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Operativo Bandera. A la fuerte disminución de los homicidios en Rosario se sumó una drástica caída de las balaceras

El Ministerio de Seguridad de la Nación realizó una nueva evaluación del denominado Operativo Bandera, que se lleva adelante con fuerzas federales desde el 2 de enero pasado, en Rosario, donde, de acuerdo a estas cifras oficiales, “aumentó un 500 por ciento el decomiso de cocaína en los primeros ocho meses del año, respecto del mismo periodo de 2023″.

En los operativos antidrogas que se llevaron adelante entre diciembre pasado y agosto de este año quedaron detenidas “555 personas vinculadas a redes del narcotráfico.

“Otro dato que destacamos es el aumento en un 500 por ciento en los decomisos de cocaína, respecto al mismo período de 2023″, se indicó en el ministerio que dirige Patricia Bullrich. El incremento de la droga incautada se produjo por una suba en la cantidad de operativos antinarcóticos, que durante los ocho meses del año llegó a 633 despliegues de fuerzas federales para secuestrar sustancias prohibidas.

A diferencia de lo que hace con mayor frecuencia el Ministerio de Seguridad de la Nación, que exalta los números positivos del operativo en Rosario, en el gobierno de Maximiliano Pullaro prefieren ser más cautos, porque consideran que los resultados positivos de estos primeros ocho meses deben transformarse en una tendencia estable, para lo cual se necesita una mayor cantidad de tiempo.

Son distintas miradas de un fenómeno que no tiene una explicación objetiva y que ningún funcionario puede explicar por qué bajaron de manera tan abrupta la cantidad de homicidios. La exdiputada Elisa Carrió ensayó este viernes una hipótesis que circula en el ámbito judicial y político: que la reducción de los asesinatos tiene que ver con una decisión de las propias organizaciones criminales, que sellaron un acuerdo de paz circunstancial.

Actualmente, según el Ministerio de Seguridad, están en curso 388 investigaciones sobre narcotráfico en Rosario, que llevan adelante las cuatro fuerzas de seguridad federales.

Un punto clave en esta estrategia es la incautación no solo de estupefacientes, sino también de los precursores químicos que son esenciales para la adulteración o estiramiento, y la transformación de la pasta base en cocaína. De acuerdo al informe del Ministerio de Seguridad, se realizaron 97 inspecciones en la provincia de Santa Fe, donde en tres operativos se incautaron 890 kilos de amoniaco, 14.225 kilos de hidrógeno de potasio y 26.260 kilos de ácido clorhídrico.

El Ministerio de Seguridad de la Nación también señaló que se produjo, entre otras buenas noticias, “una baja de un 62 por ciento de la tasa de homicidios dolosos en Rosario con respecto al mismo período del año pasado”. Entre enero y agosto de 2023 se cometieron 150 asesinatos en Rosario, donde la mayoría tenía que ver con las luchas territoriales entre las bandas narco. En el mismo periodo, durante este año, los crímenes bajaron a 57. “En las zonas en las que tienen despliegue las fuerzas federales hubo una disminución del 73,21 por ciento”, se señaló en las cercanías de Bullrich.

También se registró un descenso pronunciado en las llamadas “balaceras” que impactan en Rosario. Según esta fuente, la reducción interanual de este tipo de ataques a balazos se contrajo un 59 por ciento en la ciudad.

“Todos los meses muestran una importante baja en la cantidad de hechos registrados, siendo el mes de mayo de 24, el mes que registra el mayor porcentaje de caída a nivel departamento, con una baja del 75% respecto de igual mes del año 2023″, se indicó.

Una de las hipótesis que se maneja en el Gobierno nacional es que la caída de la tasa de homicidios y los niveles de violencia que azotaron a Rosario en la última década tienen que ver con los mayores controles en los penales tanto federales, como provinciales, que se implementaron desde principios de este año, cuando comenzó a regir el “sistema integral de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”.

A través de este plan se destinaron dos sectores para la implementación del nuevo sistema de control en los penales de Ezeiza y de Marcos Paz, donde “se incorporaron más de 50 líderes de grupos de crimen organizado”, que pasaron a estar alojados en celdas individuales para mayor control.

La vida diaria en las cárceles federales cambió. Se realizan, de acuerdo a lo apuntado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, “procedimientos de requisa con mayor frecuencia, que incluyen procedimientos sorpresivos, y el uso de fuerzas de seguridad (PNA y GNA), con tecnología de última generación (scanners) para mayor eficiencia”.

