dramas de nuestra historia. Solo cabe desear que la inversión de YPF y Petronas se realice, ya fuere en Bahía Blanca o en Punta Colorada, según lo decidan quienes pondrán el dinero. Pues, a pesar de aquellos desvaríos, se radique en una provincia o en otra, siempre se tratará de una inversión fundamental para la prosperidad de todos los argentinos.
Quien invita a empresas a invertir en la provincia de Buenos Aires mientras despotrica contra la seguridad jurídica incurre en una contradicción absurda y perjudicial para la población LA NACION
