Atacar, atacar, atacar, nunca defender. Es una de las máximas que rigen en la mesa chica de La Libertad Avanza (LLA), y que algunos repiten casi como un mantra. La estrategia no sólo se aplica a los conflictos con los estudiantes o por la reforma jubilatoria en el Congreso, también se aplica en términos generales a la agenda. El Gobierno apunta a dominar la discusión pública, como sea.
La crisis por el financiamiento a las universidades fue una alerta. Desde entonces, el equipo de La Libertad Avanza parece haber puesto en marcha una maquinaria de anuncios tendientes a congraciarse con un electorado que viene golpeado con la recesión y que venía exigiendo que parte del ajuste también lo asuma la “casta”. Bajar la inflación no había sido la única consigna de campaña; era bajarla ajustándole a la casta.
El anuncio, el miércoles pasado, de la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas tomó por sorpresa a los miembros de la cúpula de la compañía estatal, que estaban camino a la ciudad de Rosario, en Santa Fe. La realidad es que si bien internamente se viene trabajando con la consigna de una eventual privatización, internamente reconocen que el proceso llevará no menos de 18 o 20 meses. Lo mismo había pasado a comienzos de octubre con el anuncio sobra el cierre de Casa de Moneda. Ni cerca se estaba de avanzar. Pero el anuncio cumplió su cometido: hizo ruido, copó la agenda y le permitió al Gobierno reafirmar su compromiso en contra de la casta. Nadie cree tampoco que se esté cerca de avanzar con la privatización de los trenes de pasajeros, tal cual adelantó el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Pese al aumento de más del 470% en lo que va del año, el boleto apenas cubre hoy el 16% del costo del viaje. Difícil pensar en un privado –sobre todo, si se se apunta a un inversor que tenga alguna cualidad más allá de la de ser experto en “negocios regulados”– que esté dispuesto a asumir la tarea hasta tanto no se sinceren más las tarifas. Pero es una linda idea.
En la sede de la Bolsa de Rosario, el presidente del Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, dio este jueves algunos detalles de cómo piensan privatizar la empresa. Lo hizo ante un auditorio conformado por gran cantidad de compañías que hoy usan el servicio del ferrocarril, como cerealeras y grandes empresas agropecuarias. La idea sería comenzar con los ramales que hoy están en manos del Estado –el Belgrano, el San Martín y el Urquiza–, y licitar por separado tres negocios: el de la infraestructura (vías y terrenos aledaños), el de los talleres de mantenimiento, y luego el del material rodante. El objetivo es que haya un concesionario para la infraestructura, donde el atractivo estará no sólo en el canon que cobrarán a quienes la transiten, sino también en los terrenos que podrán sublicitar. “Si le quieren concesionar un terreno a Mercado Libre para que haga un centro de logística o a una cerelaera lo van a poder hacer”, explican. Esta concesión sería por 50 años. Luego el uso de las vías será abierto a una cantidad de operadores (habrá open access, en la jerga), por lo que una empresa minera o cerealera podrá tener sus propias formaciones o subcontratar a un operador. El dinero recaudado por la venta del material rodante actual se usaría para crear un fondo para obras. El Estado, en tanto, seguiría teniendo un rol como administrador de los flujos –quién puede usar las vías y cuándo– y de controlador de las concesiones (que se hagan las obras comprometidas).
El modelo que plantea la gestión mileísta es muy similar al que se usa para la Hidrovía, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación entre los puertos de la Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. Los pliegos para la nueva concesión de la Hidrovía estarán listos mucho antes que los del Belgrano: saldrán al mercado en diciembre. El de la Hidrovía es uno de los negocios en los que el expresidente Mauricio Macri había hecho foco en sus conversaciones con Santiago Caputo. En el Pro señalan que Macri está preocupado por un negocio clave para el comercio argentino; en el Gobierno, algunos, más maliciosos, hablan de su interés por que una empresa holandesa, interesada en la concesión, no quede fuera. Cualquiera sea el caso, cada vez parece más difícil pensar que el exPresidente termine teniendo injerencia real en las decisiones del gobierno de la LLA.
Al menos, eso sospechan desde el Pro después de una serie de señales de la última semana. En lo económico, empiezan a ver que los cambios en la Secretaría de Energía no responden específicamente al plan que venían trabajando en colaboración desde la Fundación Pensar y LLA. “Los designados en Cammesa y el ENRE son buenos nombres, pero no los que habíamos hablado”, reconocen. Mientras que, en el plano político, el malestar es aun mayor luego de que un grupo de legisladores de LLA, avalados por Karina Milei, presentaran una ley Bases en la Legislatura porteña. Quedan pocas dudas de que al Gobierno le atrae la idea de disputarle la Ciudad al macrismo el año que viene.
