El show de Javier Milei, sin dar números, tuvo un objetivo: obligar a “la casta” a certificar el plan fiscal, el primero con el que el gobierno libertario busca explicar cómo hará sustentable el ajuste.
Con escasísimas fuerzas legislativas a disposición, el Presidente en el Congreso buscó que la potencia de su imagen -y la atomización de la oposición- alcance para que su primera hoja de ruta formal e institucional logre envolverse de un consenso que exceda a los libertarios para que el rumbo oficial se alinee con un sector más amplio. Sería un triunfo para los mercados, que preguntan por la gobernabilidad, y un éxito para un Gobierno que precisa atraer a la comunidad internacional para invertir, prestar y dinamizar la economía.
Esta saga se da en momentos en que comienzan a surgir líderes políticos que se niegan a dejar de recaudar subas de tasas municipales en boletas de luz y gas -el de Buenos Aires, por caso- y cuando los bancos entran en guerra contra gobernadores (La Pampa) por la fuerte suba del impuesto a los ingresos brutos a esas entidades. Milei podrá decir que “la casta” hace caja para quebrar la paciencia que la sociedad tiene ante el ajuste.
La configuración del primer presupuesto de Milei se apoya en dos concepciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, suele repetir. La primera es el diagnóstico, que el oficialismo deja ahora en letra de molde: el problema de la economía argentina no es la crisis de deuda ni la elevada inflación ni la falta de dólares. Esos son tan solo síntomas de que la política gasta más de lo que ingresa. Son dolorosas consecuencias del déficit fiscal, rojo que se ha solucionado en el tiempo con devaluaciones (ajustes en los salarios) o financiamiento hasta lo imposible.
Milei lo ratificó en el Congreso: el equilibrio fiscal es “inquebrantable” y se hace, dijo, intentando cuidar a los sectores más vulnerables. Luego de repasar la herencia (déficit de 15 puntos del PBI financiado con deuda y emisión), el proyecto estima que, en siete meses, el superávit primario es de 1,4% del PBI y el financiero, de 0,4%. En ese sentido, para 2025, el camino será similar: el presupuesto del sector público nacional se proyecta “levemente superavitario” en términos del PBI (el Estado no necesitará endeudarse ni emitir moneda).
El resultado primario alcanzaría un superávit de 1,3% del PBI (lo mismo que los intereses de deuda). En 2024 terminaría positivo en 1,5% del producto. El Ministerio de Economía rescata que desde 2014 no se presenta al Congreso un presupuesto “equilibrado”, desde 2010 no se alcanza un resultado anual superavitario y desde 2008 no se logran dos años consecutivos de superávit financiero.
La segunda concepción clave es la importancia de la accountability. La explicó el ministro de Economía frente a los empresarios meses atrás y se relaciona con los resultados ya verificados este año. Caputo había contado entonces que cuando el ministro de Economía o el presidente del Banco Central de un país desarrollado dicen algo, los actores económicos se alinean detrás de esas expectativas. En la Argentina pasa lo contrario. Es por eso que tanto Milei como Caputo pusieron el foco en construir un “track record” -un camino de cumplimientos- para ganar credibilidad. Buscan ahora cristalizarlo en un consenso.
El desafío es entonces proyectar esa credibilidad en el mediano plazo e institucionalizarla. Para eso, ya no bastará con vender el pasado, hay que asfaltar el futuro. Eso se logra con proyecciones que le den al sector privado seguridad para invertir y para ganar dinero.
En principio, el presupuesto presentado prevé que la economía crecerá un 5% en 2025 (este año, sin embargo, caerá 3,8%) con expansión del consumo privado, el consumo público, la inversión, las exportaciones y las importaciones.
El dólar oficial terminará ese año en $1207 (en 2024 cerraría en $1019,9), con una suba alineada con la inflación estimada, un sorprendente 18,3% anual. Es una fortísima desaceleración frente a la prevista para este año, de 104,4% (el REM que ausculta el Banco Central estima 20 puntos más). Un dígito anual recién se alcanzaría a fines de 2027 (7,4%), según los presupuestos estimados en la ley de leyes.
