Una vez más, el Senado se propone considerar en la sesión oficialmente convocada para hoy el tema de la boleta única en papel (BUP). El proyecto, aprobado en Diputados en junio de 2022 y que perderá estado parlamentario en marzo próximo, se encuentra desde entonces en la Cámara alta para su sanción definitiva y debería volver a la de origen si se introdujeran cambios. Como se trata de una modificación sustancial que afecta la cuestión electoral, demanda una aprobación en el Senado por una mayoría especial de 37 votos, la mitad más uno de los miembros, un soñado número que la vicepresidenta Victoria Villarruel ha buscado afanosamente conseguir.
La adopción de la boleta única es una vieja demanda impulsada desde distintas asociaciones civiles y apoyada por la Cámara Nacional Electoral, tendiente a garantizar una competencia electoral más justa y transparente que impida la falta de boletas de algunas fuerzas políticas y elimine malas prácticas, tales como el robo de papeletas y el “voto cadena”, además de generar un ahorro en boletas y en logística, y una reducción de la huella de carbono merced al menor uso de papel, energías y tintas.
El proyectado sistema atacaría, de este modo, las prácticas clientelistas, al tiempo que garantizaría el derecho a competir en elecciones sin la necesidad de una costosa estructura de fiscales.
La obtención de la mayoría necesaria para la aprobación de la iniciativa generó dudas por diferencias de criterio dentro del bloque del radicalismo, expresadas por los senadores por Corrientes Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela.
Entre las fuerzas políticas que apoyan la reforma, habría consenso en torno al modelo que se usa en provincias como Mendoza y Córdoba, y que consiste en que haya una boleta de sufragio para todas las categorías de cargos por elegir, en lugar de una boleta para cada categoría, como existe en Santa Fe. En caso de simultaneidad electoral, se oficializará una boleta para cargos nacionales, provinciales y eventualmente municipales.
Pero las negociaciones para superar algunos obstáculos llevaron al oficialismo a conceder modificaciones al proyecto de ley que vino de Diputados que dilatarían la sanción definitiva. La variante negociada entre el oficialismo y algunos senadores de la oposición, como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), eliminó la tilde para marcar la votación por la boleta completa, lo cual evitaría el arrastre del voto hacia los partidos más grandes. Sus detractores entienden que el elector puede asumir que no necesita tildar todas las cajas una vez seleccionada la opción nacional, y especulan con que en las categorías subnacionales pueda haber mucho voto en blanco.
El oficialismo busca también revertir el tan rotundo como arbitrario rechazo a la BUP por parte del kirchnerismo, el principal espacio opositor. Está claro que quienes durante años se fortalecieron en el poder gracias a las trampas y opacidades de la tradicional boleta en papel no accederán jamás a promover cambios en pos de una mayor transparencia que podrían perjudicarlos. No nos cansaremos de denunciar estas viles prácticas que una ciudadanía que ha ganado madurez y compromiso ya no está dispuesta a tolerar.
Desde el Ejecutivo se gestiona también el tratamiento de una modificación en los plazos del cronograma electoral, con el fin de disponer de más tiempo para la impresión de boletas, que al salir de los ámbitos partidarios pasaría a depender totalmente del Estado. Se propicia así que los cierres para la oficialización de alianzas se produzcan hasta 80 días antes de las elecciones en lugar de 60, y que también se estire el plazo para el registro de los candidatos.
Luego de la postergación de una semana propuesta por Villarruel para reunir los votos que la aprobación de la BUP demanda, el quorum para la sesión de hoy no está garantizado y la debilidad del bloque oficialista, una vez más, se hace sentir. El temario incluye, además, la mejora del presupuesto universitario, una cuestión que le auguraría una derrota al partido gobernante.
Como bien destacaron desde la Red de Acción Política (RAP) y desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la BUP contribuye a reducir la crisis de representatividad que sufre hoy la política y mejora el derecho a elegir y ser elegido por parte de la ciudadanía. Si el proyecto se convierte en ley en este mes, podría usarse el nuevo sistema en las elecciones legislativas de 2025. Es de esperar que, de una buena vez, nuestros representantes respeten el mandato ciudadano y consensúen, sin más demoras, la aprobación de este necesario y valioso instrumento que mejora la calidad y equidad de nuestra democracia.
