Incaa: el Gobierno confirmó que no habrá subsidios para “películas sin espectadores” y ya hay repercusiones
El Gobierno ratificó en las últimas horas el nuevo modelo de producción audiovisual que el Gobierno empezó a alentar e instrumentar a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) desde fines de julio, cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto presidencial que incluye una reglamentación actualizada de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional.
LA NACIÓN adelantó en ese momento los detalles de este nuevo modelo de producción cinematográfico, ahora confirmado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger con palabras muy parecidas a las que escribió el presidente del Incaa, Carlos Pirovano, en varios posteos publicados en la red social X (ex Twitter) el 24 de julio pasado.
Ese día, Pirovano dijo desde su cuenta oficial que la intención del gobierno de Javier Milei de alentar una producción audiovisual competitiva en vez de un sistema “que daba subsidios a películas sin espectadores”. Y agregó: “El cine no se promueve repartiendo plata, el cine se fomenta construyendo talento”
Las mismas palabras acaba de emplear el ministerio de Sturzenegger, al confirmar en el comunicado de la noche del viernes 2 de agosto que el Gobierno “decidió no financiar más películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores”. El comunicado rubrica lo dicho en el decreto presidencial de fines de julio: “El uso eficiente de los recursos a partir de una propuesta de valor que busque resultados es el camino de esta administración”.
El decreto reglamentario fija nuevos y estrictos límites para el uso de los recursos disponibles (el Fondo de Fomento Cinematográfico) que maneja el Incaa. A partir de ahora, habrá un tope de hasta el 20 por ciento de esos recursos destinado a subsidiar “la producción y la exhibición de películas nacionales de largometraje”. La norma deja sin efecto un decreto similar de 2022, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, que asignaba un 50% de la recaudación impositiva del fondo de fomento a dichos subsidios.
El Incaa evaluará desde ahora la aptitud de quienes aspiran a los subsidios a partir de varios requisitos: presentar un plan completo y exhaustivo de producción, acreditar el financiamiento del proyecto por un valor equivalente al monto del subsidio solicitado, informar sobre los costos finales una vez terminada la obra y limitarse a pedir un solo subsidio por año calendario. Cada subsidio no podrá superar el 50 por ciento del costo total de producción del proyecto.
Pirovano justificó esta delimitación más ajustada de los recursos destinados por el Incaa a los subsidios. Señaló que la medida obliga “a jerarquizar las producciones audiovisuales” y libera recursos “para las otras herramientas que la ley establece y que se encontraban desfinanciadas”.
Según la nueva reglamentación, otro 20 por ciento de los recursos del Incaa, como máximo, será utilizado para los gastos corrientes, de estructura y de funcionamiento del organismo. Y el 60 por ciento restante, según explicó Pirovano dentro de un extenso hilo publicado en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter), “queda liberado para dar créditos, organizar concursos como el ya tradicional Gleyzer, sostener el Gaumont, la Enerc, desarrollar la Cinemateca, el Festival de Mar del Plata y el mercado de Ventana Sur”.
El decreto 662/24 publicado hoy en el boletín oficial es un instrumento que permite restaurar el equilibrio sobre las acciones previstas por la ley del cine. Equilibrio que se había perdido por el desbordado gasto burocratico y el abuso en los subsidios. Abro hilo
— Carlos Pirovano (@carlospirovano) July 24, 2024
Es la primera vez desde su llegada al Incaa en febrero pasado que Pirovano hace públicas algunas de las definiciones sobre la política oficial sobre el cine que promueve el Gobierno. El funcionario caracterizó al decreto que acaba de firmar Milei como “un instrumento que permite restaurar el equilibrio sobre las acciones previstas por la ley de cine”. Y agregó que ese mismo equilibrio “se había perdido por el desbordado gasto burocrático y el abuso en los subsidios”.
Ese enfoque aparece desarrollado en los considerandos del decreto. Allí se dice que hacía falta aproximadamente un año “de una profunda reestructuración a nivel operativo, de estructuras y de personal” para ajustar los gastos. El decreto señala que en 2000 el Incaa contaba con 90 empleados, un número que se amplió a más de 900 “con diferentes formas de contratación” al momento de la llegada de la actual gestión.