Que el dólar se moverá el año que viene al mismo ritmo de la inflación implica que el Gobierno logrará a fines de este año domar los precios y alinearlos con el crawling-peg (microdevaluaciones periódicas). Todo un desafío.
La balanza comercial daría un saldo positivo un tanto menor que en 2024. Pasaría de US$21.972 millones este año a US$20.748 millones el año próximo. Es una visión optimista, que implica que el Gobierno lograría a través de la desregulación de la economía mejorar la competitividad sistémica de las exportaciones y que el sector privado deberá acostumbrarse a márgenes más estrechos que no incorporen seguros de cambio.
Milei buscaría convertirse en el primer presidente argentino en cumplir con el vilipendiado presupuesto. Esa previsibilidad sería el combustible de cualquier decisión de inversión a largo plazo. Los desembolsos privados -a través de la recuperación del crédito y la generación de condiciones macroeconómicas y regulatorias afines, entre ellas la eliminación del cepo cambiario- son el motor para el crecimiento que eligió el Gobierno.
Un camino espinoso
Otra cosa será la pedregosa aventura política del proyecto en un Congreso que ha sido hostil para el Presidente. Vale recordar que el exministro de Economía Sergio Massa envió un proyecto de presupuesto en septiembre de 2023 que contemplaba la posibilidad de llegar a un equilibrio fiscal si la corporación política se autoajustaba eliminando una “separata” de gastos tributarios. Es que en la discusión presupuestaria se juegan intereses de distintos sectores empresarios, que incluyen los de las provincias: beneficios fiscales, eximiciones y subsidios son los enclaves que mueven en esa discusión a “la casta”.
Cuando Massa envió ese menú de opciones a eliminar, socializando el costo político con el Congreso, la cuenta era de $16,5 billones. Se hablaba de cuatro puntos del PBI, en ese entonces.
Con una herencia desproporcionada, el Gobierno se manejó en 2024 con un presupuesto prorrogado, lo que le permitió mucha discrecionalidad en la definición para cortar gastos y sumar ingresos (impuesto PAIS) para usar la licuadora (la inflación para bajar el gasto), la motosierra (recortar partidas) o el freezer (postergar pagos). Esas formas -bajar el gasto a toda costa, por ejemplo, la obra pública- pusieron en duda la sustentabilidad del ajuste. Ahora, este plan fiscal -qué y dónde cortar- busca eliminar esos temores.
Hubo una regla explicitada por Milei: “Se determina la proyección de ingresos y a partir de allí, se calculan las partidas de gasto que tienen ajustes automáticos, como por ejemplo jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas presupuestarias en función de las prioridades de políticas públicas establecidas. En tanto el escenario macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal. En caso de que el crecimiento del nivel de actividad genere una recaudación mayor a la estimada, el excedente de estos recursos se destinará a la baja de impuestos”.
Se prometen “mejoras” en la gestión presupuestaria: los programas bajan de 468 (2024) a 418 (2025). No se detallaron cuáles cortan. Los programas también cambiaron en su jerarquización. Hay, piensa Economía, una suba en el nivel de los programas asociados a la asistencia social sin intermediarios, como las asignaciones familiares y las políticas alimentarias. Además, en la víspera de un posible veto a la ley de financiamiento de las universidades, Economía enviará un mensaje a la oposición: la política educativa asociada a la educación superior “también crece en jerarquía respecto de 2024 y 2023″.
Caso contrario, se registra “una clara caída” en la jerarquía que tiene la política energética. Esto se debe a la decisión oficial de hacer más eficiente la asignación en los subsidios energéticos, tanto en 2024 (-40% real interanual al mes de julio) como en 2025, lo cual “refleja a su vez el objetivo de reducir el nivel de intervención del Estado en el mercado”. El Gobierno, además, destacó la caída en el ranking del gasto en la obra pública.