En estas áreas de los presos de alto perfil se instaló “un escáner de cuerpo completo” para el ingreso de toda persona a la unidad funcional, y sensores infrarrojos en todo el perímetro del área. También se dispusieron “cámaras inteligentes que permiten análisis biométrico de las personas”.

En cuanto a las visitas a los presos de alto perfil alojados en los penales federales se estableció que solo se permite el contacto “con familiares directos, que todas deben pasar los registros electrónicos”. Se construyeron locutorios (con monitoreo de cámaras permanente) para visitas sin contacto físico”, apuntaron.

Dentro de las restricciones y mayores controles, también se estableció una reducción de las salidas extramuros”. Las que no se pueden anular se realizan con apoyo de Grupos Especiales y coordinación con Fuerzas Federales.

Además, comenzaron a controlarse con mayor rigurosidad las comunicaciones telefónicas dentro de los penales, “donde se instalaron teléfonos unidireccionales y listas “blancas” previamente autorizadas”.

“En cada turno semanal, el interno dispondrá de un período máximo y total de 20 minutos para realizar comunicaciones telefónicas a través de las líneas autorizadas en forma previa”, prevé el reglamento. Para chequear que se comunique con familiares directos las comunicaciones telefónicas las realizan personal de custodia.

“Cuando desembarcamos en diciembre, al poco tiempo tuvimos una conmoción, mataron a 4 personas. La ciudad era un páramo y junto al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin apostamos más fuerte. Separamos a los presos y en nueve meses bajamos el 60% de los homicidios y en eso tuvo una colaboración logística la provincia de Buenos Aires. Es importante decirlo, porque en los momentos difíciles uno necesita del otro y estuvimos juntos, nos ayudaron y trabajamos en equipo”, dijo la ministra Bullrich ayer, en un seminario sobre la prevención del tráfico de precursores químicos realizado en Campana, donde estuvo acompañada por el ministro bonaerense Javier Alonso.

El Ministerio de Seguridad de la Nación realizó una nueva evaluación del denominado Operativo Bandera, que se lleva adelante con fuerzas federales desde el 2 de enero pasado, en Rosario, donde, de acuerdo a estas cifras oficiales, “aumentó un 500 por ciento el decomiso de cocaína en los primeros ocho meses del año, respecto del mismo periodo de 2023″.

En los operativos antidrogas que se llevaron adelante entre diciembre pasado y agosto de este año quedaron detenidas “555 personas vinculadas a redes del narcotráfico.

“Otro dato que destacamos es el aumento en un 500 por ciento en los decomisos de cocaína, respecto al mismo período de 2023″, se indicó en el ministerio que dirige Patricia Bullrich. El incremento de la droga incautada se produjo por una suba en la cantidad de operativos antinarcóticos, que durante los ocho meses del año llegó a 633 despliegues de fuerzas federales para secuestrar sustancias prohibidas.

A diferencia de lo que hace con mayor frecuencia el Ministerio de Seguridad de la Nación, que exalta los números positivos del operativo en Rosario, en el gobierno de Maximiliano Pullaro prefieren ser más cautos, porque consideran que los resultados positivos de estos primeros ocho meses deben transformarse en una tendencia estable, para lo cual se necesita una mayor cantidad de tiempo.

Son distintas miradas de un fenómeno que no tiene una explicación objetiva y que ningún funcionario puede explicar por qué bajaron de manera tan abrupta la cantidad de homicidios. La exdiputada Elisa Carrió ensayó este viernes una hipótesis que circula en el ámbito judicial y político: que la reducción de los asesinatos tiene que ver con una decisión de las propias organizaciones criminales, que sellaron un acuerdo de paz circunstancial.

Actualmente, según el Ministerio de Seguridad, están en curso 388 investigaciones sobre narcotráfico en Rosario, que llevan adelante las cuatro fuerzas de seguridad federales.

Un punto clave en esta estrategia es la incautación no solo de estupefacientes, sino también de los precursores químicos que son esenciales para la adulteración o estiramiento, y la transformación de la pasta base en cocaína. De acuerdo al informe del Ministerio de Seguridad, se realizaron 97 inspecciones en la provincia de Santa Fe, donde en tres operativos se incautaron 890 kilos de amoniaco, 14.225 kilos de hidrógeno de potasio y 26.260 kilos de ácido clorhídrico.

