Un año atrás, durante una sesión especial del Senado, se aprobó la creación de cinco nuevas universidades nacionales, medida que oportunamente cuestionamos desde esta columna editorial. El proceso de puesta en marcha de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA), la de Pilar, la de Río Tercero (Córdoba) y la del Delta se encuentra hoy en revisión hasta constatar que se haya cumplido con el procedimiento administrativo que fija la ley de educación superior, incluida la previsión del crédito presupuestario correspondiente.
Fue Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, quien propuso dotar de presupuesto propio y autonomía al Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (2015), rejerarquizado como UNMA, antiguamente Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, creada en el año 2000 por la fallecida Hebe de Bonafini.
En campaña, Victoria Villarruel había aseverado que la UNMA “tiene la misma calidad educativa que la academia que pudiera tener Giselle Rímolo”. Hablamos de una suculenta caja al servicio del adoctrinamiento y el enriquecimiento de los amigos, como quedó a la vista con el escandaloso programa Sueños Compartidos. La que históricamente se presentaba como “un ámbito de resistencia”, hoy pretende precisamente aferrarse a viejas y corruptas prácticas para resistir los cambios de vientos y no quedar al garete.
En abril pasado, esa entidad denunció arbitrariedad por parte de la administración pública y reclamó el cese automático de la retención de fondos por más de 557 millones de pesos supuestamente adeudados conforme al presupuesto del Estado Nacional. La Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependientes del Ministerio de Capital Humano, hicieron saber que su condición de universidad no estaba aprobada por no haber presentado el proyecto institucional y que tampoco contaba con el dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Días antes de la asunción de Javier Milei, se buscó avanzar en la votación de autoridades de esa casa de estudios, para intentar designar como rectora a la exfiscal kirchnerista Cristina Caamaño. Pero esta fue derrotada por un sector encabezado por María Elena Patzer y Jacobo Grossman, lo cual derivó en un conflicto interno y a la realización de otra asamblea, que designó a Caamaño, que también fue objetada judicialmente.
Desde julio, la UNMA tiene un rector normalizador designado por el gobierno nacional: Eduardo Maurizzio. Desde la cartera educativa, se ha señalado que, además de operar en esa entidad “un caos administrativo sostenido por meses”, ni siquiera se cumplían mínimas normas de seguridad, como la existencia de matafuegos y la contratación de seguros. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la universidad recibió más de 1500 millones de pesos y tuvo solo 16 egresados.
Acostumbradas a la vista gorda por parte de funcionarios y magistrados amigos, flojas de papeles y exentas por años de dar cuenta de tan innumerables como oscuros movimientos de fondos, a quienes impulsan la UNMA hoy las rigen las generales de la ley. En su condición, carece de capacidad o aptitud para iniciar acción alguna. Sin embargo, fue la propia Caamaño quien, alegando una más que discutible representatividad, presentó en marzo la medida cautelar de reclamo; atávicos procederes alejados de las normas y que no deberían prosperar por carecer de sustento legal.
El juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials rechazó de plano la presentación del millonario reclamo, aduciendo razones de forma y de fondo. No pueden otorgarse amparos que diriman cuestiones sin el debido proceso, según el magistrado, quien también desestimó la existencia de un perjuicio irreparable.
La medida sienta un precedente respecto del futuro de otras presentaciones ante la Justicia que pretendan objetar disposiciones del Gobierno. Frente al “no hay plata”, administrar adecuadamente los recursos incluye desarmar todos aquellos aceitados mecanismos dirigidos a desfinanciar al Estado en beneficio de los amigos del poder. Desarticular nichos de corrupción y de turbios manejos de fondos debe ser un imperativo para la actual gestión. Mucho más cuando los abusos se dan en áreas tan sensibles como la educación o la acción social, siempre urgidas de recibir mayor financiamiento.