Detalle de gastos e ingresos
El presupuesto del Sector Público Nacional para 2025 se proyecta con un resultado financiero superavitario de $190.655 millones, “levemente superavitario” en términos del PBI. El resultado primario alcanzaría un superávit de $1.473.426 millones (1,3% del PBI). Los recursos totales estimados son $125.936.982 millones. Dicho nivel representa el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto de 2024. Los gastos totales consolidados alcanzan a $125.744.647 millones (16,5% del PBI), mientras que, al descontar el gasto por intereses netos de la deuda pública, el gasto primario representa el 15,2% del PBI. Los gastos totales resultan inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI), mientras que los gastos primarios resultan superiores en 0,1 punto porcentuales del PBI. Los recursos totales de la Administración Nacional alcanzarían los $113.597.387 millones (14,9% del PBI). Se trata de un incremento en 2025 de 34,8% frente a lo que implicaban en 2024.
En julio pasado, cuando el Gobierno presentó un “adelanto” del presupuesto, había proyectado para este año un dólar oficial a $1016, y una inflación de 139,7%. Allí ya confirmaba la rebaja del impuesto PAIS, efectivizada a comienzos de este mes, y su eliminación en diciembre. Ya en ese documento se hablaba de un déficit cero sostenido, de fortalecer la política social, modernizar el Estado (simplificación) y el equipamiento para seguridad, tres ejes que el Presidente volvió a citar en el Congreso con algo más de detalle.
Con relación a la tarea del “coloso” Federico Sturzenegger, Economía busca seguir con la reducción de fondos fiduciarios y avanzar “en el saneamiento, concesión y/o privatización de empresas públicas”. No dio más detalles.
Luego de un primer año de transición, el plan fiscal -el ancla contra la inflación- se discutirá en el terreno más pedregoso para Milei: en el “nido de ratas”, donde trabajan los “degenerados fiscales”, que tienen el poder de los dos tercios. El avance del proyecto del Gobierno, en tiempos de fragmentación e internas en el propio oficialismo, seguirá dependiendo -hasta las elecciones- de la potencia de una persona: el Presidente.
El show de Javier Milei, sin dar números, tuvo un objetivo: obligar a “la casta” a certificar el plan fiscal, el primero con el que el gobierno libertario busca explicar cómo hará sustentable el ajuste.
Con escasísimas fuerzas legislativas a disposición, el Presidente en el Congreso buscó que la potencia de su imagen -y la atomización de la oposición- alcance para que su primera hoja de ruta formal e institucional logre envolverse de un consenso que exceda a los libertarios para que el rumbo oficial se alinee con un sector más amplio. Sería un triunfo para los mercados, que preguntan por la gobernabilidad, y un éxito para un Gobierno que precisa atraer a la comunidad internacional para invertir, prestar y dinamizar la economía.
Esta saga se da en momentos en que comienzan a surgir líderes políticos que se niegan a dejar de recaudar subas de tasas municipales en boletas de luz y gas -el de Buenos Aires, por caso- y cuando los bancos entran en guerra contra gobernadores (La Pampa) por la fuerte suba del impuesto a los ingresos brutos a esas entidades. Milei podrá decir que “la casta” hace caja para quebrar la paciencia que la sociedad tiene ante el ajuste.
La configuración del primer presupuesto de Milei se apoya en dos concepciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, suele repetir. La primera es el diagnóstico, que el oficialismo deja ahora en letra de molde: el problema de la economía argentina no es la crisis de deuda ni la elevada inflación ni la falta de dólares. Esos son tan solo síntomas de que la política gasta más de lo que ingresa. Son dolorosas consecuencias del déficit fiscal, rojo que se ha solucionado en el tiempo con devaluaciones (ajustes en los salarios) o financiamiento hasta lo imposible.
Milei lo ratificó en el Congreso: el equilibrio fiscal es “inquebrantable” y se hace, dijo, intentando cuidar a los sectores más vulnerables. Luego de repasar la herencia (déficit de 15 puntos del PBI financiado con deuda y emisión), el proyecto estima que, en siete meses, el superávit primario es de 1,4% del PBI y el financiero, de 0,4%. En ese sentido, para 2025, el camino será similar: el presupuesto del sector público nacional se proyecta “levemente superavitario” en términos del PBI (el Estado no necesitará endeudarse ni emitir moneda).