Por esa razón, se agrega en los considerandos, tuvo que elevarse hasta el 42% del total de los ingresos del Incaa el monto destinado al pago de sueldos, así como requerir aportes extraordinarios del Tesoro para otros gastos operativos. El déficit de ejecución del ejercicio 2023 fue de 2600 millones de pesos: 1900 millones corresponden a los gastos operativos del Festival de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur y 700 millones a la deuda con proveedores.
Si queremos hacer una verdadera actividad audiovisual competitiva debemos enfocarnos en la formación de talentos creativos. Esto había sido avasallado por una estructura elefanteásica y un sistema que daba subsidios a peliculas sin espectadores.
— Carlos Pirovano (@carlospirovano) July 24, 2024
En su cuenta oficial de X (@carlospirovano), el funcionario afirmó que el límite del 20% de los recursos para los gastos operativos “evita la incorporación de ñoquis y el gasto sin control que venía realizándose en los años anteriores y libera los recursos para construir una industria audiovisual competitiva”.
Los considerandos del decreto también hablan de promover un cine argentino con “producciones de calidad, que sean exitosas en la taquilla y bien recibidas por el público general, y no imponiendo obligaciones de exhibición por parte de las salas”. Aquí entra en cuestión el tema de la cuota de pantalla, normativa que en su momento fue incluida dentro de la actual Ley de Cine con el propósito de estimular la diversidad cultural y proteger la producción nacional.
Con el decreto reglamentario que acaba de publicarse queda sin efecto la normativa actual, vigente desde 2018, según la cual para cumplir con la cuota de pantalla debía proyectarse una película nacional por sala, en la mitad de las funciones, al menos por una semana y por cada trimestre del año. Si esa película superaba la media de continuidad (la cantidad mínima de espectadores fijada por la norma para ese período) debía permanecer en cartel en esa misma sala por una semana más como mínimo, al menos en una función por día.
En el nuevo decreto firmado por Milei se modifica ese criterio, que casi nunca llegó a cumplirse o aplicarse en la realidad, por otro que todavía está por determinarse. “La fijación de la cuota de pantalla debe segmentarse de acuerdo a las características técnicas, estructura empresarial y de ubicación de las salas de exhibición”, señalan los considerandos. La cuota de pantalla se va a mantener, pero con una configuración muy distinta a la actual. Fuentes del Incaa dijeron a LA NACIÓN que la nueva resolución se conocerá “en breve”.
Primeras repercusiones
Desde la comunidad audiovisual surgieron algunas reacciones muy críticas a la publicación del decreto presidencial. “Lamentamos profundamente confirmar en la lectura del decreto 662/2024 la decisión del Poder Ejecutivo de provocar -ya sea por ignorancia o por decisión consciente- un daño irreparable al tejido productivo cinematográfico”, señaló un comunicado de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, que nuclea a las productoras más importantes del país.
“El decreto confunde conceptos, desconoce las herramientas de fomento utilizadas en todo el mundo y declara querer incentivar un semillero de talentos al mismo tiempo que desalienta las producciones internacionales”, agrega la entidad. Para la CAIC, la decisión oficial pone en riesgo “no solo la continuidad de dichas empresas productoras sino también el ingreso de capitales y la generación de puestos de trabajo”.
A la vez, con el título “Sin cine, por decreto”, un grupo de instituciones del quehacer audiovisual rechazó el decreto y cuestionó la gestión de Pirovano “quien ha demostrado un desprecio a toda la actividad audiovisual llevando adelante despidos de trabajadores, cierres de programas comunitarios, recortes en los recursos destinados para las provincias y la suspensión del actual plan de fomento”.
Firman la declaración la Asociación de Directores y Productores del Cine Documental Independiente de Argentina, Colectivo de Cineastas, Directores Independientes de Cine, Documentalistas Argentinos, DAC Documentales, Red Argentina de Documentalistas y Realizadores Integrales de Cine Documental.