Un año atrás, durante una sesión especial del Senado, se aprobó la creación de cinco nuevas universidades nacionales, medida que oportunamente cuestionamos desde esta columna editorial. El proceso de puesta en marcha de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA), la de Pilar, la de Río Tercero (Córdoba) y la del Delta se encuentra hoy en revisión hasta constatar que se haya cumplido con el procedimiento administrativo que fija la ley de educación superior, incluida la previsión del crédito presupuestario correspondiente.
Fue Hugo Yasky, diputado nacional de Unión por la Patria y dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, quien propuso dotar de presupuesto propio y autonomía al Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo (2015), rejerarquizado como UNMA, antiguamente Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, creada en el año 2000 por la fallecida Hebe de Bonafini.
En campaña, Victoria Villarruel había aseverado que la UNMA “tiene la misma calidad educativa que la academia que pudiera tener Giselle Rímolo”. Hablamos de una suculenta caja al servicio del adoctrinamiento y el enriquecimiento de los amigos, como quedó a la vista con el escandaloso programa Sueños Compartidos. La que históricamente se presentaba como “un ámbito de resistencia”, hoy pretende precisamente aferrarse a viejas y corruptas prácticas para resistir los cambios de vientos y no quedar al garete.
En abril pasado, esa entidad denunció arbitrariedad por parte de la administración pública y reclamó el cese automático de la retención de fondos por más de 557 millones de pesos supuestamente adeudados conforme al presupuesto del Estado Nacional. La Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependientes del Ministerio de Capital Humano, hicieron saber que su condición de universidad no estaba aprobada por no haber presentado el proyecto institucional y que tampoco contaba con el dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Días antes de la asunción de Javier Milei, se buscó avanzar en la votación de autoridades de esa casa de estudios, para intentar designar como rectora a la exfiscal kirchnerista Cristina Caamaño. Pero esta fue derrotada por un sector encabezado por María Elena Patzer y Jacobo Grossman, lo cual derivó en un conflicto interno y a la realización de otra asamblea, que designó a Caamaño, que también fue objetada judicialmente.
Desde julio, la UNMA tiene un rector normalizador designado por el gobierno nacional: Eduardo Maurizzio. Desde la cartera educativa, se ha señalado que, además de operar en esa entidad “un caos administrativo sostenido por meses”, ni siquiera se cumplían mínimas normas de seguridad, como la existencia de matafuegos y la contratación de seguros. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la universidad recibió más de 1500 millones de pesos y tuvo solo 16 egresados.
Acostumbradas a la vista gorda por parte de funcionarios y magistrados amigos, flojas de papeles y exentas por años de dar cuenta de tan innumerables como oscuros movimientos de fondos, a quienes impulsan la UNMA hoy las rigen las generales de la ley. En su condición, carece de capacidad o aptitud para iniciar acción alguna. Sin embargo, fue la propia Caamaño quien, alegando una más que discutible representatividad, presentó en marzo la medida cautelar de reclamo; atávicos procederes alejados de las normas y que no deberían prosperar por carecer de sustento legal.
El juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials rechazó de plano la presentación del millonario reclamo, aduciendo razones de forma y de fondo. No pueden otorgarse amparos que diriman cuestiones sin el debido proceso, según el magistrado, quien también desestimó la existencia de un perjuicio irreparable.
La medida sienta un precedente respecto del futuro de otras presentaciones ante la Justicia que pretendan objetar disposiciones del Gobierno. Frente al “no hay plata”, administrar adecuadamente los recursos incluye desarmar todos aquellos aceitados mecanismos dirigidos a desfinanciar al Estado en beneficio de los amigos del poder. Desarticular nichos de corrupción y de turbios manejos de fondos debe ser un imperativo para la actual gestión. Mucho más cuando los abusos se dan en áreas tan sensibles como la educación o la acción social, siempre urgidas de recibir mayor financiamiento.
La situación que atraviesa la Universidad Madres de Plaza de Mayo obliga al Estado a revisar posibles nichos caracterizados por el turbio manejo de fondos LA NACION
