Inquietudes detrás del nuevo esquema para importar productos sin aranceles
La explicación surge casi siempre con una sonrisa y medio en voz baja. Algunos de los empresarios que, en confianza, le plantearon en los últimos días al Gobierno inquietud por la medida que les permite a los consumidores importar por el sistema courier sin pagar aranceles por los primeros 400 dólares oyeron este argumento: es un modo de vulnerar, al menos parcialmente, el régimen de Tierra del Fuego, infranqueable por una cuestión de derechos adquiridos.
Todo es discutible. Desde la respuesta, utilizada en los ministerios de Economía y Desregulación, hasta el fundamento de la medida y sus verdaderos alcances. Lo que, en cambio, no se discute, es el carácter transversal del impacto que la decisión tuvo en casi todas las ramas empresariales: ensambladores, fabricantes, importadores y hasta comerciantes. Si la eliminación del arancel o la tasa de estadística se hiciera, por ejemplo, para todas las importaciones, como hace Estados Unidos, habría ganadores y perdedores. Pero la normativa argentina la circunscribe sólo a consumidores, y eso perturba a todo el que ejerza una actividad comercial y, por lo tanto, pague desde alquiler de un local hasta impuestos y salarios.
Lo que también les molesta a los empresarios es el monto mínimo a partir del cual los compradores quedan exentos, un límite que en el mundo del comercio se conoce con una expresión en latín, de minimis, y que ubica a la Argentina entre los países más abiertos de la región para esas operaciones, sólo por detrás de Chile (que acaba de subirlo a US$ 500) y Estados Unidos, el más permisivo, que tiene desde 2016 como franquicia 800 dólares diarios, sin tope anual, y no excluye de la operatoria a empresas. El minimis decidido por la Casa Rosada, 400 dólares, es similar al de Ecuador (US$ 400), pero excede largamente el que aplican México (US$ 50) y Perú y Colombia (US$ 200), e incluso el de la Unión Europea, que lo tiene fijado en 150 euros.
Entre los más proteccionistas de América latina está Brasil, que ya no da exenciones en ningún caso. Por disposición del gobierno Lula, el socio del Mercosur cobra desde mitad de este año 20% de derechos de importación, incluso para los productos inferiores a los 50 dólares, a los que además les agrega un 17% de ICMS, el impuesto al consumo, equivalente al IVA argentino. A partir de esos 50 dólares, y hasta los 3000, los brasileños aplican un arancel del 60 por ciento.
Chile, en cambio, acaba de cruzar a la vereda opuesta. Considerado uno de los países más abiertos de América latina, tenía, sin embargo, hasta octubre de este año un sistema restrictivo, con 41 dólares de minimis, uno de los límites más bajos de la OCDE, y eximía en ese rango también de IVA, siempre con un límite de 100 paquetes por año y por persona, no empresas. Pero acaba de subir esa franquicia a 500 dólares y pasó a cobrarles a todos por igual el IVA, sin arancel. Es decir, la medida de Gabriel Boric es incluso más aperturista que la de Javier Milei.
Este régimen de minimis se empezó a aplicar en 1999, en el inicio del auge del comercio electrónico, no bien se revisó el Convenio de Kyoto, principal acuerdo de prácticas aduaneras de la Organización Mundial de Aduanas aprobado en 1973. Desde entonces el umbral varía de un país a otro y en general provoca tensiones internas fronteras adentro. En la jerga aduanera, de minimis solía usarse para una operación “demasiado pequeña para ser considerada”, pero las discusiones comerciales le dieron a la frase el significado opuesto: “¡De minimis es demasiado grande para ignorarlo!” La Cámara de Comercio Internacional recomienda al respecto un valor de referencia mundial no inferior a los 200 dólares.
Como consecuencia del viaje de Luis Caputo a Brasil, la Unión Industrial Argentina reprogramó su reunión con el ministro para la semana próxima. Pero quisiera que el jefe del Palacio de Hacienda cumpliera las palabras de hace dos viernes, cuando ratificó en el Club Libertad Corrientes su idea de “nivelar la cancha” para el sector privado en simultáneo con la apertura comercial. Es decir, bajar impuestos. En realidad, es lo mismo que les decía Milei en la campaña. Ayer, consultado al respecto por LA NACION, Caputo dijo que estaba trabajando en una reforma tributaria, pero que su instrumentación dependía más bien de que el Gobierno lograra apoyo legislativo.