El Gobierno ratificó en las últimas horas el nuevo modelo de producción audiovisual que el Gobierno empezó a alentar e instrumentar a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) desde fines de julio, cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto presidencial que incluye una reglamentación actualizada de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional.
LA NACIÓN adelantó en ese momento los detalles de este nuevo modelo de producción cinematográfico, ahora confirmado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger con palabras muy parecidas a las que escribió el presidente del Incaa, Carlos Pirovano, en varios posteos publicados en la red social X (ex Twitter) el 24 de julio pasado.
Ese día, Pirovano dijo desde su cuenta oficial que la intención del gobierno de Javier Milei de alentar una producción audiovisual competitiva en vez de un sistema “que daba subsidios a películas sin espectadores”. Y agregó: “El cine no se promueve repartiendo plata, el cine se fomenta construyendo talento”
Las mismas palabras acaba de emplear el ministerio de Sturzenegger, al confirmar en el comunicado de la noche del viernes 2 de agosto que el Gobierno “decidió no financiar más películas que prácticamente no lograron captar la atención de los espectadores”. El comunicado rubrica lo dicho en el decreto presidencial de fines de julio: “El uso eficiente de los recursos a partir de una propuesta de valor que busque resultados es el camino de esta administración”.
El decreto reglamentario fija nuevos y estrictos límites para el uso de los recursos disponibles (el Fondo de Fomento Cinematográfico) que maneja el Incaa. A partir de ahora, habrá un tope de hasta el 20 por ciento de esos recursos destinado a subsidiar “la producción y la exhibición de películas nacionales de largometraje”. La norma deja sin efecto un decreto similar de 2022, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández, que asignaba un 50% de la recaudación impositiva del fondo de fomento a dichos subsidios.
El Incaa evaluará desde ahora la aptitud de quienes aspiran a los subsidios a partir de varios requisitos: presentar un plan completo y exhaustivo de producción, acreditar el financiamiento del proyecto por un valor equivalente al monto del subsidio solicitado, informar sobre los costos finales una vez terminada la obra y limitarse a pedir un solo subsidio por año calendario. Cada subsidio no podrá superar el 50 por ciento del costo total de producción del proyecto.
Pirovano justificó esta delimitación más ajustada de los recursos destinados por el Incaa a los subsidios. Señaló que la medida obliga “a jerarquizar las producciones audiovisuales” y libera recursos “para las otras herramientas que la ley establece y que se encontraban desfinanciadas”.
Según la nueva reglamentación, otro 20 por ciento de los recursos del Incaa, como máximo, será utilizado para los gastos corrientes, de estructura y de funcionamiento del organismo. Y el 60 por ciento restante, según explicó Pirovano dentro de un extenso hilo publicado en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter), “queda liberado para dar créditos, organizar concursos como el ya tradicional Gleyzer, sostener el Gaumont, la Enerc, desarrollar la Cinemateca, el Festival de Mar del Plata y el mercado de Ventana Sur”.
El decreto 662/24 publicado hoy en el boletín oficial es un instrumento que permite restaurar el equilibrio sobre las acciones previstas por la ley del cine. Equilibrio que se había perdido por el desbordado gasto burocratico y el abuso en los subsidios. Abro hilo
— Carlos Pirovano (@carlospirovano) July 24, 2024
Es la primera vez desde su llegada al Incaa en febrero pasado que Pirovano hace públicas algunas de las definiciones sobre la política oficial sobre el cine que promueve el Gobierno. El funcionario caracterizó al decreto que acaba de firmar Milei como “un instrumento que permite restaurar el equilibrio sobre las acciones previstas por la ley de cine”. Y agregó que ese mismo equilibrio “se había perdido por el desbordado gasto burocrático y el abuso en los subsidios”.
Ese enfoque aparece desarrollado en los considerandos del decreto. Allí se dice que hacía falta aproximadamente un año “de una profunda reestructuración a nivel operativo, de estructuras y de personal” para ajustar los gastos. El decreto señala que en 2000 el Incaa contaba con 90 empleados, un número que se amplió a más de 900 “con diferentes formas de contratación” al momento de la llegada de la actual gestión.