Una vez más, el Senado se propone considerar en la sesión oficialmente convocada para hoy el tema de la boleta única en papel (BUP). El proyecto, aprobado en Diputados en junio de 2022 y que perderá estado parlamentario en marzo próximo, se encuentra desde entonces en la Cámara alta para su sanción definitiva y debería volver a la de origen si se introdujeran cambios. Como se trata de una modificación sustancial que afecta la cuestión electoral, demanda una aprobación en el Senado por una mayoría especial de 37 votos, la mitad más uno de los miembros, un soñado número que la vicepresidenta Victoria Villarruel ha buscado afanosamente conseguir.
La adopción de la boleta única es una vieja demanda impulsada desde distintas asociaciones civiles y apoyada por la Cámara Nacional Electoral, tendiente a garantizar una competencia electoral más justa y transparente que impida la falta de boletas de algunas fuerzas políticas y elimine malas prácticas, tales como el robo de papeletas y el “voto cadena”, además de generar un ahorro en boletas y en logística, y una reducción de la huella de carbono merced al menor uso de papel, energías y tintas.
El proyectado sistema atacaría, de este modo, las prácticas clientelistas, al tiempo que garantizaría el derecho a competir en elecciones sin la necesidad de una costosa estructura de fiscales.
La obtención de la mayoría necesaria para la aprobación de la iniciativa generó dudas por diferencias de criterio dentro del bloque del radicalismo, expresadas por los senadores por Corrientes Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela.
Entre las fuerzas políticas que apoyan la reforma, habría consenso en torno al modelo que se usa en provincias como Mendoza y Córdoba, y que consiste en que haya una boleta de sufragio para todas las categorías de cargos por elegir, en lugar de una boleta para cada categoría, como existe en Santa Fe. En caso de simultaneidad electoral, se oficializará una boleta para cargos nacionales, provinciales y eventualmente municipales.
Pero las negociaciones para superar algunos obstáculos llevaron al oficialismo a conceder modificaciones al proyecto de ley que vino de Diputados que dilatarían la sanción definitiva. La variante negociada entre el oficialismo y algunos senadores de la oposición, como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), eliminó la tilde para marcar la votación por la boleta completa, lo cual evitaría el arrastre del voto hacia los partidos más grandes. Sus detractores entienden que el elector puede asumir que no necesita tildar todas las cajas una vez seleccionada la opción nacional, y especulan con que en las categorías subnacionales pueda haber mucho voto en blanco.
El oficialismo busca también revertir el tan rotundo como arbitrario rechazo a la BUP por parte del kirchnerismo, el principal espacio opositor. Está claro que quienes durante años se fortalecieron en el poder gracias a las trampas y opacidades de la tradicional boleta en papel no accederán jamás a promover cambios en pos de una mayor transparencia que podrían perjudicarlos. No nos cansaremos de denunciar estas viles prácticas que una ciudadanía que ha ganado madurez y compromiso ya no está dispuesta a tolerar.
Desde el Ejecutivo se gestiona también el tratamiento de una modificación en los plazos del cronograma electoral, con el fin de disponer de más tiempo para la impresión de boletas, que al salir de los ámbitos partidarios pasaría a depender totalmente del Estado. Se propicia así que los cierres para la oficialización de alianzas se produzcan hasta 80 días antes de las elecciones en lugar de 60, y que también se estire el plazo para el registro de los candidatos.
Luego de la postergación de una semana propuesta por Villarruel para reunir los votos que la aprobación de la BUP demanda, el quorum para la sesión de hoy no está garantizado y la debilidad del bloque oficialista, una vez más, se hace sentir. El temario incluye, además, la mejora del presupuesto universitario, una cuestión que le auguraría una derrota al partido gobernante.
Como bien destacaron desde la Red de Acción Política (RAP) y desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la BUP contribuye a reducir la crisis de representatividad que sufre hoy la política y mejora el derecho a elegir y ser elegido por parte de la ciudadanía. Si el proyecto se convierte en ley en este mes, podría usarse el nuevo sistema en las elecciones legislativas de 2025. Es de esperar que, de una buena vez, nuestros representantes respeten el mandato ciudadano y consensúen, sin más demoras, la aprobación de este necesario y valioso instrumento que mejora la calidad y equidad de nuestra democracia.
