Con el notorio desapego republicano y la impunidad de la que hace gala, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, avanza en su propósito de volver a reformar la Constitución provincial para asegurarse una nueva posibilidad de seguir perpetuándose en el poder.
Insfrán lleva ya 29 años consecutivos al frente de la provincia como gobernador, a los que se suman otros 8 años previos como vicegobernador.
Recientemente, presentó ante la Legislatura un proyecto de ley de convocatoria a convencionales reformadores de la Constitución distrital. La premura del mandatario poco tiene que ver con la inclusión de nuevos derechos, como los denominados de cuarta generación, que surgen de la sociedad del conocimiento y de las nuevas oportunidades que ofrecen el desarrollo científico y tecnológico. Menos le importa al cacique formoseño la creación de mecanismos de administración con miras a alcanzar y sostener superávit fiscal o fomentar la producción y proteger el ambiente, tal como sostiene a la hora de fundamentar esta nueva arremetida. Su verdadero objetivo es adelantarse al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de una nueva reelección consecutiva.
Su estrategia no declarada, pero denunciada por varios dirigentes opositores a su permanencia feudal es que la Legislatura provincial sancione la ley de convocatoria antes de que la Corte le clausure la posibilidad de volver a candidatearse. Intuye que, con esa argucia, podría tornar abstracto cualquier pronunciamiento judicial respecto de su ansiado proyecto vitalicio. De hecho, la Corte ya declaró la inconstitucionalidad de la reelección por más de dos mandatos en San Juan, Río Negro y Tucumán.
Peligrosamente, en una provincia a la que ha logrado cooptar, con mayoría de legisladores que le responden y una Justicia adicta a sus órdenes, ese burdo engranaje reformista viene dándole los primeros resultados. En un trámite exprés, la Cámara de Diputados emitió recientemente un dictamen favorable y dio media sanción al proyecto perpetuador que espera ser debatido en el Senado provincial, donde podría correr idéntica suerte.
En las elecciones del año último, Insfrán obtuvo más del 70% de los votos. Su llamativa continuidad al frente de la provincia es la nefasta combinación de un Estado omnipresente en el otorgamiento de empleo público, una billetera infinita para solventar nefastas prácticas de clientelismo, y sucias reglas de juego electoral que, como la ley de lemas (en Formosa se usa desde 2011 solo en elecciones legislativas y locales, no obstante lo cual los 64 sublemas de 2023 llevaron impreso el rostro del gobernador), le permitieron convertir el cuarto oscuro en una verdadera cancha inclinada.
Durante la última campaña electoral, una extensa recorrida de LA NACION por Formosa volvió a confirmar esa prepotencia y manipulación. Hubo un grosero reparto de alimentos y colchones en barrios populares. Pululaban por las zonas más carenciadas de la provincia modernas y poderosas camionetas cargadas a tope con ese tipo de “beneficencia”, las mismas que el día de los comicios pasaban a recoger, entre muchos otros, a votantes de comunidades aborígenes para llevarlos a sufragar con la boleta oficialista que les entregaban de antemano.
Ese nefasto despliegue se completa desde hace casi tres décadas en tierras formoseñas con ataques a la oposición y a los medios de prensa independientes, nepotismo y falseamiento de datos, además de fraudulentos permisos y compra de voluntades para que ciudadanos extranjeros pudieran sufragar en nuestro país.
Se trata de un caudillo que ha dado sobradas pruebas de comportarse como un dictador que desacata las leyes, incluida la madre de todas ellas, la Constitución, cuyo texto exige la condición de la alternancia en el poder para todos los distritos del país.
Es de esperar que la Corte ponga fin a sus bravuconadas, que la mayoría de los formoseños puedan liberarse de las ataduras de este populismo perverso que los tiene sumidos en la miseria y que juega todas sus cartas a seguir dominándolos por medio de chantajes, coartándoles nuevamente la libertad de elegir por quien creen mejor y no por quien los oprime y les impide procurarse un futuro promisorio.
