Dictaron la prisión preventiva para los sospechosos de participar en el video con amenazas narco
La jueza federal María Servini procesó con prisión preventiva a los tres sospechosos de participar en el video con amenazas que la semana pasada había causado un fuerte impacto político. La medida recayó sobre Matías Romero, de 26 años, y los hermanos Diego Lucas y David Quiroz, de 27 y 39 años, respectivamente. Los tres habían sido detenidos el jueves pasado durante allanamientos realizados por fuerzas federales en la localidad santafesina de Puerto San Martín. Un cuarto sospechoso fue identificado y es buscado, ya que cuatro personas aparecen en esa grabación, en la que además de lanzar frases intimidantes contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunciaban un plan de asesinatos y sostenían esa proclama con la exhibición de armas de alto poder de fuego.
La pista que derivó en la captura de esas personas que habían sido señaladas en el Gobierno como narcoterroristas llegó por la declaración de un testigo de identidad protegida, que señaló el rol de cada imputado en las imágenes que se viralizaron en las redes sociales y detalló el lugar donde residían: Puerto San Martín, en Santa Fe.
En la resolución firmada por la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 se consigna esa declaración clave.
“Con fecha 4 de diciembre del corriente año se recibió proveniente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Carlos E. Stornelli, la cual interviene en esta causa, un sobre cerrado, sellado y que reza: “sobre conteniendo acta de declaración testimonial y, además, actuaciones complementarias en 7 fojas que dan cuenta de que esa Fiscalía Federal N°4 tomó conocimiento por parte de la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, acerca de la existencia de una persona que conocería información de posible interés, la cual declararía siempre que se resguardara su identidad”, se indicó en el procesamiento de los tres imputados.
A Romero y a los hermanos Quiroz se los acusa por el delito de intimidación pública, descripto en el artículo 211 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
En esta etapa de la investigación, la Justicia considera que los elementos encontrados en los allanamientos -entre ellos mamelucos similares a los que portaron las personas que aparecieron en el video- y la declaración del testigo de identidad reservada son suficientes para dictar el procesamiento y sostener la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculizar la pesquisa.
Aún no está en claro los motivos que habrían llevado a los sospechosos a emitir esa amenaza, cuya repercusión pública fue importante por el cercano antecedente de intimidaciones similares que derivaron en asesinatos al azar en Rosario, en marzo pasado.
En sus declaraciones consignadas en el procesamiento, los tres imputados aseguraron que se trata de un error y que no participaron de ese video. Por ahora, la Justicia tiene pruebas suficientes para mantenerlos en prisión.
Luego de los allanamientos realizados por tropas especiales de la Gendarmería en Puerto General San Martín, la propia ministra de Seguridad de la Nación se acercó al lugar donde se habría grabado el video. Y Bullrich reflejó esa inspección en su cuenta de la red X: “Acá (por Puerto General San Martín) se grabó el video que puso el miedo en toda la sociedad. Rápidamente se actuó con la Justicia, con las fuerzas de seguridad, con la provincia de Santa Fe porque para nosotros, el que las hace, las paga, y no vamos a permitir que la gente vuelva a tener miedo”.
Además de los tres procesados por el acto de intimidación pública, en ese momento se había demorado a otras cuatro personas, que por ahora no fueron acusadas. En ese operativo de búsqueda y captura se incautaron teléfonos celulares, documentación y vestimenta que podría haber sido la utilizada por los protagonistas del video.
En esas imágenes, se recuerda, cuatro personas posaron frente a la cámara con sus rostros ocultos: tres de ellas vistieron mamelucos microporosos descartables como los que se usan para realizar tareas forenses o trabajar con residuos patogénicos o material biológico peligroso, y una, un camperón oscuro. Todos portaron armas; en total, seis, entre las cuales se destacan un FAL con culata de paracaidista, una pistola Glock, una ametralladora FMK3 y una escopeta semiautomática calibre 12/70. El hombre que usó el camperón oscuro también se colocó guantes de látex celestes. Eso, según los investigadores, podría responder a la intención de tapar un tatuaje o una cicatriz que delatara su identidad.
Esos hombres en el video habían afirmado que estaban “internados en Buenos Aires” y que empezarían a “dejar muertos” en esa provincia. Sin embargo, la pista no llegó a territorio bonaerense, sino que fijó la guarida en la localidad santafesina de Puerto San Martín.
