Cayó como el estruendo de un trueno en un día apacible. La firma de la senadora Lucía Corpacci en el dictamen de la Comisión de Acuerdos, a favor del acuerdo senatorial para que el juez federal Ariel Lijo sea miembro de la Corte Suprema de Justicia, fue una advertencia más que una firma. La advertencia que confirmaba una incipiente, y oscilante, negociación entre Javier Milei y Cristina Kirchner. El Gobierno se ocupó de desmentir que haya existido esa negociación supuesta entre el Presidente y la expresidenta; aclaró que la firma de Corpacci la gestionó el propio Lijo. Vale la pena hacer una aclaración pertinente: es desprolijo en las costumbres institucionales, se lo mire desde donde se lo mire, que un candidato a juez supremo trabaje en el Senado su propio acuerdo. ¿Y si luego le tocara resolver como juez de la Corte, en caso de que llegara a serlo, una cuestión relacionada con los senadores?
La Corte Suprema, por ejemplo, debió resolver no hace muchos años el caso de los exsenadores acusados de cobrar sobornos para aprobar la ley de reforma laboral. Con todo, es probable que Lijo, el candidato a miembro de la Corte más cuestionado que se recuerde, le haya pedido ese favor a Corpacci. La propia senadora, exgobernadora de Catamarca, precisó también que fue el gobernador de su provincia, Raúl Jalil, quien le pidió que firmara a favor de Lijo. También es probable: Jalil es, junto con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los dos mandatarios provinciales peronistas más cercanos a Milei. Pero es absolutamente improbable que Corpacci no haya consultado con Cristina Kirchner antes de estampar su firma; todas sus lealtades son ciertas, pero la que le prodiga a la expresidenta Kirchner es la más consistente y persistente de todas.
Si Cristina no hubiera habilitado la firma de Corpacci en la Comisión de Acuerdos, no habría existido la influencia de Lijo ni la de Jalil en la exgobernadora y actual senadora. El pretexto con el que Corpacci justificó su firma confirma todas las suposiciones: “Los que pueden llegar a venir son peores” que Lijo, explicó suelta de cuerpo. El bloque peronista, que ella integra, tiene 33 senadores y se necesitan solo 25 votos en contra para impedir que el oficialismo reúna los dos tercios de los votos necesarios para el acuerdo de un juez de la Corte. En definitiva, el peronismo puede trabar el acuerdo de los malos y de los peores. Si quiere, por supuesto. La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, no firmó el dictamen a favor de Lijo; Tagliaferri viene de Pro, del sector que lidera Horacio Rodríguez Larreta. El exjefe de Gobierno de la Capital tenía una cercana relación con Lijo y su actual pareja, pero esa amistad entró en un paréntesis desde que Lijo es un polémico candidato a la Corte. De hecho, Rodríguez Larreta decidió no invitar al matrimonio Lijo a su casamiento, que se realizará este miércoles.
Como toda acción provoca una reacción, contemporáneamente con esa novedad de Corpacci se conoció un proyecto de ley de un diputado nacional y también exgobernador, Sergio Acevedo, aunque este lo fue de Santa Cruz. Acevedo renunció a la gobernación de Santa Cruz cuando Néstor Kirchner era presidente de la Nación; una versión nunca desmentida asegura que dimitió para no firmar monumentales sobreprecios en las obras públicas que, en su provincia, iban siempre a parar a manos del infaltable amigo del entonces matrimonio presidencial Lázaro Báez. El proyecto de Acevedo es muy breve. Simplemente estipula que en caso de que la Corte Suprema quedara transitoriamente integrada por tres miembros, las decisiones del tribunal se adoptarán con el voto mayoritario de dos. Nadie sabe si ese proyecto será aprobado por la suma de la oposición (Acevedo no es kirchnerista ni mileísta), pero lo cierto es que incorpora un elemento fundamental en la discusión sobre la Corte Suprema.
Hasta ahora, se entendía que un tribunal formalmente integrado por cinco jueces, como lo es la Corte Suprema, la mayoría la integran tres jueces, aunque solo haya tres. La Corte quedará, en efecto, el próximo 29 de diciembre con solo tres jueces. Ese día se jubilará el juez Juan Carlos Maqueda, porque cumplirá los 75 años que estipula la Constitución, y quedará vacante su sillón en el máximo tribunal del país. Ya existía la vacante que dejó la jubilación de la exjueza Elena Highton de Nolasco. El argumento meneado por el Gobierno es que una Corte Suprema de tres jueces es inviable porque se necesitará la opinión unánime de los tres para que haya una resolución, un fallo o una acordada. El proyecto de Acevedo estipula que con dos jueces contra uno (o solo con dos jueces, sin que se pronuncie el tercero) se podrá obtener una mayoría en ese empinado tribunal. Milei, convencido de que no es posible una Corte de tres, amenaza con nombrar jueces de la Corte en comisión a Lijo y al respetado académico Manuel García-Mansilla con un simple decreto, sin el acuerdo del Senado, como lo manda la Constitución.
