ATE pidió a la Justicia que retrotraiga despidos masivos en el Estado
Luego de tres olas de despidos de trabajadores estatales impulsadas por el Gobierno, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional del Trabajo contra el Estado y el Poder Ejecutivo para declarar inconstitucional artículos de la Ley Bases que modificaban el régimen de disponibilidad de los trabajadores de planta permanente. Desde el gremio argumentan que las modificaciones de la ley impulsada por el oficialismo son los que permitieron los “despidos arbitrarios”. También solicitaron una cautelar.
Para principios de julio, la administración de Javier Milei ya sumaba 21.700 despidos desde su asunción. Ese mismo mes, los estatales contabilizaban que realizarían 2300 despidos más una vez que se vencieran aquellos contratos que el Gobierno había renovado hace tres meses. “El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo”, había dicho el vocero presidencial Manuel Adorni en ese entonces.
Ahora, desde ATE señalan en su demanda la ilegalidad de los artículos 11 y 14 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, modificados a partir de la sanción de la Ley Bases. “Afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional”, argumentaron. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró que la Constitución Nacional incluye en su artículo 14 bis una protección ante dicho tipo de ceses de contrato. Por eso ATE acusa al gobierno de violar la Constitución en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22.
“Se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público se fue más allá y, además de esa protección, se estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder”, explicó.
La norma afectaría, según el gremio, al régimen de disponibilidad, que establecía que un funcionario podía permanecer fuera de su jornada ordinaria si un organismo cierra o se suprimen funciones o cargos. Aún así, el nuevo régimen establece que un empleado puede entrar en el régimen si el organismo supera la “dotación óptima necesaria” de personal.
“De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”, agregó.
Los despidos más recientes fueron en los Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). A fines de junio, trabajadores de los parques se declararon en asamblea permanente luego de que oficializaran la no renovación de al menos 80 contratos, decisión que se efectivizaría a fin de mes. Un delegado de ATE en Bariloche, Marcelo Rojas, había denunciado en ese entonces la falta de tacto a la hora de despedir a los empleados. “Estamos hablando de trabajadores que tienen muchísimos años de antigüedad y, de golpe, se van a quedar sin trabajo, sin indemnización”, explicó. En el Incaa, en cambio, se contabilizaron 20 despidos.
Luego de tres olas de despidos de trabajadores estatales impulsadas por el Gobierno, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda ante la Justicia Nacional del Trabajo contra el Estado y el Poder Ejecutivo para declarar inconstitucional artículos de la Ley Bases que modificaban el régimen de disponibilidad de los trabajadores de planta permanente. Desde el gremio argumentan que las modificaciones de la ley impulsada por el oficialismo son los que permitieron los “despidos arbitrarios”. También solicitaron una cautelar.
Para principios de julio, la administración de Javier Milei ya sumaba 21.700 despidos desde su asunción. Ese mismo mes, los estatales contabilizaban que realizarían 2300 despidos más una vez que se vencieran aquellos contratos que el Gobierno había renovado hace tres meses. “El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo”, había dicho el vocero presidencial Manuel Adorni en ese entonces.
Ahora, desde ATE señalan en su demanda la ilegalidad de los artículos 11 y 14 de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, modificados a partir de la sanción de la Ley Bases. “Afectan al derecho de estabilidad en el empleo público permitiendo los despidos arbitrarios por parte del Gobierno nacional”, argumentaron. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró que la Constitución Nacional incluye en su artículo 14 bis una protección ante dicho tipo de ceses de contrato. Por eso ATE acusa al gobierno de violar la Constitución en sus artículos 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inciso 22.
“Se estableció la protección contra el despido arbitrario en el ámbito privado mientras que en el sector público se fue más allá y, además de esa protección, se estableció una garantía propia. Le dio a los empleados públicos una mayor protección para evitar que sean tomados como botines de guerra por cada una de las gestiones políticas que se iban sucediendo en el poder”, explicó.
La norma afectaría, según el gremio, al régimen de disponibilidad, que establecía que un funcionario podía permanecer fuera de su jornada ordinaria si un organismo cierra o se suprimen funciones o cargos. Aún así, el nuevo régimen establece que un empleado puede entrar en el régimen si el organismo supera la “dotación óptima necesaria” de personal.
“De ninguna manera podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la dotación óptima de personal en un organismo. Alguien como Milei que nos dijo que ama destruir el Estado va a considerar que se excede la dotación óptima hasta en la casilla de seguridad de la Casa Rosada que tiene dos empleados”, agregó.
Los despidos más recientes fueron en los Parques Nacionales y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). A fines de junio, trabajadores de los parques se declararon en asamblea permanente luego de que oficializaran la no renovación de al menos 80 contratos, decisión que se efectivizaría a fin de mes. Un delegado de ATE en Bariloche, Marcelo Rojas, había denunciado en ese entonces la falta de tacto a la hora de despedir a los empleados. “Estamos hablando de trabajadores que tienen muchísimos años de antigüedad y, de golpe, se van a quedar sin trabajo, sin indemnización”, explicó. En el Incaa, en cambio, se contabilizaron 20 despidos.
El gremio solicitó ante el fuero laboral que se declaren inconstitucionales artículos de la Ley Bases que posibitan, según dicen, “despidos arbitrarios”; se trata de incisos que afectan “la estabilidad en el empleo público” LA NACION
