Incorporación. La Policía de Córdoba busca sumar personal con experiencia en las Fuerzas Armadas para su grupo antidrogas
CÓRDOBA.- El gobernador cordobés Martín Llaryora impulsa la incorporación de personal que haya obtenido los títulos que otorgan las entidades de formación de las Fuerzas Armadas para acceder a los grados de oficiales o suboficiales a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La decisión se da en un contexto en que varios integrantes de esa institución están imputados y detenidos por faltantes de drogas incautadas en operativos. Una experiencia similar se dio en la ciudad de Buenos Aires cuando se creó la policía porteña, que también sumó personal militar retirado o que decidió dejar las fuerzas para integrarse en un cuerpo policial.
Esta propuesta tiene la mirada puesta, especialmente, en los soldados voluntarios que cumplen en Córdoba sus años de servicios y dejan las Fuerzas Armadas antes de cumplir los 30 años. A esas personas se les reconocería la formación militar para evitar que su ingreso a la policía demande antes tres años de formación como cadetes. Se incorporarían así más rápido a la fuerza provincial. Ya no serían militares, claro, sino policías cordobeses con antecedentes en las Fuerzas Armadas. Esa sería la única diferencia con relación a otros ciudadanos que se sumen a la Policía de Córdoba.
Los legisladores provinciales oficialistas Miguel Siciliano y Nadia Fernández son los autores del proyecto que busca modificar la ley provincial 10.227 para que se puedan sumar “personas con formación en las Fuerzas Armadas” a la FPA después de que hayan “cursado y aprobado” un trayecto formativo específico “orientado a la persecución del narcotráfico, diseñado y aprobado por la autoridad educativa de Córdoba”.
Al fundamentar la iniciativa Siciliano sostuvo que la lucha contra el narcotráfico “requiere personal idóneo, capacitado y comprometido. Este proyecto es un paso más para fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, articulando esfuerzos entre las provincias, la Nación y diferentes cuerpos de seguridad”.
También remarcó que la provincia ya es parte de la Mesa Operativa Conjunta en colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación y mantiene convenios con Santa Fe y Entre Ríos. “Estas acciones han demostrado su eficacia en la desarticulación de bandas criminales y el secuestro de sustancias ilícitas en el territorio provincial”, señaló.
Con el objetivo “reforzar el recurso humano” de la FPA el legislador planteó que es “necesario” dotar al fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, de la facultad de solicitar la incorporación de “personal idóneo proveniente de las Fuerzas Armadas” que cumplan el trayecto de formación detallado. Delgado, bajo cuya jurisdicción está la FPA, explicó que la medida busca duplicar los 450 agentes que hay hoy, todos provenientes de filas policiales.
“Tenemos un programa de estudios de tres años y un problema de falta de egresos de policías, por lo que decidimos convocar a personal de las Fuerzas Armadas con formación militar que esté interesado en realizar la formación específica de la tarea antinarcotráfico e integrarse a la FPA”, precisó hace unos días. En el registro que se abrió se inscribieron 1.900 personas con formación militar, 1000 podrían sumarse.
Las irregularidades detectadas en la fuerza policial antidrogas de Córdoba quedaron expuestas con los procesamientos de algunos de sus integrantes. Los imputados por el fiscal Juan Pablo Klinger son el ahora exjefe de la brigada en Cruz del Eje, Néstor Márquez, y los agentes Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien prestaba servicios en Deán Funes. Además, hace diez días el juez de control Agustín Cafferata imputó este lunes al fiscal de lucha contra el narcotráfico de Cosquín, Raúl Ramírez en la misma causa; lo acusó de encubrimiento, omisión y abuso de autoridad, ya que entiende que sabía de los robos de drogas y no los denunció.
CÓRDOBA.- El gobernador cordobés Martín Llaryora impulsa la incorporación de personal que haya obtenido los títulos que otorgan las entidades de formación de las Fuerzas Armadas para acceder a los grados de oficiales o suboficiales a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). La decisión se da en un contexto en que varios integrantes de esa institución están imputados y detenidos por faltantes de drogas incautadas en operativos. Una experiencia similar se dio en la ciudad de Buenos Aires cuando se creó la policía porteña, que también sumó personal militar retirado o que decidió dejar las fuerzas para integrarse en un cuerpo policial.
Esta propuesta tiene la mirada puesta, especialmente, en los soldados voluntarios que cumplen en Córdoba sus años de servicios y dejan las Fuerzas Armadas antes de cumplir los 30 años. A esas personas se les reconocería la formación militar para evitar que su ingreso a la policía demande antes tres años de formación como cadetes. Se incorporarían así más rápido a la fuerza provincial. Ya no serían militares, claro, sino policías cordobeses con antecedentes en las Fuerzas Armadas. Esa sería la única diferencia con relación a otros ciudadanos que se sumen a la Policía de Córdoba.
Los legisladores provinciales oficialistas Miguel Siciliano y Nadia Fernández son los autores del proyecto que busca modificar la ley provincial 10.227 para que se puedan sumar “personas con formación en las Fuerzas Armadas” a la FPA después de que hayan “cursado y aprobado” un trayecto formativo específico “orientado a la persecución del narcotráfico, diseñado y aprobado por la autoridad educativa de Córdoba”.
Al fundamentar la iniciativa Siciliano sostuvo que la lucha contra el narcotráfico “requiere personal idóneo, capacitado y comprometido. Este proyecto es un paso más para fortalecer nuestras fuerzas de seguridad, articulando esfuerzos entre las provincias, la Nación y diferentes cuerpos de seguridad”.
También remarcó que la provincia ya es parte de la Mesa Operativa Conjunta en colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación y mantiene convenios con Santa Fe y Entre Ríos. “Estas acciones han demostrado su eficacia en la desarticulación de bandas criminales y el secuestro de sustancias ilícitas en el territorio provincial”, señaló.
Con el objetivo “reforzar el recurso humano” de la FPA el legislador planteó que es “necesario” dotar al fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, de la facultad de solicitar la incorporación de “personal idóneo proveniente de las Fuerzas Armadas” que cumplan el trayecto de formación detallado. Delgado, bajo cuya jurisdicción está la FPA, explicó que la medida busca duplicar los 450 agentes que hay hoy, todos provenientes de filas policiales.
“Tenemos un programa de estudios de tres años y un problema de falta de egresos de policías, por lo que decidimos convocar a personal de las Fuerzas Armadas con formación militar que esté interesado en realizar la formación específica de la tarea antinarcotráfico e integrarse a la FPA”, precisó hace unos días. En el registro que se abrió se inscribieron 1.900 personas con formación militar, 1000 podrían sumarse.
Las irregularidades detectadas en la fuerza policial antidrogas de Córdoba quedaron expuestas con los procesamientos de algunos de sus integrantes. Los imputados por el fiscal Juan Pablo Klinger son el ahora exjefe de la brigada en Cruz del Eje, Néstor Márquez, y los agentes Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien prestaba servicios en Deán Funes. Además, hace diez días el juez de control Agustín Cafferata imputó este lunes al fiscal de lucha contra el narcotráfico de Cosquín, Raúl Ramírez en la misma causa; lo acusó de encubrimiento, omisión y abuso de autoridad, ya que entiende que sabía de los robos de drogas y no los denunció.
La Fuerza Policial Antinarcotráfico cuenta con 450 agentes y el objetivo es duplicar ese número. En un registro que se abrió se anotaron 1900 postulantes LA NACION