La medida sobre las compras externas será, sin embargo, bienvenida entre los consumidores. Justo en un año electoral. El promedio de rebaja de los productos que pueden adquirir es del 40%. La consultora Focus Market, del analista Damián Di Pace, hizo el relevamiento la semana anterior a que entrara en vigor la decisión del Gobierno y consigna en un informe que, por ejemplo, un iPhone 16 max de 128 GB pasará de costar 2036,28 dólares a 1072, es decir, 47% menos. La diferencia se redujo esta semana porque la sola inminencia de la medida llevó a muchos oferentes de la red a bajar el precio. Ya el lunes se conseguía a 1300 dólares en la Argentina. Es exactamente lo que se propone el Gobierno: que la apertura comercial discipline y ordene el sistema de precios. En los juguetes, en cambio, la brecha es mayor. Uno de Disney costaba 148,09 dólares, un 82% más del valor en que lo dejaría la nueva norma.
El nuevo servicio de courier representa, además, una oportunidad para hablar de competitividad. Un concepto que puede medirse, por ejemplo, midiendo el sobreprecio que las empresas les cobran a los consumidores respecto de otros mercados. Un informe de la consultora de Antonio Aracre elaborado sobre datos del Indec y el Ministerio de Economía consigna al respecto que la industria sigue generando la mitad de los puestos de trabajo que los servicios, pero con el doble de sobreprecios que en el promedio de otras plazas comerciales.
En la producción de teléfonos móviles y notebooks, dice el informe, los puestos de trabajo están muy por debajo de los 20.000 registrados y los sobreprecios rozan el 80%. En la de vestimenta, que genera unos 120.000 empleos, los sobreprecios llegan al 50%. El trabajo agrega que la industria manufacturera cobija a más de un millón de empleos, pero cobra 35% de sobreprecios, y que los servicios tienen mayor fuerza laboral -más de 3 millones de puestos- y precios apenas 15% más caros que en el resto del mundo.
Es una buena manera de terminar con varios mitos.
La explicación surge casi siempre con una sonrisa y medio en voz baja. Algunos de los empresarios que, en confianza, le plantearon en los últimos días al Gobierno inquietud por la medida que les permite a los consumidores importar por el sistema courier sin pagar aranceles por los primeros 400 dólares oyeron este argumento: es un modo de vulnerar, al menos parcialmente, el régimen de Tierra del Fuego, infranqueable por una cuestión de derechos adquiridos.
Todo es discutible. Desde la respuesta, utilizada en los ministerios de Economía y Desregulación, hasta el fundamento de la medida y sus verdaderos alcances. Lo que, en cambio, no se discute, es el carácter transversal del impacto que la decisión tuvo en casi todas las ramas empresariales: ensambladores, fabricantes, importadores y hasta comerciantes. Si la eliminación del arancel o la tasa de estadística se hiciera, por ejemplo, para todas las importaciones, como hace Estados Unidos, habría ganadores y perdedores. Pero la normativa argentina la circunscribe sólo a consumidores, y eso perturba a todo el que ejerza una actividad comercial y, por lo tanto, pague desde alquiler de un local hasta impuestos y salarios.
Lo que también les molesta a los empresarios es el monto mínimo a partir del cual los compradores quedan exentos, un límite que en el mundo del comercio se conoce con una expresión en latín, de minimis, y que ubica a la Argentina entre los países más abiertos de la región para esas operaciones, sólo por detrás de Chile (que acaba de subirlo a US$ 500) y Estados Unidos, el más permisivo, que tiene desde 2016 como franquicia 800 dólares diarios, sin tope anual, y no excluye de la operatoria a empresas. El minimis decidido por la Casa Rosada, 400 dólares, es similar al de Ecuador (US$ 400), pero excede largamente el que aplican México (US$ 50) y Perú y Colombia (US$ 200), e incluso el de la Unión Europea, que lo tiene fijado en 150 euros.
Entre los más proteccionistas de América latina está Brasil, que ya no da exenciones en ningún caso. Por disposición del gobierno Lula, el socio del Mercosur cobra desde mitad de este año 20% de derechos de importación, incluso para los productos inferiores a los 50 dólares, a los que además les agrega un 17% de ICMS, el impuesto al consumo, equivalente al IVA argentino. A partir de esos 50 dólares, y hasta los 3000, los brasileños aplican un arancel del 60 por ciento.
