Desde que asumió Milei, hay 30.936 puestos de trabajo menos en la administración pública nacional
“La motosierra no se detiene nunca”, cuentan que dice Javier Milei cuando le preguntan sobre si seguirá el ajuste en el empleo público, pero también sobre otros recortes en el Estado. “La motosierra sigue en todo lo que pueda”, repite el Presidente a sus interlocutores.
Desde que el libertario se hizo cargo de la conducción en Casa Rosada, entre diciembre y julio (último dato disponible) la cantidad de puestos de trabajo en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujeron en 30.936. La motosierra de Milei rebanó un 9,1% de la planta, que pasó de 341.473 a fin de año pasado a 310.537 a través de discontinuar contratos, retiros y despidos, según datos procesados por Iaraf con base a los que los distintos organismos y dependencias envían a Empleo Público (Jefatura de Gabinete) para después derivan al Indec.
Al ordenar los entes según la reducción absoluta de puestos, el Iaraf que conduce Nadín Argañaraz indicó que se tiene la Administración Central, el Correo Oficial, la Anses, el Conicet y AySA lideran las reducciones. “Desde el punto de vista de la intensidad de la reducción sobre la dotación de diciembre de 2023, las mayores caídas se centran en Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58.5%), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30.3%), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-29.7%), la Agencia Nacional de Discapacidad (-28.2%), Ente Nacional de Comunicaciones (-26.6%) y Correo Oficial de la República Argentina (-24.2%)”, indicó el Iaraf.
El dato oficial del Indec dijeron en el organismo a LA NACION no sufre atrasos en su relevamiento, pero sí ocurre que hay meses en los que algunos organismos no entregan la información a tiempo, por lo que se imputan los datos y después se actualizan.
Provincias, municipios y el cepo
“Provincias y municipios no es mi tema, ya que es un país federal”, cuenta Milei a quienes le preguntan por lo que se hacen los gobernadores e intendentes. Es que la gran masa de empleo público se registra en municipios y provincias. Si se toma el último dato disponible, el empleo público total del Sistema Integrado Previsional Argentino –esto implica que es el trabajo registrado en el Estado y no aquel que brindan muchos monotributistas precarizados–, la cantidad de trabajadores llegaba en mayo (último dato publicado) a 3.446.700. Entre fines de noviembre y el quinto mes del año, se registran 36.900 trabajadores menos, lo que implicaría que gran parte del ajuste en el sector público lo hizo Milei y no los caciques de provincias y municipios.
Vale aclarar que hay 14 cajas previsionales no transferidas a la nación, por lo que podría pensarse que esos distritos no envían sus datos a la Secretaría de Trabajo para que los consolide. Sin embargo, contaron algunas fuentes encargadas de procesar esos números, que curiosamente todos los distritos cumplen con el requisito de enviar puntualmente la información desde que se instaló el cepo cambiario en la Argentina.
Es que muchos empleados públicos –habilitados por el Estado para hacerse de dólares subsidiados a precio oficial– se quejaban de que no aparecían registrados por el SIPA, lo que les imposibilitaba la adquisición de la divisa extranjera. El impulso a transparentar a los empleados públicos en las provincias y municipios –tienen a cargo, las fuerzas de seguridad, los trabajadores de la salud y de la enseñanza– es probablemente una de las únicas virtudes que aportó el cepo.
Si bien las provincias y los municipios no ajustaron fuertemente sus plantillas de trabajadores, por lo menos, aquellos en blanco, sí se cortó con un crecimiento ininterrumpido que mostraba la serie. En enero de 2012, los empleados públicos eran 2,5 millones; llegaron a 3 millones en mayo de 2015; y rozaron los 3,5 millones al cierre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En la administración central
Los Informes de Ocupación que hace el Ministerio de Economía muestran el desglose de lo que fue atravesado por la motosierra. Por ejemplo, entre el último trimestre de 2023 y el segundo de 2024, el personal permanente y transitorio creció en cantidad de personal ocupado en el Poder Ejecutivo. Se sumaron 1500 personas, un indicio de por qué la relación entre el Gobierno y UPCN no es tan conflictiva. En tanto, hay 9265 contratados menos. En otros entes del sector público no financiero, en el mismo período, aparece una caída de 535 transitorios y permanentes, y de 89 contratados. El Poder Judicial sumó 53 trabajadores.
En las empresas del Estado se registraron 31.458 empleados en el segundo trimestre. No se conoce el cambio contra el año pasado, porque –según los datos de Economía– no había relevamientos de trabajadores en las empresas públicas antes. Es curioso. El excel oficial afirma que recién comenzó en enero.