El Ministerio de Seguridad de la Nación también señaló que se produjo, entre otras buenas noticias, “una baja de un 62 por ciento de la tasa de homicidios dolosos en Rosario con respecto al mismo período del año pasado”. Entre enero y agosto de 2023 se cometieron 150 asesinatos en Rosario, donde la mayoría tenía que ver con las luchas territoriales entre las bandas narco. En el mismo periodo, durante este año, los crímenes bajaron a 57. “En las zonas en las que tienen despliegue las fuerzas federales hubo una disminución del 73,21 por ciento”, se señaló en las cercanías de Bullrich.

También se registró un descenso pronunciado en las llamadas “balaceras” que impactan en Rosario. Según esta fuente, la reducción interanual de este tipo de ataques a balazos se contrajo un 59 por ciento en la ciudad.

“Todos los meses muestran una importante baja en la cantidad de hechos registrados, siendo el mes de mayo de 24, el mes que registra el mayor porcentaje de caída a nivel departamento, con una baja del 75% respecto de igual mes del año 2023″, se indicó.

Una de las hipótesis que se maneja en el Gobierno nacional es que la caída de la tasa de homicidios y los niveles de violencia que azotaron a Rosario en la última década tienen que ver con los mayores controles en los penales tanto federales, como provinciales, que se implementaron desde principios de este año, cuando comenzó a regir el “sistema integral de gestión para personas privadas de la libertad de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”.

A través de este plan se destinaron dos sectores para la implementación del nuevo sistema de control en los penales de Ezeiza y de Marcos Paz, donde “se incorporaron más de 50 líderes de grupos de crimen organizado”, que pasaron a estar alojados en celdas individuales para mayor control.

La vida diaria en las cárceles federales cambió. Se realizan, de acuerdo a lo apuntado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, “procedimientos de requisa con mayor frecuencia, que incluyen procedimientos sorpresivos, y el uso de fuerzas de seguridad (PNA y GNA), con tecnología de última generación (scanners) para mayor eficiencia”.

En estas áreas de los presos de alto perfil se instaló “un escáner de cuerpo completo” para el ingreso de toda persona a la unidad funcional, y sensores infrarrojos en todo el perímetro del área. También se dispusieron “cámaras inteligentes que permiten análisis biométrico de las personas”.

En cuanto a las visitas a los presos de alto perfil alojados en los penales federales se estableció que solo se permite el contacto “con familiares directos, que todas deben pasar los registros electrónicos”. Se construyeron locutorios (con monitoreo de cámaras permanente) para visitas sin contacto físico”, apuntaron.

Dentro de las restricciones y mayores controles, también se estableció una reducción de las salidas extramuros”. Las que no se pueden anular se realizan con apoyo de Grupos Especiales y coordinación con Fuerzas Federales.

Además, comenzaron a controlarse con mayor rigurosidad las comunicaciones telefónicas dentro de los penales, “donde se instalaron teléfonos unidireccionales y listas “blancas” previamente autorizadas”.

“En cada turno semanal, el interno dispondrá de un período máximo y total de 20 minutos para realizar comunicaciones telefónicas a través de las líneas autorizadas en forma previa”, prevé el reglamento. Para chequear que se comunique con familiares directos las comunicaciones telefónicas las realizan personal de custodia.

“Cuando desembarcamos en diciembre, al poco tiempo tuvimos una conmoción, mataron a 4 personas. La ciudad era un páramo y junto al gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente Pablo Javkin apostamos más fuerte. Separamos a los presos y en nueve meses bajamos el 60% de los homicidios y en eso tuvo una colaboración logística la provincia de Buenos Aires. Es importante decirlo, porque en los momentos difíciles uno necesita del otro y estuvimos juntos, nos ayudaron y trabajamos en equipo”, dijo la ministra Bullrich ayer, en un seminario sobre la prevención del tráfico de precursores químicos realizado en Campana, donde estuvo acompañada por el ministro bonaerense Javier Alonso.

 Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, desde el comienzo del nuevo despliegue de fuerzas federales bajaron 59 por ciento los eventos con disparos; en los primeros ocho meses de este año aumentó 500 por ciento el decomiso de drogas  LA NACION

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