El resultado primario alcanzaría un superávit de 1,3% del PBI (lo mismo que los intereses de deuda). En 2024 terminaría positivo en 1,5% del producto. El Ministerio de Economía rescata que desde 2014 no se presenta al Congreso un presupuesto “equilibrado”, desde 2010 no se alcanza un resultado anual superavitario y desde 2008 no se logran dos años consecutivos de superávit financiero.
La segunda concepción clave es la importancia de la accountability. La explicó el ministro de Economía frente a los empresarios meses atrás y se relaciona con los resultados ya verificados este año. Caputo había contado entonces que cuando el ministro de Economía o el presidente del Banco Central de un país desarrollado dicen algo, los actores económicos se alinean detrás de esas expectativas. En la Argentina pasa lo contrario. Es por eso que tanto Milei como Caputo pusieron el foco en construir un “track record” -un camino de cumplimientos- para ganar credibilidad. Buscan ahora cristalizarlo en un consenso.
El desafío es entonces proyectar esa credibilidad en el mediano plazo e institucionalizarla. Para eso, ya no bastará con vender el pasado, hay que asfaltar el futuro. Eso se logra con proyecciones que le den al sector privado seguridad para invertir y para ganar dinero.
En principio, el presupuesto presentado prevé que la economía crecerá un 5% en 2025 (este año, sin embargo, caerá 3,8%) con expansión del consumo privado, el consumo público, la inversión, las exportaciones y las importaciones.
El dólar oficial terminará ese año en $1207 (en 2024 cerraría en $1019,9), con una suba alineada con la inflación estimada, un sorprendente 18,3% anual. Es una fortísima desaceleración frente a la prevista para este año, de 104,4% (el REM que ausculta el Banco Central estima 20 puntos más). Un dígito anual recién se alcanzaría a fines de 2027 (7,4%), según los presupuestos estimados en la ley de leyes.
Que el dólar se moverá el año que viene al mismo ritmo de la inflación implica que el Gobierno logrará a fines de este año domar los precios y alinearlos con el crawling-peg (microdevaluaciones periódicas). Todo un desafío.
La balanza comercial daría un saldo positivo un tanto menor que en 2024. Pasaría de US$21.972 millones este año a US$20.748 millones el año próximo. Es una visión optimista, que implica que el Gobierno lograría a través de la desregulación de la economía mejorar la competitividad sistémica de las exportaciones y que el sector privado deberá acostumbrarse a márgenes más estrechos que no incorporen seguros de cambio.
Milei buscaría convertirse en el primer presidente argentino en cumplir con el vilipendiado presupuesto. Esa previsibilidad sería el combustible de cualquier decisión de inversión a largo plazo. Los desembolsos privados -a través de la recuperación del crédito y la generación de condiciones macroeconómicas y regulatorias afines, entre ellas la eliminación del cepo cambiario- son el motor para el crecimiento que eligió el Gobierno.
Un camino espinoso
Otra cosa será la pedregosa aventura política del proyecto en un Congreso que ha sido hostil para el Presidente. Vale recordar que el exministro de Economía Sergio Massa envió un proyecto de presupuesto en septiembre de 2023 que contemplaba la posibilidad de llegar a un equilibrio fiscal si la corporación política se autoajustaba eliminando una “separata” de gastos tributarios. Es que en la discusión presupuestaria se juegan intereses de distintos sectores empresarios, que incluyen los de las provincias: beneficios fiscales, eximiciones y subsidios son los enclaves que mueven en esa discusión a “la casta”.
Cuando Massa envió ese menú de opciones a eliminar, socializando el costo político con el Congreso, la cuenta era de $16,5 billones. Se hablaba de cuatro puntos del PBI, en ese entonces.
Con una herencia desproporcionada, el Gobierno se manejó en 2024 con un presupuesto prorrogado, lo que le permitió mucha discrecionalidad en la definición para cortar gastos y sumar ingresos (impuesto PAIS) para usar la licuadora (la inflación para bajar el gasto), la motosierra (recortar partidas) o el freezer (postergar pagos). Esas formas -bajar el gasto a toda costa, por ejemplo, la obra pública- pusieron en duda la sustentabilidad del ajuste. Ahora, este plan fiscal -qué y dónde cortar- busca eliminar esos temores.
