La Iglesia está atenta al rol de un sacerdote en la gestión del encuentro de diputados libertarios con represores
La Iglesia sigue con atención la investigación judicial de la visita de seis diputados libertarios a represores en la cárcel de Ezeiza, entre cuyos gestores aparece el sacerdote Javier Olivera Ravasi, un cura formado en el Instituto del Verbo Encarnado, una congregación religiosa asentada en San Rafael, que fue intervenida hace unos años por el Vaticano por su carácter integrista. El presbítero tiene permiso de residencia en la diócesis de Zárate-Campana, donde conduce la Fundación San Elías.
El sacerdote Olivera Ravasi es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por su participación en delitos de lesa humanidad y permaneció prófugo durante cuatro años tras fugarse en 2017 del Hospital Militar Central, del barrio de Palermo. Distintas fuentes coinciden en que el cura, de 47 años, habría alentado el acercamiento de los legisladores con los represores encarcelados, entre los que se contaban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, el exagente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Carlos Guillermo Suparez Mason (h.), cuyo padre fue símbolo de la represión militar.
“Visitar a quien está preso es un mandato evangélico. Pero el objetivo de esta reunión no pareciera tener que ver con una acción pastoral, sino con cuestiones políticas”, dijo una fuente del Episcopado a LA NACION, al transmitir el distanciamiento de la Iglesia con la probable participación del sacerdote en la organización de la visita de los diputados de La Libertad Avanza al Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, conocido históricamente como Unidad 31.
La posición del Episcopado fue resumida en las redes sociales por el padre Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Prensa, al señalar en X que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento, ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”.
Entre los obispos prevalece el criterio de que “visitar a un preso es un mandato evangélico”. Pero muchos de ellos estiman que tal vez la difusión de la foto del encuentro fue imprudente”. Algunas voces, sin embargo, advierten sobre gestos de sobreactuación en el escenario político y hay, incluso, quienes consideran “exagerado” la insistencia de reclamos para que se apliquen sanciones, al observar que “no es un delito visitar a un detenido”.
En medios castrenses, en tanto, defienden la visita de los diputados libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo, realizada el pasado 11 de julio y que suscitó fuertes cuestionamientos internos en la agrupación gobernante. Los juicios a los militares, que se extienden a policías provinciales, agentes penitenciarios y civiles, registran 802 procesados y 1078 condenados, a los que se suman 808 “muertos en cautiverio”, según el desglose de la Unión de Promociones.
La reunión abrió fisuras en el bloque legislativo de La Libertad Avanza. Al denunciar que concurrió “engañada” al penal de Ezeiza, la diputada Bonachi sugirió que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaba al tanto de la visita. Arrieta, por su parte, presentó un proyecto para crear una comisión investigadora de los hechos, además de radicar una denuncia penal.
En medio de las repercusiones, sectores políticos le atribuyen al padre Olivera Ravasi una sintonía con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en 2006 creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) y hoy expresa hoy en el Gobierno el pensamiento predominante en la familia militar.
“Contrarrevolución cultural”
La Fundación San Elías creada por el padre Olivera Ravasi es una asociación civil constituida en 2016 para “predicar la verdad católica con honestidad evangélica”, a través de obras apostólicas y la formación de comunidades cristianas. Con el lema “Que no te la cuenten”, promueve una “cruzada de la contrarrevolución cultural y espiritual”.
Olivera Ravasi tiene una activa participación en las redes sociales y cuenta con 80.000 seguidores en su cuenta de X. Tiene a su cargo una capilla en el barrio privado San Benito, en Ingeniero Maschwitz, en un desarrollo inmobiliario del empresario Jorge O’Reilly, a quien siempre se vinculó con sectores conservadores de la Iglesia argentina.
Semanas después de la polémica reunión en la cárcel de Ezeiza, el papa Francisco recibió durante más de una hora a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, quien estuvo secuestrada cuando estaba embarazada. Es, además, nieta de Esther Balestrino de Careaga, víctima de los “vuelos de la muerte”, luego de su desaparición, tras la infiltración de Astiz en el grupo de madres que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz.
El encuentro de Francisco con la nieta de Balestrino de Careaga, a quien Jorge Bergoglio había conocido en su juventud, fue interpretado como un “gesto de acompañamiento” del Papa a las familias de los desaparecidos, tras la señal de acercamiento de los diputados libertarios con los represores.