“La motosierra no se detiene nunca”, cuentan que dice Javier Milei cuando le preguntan sobre si seguirá el ajuste en el empleo público, pero también sobre otros recortes en el Estado. “La motosierra sigue en todo lo que pueda”, repite el Presidente a sus interlocutores.
Desde que el libertario se hizo cargo de la conducción en Casa Rosada, entre diciembre y julio (último dato disponible) la cantidad de puestos de trabajo en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujeron en 30.936. La motosierra de Milei rebanó un 9,1% de la planta, que pasó de 341.473 a fin de año pasado a 310.537 a través de discontinuar contratos, retiros y despidos, según datos procesados por Iaraf con base a los que los distintos organismos y dependencias envían a Empleo Público (Jefatura de Gabinete) para después derivan al Indec.
Al ordenar los entes según la reducción absoluta de puestos, el Iaraf que conduce Nadín Argañaraz indicó que se tiene la Administración Central, el Correo Oficial, la Anses, el Conicet y AySA lideran las reducciones. “Desde el punto de vista de la intensidad de la reducción sobre la dotación de diciembre de 2023, las mayores caídas se centran en Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (-58.5%), Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (-30.3%), Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-29.7%), la Agencia Nacional de Discapacidad (-28.2%), Ente Nacional de Comunicaciones (-26.6%) y Correo Oficial de la República Argentina (-24.2%)”, indicó el Iaraf.
El dato oficial del Indec dijeron en el organismo a LA NACION no sufre atrasos en su relevamiento, pero sí ocurre que hay meses en los que algunos organismos no entregan la información a tiempo, por lo que se imputan los datos y después se actualizan.
Provincias, municipios y el cepo
“Provincias y municipios no es mi tema, ya que es un país federal”, cuenta Milei a quienes le preguntan por lo que se hacen los gobernadores e intendentes. Es que la gran masa de empleo público se registra en municipios y provincias. Si se toma el último dato disponible, el empleo público total del Sistema Integrado Previsional Argentino –esto implica que es el trabajo registrado en el Estado y no aquel que brindan muchos monotributistas precarizados–, la cantidad de trabajadores llegaba en mayo (último dato publicado) a 3.446.700. Entre fines de noviembre y el quinto mes del año, se registran 36.900 trabajadores menos, lo que implicaría que gran parte del ajuste en el sector público lo hizo Milei y no los caciques de provincias y municipios.
Vale aclarar que hay 14 cajas previsionales no transferidas a la nación, por lo que podría pensarse que esos distritos no envían sus datos a la Secretaría de Trabajo para que los consolide. Sin embargo, contaron algunas fuentes encargadas de procesar esos números, que curiosamente todos los distritos cumplen con el requisito de enviar puntualmente la información desde que se instaló el cepo cambiario en la Argentina.
Es que muchos empleados públicos –habilitados por el Estado para hacerse de dólares subsidiados a precio oficial– se quejaban de que no aparecían registrados por el SIPA, lo que les imposibilitaba la adquisición de la divisa extranjera. El impulso a transparentar a los empleados públicos en las provincias y municipios –tienen a cargo, las fuerzas de seguridad, los trabajadores de la salud y de la enseñanza– es probablemente una de las únicas virtudes que aportó el cepo.
Si bien las provincias y los municipios no ajustaron fuertemente sus plantillas de trabajadores, por lo menos, aquellos en blanco, sí se cortó con un crecimiento ininterrumpido que mostraba la serie. En enero de 2012, los empleados públicos eran 2,5 millones; llegaron a 3 millones en mayo de 2015; y rozaron los 3,5 millones al cierre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
En la administración central
Los Informes de Ocupación que hace el Ministerio de Economía muestran el desglose de lo que fue atravesado por la motosierra. Por ejemplo, entre el último trimestre de 2023 y el segundo de 2024, el personal permanente y transitorio creció en cantidad de personal ocupado en el Poder Ejecutivo. Se sumaron 1500 personas, un indicio de por qué la relación entre el Gobierno y UPCN no es tan conflictiva. En tanto, hay 9265 contratados menos. En otros entes del sector público no financiero, en el mismo período, aparece una caída de 535 transitorios y permanentes, y de 89 contratados. El Poder Judicial sumó 53 trabajadores.
En las empresas del Estado se registraron 31.458 empleados en el segundo trimestre. No se conoce el cambio contra el año pasado, porque –según los datos de Economía– no había relevamientos de trabajadores en las empresas públicas antes. Es curioso. El excel oficial afirma que recién comenzó en enero.
Es la foto que tomó el Iaraf con base a datos del Indec entre diciembre y julio; la Administración Central, el Correo Oficial, la Anses, el Conicet y AySA, los que más redujeron LA NACION