Por esa razón, se agrega en los considerandos, tuvo que elevarse hasta el 42% del total de los ingresos del Incaa el monto destinado al pago de sueldos, así como requerir aportes extraordinarios del Tesoro para otros gastos operativos. El déficit de ejecución del ejercicio 2023 fue de 2600 millones de pesos: 1900 millones corresponden a los gastos operativos del Festival de Cine de Mar del Plata y Ventana Sur y 700 millones a la deuda con proveedores.
Si queremos hacer una verdadera actividad audiovisual competitiva debemos enfocarnos en la formación de talentos creativos. Esto había sido avasallado por una estructura elefanteásica y un sistema que daba subsidios a peliculas sin espectadores.
— Carlos Pirovano (@carlospirovano) July 24, 2024
En su cuenta oficial de X (@carlospirovano), el funcionario afirmó que el límite del 20% de los recursos para los gastos operativos “evita la incorporación de ñoquis y el gasto sin control que venía realizándose en los años anteriores y libera los recursos para construir una industria audiovisual competitiva”.
Los considerandos del decreto también hablan de promover un cine argentino con “producciones de calidad, que sean exitosas en la taquilla y bien recibidas por el público general, y no imponiendo obligaciones de exhibición por parte de las salas”. Aquí entra en cuestión el tema de la cuota de pantalla, normativa que en su momento fue incluida dentro de la actual Ley de Cine con el propósito de estimular la diversidad cultural y proteger la producción nacional.
Con el decreto reglamentario que acaba de publicarse queda sin efecto la normativa actual, vigente desde 2018, según la cual para cumplir con la cuota de pantalla debía proyectarse una película nacional por sala, en la mitad de las funciones, al menos por una semana y por cada trimestre del año. Si esa película superaba la media de continuidad (la cantidad mínima de espectadores fijada por la norma para ese período) debía permanecer en cartel en esa misma sala por una semana más como mínimo, al menos en una función por día.
En el nuevo decreto firmado por Milei se modifica ese criterio, que casi nunca llegó a cumplirse o aplicarse en la realidad, por otro que todavía está por determinarse. “La fijación de la cuota de pantalla debe segmentarse de acuerdo a las características técnicas, estructura empresarial y de ubicación de las salas de exhibición”, señalan los considerandos. La cuota de pantalla se va a mantener, pero con una configuración muy distinta a la actual. Fuentes del Incaa dijeron a LA NACIÓN que la nueva resolución se conocerá “en breve”.
Primeras repercusiones
Desde la comunidad audiovisual surgieron algunas reacciones muy críticas a la publicación del decreto presidencial. “Lamentamos profundamente confirmar en la lectura del decreto 662/2024 la decisión del Poder Ejecutivo de provocar -ya sea por ignorancia o por decisión consciente- un daño irreparable al tejido productivo cinematográfico”, señaló un comunicado de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica, que nuclea a las productoras más importantes del país.
“El decreto confunde conceptos, desconoce las herramientas de fomento utilizadas en todo el mundo y declara querer incentivar un semillero de talentos al mismo tiempo que desalienta las producciones internacionales”, agrega la entidad. Para la CAIC, la decisión oficial pone en riesgo “no solo la continuidad de dichas empresas productoras sino también el ingreso de capitales y la generación de puestos de trabajo”.
A la vez, con el título “Sin cine, por decreto”, un grupo de instituciones del quehacer audiovisual rechazó el decreto y cuestionó la gestión de Pirovano “quien ha demostrado un desprecio a toda la actividad audiovisual llevando adelante despidos de trabajadores, cierres de programas comunitarios, recortes en los recursos destinados para las provincias y la suspensión del actual plan de fomento”.
Firman la declaración la Asociación de Directores y Productores del Cine Documental Independiente de Argentina, Colectivo de Cineastas, Directores Independientes de Cine, Documentalistas Argentinos, DAC Documentales, Red Argentina de Documentalistas y Realizadores Integrales de Cine Documental.
Tal como había adelantado LA NACIÓN el pasado 25 de julio, el ministerio de Desregulación y Modernización del Estado confirmó que no financiará proyectos “que prácticamente no lograron captar la atención” del público LA NACION