Chile, en cambio, acaba de cruzar a la vereda opuesta. Considerado uno de los países más abiertos de América latina, tenía, sin embargo, hasta octubre de este año un sistema restrictivo, con 41 dólares de minimis, uno de los límites más bajos de la OCDE, y eximía en ese rango también de IVA, siempre con un límite de 100 paquetes por año y por persona, no empresas. Pero acaba de subir esa franquicia a 500 dólares y pasó a cobrarles a todos por igual el IVA, sin arancel. Es decir, la medida de Gabriel Boric es incluso más aperturista que la de Javier Milei.
Este régimen de minimis se empezó a aplicar en 1999, en el inicio del auge del comercio electrónico, no bien se revisó el Convenio de Kyoto, principal acuerdo de prácticas aduaneras de la Organización Mundial de Aduanas aprobado en 1973. Desde entonces el umbral varía de un país a otro y en general provoca tensiones internas fronteras adentro. En la jerga aduanera, de minimis solía usarse para una operación “demasiado pequeña para ser considerada”, pero las discusiones comerciales le dieron a la frase el significado opuesto: “¡De minimis es demasiado grande para ignorarlo!” La Cámara de Comercio Internacional recomienda al respecto un valor de referencia mundial no inferior a los 200 dólares.
Como consecuencia del viaje de Luis Caputo a Brasil, la Unión Industrial Argentina reprogramó su reunión con el ministro para la semana próxima. Pero quisiera que el jefe del Palacio de Hacienda cumpliera las palabras de hace dos viernes, cuando ratificó en el Club Libertad Corrientes su idea de “nivelar la cancha” para el sector privado en simultáneo con la apertura comercial. Es decir, bajar impuestos. En realidad, es lo mismo que les decía Milei en la campaña. Ayer, consultado al respecto por LA NACION, Caputo dijo que estaba trabajando en una reforma tributaria, pero que su instrumentación dependía más bien de que el Gobierno lograra apoyo legislativo.
La medida sobre las compras externas será, sin embargo, bienvenida entre los consumidores. Justo en un año electoral. El promedio de rebaja de los productos que pueden adquirir es del 40%. La consultora Focus Market, del analista Damián Di Pace, hizo el relevamiento la semana anterior a que entrara en vigor la decisión del Gobierno y consigna en un informe que, por ejemplo, un iPhone 16 max de 128 GB pasará de costar 2036,28 dólares a 1072, es decir, 47% menos. La diferencia se redujo esta semana porque la sola inminencia de la medida llevó a muchos oferentes de la red a bajar el precio. Ya el lunes se conseguía a 1300 dólares en la Argentina. Es exactamente lo que se propone el Gobierno: que la apertura comercial discipline y ordene el sistema de precios. En los juguetes, en cambio, la brecha es mayor. Uno de Disney costaba 148,09 dólares, un 82% más del valor en que lo dejaría la nueva norma.
El nuevo servicio de courier representa, además, una oportunidad para hablar de competitividad. Un concepto que puede medirse, por ejemplo, midiendo el sobreprecio que las empresas les cobran a los consumidores respecto de otros mercados. Un informe de la consultora de Antonio Aracre elaborado sobre datos del Indec y el Ministerio de Economía consigna al respecto que la industria sigue generando la mitad de los puestos de trabajo que los servicios, pero con el doble de sobreprecios que en el promedio de otras plazas comerciales.
En la producción de teléfonos móviles y notebooks, dice el informe, los puestos de trabajo están muy por debajo de los 20.000 registrados y los sobreprecios rozan el 80%. En la de vestimenta, que genera unos 120.000 empleos, los sobreprecios llegan al 50%. El trabajo agrega que la industria manufacturera cobija a más de un millón de empleos, pero cobra 35% de sobreprecios, y que los servicios tienen mayor fuerza laboral -más de 3 millones de puestos- y precios apenas 15% más caros que en el resto del mundo.
Es una buena manera de terminar con varios mitos.
La medida que les permite a los consumidores importar sin aranceles por hasta 400 dólares por compra ubica a la Argentina por arriba de la recomendación de la Cámara de Comercio Internacional, que fijó el mínimo en US$ 200; en la región, sólo Chile supera el umbral elegido por el gobierno de Milei LA NACION