Una vez más, el Senado se propone considerar en la sesión oficialmente convocada para hoy el tema de la boleta única en papel (BUP). El proyecto, aprobado en Diputados en junio de 2022 y que perderá estado parlamentario en marzo próximo, se encuentra desde entonces en la Cámara alta para su sanción definitiva y debería volver a la de origen si se introdujeran cambios. Como se trata de una modificación sustancial que afecta la cuestión electoral, demanda una aprobación en el Senado por una mayoría especial de 37 votos, la mitad más uno de los miembros, un soñado número que la vicepresidenta Victoria Villarruel ha buscado afanosamente conseguir.La adopción de la boleta única es una vieja demanda impulsada desde distintas asociaciones civiles y apoyada por la Cámara Nacional Electoral, tendiente a garantizar una competencia electoral más justa y transparente que impida la falta de boletas de algunas fuerzas políticas y elimine malas prácticas, tales como el robo de papeletas y el “voto cadena”, además de generar un ahorro en boletas y en logística, y una reducción de la huella de carbono merced al menor uso de papel, energías y tintas. El proyectado sistema atacaría, de este modo, las prácticas clientelistas, al tiempo que garantizaría el derecho a competir en elecciones sin la necesidad de una costosa estructura de fiscales.La obtención de la mayoría necesaria para la aprobación de la iniciativa generó dudas por diferencias de criterio dentro del bloque del radicalismo, expresadas por los senadores por Corrientes Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela. Entre las fuerzas políticas que apoyan la reforma, habría consenso en torno al modelo que se usa en provincias como Mendoza y Córdoba, y que consiste en que haya una boleta de sufragio para todas las categorías de cargos por elegir, en lugar de una boleta para cada categoría, como existe en Santa Fe. En caso de simultaneidad electoral, se oficializará una boleta para cargos nacionales, provinciales y eventualmente municipales.Pero las negociaciones para superar algunos obstáculos llevaron al oficialismo a conceder modificaciones al proyecto de ley que vino de Diputados que dilatarían la sanción definitiva. La variante negociada entre el oficialismo y algunos senadores de la oposición, como Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), eliminó la tilde para marcar la votación por la boleta completa, lo cual evitaría el arrastre del voto hacia los partidos más grandes. Sus detractores entienden que el elector puede asumir que no necesita tildar todas las cajas una vez seleccionada la opción nacional, y especulan con que en las categorías subnacionales pueda haber mucho voto en blanco.El oficialismo busca también revertir el tan rotundo como arbitrario rechazo a la BUP por parte del kirchnerismo, el principal espacio opositor. Está claro que quienes durante años se fortalecieron en el poder gracias a las trampas y opacidades de la tradicional boleta en papel no accederán jamás a promover cambios en pos de una mayor transparencia que podrían perjudicarlos. No nos cansaremos de denunciar estas viles prácticas que una ciudadanía que ha ganado madurez y compromiso ya no está dispuesta a tolerar.Desde el Ejecutivo se gestiona también el tratamiento de una modificación en los plazos del cronograma electoral, con el fin de disponer de más tiempo para la impresión de boletas, que al salir de los ámbitos partidarios pasaría a depender totalmente del Estado. Se propicia así que los cierres para la oficialización de alianzas se produzcan hasta 80 días antes de las elecciones en lugar de 60, y que también se estire el plazo para el registro de los candidatos.Luego de la postergación de una semana propuesta por Villarruel para reunir los votos que la aprobación de la BUP demanda, el quorum para la sesión de hoy no está garantizado y la debilidad del bloque oficialista, una vez más, se hace sentir. El temario incluye, además, la mejora del presupuesto universitario, una cuestión que le auguraría una derrota al partido gobernante. Como bien destacaron desde la Red de Acción Política (RAP) y desde el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la BUP contribuye a reducir la crisis de representatividad que sufre hoy la política y mejora el derecho a elegir y ser elegido por parte de la ciudadanía. Si el proyecto se convierte en ley en este mes, podría usarse el nuevo sistema en las elecciones legislativas de 2025. Es de esperar que, de una buena vez, nuestros representantes respeten el mandato ciudadano y consensúen, sin más demoras, la aprobación de este necesario y valioso instrumento que mejora la calidad y equidad de nuestra democracia. LA NACION