La Iglesia sigue con atención la investigación judicial de la visita de seis diputados libertarios a represores en la cárcel de Ezeiza, entre cuyos gestores aparece el sacerdote Javier Olivera Ravasi, un cura formado en el Instituto del Verbo Encarnado, una congregación religiosa asentada en San Rafael, que fue intervenida hace unos años por el Vaticano por su carácter integrista. El presbítero tiene permiso de residencia en la diócesis de Zárate-Campana, donde conduce la Fundación San Elías.
El sacerdote Olivera Ravasi es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por su participación en delitos de lesa humanidad y permaneció prófugo durante cuatro años tras fugarse en 2017 del Hospital Militar Central, del barrio de Palermo. Distintas fuentes coinciden en que el cura, de 47 años, habría alentado el acercamiento de los legisladores con los represores encarcelados, entre los que se contaban los exmarinos Alfredo Astiz, Antonio Pernías y Adolfo Donda, el exagente de inteligencia Raúl Guglielminetti y Carlos Guillermo Suparez Mason (h.), cuyo padre fue símbolo de la represión militar.
“Visitar a quien está preso es un mandato evangélico. Pero el objetivo de esta reunión no pareciera tener que ver con una acción pastoral, sino con cuestiones políticas”, dijo una fuente del Episcopado a LA NACION, al transmitir el distanciamiento de la Iglesia con la probable participación del sacerdote en la organización de la visita de los diputados de La Libertad Avanza al Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, conocido históricamente como Unidad 31.
La posición del Episcopado fue resumida en las redes sociales por el padre Máximo Jurcinovic, director de la Oficina de Prensa, al señalar en X que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento, ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”.
Entre los obispos prevalece el criterio de que “visitar a un preso es un mandato evangélico”. Pero muchos de ellos estiman que tal vez la difusión de la foto del encuentro fue imprudente”. Algunas voces, sin embargo, advierten sobre gestos de sobreactuación en el escenario político y hay, incluso, quienes consideran “exagerado” la insistencia de reclamos para que se apliquen sanciones, al observar que “no es un delito visitar a un detenido”.
En medios castrenses, en tanto, defienden la visita de los diputados libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci y María Fernanda Araujo, realizada el pasado 11 de julio y que suscitó fuertes cuestionamientos internos en la agrupación gobernante. Los juicios a los militares, que se extienden a policías provinciales, agentes penitenciarios y civiles, registran 802 procesados y 1078 condenados, a los que se suman 808 “muertos en cautiverio”, según el desglose de la Unión de Promociones.
La reunión abrió fisuras en el bloque legislativo de La Libertad Avanza. Al denunciar que concurrió “engañada” al penal de Ezeiza, la diputada Bonachi sugirió que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaba al tanto de la visita. Arrieta, por su parte, presentó un proyecto para crear una comisión investigadora de los hechos, además de radicar una denuncia penal.
En medio de las repercusiones, sectores políticos le atribuyen al padre Olivera Ravasi una sintonía con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en 2006 creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) y hoy expresa hoy en el Gobierno el pensamiento predominante en la familia militar.
“Contrarrevolución cultural”
La Fundación San Elías creada por el padre Olivera Ravasi es una asociación civil constituida en 2016 para “predicar la verdad católica con honestidad evangélica”, a través de obras apostólicas y la formación de comunidades cristianas. Con el lema “Que no te la cuenten”, promueve una “cruzada de la contrarrevolución cultural y espiritual”.
Olivera Ravasi tiene una activa participación en las redes sociales y cuenta con 80.000 seguidores en su cuenta de X. Tiene a su cargo una capilla en el barrio privado San Benito, en Ingeniero Maschwitz, en un desarrollo inmobiliario del empresario Jorge O’Reilly, a quien siempre se vinculó con sectores conservadores de la Iglesia argentina.
Semanas después de la polémica reunión en la cárcel de Ezeiza, el papa Francisco recibió durante más de una hora a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, quien estuvo secuestrada cuando estaba embarazada. Es, además, nieta de Esther Balestrino de Careaga, víctima de los “vuelos de la muerte”, luego de su desaparición, tras la infiltración de Astiz en el grupo de madres que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz.
El encuentro de Francisco con la nieta de Balestrino de Careaga, a quien Jorge Bergoglio había conocido en su juventud, fue interpretado como un “gesto de acompañamiento” del Papa a las familias de los desaparecidos, tras la señal de acercamiento de los diputados libertarios con los represores.
Se trata del padre Javier Olivera Ravasi, hijo de un militar condenado, que habría alentado la realización del encuentro en el penal de Ezeiza; advierten en el Episcopado sobre connotaciones políticas LA NACION