La jueza federal María Servini procesó con prisión preventiva a los tres sospechosos de participar en el video con amenazas que la semana pasada había causado un fuerte impacto político. La medida recayó sobre Matías Romero, de 26 años, y los hermanos Diego Lucas y David Quiroz, de 27 y 39 años, respectivamente. Los tres habían sido detenidos el jueves pasado durante allanamientos realizados por fuerzas federales en la localidad santafesina de Puerto San Martín. Un cuarto sospechoso fue identificado y es buscado, ya que cuatro personas aparecen en esa grabación, en la que además de lanzar frases intimidantes contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunciaban un plan de asesinatos y sostenían esa proclama con la exhibición de armas de alto poder de fuego.
La pista que derivó en la captura de esas personas que habían sido señaladas en el Gobierno como narcoterroristas llegó por la declaración de un testigo de identidad protegida, que señaló el rol de cada imputado en las imágenes que se viralizaron en las redes sociales y detalló el lugar donde residían: Puerto San Martín, en Santa Fe.
En la resolución firmada por la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 se consigna esa declaración clave.
“Con fecha 4 de diciembre del corriente año se recibió proveniente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Carlos E. Stornelli, la cual interviene en esta causa, un sobre cerrado, sellado y que reza: “sobre conteniendo acta de declaración testimonial y, además, actuaciones complementarias en 7 fojas que dan cuenta de que esa Fiscalía Federal N°4 tomó conocimiento por parte de la Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, acerca de la existencia de una persona que conocería información de posible interés, la cual declararía siempre que se resguardara su identidad”, se indicó en el procesamiento de los tres imputados.
A Romero y a los hermanos Quiroz se los acusa por el delito de intimidación pública, descripto en el artículo 211 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
En esta etapa de la investigación, la Justicia considera que los elementos encontrados en los allanamientos -entre ellos mamelucos similares a los que portaron las personas que aparecieron en el video- y la declaración del testigo de identidad reservada son suficientes para dictar el procesamiento y sostener la prisión preventiva ante el riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculizar la pesquisa.
Aún no está en claro los motivos que habrían llevado a los sospechosos a emitir esa amenaza, cuya repercusión pública fue importante por el cercano antecedente de intimidaciones similares que derivaron en asesinatos al azar en Rosario, en marzo pasado.
En sus declaraciones consignadas en el procesamiento, los tres imputados aseguraron que se trata de un error y que no participaron de ese video. Por ahora, la Justicia tiene pruebas suficientes para mantenerlos en prisión.
Luego de los allanamientos realizados por tropas especiales de la Gendarmería en Puerto General San Martín, la propia ministra de Seguridad de la Nación se acercó al lugar donde se habría grabado el video. Y Bullrich reflejó esa inspección en su cuenta de la red X: “Acá (por Puerto General San Martín) se grabó el video que puso el miedo en toda la sociedad. Rápidamente se actuó con la Justicia, con las fuerzas de seguridad, con la provincia de Santa Fe porque para nosotros, el que las hace, las paga, y no vamos a permitir que la gente vuelva a tener miedo”.
Además de los tres procesados por el acto de intimidación pública, en ese momento se había demorado a otras cuatro personas, que por ahora no fueron acusadas. En ese operativo de búsqueda y captura se incautaron teléfonos celulares, documentación y vestimenta que podría haber sido la utilizada por los protagonistas del video.
En esas imágenes, se recuerda, cuatro personas posaron frente a la cámara con sus rostros ocultos: tres de ellas vistieron mamelucos microporosos descartables como los que se usan para realizar tareas forenses o trabajar con residuos patogénicos o material biológico peligroso, y una, un camperón oscuro. Todos portaron armas; en total, seis, entre las cuales se destacan un FAL con culata de paracaidista, una pistola Glock, una ametralladora FMK3 y una escopeta semiautomática calibre 12/70. El hombre que usó el camperón oscuro también se colocó guantes de látex celestes. Eso, según los investigadores, podría responder a la intención de tapar un tatuaje o una cicatriz que delatara su identidad.
Esos hombres en el video habían afirmado que estaban “internados en Buenos Aires” y que empezarían a “dejar muertos” en esa provincia. Sin embargo, la pista no llegó a territorio bonaerense, sino que fijó la guarida en la localidad santafesina de Puerto San Martín.
La jueza Servini procesó a los detenidos durante los allanamientos realizados en la localidad de Puerto San Martín LA NACION