Hubo una regla explicitada por Milei: “Se determina la proyección de ingresos y a partir de allí, se calculan las partidas de gasto que tienen ajustes automáticos, como por ejemplo jubilaciones, y se determina el margen fiscal para el gasto discrecional remanente, que se asigna a distintas partidas presupuestarias en función de las prioridades de políticas públicas establecidas. En tanto el escenario macroeconómico se desvíe de la proyección presentada, se ajustará el gasto discrecional para garantizar el equilibrio financiero o se incrementará el ahorro fiscal. En caso de que el crecimiento del nivel de actividad genere una recaudación mayor a la estimada, el excedente de estos recursos se destinará a la baja de impuestos”.
Se prometen “mejoras” en la gestión presupuestaria: los programas bajan de 468 (2024) a 418 (2025). No se detallaron cuáles cortan. Los programas también cambiaron en su jerarquización. Hay, piensa Economía, una suba en el nivel de los programas asociados a la asistencia social sin intermediarios, como las asignaciones familiares y las políticas alimentarias. Además, en la víspera de un posible veto a la ley de financiamiento de las universidades, Economía enviará un mensaje a la oposición: la política educativa asociada a la educación superior “también crece en jerarquía respecto de 2024 y 2023″.
Caso contrario, se registra “una clara caída” en la jerarquía que tiene la política energética. Esto se debe a la decisión oficial de hacer más eficiente la asignación en los subsidios energéticos, tanto en 2024 (-40% real interanual al mes de julio) como en 2025, lo cual “refleja a su vez el objetivo de reducir el nivel de intervención del Estado en el mercado”. El Gobierno, además, destacó la caída en el ranking del gasto en la obra pública.
Detalle de gastos e ingresos
El presupuesto del Sector Público Nacional para 2025 se proyecta con un resultado financiero superavitario de $190.655 millones, “levemente superavitario” en términos del PBI. El resultado primario alcanzaría un superávit de $1.473.426 millones (1,3% del PBI). Los recursos totales estimados son $125.936.982 millones. Dicho nivel representa el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto de 2024. Los gastos totales consolidados alcanzan a $125.744.647 millones (16,5% del PBI), mientras que, al descontar el gasto por intereses netos de la deuda pública, el gasto primario representa el 15,2% del PBI. Los gastos totales resultan inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI), mientras que los gastos primarios resultan superiores en 0,1 punto porcentuales del PBI. Los recursos totales de la Administración Nacional alcanzarían los $113.597.387 millones (14,9% del PBI). Se trata de un incremento en 2025 de 34,8% frente a lo que implicaban en 2024.
En julio pasado, cuando el Gobierno presentó un “adelanto” del presupuesto, había proyectado para este año un dólar oficial a $1016, y una inflación de 139,7%. Allí ya confirmaba la rebaja del impuesto PAIS, efectivizada a comienzos de este mes, y su eliminación en diciembre. Ya en ese documento se hablaba de un déficit cero sostenido, de fortalecer la política social, modernizar el Estado (simplificación) y el equipamiento para seguridad, tres ejes que el Presidente volvió a citar en el Congreso con algo más de detalle.
Con relación a la tarea del “coloso” Federico Sturzenegger, Economía busca seguir con la reducción de fondos fiduciarios y avanzar “en el saneamiento, concesión y/o privatización de empresas públicas”. No dio más detalles.
Luego de un primer año de transición, el plan fiscal -el ancla contra la inflación- se discutirá en el terreno más pedregoso para Milei: en el “nido de ratas”, donde trabajan los “degenerados fiscales”, que tienen el poder de los dos tercios. El avance del proyecto del Gobierno, en tiempos de fragmentación e internas en el propio oficialismo, seguirá dependiendo -hasta las elecciones- de la potencia de una persona: el Presidente.
El Presidente necesita que su programa fiscal pase con buenos resultados por el Congreso LA NACION