En el caso de Lijo, su problema es que una vez nombrado en comisión en la Corte deberá renunciar como juez federal, que es su cargo actual. Sería imposible que fuera juez de la Corte, aunque sea en comisión, y que conservara al mismo tiempo el cargo de juez federal. El riesgo consiste en que esos candidatos no consigan el acuerdo del Senado durante el año legislativo, que durará entre el 1º de marzo de 2025 y el 1º de diciembre del mismo año. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, las designaciones en comisión cesarán en el acto si no se ha logrado el acuerdo senatorial cuando se haya cumplido el año legislativo. El kirchnerismo amenaza con algo peor si Milei cambiara de postura y lo ignorara en la negociación: aseguró que tumbará en el Senado el eventual decreto de designación de los dos jueces de la Corte. Por eso, podrían aparecer muchos conflictos en el horizonte si esos jueces asumieran en comisión y terminaran desempatando las decisiones del más alto tribunal de justicia del país. Seguramente muchos litigantes pedirán la nulidad de esas decisiones si los nombramientos supuestos se cayeran porque transcurrió el año legislativo sin resolución o porque los volteó el Senado.
No conforme con el proyecto de ley de Acevedo, sobre todo porque nadie sabe si el Congreso lo aprobará, la propia Corte Suprema se encaminaba ayer a establecer los mecanismos para elegir un juez subrogante (o dos) en ese tribunal. Habría una coincidencia entre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda para establecer de qué manera y a quiénes se sorteará para seleccionar al o a los jueces subrogantes si no hubiera unanimidad de los tres jueces que quedarán después de la jubilación de Maqueda. Funcionarios judiciales dijeron que la Corte no se apartará de sus antecedentes históricos para elegir tales jueces subrogantes y que, de acuerdo con esos precedentes, se los sorteará entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país. Aunque nadie lo precisó, es obvio que tales elecciones ocurrirán en caso de que no existiera la mayoría legal establecida hasta ahora. La historia indica también que la decisión sobre en qué momento y para qué temas se sortearán los subrogantes quedó siempre en poder exclusivo de los jueces de la Corte Suprema.
En otro orden de cosas, el Gobierno hizo trascender que le iniciará juicio político al presidente de la Corte, Rosatti, si este se negara a tomarle juramento a Lijo y a García-Mansilla como jueces en comisión. Error: esa decisión no es de Rosatti. Siempre que la Corte le tomó juramento a un nuevo miembro (o a nuevos miembros) hubo una acordada firmada por la mayoría del tribunal que lo autorizó al presidente del cuerpo. Esto es: no es Rosatti quien decide si le tomará juramento a un nuevo juez de la Corte: es la Corte Suprema la que resuelve esos casos. ¿Se animará el Gobierno a iniciarle juicio político a toda la Corte? La situación se parecería demasiado al juicio político que instigaron hace poco Alberto Fernández y Cristina Kirchner contra el mismo tribunal.
Presunto plagio: denuncian irregularidades en los exámenes de siete aspirantes a jueces
Fuentes inmejorables confirmaron que existen las negociaciones bajo el radar entre Santiago Caputo, el poderoso asesor presidencial sin cargo formal, y Eduardo “Wado” de Pedro, actual senador nacional cristinista y eterno hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner. Las versiones extraoficiales de la administración en el sentido de que no existen negociaciones entre el Gobierno y la señora de Kirchner por la integración de la Corte Suprema no pasarían, según todos los datos existentes, ninguna prueba seria. Es más veraz la certeza del jefe del bloque peronista, José Mayans, quien aseguró que no existen todavía los dos tercios de los votos para darles el acuerdo a ninguno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno. Falta, dijo Mayans, que se pongan de acuerdo sobre los nombres de los candidatos a jueces. Cuando la política habla del acuerdo al controversial juez Lijo, menciona a Javier Milei, a Cristina Kirchner e, inclusive, a Mauricio Macri para explicar si están a favor o en contra. Pero son los senadores en cuerpo y alma los que aparecerán públicamente levantando la mano para darle su apoyo, sobre todo al discutido juez Lijo. Y, para peor, ahora las cámaras de televisión registran el momento en que cada senador se pronuncia de acuerdo o en desacuerdo con las cuestiones más iridiscentes. Son ellos los que deberán dar explicaciones cuando las luces del recinto y de la televisión se hayan extinguido.
