La Corte Suprema creó el “Portal de la Justicia Argentina”: Ricardo Lorenzetti votó en disidencia
Con el objetivo de “generar, sistematizar y difundir información sobre la estructura, organización y funcionamiento de la Justicia”, la Corte Suprema aprobó la creación de un “Portal de la Justicia Argentina”. La iniciativa, votada en disidencia por el juez Ricardo Lorenzetti, se llevará adelante “articulando con las distintas jurisdicciones las acciones que resulten necesarias” para lograr ese fin.
A través de la resolución 2512/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el máximo tribunal invitó a las autoridades de los poderes judiciales de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Consejo de la Magistratura de la Nación a adherir a esta propuesta.
Entre los argumentos para la puesta en marcha de este proyecto, el texto oficial señala que la Corte “viene desarrollando una política de transparencia y gobierno abierto, conforme con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y participación ciudadana en el marco de una democracia moderna, orientada a facilitar la difusión de información jurisdiccional e institucional, como forma de simplificar el acceso a justicia y rendir cuentas de su actividad”.
En ese sentido, señala que -a fin de aplicar esas políticas- se dispuso que “todas sus sentencias, acordadas y resoluciones” estén disponibles en el sitio web www.csjn.gov.ar, así como la publicación de decisiones de otros tribunales se hace a través del sitio web del Centro de Información Judicial.
De la misma manera, sostienen que, en el contexto de un sistema federal como el argentino, “es necesario garantizar a los ciudadanos el conocimiento de las instancias judiciales disponibles para su defensa”, en particular, porque en la actualidad “no existe un espacio oficial que dé cuenta del entramado completo de la justicia argentina y ponga a disposición de la ciudadanía y los agentes judiciales toda esa información organizada y normalizada”.
En este escenario, el organismo judicial afirma que “resulta necesario articular un espacio de colaboración inter-jurisdiccional que facilite el acceso a información pública sobre la estructura, organización y funcionamiento de la justicia a través de un único portal, complementario de las distintas páginas web institucionales correspondientes a cada uno de los poderes judiciales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la propia Corte”.
La decisión lleva la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y de Lorenzetti, quien se expresó en disidencia. El extitular del tribunal supremo basó su negativa, en primer término, en que “la Constitución ha conferido a la Corte Suprema la trascendente misión de sostener la independencia del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos y que, en ese sentido, se han emitido acordadas resaltando la importancia de la política comunicacional y de gobierno abierto que se han desarrollado durante esos años”.
“Por esta razón, no se le ve un sentido claro a la idea de celebrar convenios que nunca se implementan, ignorando experiencias anteriores, generando costos innecesarios en un momento de crisis. Que la Corte Suprema ya tiene varios instrumentos comunicacionales que han sido abandonados, como el Centro de Información Judicial (CU), la página web del Tribunal, la relación del CIJ con todos los tribunales federales”.
En esa sintonía -dice Lorenzetti- “mientras se mantuvo dicha política se firmaron numerosos acuerdos con las justicias provinciales que lograron autonomía, y que, actualmente, tienen sistemas comunicacionales que, en muchos casos, superan al que tiene este Tribunal, que ha reemplazado un sistema institucional de comunicación por uno basado en rumores”.
Con el objetivo de “generar, sistematizar y difundir información sobre la estructura, organización y funcionamiento de la Justicia”, la Corte Suprema aprobó la creación de un “Portal de la Justicia Argentina”. La iniciativa, votada en disidencia por el juez Ricardo Lorenzetti, se llevará adelante “articulando con las distintas jurisdicciones las acciones que resulten necesarias” para lograr ese fin.
A través de la resolución 2512/2024, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el máximo tribunal invitó a las autoridades de los poderes judiciales de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Consejo de la Magistratura de la Nación a adherir a esta propuesta.
Entre los argumentos para la puesta en marcha de este proyecto, el texto oficial señala que la Corte “viene desarrollando una política de transparencia y gobierno abierto, conforme con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y participación ciudadana en el marco de una democracia moderna, orientada a facilitar la difusión de información jurisdiccional e institucional, como forma de simplificar el acceso a justicia y rendir cuentas de su actividad”.
En ese sentido, señala que -a fin de aplicar esas políticas- se dispuso que “todas sus sentencias, acordadas y resoluciones” estén disponibles en el sitio web www.csjn.gov.ar, así como la publicación de decisiones de otros tribunales se hace a través del sitio web del Centro de Información Judicial.
De la misma manera, sostienen que, en el contexto de un sistema federal como el argentino, “es necesario garantizar a los ciudadanos el conocimiento de las instancias judiciales disponibles para su defensa”, en particular, porque en la actualidad “no existe un espacio oficial que dé cuenta del entramado completo de la justicia argentina y ponga a disposición de la ciudadanía y los agentes judiciales toda esa información organizada y normalizada”.
En este escenario, el organismo judicial afirma que “resulta necesario articular un espacio de colaboración inter-jurisdiccional que facilite el acceso a información pública sobre la estructura, organización y funcionamiento de la justicia a través de un único portal, complementario de las distintas páginas web institucionales correspondientes a cada uno de los poderes judiciales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Consejo de la Magistratura de la Nación y a la propia Corte”.
La decisión lleva la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y de Lorenzetti, quien se expresó en disidencia. El extitular del tribunal supremo basó su negativa, en primer término, en que “la Constitución ha conferido a la Corte Suprema la trascendente misión de sostener la independencia del Poder Judicial y proteger los derechos de los ciudadanos y que, en ese sentido, se han emitido acordadas resaltando la importancia de la política comunicacional y de gobierno abierto que se han desarrollado durante esos años”.
“Por esta razón, no se le ve un sentido claro a la idea de celebrar convenios que nunca se implementan, ignorando experiencias anteriores, generando costos innecesarios en un momento de crisis. Que la Corte Suprema ya tiene varios instrumentos comunicacionales que han sido abandonados, como el Centro de Información Judicial (CU), la página web del Tribunal, la relación del CIJ con todos los tribunales federales”.
En esa sintonía -dice Lorenzetti- “mientras se mantuvo dicha política se firmaron numerosos acuerdos con las justicias provinciales que lograron autonomía, y que, actualmente, tienen sistemas comunicacionales que, en muchos casos, superan al que tiene este Tribunal, que ha reemplazado un sistema institucional de comunicación por uno basado en rumores”.
La propuesta, publicada en el Boletín Oficial, tiene como fin “sistematizar y difundir información sobre la estructura, organización y funcionamiento”; los motivos de la negativa del extitular del máximo tribunal LA NACION