Con el notorio desapego republicano y la impunidad de la que hace gala, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, avanza en su propósito de volver a reformar la Constitución provincial para asegurarse una nueva posibilidad de seguir perpetuándose en el poder.
Insfrán lleva ya 29 años consecutivos al frente de la provincia como gobernador, a los que se suman otros 8 años previos como vicegobernador.
Recientemente, presentó ante la Legislatura un proyecto de ley de convocatoria a convencionales reformadores de la Constitución distrital. La premura del mandatario poco tiene que ver con la inclusión de nuevos derechos, como los denominados de cuarta generación, que surgen de la sociedad del conocimiento y de las nuevas oportunidades que ofrecen el desarrollo científico y tecnológico. Menos le importa al cacique formoseño la creación de mecanismos de administración con miras a alcanzar y sostener superávit fiscal o fomentar la producción y proteger el ambiente, tal como sostiene a la hora de fundamentar esta nueva arremetida. Su verdadero objetivo es adelantarse al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad de una nueva reelección consecutiva.
Su estrategia no declarada, pero denunciada por varios dirigentes opositores a su permanencia feudal es que la Legislatura provincial sancione la ley de convocatoria antes de que la Corte le clausure la posibilidad de volver a candidatearse. Intuye que, con esa argucia, podría tornar abstracto cualquier pronunciamiento judicial respecto de su ansiado proyecto vitalicio. De hecho, la Corte ya declaró la inconstitucionalidad de la reelección por más de dos mandatos en San Juan, Río Negro y Tucumán.
Peligrosamente, en una provincia a la que ha logrado cooptar, con mayoría de legisladores que le responden y una Justicia adicta a sus órdenes, ese burdo engranaje reformista viene dándole los primeros resultados. En un trámite exprés, la Cámara de Diputados emitió recientemente un dictamen favorable y dio media sanción al proyecto perpetuador que espera ser debatido en el Senado provincial, donde podría correr idéntica suerte.
En las elecciones del año último, Insfrán obtuvo más del 70% de los votos. Su llamativa continuidad al frente de la provincia es la nefasta combinación de un Estado omnipresente en el otorgamiento de empleo público, una billetera infinita para solventar nefastas prácticas de clientelismo, y sucias reglas de juego electoral que, como la ley de lemas (en Formosa se usa desde 2011 solo en elecciones legislativas y locales, no obstante lo cual los 64 sublemas de 2023 llevaron impreso el rostro del gobernador), le permitieron convertir el cuarto oscuro en una verdadera cancha inclinada.
Durante la última campaña electoral, una extensa recorrida de LA NACION por Formosa volvió a confirmar esa prepotencia y manipulación. Hubo un grosero reparto de alimentos y colchones en barrios populares. Pululaban por las zonas más carenciadas de la provincia modernas y poderosas camionetas cargadas a tope con ese tipo de “beneficencia”, las mismas que el día de los comicios pasaban a recoger, entre muchos otros, a votantes de comunidades aborígenes para llevarlos a sufragar con la boleta oficialista que les entregaban de antemano.
Ese nefasto despliegue se completa desde hace casi tres décadas en tierras formoseñas con ataques a la oposición y a los medios de prensa independientes, nepotismo y falseamiento de datos, además de fraudulentos permisos y compra de voluntades para que ciudadanos extranjeros pudieran sufragar en nuestro país.
Se trata de un caudillo que ha dado sobradas pruebas de comportarse como un dictador que desacata las leyes, incluida la madre de todas ellas, la Constitución, cuyo texto exige la condición de la alternancia en el poder para todos los distritos del país.
Es de esperar que la Corte ponga fin a sus bravuconadas, que la mayoría de los formoseños puedan liberarse de las ataduras de este populismo perverso que los tiene sumidos en la miseria y que juega todas sus cartas a seguir dominándolos por medio de chantajes, coartándoles nuevamente la libertad de elegir por quien creen mejor y no por quien los oprime y les impide procurarse un futuro promisorio.
El gobernador formoseño prepara nuevas jugarretas para intentar soslayar un pronunciamiento de la Corte que pondría fin a su vocación de poder eterno LA NACION
