Alarma en la Corte Suprema. La Justicia investiga una serie de llamados a comisarias de alguien que se hace pasar por Horacio Rosatti
Una serie de llamados a distintas dependencias policías encendieron las alarmas de la Corte Suprema y la Justicia Federal. En las últimas semanas, se registraron diferentes contactos a comisarias, en los que alguien con una voz masculina afirma ser Horacio Rosatti, ministro del máximo tribunal, y solicita información de los detenidos. Ya se inició una investigación que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien dictó las primeras medidas de prueba para esclarecer los hechos.
El último de estos contactos se registró este viernes en la División Unidad Operativa Federal de la provincia de San Luis. Un hombre que afirmó ser el presidente de la Corte Suprema pidió hablar con un encargado para que le informara si había detenidos en esas dependencia, y en qué condiciones se encontraban. Todo en el marco de una presunta averiguación por los derechos humanos de los carcelarios.
El agente que recibió la llamada le indicó que el encargado no se encontraba presente y le pidió que dejara un número de teléfono para comunicarse. Tras ello puso en conocimiento a sus superiores y la información llegó a oídos de Claudia Beatriz Cecchini, de la División Seguridad y Custodia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Algo similar ocurrió semanas atrás. El antecedente abrió la causa que tramite en el juzgado de Lijo con la intervención del fiscal Franco Picardi.
En el llamado que inició la investigación, la persona que se hizo pasar por el cortesano y presidente del Consejo de la Magistratura, solicitó al oficial de la comisaria que lo atendió que le indicara mediante un listado la cantidad de detenidos en las dependencias, el nombre completo de cada uno de ellos y su respectivo número de causa, además del tiempo que llevan detenidos en la alcaidía y si contaban con reincidencia. Además, solicitó los teléfonos de los familiares de los presos..
La hipótesis que baraja la Justicia es que una banda delictiva, cuyos integrantes se encuentran detenidos, realizan llamados para recolectar información y pedir dinero a los allegados de otros presos a cambio de una falsa fianza.
“La mecánica empleada sería la comunicación a dependencias policiales solicitando datos filiatorios y de contacto de familiares de personas detenidas, haciéndose pasar por distintas autoridades judiciales. Obtenidos esos datos, se comunicaban con los familiares de los sujetos detenidos con el relato de la posibilidad de concederles la libertad bajo una fianza, brindando para ello los datos de la cuenta para que se efectúen transferencias dinerarias”, dice la carta por la cual Lijo puso en conocimiento a Rosatti de la situación.
“Se estableció que los llamados provenían del Establecimiento Penitenciario n° 7 de Jujuy”, señala el magistrado.
Se le dio intervención al Departamento de Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina y a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJUDECO), luego de que Lijo dictara las primeras medidas de prueba para determinar quien estaba detrás del llamado.
Una serie de llamados a distintas dependencias policías encendieron las alarmas de la Corte Suprema y la Justicia Federal. En las últimas semanas, se registraron diferentes contactos a comisarias, en los que alguien con una voz masculina afirma ser Horacio Rosatti, ministro del máximo tribunal, y solicita información de los detenidos. Ya se inició una investigación que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien dictó las primeras medidas de prueba para esclarecer los hechos.
El último de estos contactos se registró este viernes en la División Unidad Operativa Federal de la provincia de San Luis. Un hombre que afirmó ser el presidente de la Corte Suprema pidió hablar con un encargado para que le informara si había detenidos en esas dependencia, y en qué condiciones se encontraban. Todo en el marco de una presunta averiguación por los derechos humanos de los carcelarios.
El agente que recibió la llamada le indicó que el encargado no se encontraba presente y le pidió que dejara un número de teléfono para comunicarse. Tras ello puso en conocimiento a sus superiores y la información llegó a oídos de Claudia Beatriz Cecchini, de la División Seguridad y Custodia Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Algo similar ocurrió semanas atrás. El antecedente abrió la causa que tramite en el juzgado de Lijo con la intervención del fiscal Franco Picardi.
En el llamado que inició la investigación, la persona que se hizo pasar por el cortesano y presidente del Consejo de la Magistratura, solicitó al oficial de la comisaria que lo atendió que le indicara mediante un listado la cantidad de detenidos en las dependencias, el nombre completo de cada uno de ellos y su respectivo número de causa, además del tiempo que llevan detenidos en la alcaidía y si contaban con reincidencia. Además, solicitó los teléfonos de los familiares de los presos..
La hipótesis que baraja la Justicia es que una banda delictiva, cuyos integrantes se encuentran detenidos, realizan llamados para recolectar información y pedir dinero a los allegados de otros presos a cambio de una falsa fianza.
“La mecánica empleada sería la comunicación a dependencias policiales solicitando datos filiatorios y de contacto de familiares de personas detenidas, haciéndose pasar por distintas autoridades judiciales. Obtenidos esos datos, se comunicaban con los familiares de los sujetos detenidos con el relato de la posibilidad de concederles la libertad bajo una fianza, brindando para ello los datos de la cuenta para que se efectúen transferencias dinerarias”, dice la carta por la cual Lijo puso en conocimiento a Rosatti de la situación.
“Se estableció que los llamados provenían del Establecimiento Penitenciario n° 7 de Jujuy”, señala el magistrado.
Se le dio intervención al Departamento de Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina y a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (DAJUDECO), luego de que Lijo dictara las primeras medidas de prueba para determinar quien estaba detrás del llamado.
Se registraron contactos en distintas dependencias policiales del país de una “voz masculina” que dice ser el presidente del tribunal; la causa la tiene Lijo LA NACION
