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Turbios blanqueos

Con toda lógica, la Unidad de Información Financiera (UIF) busca frenar el blanqueo del dinero que se encontró en el domicilio de una de las protagonistas del Yategate. La Justicia secuestró en el domicilio de Sofia Clerici casi 600.000 dólares no declarados. Fue en el contexto de la causa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se sigue contra su compañero de aventuras mediterráneas Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de Axel Kicillof al momento de conocerse aquel escandaloso episodio, que lo llevó a renunciar al cargo en el gobierno bonaerense.

Los fiscales antilavado habían detectado propiedades y autos comprados a nombre de terceros, además de dinero injustificado y una larga lista de viajes, más de 75, que son los que más complican a Insaurralde por superar sideralmente sus ingresos. Sostienen que los fondos utilizados tendrían su origen en actos de corrupción llevados adelante durante su paso por la función pública en sucesivos cargos ejercidos desde, por lo menos, 2003.

Respecto de Clerici, la UIF cuestionó que adujera que había percibido ese dinero como “acompañante de viajes” y que, por lo tanto, careciera de comprobantes respaldatorios al no estar registrada dicha actividad. En ese sentido, su exhortación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a los gobiernos para que la industria de la prostitución sea reconocida, también consta en la causa, aunque ella aclaró que no la ejerce.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pareció no encontrar inconvenientes ante la posibilidad de que tan importante suma pase a quedar blanqueada en beneficio de la modelo. Aclaró que solo habilitó la transferencia de los fondos a una cuenta creada a tal fin para que sea la AFIP la que evalúe la pretensión. Mientras tanto, agregó, los fondos estarán congelados dado que rige la prohibición de innovar.

Kreplak, exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner y de estrechos vínculos con La Cámpora, afirmó que “la resolución impugnada afirma la imposibilidad de determinar –de momento– el carácter lícito o no de los fondos en cuestión, razón por la cual precisamente se rechazó el pedido de sobreseimiento intentado por la defensa” de Clerici. Su condición de imputada per se, según el polémico fallo, no constituiría obstáculo para acceder al blanqueo.

Contrariamente, la UIF sostiene que la mujer no tenía impedimentos para haber acreditado las operaciones por otros medios. En consecuencia y tomando en cuenta el vínculo de ese dinero con posibles hechos de corrupción –e incluso de evasión–, el organismo que dirige Ignacio Yacobucci apeló la decisión de Kreplac ante la Cámara. Sostiene entre sus fundamentos la necesidad de revisar la resolución judicial por tratarse de “un supuesto de gravedad institucional” que, además, impondría un precedente peligrosísimo.

El organismo antilavado también destaca que el análisis que pueda hacer la AFIP es meramente “formal” y que, de “ninguna manera, podrá suplir el que compete al juez penal acerca de la licitud del origen de los fondos de dinero que fue hallado en el marco de un secuestro”. En otras palabras, no se trata de un ingreso voluntario al blanqueo de capitales, sino de una confiscación realizada durante un allanamiento decidido por la Justicia, área donde el tema debe finalmente resolverse.

Las sospechas no son infundadas habida cuenta de los personajes que protagonizan tan turbios hechos y las pruebas que afloran a su alrededor. Los ciudadanos, cansados de una justicia demasiadas veces “distraída”, exigimos que la ley rija pareja para todos. Mientras la pobreza escalaba, los discursos populistas de muchos funcionarios se daban de bruces con sus corruptos procederes. Autorizar estos blanqueos es ponerle el moño al saqueo. Basta de bandidos.

Con toda lógica, la Unidad de Información Financiera (UIF) busca frenar el blanqueo del dinero que se encontró en el domicilio de una de las protagonistas del Yategate. La Justicia secuestró en el domicilio de Sofia Clerici casi 600.000 dólares no declarados. Fue en el contexto de la causa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito que se sigue contra su compañero de aventuras mediterráneas Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de Axel Kicillof al momento de conocerse aquel escandaloso episodio, que lo llevó a renunciar al cargo en el gobierno bonaerense.

Los fiscales antilavado habían detectado propiedades y autos comprados a nombre de terceros, además de dinero injustificado y una larga lista de viajes, más de 75, que son los que más complican a Insaurralde por superar sideralmente sus ingresos. Sostienen que los fondos utilizados tendrían su origen en actos de corrupción llevados adelante durante su paso por la función pública en sucesivos cargos ejercidos desde, por lo menos, 2003.

Respecto de Clerici, la UIF cuestionó que adujera que había percibido ese dinero como “acompañante de viajes” y que, por lo tanto, careciera de comprobantes respaldatorios al no estar registrada dicha actividad. En ese sentido, su exhortación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a los gobiernos para que la industria de la prostitución sea reconocida, también consta en la causa, aunque ella aclaró que no la ejerce.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak pareció no encontrar inconvenientes ante la posibilidad de que tan importante suma pase a quedar blanqueada en beneficio de la modelo. Aclaró que solo habilitó la transferencia de los fondos a una cuenta creada a tal fin para que sea la AFIP la que evalúe la pretensión. Mientras tanto, agregó, los fondos estarán congelados dado que rige la prohibición de innovar.

Kreplak, exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner y de estrechos vínculos con La Cámpora, afirmó que “la resolución impugnada afirma la imposibilidad de determinar –de momento– el carácter lícito o no de los fondos en cuestión, razón por la cual precisamente se rechazó el pedido de sobreseimiento intentado por la defensa” de Clerici. Su condición de imputada per se, según el polémico fallo, no constituiría obstáculo para acceder al blanqueo.

Contrariamente, la UIF sostiene que la mujer no tenía impedimentos para haber acreditado las operaciones por otros medios. En consecuencia y tomando en cuenta el vínculo de ese dinero con posibles hechos de corrupción –e incluso de evasión–, el organismo que dirige Ignacio Yacobucci apeló la decisión de Kreplac ante la Cámara. Sostiene entre sus fundamentos la necesidad de revisar la resolución judicial por tratarse de “un supuesto de gravedad institucional” que, además, impondría un precedente peligrosísimo.

El organismo antilavado también destaca que el análisis que pueda hacer la AFIP es meramente “formal” y que, de “ninguna manera, podrá suplir el que compete al juez penal acerca de la licitud del origen de los fondos de dinero que fue hallado en el marco de un secuestro”. En otras palabras, no se trata de un ingreso voluntario al blanqueo de capitales, sino de una confiscación realizada durante un allanamiento decidido por la Justicia, área donde el tema debe finalmente resolverse.

Las sospechas no son infundadas habida cuenta de los personajes que protagonizan tan turbios hechos y las pruebas que afloran a su alrededor. Los ciudadanos, cansados de una justicia demasiadas veces “distraída”, exigimos que la ley rija pareja para todos. Mientras la pobreza escalaba, los discursos populistas de muchos funcionarios se daban de bruces con sus corruptos procederes. Autorizar estos blanqueos es ponerle el moño al saqueo. Basta de bandidos.

 Resulta absolutamente criteriosa la decisión de la UIF de apelar un fallo judicial que habilitaba a blanquear capitales sospechados de provenir de la corrupción  LA NACION

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