El problema para el Pro es que tampoco tiene mucho argumento para diferenciarse de LLA. Ya está acordado que el martes que viene conseguiría dictamen en Diputados el proyecto del diputado Hernán Lombardi (Pro) para avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas (otra operación que luego llevará su tiempo). Además de los libertarios, acompañarían el proyecto los diputados de la Coalición Cívica y una facción del radicalismo. El Gobierno da las gracias. No mucho más.
También la decisión del Gobierno de reestructurar la Administación Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apunta directamente a mostrar un ajuste a la casta. Incluso el FMI venía pidiendo a la Argentina achicar la estructura de la entidad. Aunque paradójicamente, en este caso, en el revoleo de nuevas designaciones se optó por personajes que forman parte del corazón de la estructura más cuestionada del logia estatal. Contradicciones del relato.
El ministro Federico Sturzenegger, en tanto, tiene más medidas en gateras que apuntan a la casta, en este caso, la de la obra pública. Hace semanas que en su equipo se estudia la idea de eliminar los registros de empresas que pueden participar de las licitaciones públicas. No más carteles de amigos.
Los anuncios “anti casta” le dan aire al ministro Luis Caputo, que este jueves finalmente se vio cara a cara con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la asamblea anual del organismo, en Washington. Más allá de las declaraciones amigables formales, no parecen las partes estar muy cerca de un acuerdo. No es de extrañar. El FMI no termina de avalar el programa cambiario, aunque admite las mejoras en los indicadores. Algo similar le pasó a Domingo Cavallo cuando, durante el gobierno de Carlos Menem, arrancó con la convertibilidad. El Gobierno tiene a su favor que en 2025 los vencimientos con el organismo no son tan abultados. Algunos adentro de la LLA creen que si gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, el camino para conseguir fondos frescos del FMI estará allanado. Los sondeos que se conocieron en los últimos días alimentan la ilusión del Gobierno: este miércoles el Wall Street Journal posicionaba a Trump dos puntos arriba de Kamala Harris. En dos semanas se sabrá cuán acertada está esta encuesta.
Los bancos Santander y JP Morgan, según informó Bloomberg, ya casi tienen cerrado un préstamo –repo– por entre US$2700 millones y US$3000 millones para que la Argentina cubra los vencimientos de bonos de enero próximo. De cualquier manera, el mercado casi que descuenta que el país intentará volver a los mercados de deuda el año que viene para refinanciar sus vencimientos de capital, si es que el riesgo país continúa bajando – cerró en 1041 puntos–. En Washington, Santander, el mismo banco involucrado en el repo, le organizó al equipo económico una ronda con inversores. Nunca está de más ir preparando el terreno.
Hay varias provincias que, de hecho, ya tienen intenciones de volver al mercado, aprovechando el apetito que existe por el riesgo argentino. La Ciudad de Buenos Aires es la más avanzada, pero también Córdoba y el municipio de Córdoba tienen planes de refinanciar bonos que vencen en 2025 en el mercado. JP Morgan y Santander también están asesorando en estas operaciones.
Más allá del FMI, desde Washington, Caputo se interesó este jueves especialmente por lo que sucedía al mismo tiempo en París. De hecho, hizo varios llamados hasta cerciorarse de que la Argentina finalmente había logrado pasar la prueba del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Se pasó con lo justo”, reconoció una fuente al tanto de las negociaciones. Caer en la “lista gris” de los países monitoreados por la GAFI hubiera complicado, y mucho, las chances de la Argentina en el circuito financiero internacional. Entre los países que colaboraron para que esto no sucediera, confía, estuvo Brasil. “En el plenario, la Argentina tuvo un upgrade de ‘moderado’ a ‘cumplimiento sustancial’. Sólo votó en contra Finlandia. La declaración de Brasil, que vino inmediatamente después, ayudó mucho. Revirtió lo que había dicho el grupo evaluador”, apuntaron. Mal que le pese al presidente, Javier Milei, una deuda más que acumula con Brasil.
El G20 en Río de Janeiro, en noviembre, será una oportunidad para que Milei lime asperezas con Lula da Silva. Ya pocos creen que pueda anunciarse entonces un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Las objeciones de Paraguay y las recientes marchas de los agricultores en Francia vuelven a jaquear las negociaciones. Los más optimistas creen que podría llegarse a diciembre, a la reunión de presidentes del Mercosur con el acuerdo cerrado. Ver para creer.