Cayó como el estruendo de un trueno en un día apacible. La firma de la senadora Lucía Corpacci en el dictamen de la Comisión de Acuerdos, a favor del acuerdo senatorial para que el juez federal Ariel Lijo sea miembro de la Corte Suprema de Justicia, fue una advertencia más que una firma. La advertencia que confirmaba una incipiente, y oscilante, negociación entre Javier Milei y Cristina Kirchner. El Gobierno se ocupó de desmentir que haya existido esa negociación supuesta entre el Presidente y la expresidenta; aclaró que la firma de Corpacci la gestionó el propio Lijo. Vale la pena hacer una aclaración pertinente: es desprolijo en las costumbres institucionales, se lo mire desde donde se lo mire, que un candidato a juez supremo trabaje en el Senado su propio acuerdo. ¿Y si luego le tocara resolver como juez de la Corte, en caso de que llegara a serlo, una cuestión relacionada con los senadores?
La Corte Suprema, por ejemplo, debió resolver no hace muchos años el caso de los exsenadores acusados de cobrar sobornos para aprobar la ley de reforma laboral. Con todo, es probable que Lijo, el candidato a miembro de la Corte más cuestionado que se recuerde, le haya pedido ese favor a Corpacci. La propia senadora, exgobernadora de Catamarca, precisó también que fue el gobernador de su provincia, Raúl Jalil, quien le pidió que firmara a favor de Lijo. También es probable: Jalil es, junto con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los dos mandatarios provinciales peronistas más cercanos a Milei. Pero es absolutamente improbable que Corpacci no haya consultado con Cristina Kirchner antes de estampar su firma; todas sus lealtades son ciertas, pero la que le prodiga a la expresidenta Kirchner es la más consistente y persistente de todas.
Si Cristina no hubiera habilitado la firma de Corpacci en la Comisión de Acuerdos, no habría existido la influencia de Lijo ni la de Jalil en la exgobernadora y actual senadora. El pretexto con el que Corpacci justificó su firma confirma todas las suposiciones: “Los que pueden llegar a venir son peores” que Lijo, explicó suelta de cuerpo. El bloque peronista, que ella integra, tiene 33 senadores y se necesitan solo 25 votos en contra para impedir que el oficialismo reúna los dos tercios de los votos necesarios para el acuerdo de un juez de la Corte. En definitiva, el peronismo puede trabar el acuerdo de los malos y de los peores. Si quiere, por supuesto. La presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, no firmó el dictamen a favor de Lijo; Tagliaferri viene de Pro, del sector que lidera Horacio Rodríguez Larreta. El exjefe de Gobierno de la Capital tenía una cercana relación con Lijo y su actual pareja, pero esa amistad entró en un paréntesis desde que Lijo es un polémico candidato a la Corte. De hecho, Rodríguez Larreta decidió no invitar al matrimonio Lijo a su casamiento, que se realizará este miércoles.
Como toda acción provoca una reacción, contemporáneamente con esa novedad de Corpacci se conoció un proyecto de ley de un diputado nacional y también exgobernador, Sergio Acevedo, aunque este lo fue de Santa Cruz. Acevedo renunció a la gobernación de Santa Cruz cuando Néstor Kirchner era presidente de la Nación; una versión nunca desmentida asegura que dimitió para no firmar monumentales sobreprecios en las obras públicas que, en su provincia, iban siempre a parar a manos del infaltable amigo del entonces matrimonio presidencial Lázaro Báez. El proyecto de Acevedo es muy breve. Simplemente estipula que en caso de que la Corte Suprema quedara transitoriamente integrada por tres miembros, las decisiones del tribunal se adoptarán con el voto mayoritario de dos. Nadie sabe si ese proyecto será aprobado por la suma de la oposición (Acevedo no es kirchnerista ni mileísta), pero lo cierto es que incorpora un elemento fundamental en la discusión sobre la Corte Suprema.
Hasta ahora, se entendía que un tribunal formalmente integrado por cinco jueces, como lo es la Corte Suprema, la mayoría la integran tres jueces, aunque solo haya tres. La Corte quedará, en efecto, el próximo 29 de diciembre con solo tres jueces. Ese día se jubilará el juez Juan Carlos Maqueda, porque cumplirá los 75 años que estipula la Constitución, y quedará vacante su sillón en el máximo tribunal del país. Ya existía la vacante que dejó la jubilación de la exjueza Elena Highton de Nolasco. El argumento meneado por el Gobierno es que una Corte Suprema de tres jueces es inviable porque se necesitará la opinión unánime de los tres para que haya una resolución, un fallo o una acordada. El proyecto de Acevedo estipula que con dos jueces contra uno (o solo con dos jueces, sin que se pronuncie el tercero) se podrá obtener una mayoría en ese empinado tribunal. Milei, convencido de que no es posible una Corte de tres, amenaza con nombrar jueces de la Corte en comisión a Lijo y al respetado académico Manuel García-Mansilla con un simple decreto, sin el acuerdo del Senado, como lo manda la Constitución.
