Siguen los recortes: el Gobierno cerró la Comisión Nacional del Microcrédito
En línea con su plan de recorte de gastos, el Gobierno dispuso el cierre de la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami), una entidad creada en 2006 bajo la Ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había adelantado la medida este jueves a la noche en declaraciones a LN+.
La decisión de la administración de Javier Milei quedó efectivizada a través del decreto 1094/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El organismo, que ahora dependía del Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo “generar un sistema de economía circular que articule la diversidad de recursos de cada comunidad para generar más y mejor trabajo”.
“Impulsamos la producción local y la autonomía de las personas. A través de los Microcréditos ayudamos a los emprendedores que no puedan acceder al sistema financiero formal a que sigan adelante con sus proyectos”, señala el sitio Argentina.gob.ar.
A modo de justificación, la normativa menciona que a septiembre de 2024, el gasto mensual en personal de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social fue de $100.584.210, lo que anualizado asciende a $1.307.594.730, superando el presupuesto total asignado al Ejercicio 2024, que es de $1.178.796.541″. Todo de acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria del Ministerio de Capital Humano.
Entre los argumentos para la avanzada contra el fin de estos microcréditos mencionan también que la declaración de emergencia pública que hizo el Congreso “da cuenta de la gravedad de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado”.
De la misma manera, sostienen que “la emergencia administrativa, económica y financiera impone la necesidad de discontinuar aquellos programas cuya contribución al interés público resulte marginal y que generen un perjuicio a las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos”.
Por eso, dice el texto que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “resulta imperioso adecuar las disposiciones de la Ley N° 26.117 con el fin de proceder a la disolución del programa”. Según el Ejecutivo, el fin de este organismo “optimizará la asignación de los recursos públicos, evitando la continuidad de un esquema ineficiente y dilapidador, con la finalidad de garantizar una mejora en el funcionamiento y racionalización del Estado”. Del mismo modo, eliminan también el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.
El DNU afirma también que hay “una evidente ineficiencia operativa y un claro sobredimensionamiento de la estructura de la Comisión, en tanto los gastos anuales en personal exceden significativamente los recursos destinados al cumplimiento de su objetivo principal de capitalizar a las Instituciones de Microcrédito, resultando particularmente grave que el gasto mensual en personal sea un 54 % superior al total ejecutado del presupuesto 2024.
Con esto, en el artículo 5° de la norma, establecieron que “el personal que revista en la planta permanente del organismo disuelto pasará a situación de disponibilidad en los términos del artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias, quedando bajo la dependencia administrativa y disciplinaria” de la cartera que dirige Pettovello.
En línea con su plan de recorte de gastos, el Gobierno dispuso el cierre de la Comisión Nacional del Microcrédito (Conami), una entidad creada en 2006 bajo la Ley 26.117 de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había adelantado la medida este jueves a la noche en declaraciones a LN+.
La decisión de la administración de Javier Milei quedó efectivizada a través del decreto 1094/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El organismo, que ahora dependía del Ministerio de Capital Humano, tenía por objetivo “generar un sistema de economía circular que articule la diversidad de recursos de cada comunidad para generar más y mejor trabajo”.
“Impulsamos la producción local y la autonomía de las personas. A través de los Microcréditos ayudamos a los emprendedores que no puedan acceder al sistema financiero formal a que sigan adelante con sus proyectos”, señala el sitio Argentina.gob.ar.
A modo de justificación, la normativa menciona que a septiembre de 2024, el gasto mensual en personal de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social fue de $100.584.210, lo que anualizado asciende a $1.307.594.730, superando el presupuesto total asignado al Ejercicio 2024, que es de $1.178.796.541″. Todo de acuerdo a los datos de la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria del Ministerio de Capital Humano.
Entre los argumentos para la avanzada contra el fin de estos microcréditos mencionan también que la declaración de emergencia pública que hizo el Congreso “da cuenta de la gravedad de la situación planteada e impone la obligación de adoptar acciones urgentes tendientes a dar respuesta a esta problemática, evitando que se continúen utilizando recursos públicos en perjuicio de las arcas del Estado”.
De la misma manera, sostienen que “la emergencia administrativa, económica y financiera impone la necesidad de discontinuar aquellos programas cuya contribución al interés público resulte marginal y que generen un perjuicio a las arcas del Estado por su ineficiencia, uso indebido de los recursos y falta de transparencia en su gestión, con el fin de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos”.
Por eso, dice el texto que lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, “resulta imperioso adecuar las disposiciones de la Ley N° 26.117 con el fin de proceder a la disolución del programa”. Según el Ejecutivo, el fin de este organismo “optimizará la asignación de los recursos públicos, evitando la continuidad de un esquema ineficiente y dilapidador, con la finalidad de garantizar una mejora en el funcionamiento y racionalización del Estado”. Del mismo modo, eliminan también el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.
El DNU afirma también que hay “una evidente ineficiencia operativa y un claro sobredimensionamiento de la estructura de la Comisión, en tanto los gastos anuales en personal exceden significativamente los recursos destinados al cumplimiento de su objetivo principal de capitalizar a las Instituciones de Microcrédito, resultando particularmente grave que el gasto mensual en personal sea un 54 % superior al total ejecutado del presupuesto 2024.
Con esto, en el artículo 5° de la norma, establecieron que “el personal que revista en la planta permanente del organismo disuelto pasará a situación de disponibilidad en los términos del artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificatorias, quedando bajo la dependencia administrativa y disciplinaria” de la cartera que dirige Pettovello.
El organismo había sido creado en 2006 con la idea de “promover el desarrollo de la Economía Social”; la medida fue publicada en el Boletín Oficial LA NACION