Atacar, atacar, atacar, nunca defender. Es una de las máximas que rigen en la mesa chica de La Libertad Avanza (LLA), y que algunos repiten casi como un mantra. La estrategia no sólo se aplica a los conflictos con los estudiantes o por la reforma jubilatoria en el Congreso, también se aplica en términos generales a la agenda. El Gobierno apunta a dominar la discusión pública, como sea.
La crisis por el financiamiento a las universidades fue una alerta. Desde entonces, el equipo de La Libertad Avanza parece haber puesto en marcha una maquinaria de anuncios tendientes a congraciarse con un electorado que viene golpeado con la recesión y que venía exigiendo que parte del ajuste también lo asuma la “casta”. Bajar la inflación no había sido la única consigna de campaña; era bajarla ajustándole a la casta.
El anuncio, el miércoles pasado, de la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas tomó por sorpresa a los miembros de la cúpula de la compañía estatal, que estaban camino a la ciudad de Rosario, en Santa Fe. La realidad es que si bien internamente se viene trabajando con la consigna de una eventual privatización, internamente reconocen que el proceso llevará no menos de 18 o 20 meses. Lo mismo había pasado a comienzos de octubre con el anuncio sobra el cierre de Casa de Moneda. Ni cerca se estaba de avanzar. Pero el anuncio cumplió su cometido: hizo ruido, copó la agenda y le permitió al Gobierno reafirmar su compromiso en contra de la casta. Nadie cree tampoco que se esté cerca de avanzar con la privatización de los trenes de pasajeros, tal cual adelantó el secretario de Transporte, Franco Mogetta. Pese al aumento de más del 470% en lo que va del año, el boleto apenas cubre hoy el 16% del costo del viaje. Difícil pensar en un privado –sobre todo, si se se apunta a un inversor que tenga alguna cualidad más allá de la de ser experto en “negocios regulados”– que esté dispuesto a asumir la tarea hasta tanto no se sinceren más las tarifas. Pero es una linda idea.
En la sede de la Bolsa de Rosario, el presidente del Belgrano Cargas, Alejandro Núñez, dio este jueves algunos detalles de cómo piensan privatizar la empresa. Lo hizo ante un auditorio conformado por gran cantidad de compañías que hoy usan el servicio del ferrocarril, como cerealeras y grandes empresas agropecuarias. La idea sería comenzar con los ramales que hoy están en manos del Estado –el Belgrano, el San Martín y el Urquiza–, y licitar por separado tres negocios: el de la infraestructura (vías y terrenos aledaños), el de los talleres de mantenimiento, y luego el del material rodante. El objetivo es que haya un concesionario para la infraestructura, donde el atractivo estará no sólo en el canon que cobrarán a quienes la transiten, sino también en los terrenos que podrán sublicitar. “Si le quieren concesionar un terreno a Mercado Libre para que haga un centro de logística o a una cerelaera lo van a poder hacer”, explican. Esta concesión sería por 50 años. Luego el uso de las vías será abierto a una cantidad de operadores (habrá open access, en la jerga), por lo que una empresa minera o cerealera podrá tener sus propias formaciones o subcontratar a un operador. El dinero recaudado por la venta del material rodante actual se usaría para crear un fondo para obras. El Estado, en tanto, seguiría teniendo un rol como administrador de los flujos –quién puede usar las vías y cuándo– y de controlador de las concesiones (que se hagan las obras comprometidas).
El modelo que plantea la gestión mileísta es muy similar al que se usa para la Hidrovía, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación entre los puertos de la Argentina, Brasil, Bolivia Paraguay y Uruguay. Los pliegos para la nueva concesión de la Hidrovía estarán listos mucho antes que los del Belgrano: saldrán al mercado en diciembre. El de la Hidrovía es uno de los negocios en los que el expresidente Mauricio Macri había hecho foco en sus conversaciones con Santiago Caputo. En el Pro señalan que Macri está preocupado por un negocio clave para el comercio argentino; en el Gobierno, algunos, más maliciosos, hablan de su interés por que una empresa holandesa, interesada en la concesión, no quede fuera. Cualquiera sea el caso, cada vez parece más difícil pensar que el exPresidente termine teniendo injerencia real en las decisiones del gobierno de la LLA.
Al menos, eso sospechan desde el Pro después de una serie de señales de la última semana. En lo económico, empiezan a ver que los cambios en la Secretaría de Energía no responden específicamente al plan que venían trabajando en colaboración desde la Fundación Pensar y LLA. “Los designados en Cammesa y el ENRE son buenos nombres, pero no los que habíamos hablado”, reconocen. Mientras que, en el plano político, el malestar es aun mayor luego de que un grupo de legisladores de LLA, avalados por Karina Milei, presentaran una ley Bases en la Legislatura porteña. Quedan pocas dudas de que al Gobierno le atrae la idea de disputarle la Ciudad al macrismo el año que viene.