En el caso de Lijo, su problema es que una vez nombrado en comisión en la Corte deberá renunciar como juez federal, que es su cargo actual. Sería imposible que fuera juez de la Corte, aunque sea en comisión, y que conservara al mismo tiempo el cargo de juez federal. El riesgo consiste en que esos candidatos no consigan el acuerdo del Senado durante el año legislativo, que durará entre el 1º de marzo de 2025 y el 1º de diciembre del mismo año. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, las designaciones en comisión cesarán en el acto si no se ha logrado el acuerdo senatorial cuando se haya cumplido el año legislativo. El kirchnerismo amenaza con algo peor si Milei cambiara de postura y lo ignorara en la negociación: aseguró que tumbará en el Senado el eventual decreto de designación de los dos jueces de la Corte. Por eso, podrían aparecer muchos conflictos en el horizonte si esos jueces asumieran en comisión y terminaran desempatando las decisiones del más alto tribunal de justicia del país. Seguramente muchos litigantes pedirán la nulidad de esas decisiones si los nombramientos supuestos se cayeran porque transcurrió el año legislativo sin resolución o porque los volteó el Senado.
No conforme con el proyecto de ley de Acevedo, sobre todo porque nadie sabe si el Congreso lo aprobará, la propia Corte Suprema se encaminaba ayer a establecer los mecanismos para elegir un juez subrogante (o dos) en ese tribunal. Habría una coincidencia entre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda para establecer de qué manera y a quiénes se sorteará para seleccionar al o a los jueces subrogantes si no hubiera unanimidad de los tres jueces que quedarán después de la jubilación de Maqueda. Funcionarios judiciales dijeron que la Corte no se apartará de sus antecedentes históricos para elegir tales jueces subrogantes y que, de acuerdo con esos precedentes, se los sorteará entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país. Aunque nadie lo precisó, es obvio que tales elecciones ocurrirán en caso de que no existiera la mayoría legal establecida hasta ahora. La historia indica también que la decisión sobre en qué momento y para qué temas se sortearán los subrogantes quedó siempre en poder exclusivo de los jueces de la Corte Suprema.
En otro orden de cosas, el Gobierno hizo trascender que le iniciará juicio político al presidente de la Corte, Rosatti, si este se negara a tomarle juramento a Lijo y a García-Mansilla como jueces en comisión. Error: esa decisión no es de Rosatti. Siempre que la Corte le tomó juramento a un nuevo miembro (o a nuevos miembros) hubo una acordada firmada por la mayoría del tribunal que lo autorizó al presidente del cuerpo. Esto es: no es Rosatti quien decide si le tomará juramento a un nuevo juez de la Corte: es la Corte Suprema la que resuelve esos casos. ¿Se animará el Gobierno a iniciarle juicio político a toda la Corte? La situación se parecería demasiado al juicio político que instigaron hace poco Alberto Fernández y Cristina Kirchner contra el mismo tribunal.
Presunto plagio: denuncian irregularidades en los exámenes de siete aspirantes a jueces
Fuentes inmejorables confirmaron que existen las negociaciones bajo el radar entre Santiago Caputo, el poderoso asesor presidencial sin cargo formal, y Eduardo “Wado” de Pedro, actual senador nacional cristinista y eterno hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner. Las versiones extraoficiales de la administración en el sentido de que no existen negociaciones entre el Gobierno y la señora de Kirchner por la integración de la Corte Suprema no pasarían, según todos los datos existentes, ninguna prueba seria. Es más veraz la certeza del jefe del bloque peronista, José Mayans, quien aseguró que no existen todavía los dos tercios de los votos para darles el acuerdo a ninguno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno. Falta, dijo Mayans, que se pongan de acuerdo sobre los nombres de los candidatos a jueces. Cuando la política habla del acuerdo al controversial juez Lijo, menciona a Javier Milei, a Cristina Kirchner e, inclusive, a Mauricio Macri para explicar si están a favor o en contra. Pero son los senadores en cuerpo y alma los que aparecerán públicamente levantando la mano para darle su apoyo, sobre todo al discutido juez Lijo. Y, para peor, ahora las cámaras de televisión registran el momento en que cada senador se pronuncia de acuerdo o en desacuerdo con las cuestiones más iridiscentes. Son ellos los que deberán dar explicaciones cuando las luces del recinto y de la televisión se hayan extinguido.
La firma de la senadora Corpacci, leal a Cristina Kirchner, confirma la negociación entre Milei y la expresidenta por la candidatura del juez federal a la Corte LA NACION