El problema para el Pro es que tampoco tiene mucho argumento para diferenciarse de LLA. Ya está acordado que el martes que viene conseguiría dictamen en Diputados el proyecto del diputado Hernán Lombardi (Pro) para avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas (otra operación que luego llevará su tiempo). Además de los libertarios, acompañarían el proyecto los diputados de la Coalición Cívica y una facción del radicalismo. El Gobierno da las gracias. No mucho más.
También la decisión del Gobierno de reestructurar la Administación Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apunta directamente a mostrar un ajuste a la casta. Incluso el FMI venía pidiendo a la Argentina achicar la estructura de la entidad. Aunque paradójicamente, en este caso, en el revoleo de nuevas designaciones se optó por personajes que forman parte del corazón de la estructura más cuestionada del logia estatal. Contradicciones del relato.
El ministro Federico Sturzenegger, en tanto, tiene más medidas en gateras que apuntan a la casta, en este caso, la de la obra pública. Hace semanas que en su equipo se estudia la idea de eliminar los registros de empresas que pueden participar de las licitaciones públicas. No más carteles de amigos.
Los anuncios “anti casta” le dan aire al ministro Luis Caputo, que este jueves finalmente se vio cara a cara con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de la asamblea anual del organismo, en Washington. Más allá de las declaraciones amigables formales, no parecen las partes estar muy cerca de un acuerdo. No es de extrañar. El FMI no termina de avalar el programa cambiario, aunque admite las mejoras en los indicadores. Algo similar le pasó a Domingo Cavallo cuando, durante el gobierno de Carlos Menem, arrancó con la convertibilidad. El Gobierno tiene a su favor que en 2025 los vencimientos con el organismo no son tan abultados. Algunos adentro de la LLA creen que si gana Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, el camino para conseguir fondos frescos del FMI estará allanado. Los sondeos que se conocieron en los últimos días alimentan la ilusión del Gobierno: este miércoles el Wall Street Journal posicionaba a Trump dos puntos arriba de Kamala Harris. En dos semanas se sabrá cuán acertada está esta encuesta.
Los bancos Santander y JP Morgan, según informó Bloomberg, ya casi tienen cerrado un préstamo –repo– por entre US$2700 millones y US$3000 millones para que la Argentina cubra los vencimientos de bonos de enero próximo. De cualquier manera, el mercado casi que descuenta que el país intentará volver a los mercados de deuda el año que viene para refinanciar sus vencimientos de capital, si es que el riesgo país continúa bajando – cerró en 1041 puntos–. En Washington, Santander, el mismo banco involucrado en el repo, le organizó al equipo económico una ronda con inversores. Nunca está de más ir preparando el terreno.
Hay varias provincias que, de hecho, ya tienen intenciones de volver al mercado, aprovechando el apetito que existe por el riesgo argentino. La Ciudad de Buenos Aires es la más avanzada, pero también Córdoba y el municipio de Córdoba tienen planes de refinanciar bonos que vencen en 2025 en el mercado. JP Morgan y Santander también están asesorando en estas operaciones.
Más allá del FMI, desde Washington, Caputo se interesó este jueves especialmente por lo que sucedía al mismo tiempo en París. De hecho, hizo varios llamados hasta cerciorarse de que la Argentina finalmente había logrado pasar la prueba del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). “Se pasó con lo justo”, reconoció una fuente al tanto de las negociaciones. Caer en la “lista gris” de los países monitoreados por la GAFI hubiera complicado, y mucho, las chances de la Argentina en el circuito financiero internacional. Entre los países que colaboraron para que esto no sucediera, confía, estuvo Brasil. “En el plenario, la Argentina tuvo un upgrade de ‘moderado’ a ‘cumplimiento sustancial’. Sólo votó en contra Finlandia. La declaración de Brasil, que vino inmediatamente después, ayudó mucho. Revirtió lo que había dicho el grupo evaluador”, apuntaron. Mal que le pese al presidente, Javier Milei, una deuda más que acumula con Brasil.
El G20 en Río de Janeiro, en noviembre, será una oportunidad para que Milei lime asperezas con Lula da Silva. Ya pocos creen que pueda anunciarse entonces un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Las objeciones de Paraguay y las recientes marchas de los agricultores en Francia vuelven a jaquear las negociaciones. Los más optimistas creen que podría llegarse a diciembre, a la reunión de presidentes del Mercosur con el acuerdo cerrado. Ver para creer.
El equipo de La Libertad Avanza parece haber puesto en marcha una maquinaria de anuncios tendientes a congraciarse con un electorado que viene golpeado con la recesión LA NACION
