Animados por el impulso de Cristina Boubee, productora de Azul, sesenta productores de la provincia de Buenos Aires interpusieron medidas cautelares contra el aumento del ciento por ciento en la cuarta cuota del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Se han sumado ahora otros más, hasta llegar a cerca de cien: ganaderos y chacareros hartos de que el gobierno de Axel Kicillof –cuándo no– atropelle su patrimonio y capacidad productiva con impuestos inconsultos y abusivos.
Ha habido hasta ahora dos respuestas coincidentes, en diferentes juzgados de la provincia, haciendo saber a los presentantes que deben “redireccionar” la acción interpuesta en defensa de sus intereses, expoliados al punto de la confiscación. Es decir, no se ha rechazado en términos jurídicos lo alegado, pero en los dos casos los magistrados intervinientes consideraron que debían expresar las posiciones alegadas por otras vías abiertas por el orden normativo.
Haber aumentado la cuarta cuota de lo que los especialistas denominan impuesto territorial, porque grava una alícuota del espacio correspondiente a cada uno de los 24 distritos políticos del país, equivale por magnitud a una quinta cuota
Los problemas del campo con el gobernador son de principios y fundados en hechos concretos. Si en los corrillos de su propio partido –el Partido Justicialista– se lo tilda de “el Comunista” en circunstancias en que libra un enfrentamiento con la expresidenta Cristina Kirchner, tal vez sea por los antecedentes doctrinarios con los que se sumó al movimiento fundado por Juan Perón. Allí dentro se conocerán mejor que en otros lados esos antecedentes y el espíritu que todavía rezuma de ellos. No hay razones para que se discuta aquel apelativo desde otras tribunas, más allá de la desconfianza natural que en la actividad agropecuaria se ha sentido de ordinario por este gobernador aspirante a presidir el país en 2027.
Lo cierto es que Kicillof, en violación del límite que la Legislatura bonaerense había impuesto a su política tributaria a principios de año, elevó el impuesto inmobiliario hasta el 300/400% y, en algunos casos, rozó el 700%. Vale decir que, por cuenta propia, vulneró el tope del ya por sí elevado 200% fijado por la Legislatura bonaerense y avanzó manifiestamente por encima del curso inflacionario. Si bien es cierto que de junio de 2023 a junio de 2024 el crecimiento inflacionario interanual fue del 271%, vemos también que la tendencia a la baja se expresó de noviembre a noviembre en términos incuestionablemente rotundos: 170%.
Resulta pasmosa la discrecionalidad de la relación entre el poder central y las provincias a raíz de la forma antojadiza con la que el primero remite las transferencias automáticas
Se trata de números que reflejan uno de los resultados más positivos de la gestión presidencial de Javier Milei. Enero arrancó con el 20,6% de aumento de los precios al consumidor y los meses siguientes indicaron un descenso gradual, pero sostenido: 13,2 en febrero, ll% en marzo, 8,8 en abril, y así hasta el 2,4% de noviembre, con un índice interanual en los primeros once meses del 112%.
Lo natural hubiera sido que la impaciencia recaudatoria del gobernador bonaerense aguardara, según las mejores tradiciones, hasta comienzos de 2025 a fin de evaluar la situación fiscal de la provincia a la luz de los resultados finales del año por terminar en días más. Haber aumentado la cuarta cuota de lo que los especialistas denominan impuesto territorial, porque grava una alícuota del espacio correspondiente a cada uno de los 24 distritos políticos del país, equivale por magnitud a una quinta cuota.
Ya Buenos Aires figuraba entre los distritos donde este tributo tiene tasas más altas. Compite en ese sentido con Entre Ríos y Santa Fe. Córdoba está ahora algo por debajo de lo que supo estar en el pasado y, bastante más aún, en cuanto a los valores que impone a los predios urbanos.
En Buenos Aires gravita, además, el impuesto a los ingresos brutos, el más absurdo de todos
Muchos de los productores acaudillados por la señora Boubee actúan en la agrupación Soluciones de Campo, que ha sido crítica de entidades de antiguo arraigo en referencia a cómo respaldaron al sector agropecuario en la controversia con el gobernador Kicillof. Es cierto que la presión tributaria sobre el campo es absolutamente desmedida, además de discriminatoria, en relación con otros sectores por la magnitud de los derechos de exportación, vulgarmente conocidos como retenciones, que pesan sobre quienes producen materias y bienes con preponderante destino hacia el exterior. De modo que solo por una situación tan trabajada por la ansiedad en encontrar respuesta a demandas justas, y más en momentos en que la sobrevaluación del peso potencia los problemas señalados anteriormente, explica alguna agria alusión a entidades de tantas luchas encomiables por el campo como Carbap y las sociedades rurales que se han movilizado alrededor de estas cuestiones: las de Baradero, Rojas, Colón, Pergamino, Lincoln, y otras.
Otra vez nos encontramos, en el fondo, con asuntos derivados de la ausencia de una política debidamente concertada en materia de coparticipación federal, deuda que sucesivos gobiernos tienen con la reforma constitucional de 1994. Esta dispuso, por una cláusula transitoria, que debía dictarse en dos años –o sea, en 1996– una ley nueva en reemplazo de la que se había sancionado en 1988, en tiempos del presidente Alfonsín. Ha habido, como se sabe, demasiada discrecionalidad en la relación entre el poder central y las provincias a raíz de la forma antojadiza con la que el primero remite las transferencias no automáticas a las provincias y a la ciudad capital.
Nos encontramos, una vez más, con asuntos derivados de la ausencia de una política concertada en materia de coparticipación federal, deuda que los sucesivos gobiernos mantienen desde 1996
En Buenos Aires gravita, además, sobre los campos el impuesto a los ingresos brutos, que alcanza en casos de arrendamiento un absurdo 5% y un 1% cuando los ingresos son por resultados obtenidos en campo propio. Hablamos del más absurdo de los impuestos, como es común calificarlo entre profesionales especializados en tributos, pues se paga por añadidura a los de ganancias e IVA.
Si desde mediados de año el gobernador de Buenos Aires ha percibido los efectos de una silenciosa rebeldía fiscal no habrá tenido motivos para sorprenderse. Debe saber bien que las sociedades producen en determinadas circunstancias un efecto difícil de esquivar: cuanto mayor es una alícuota impositiva, o notoriamente grosera su demasía, eso se refleja directamente en un mayor porcentaje de contribuyentes que con razón no comparecen a pagar.
Animados por el impulso de Cristina Boubee, productora de Azul, sesenta productores de la provincia de Buenos Aires interpusieron medidas cautelares contra el aumento del ciento por ciento en la cuarta cuota del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. Se han sumado ahora otros más, hasta llegar a cerca de cien: ganaderos y chacareros hartos de que el gobierno de Axel Kicillof –cuándo no– atropelle su patrimonio y capacidad productiva con impuestos inconsultos y abusivos.
Ha habido hasta ahora dos respuestas coincidentes, en diferentes juzgados de la provincia, haciendo saber a los presentantes que deben “redireccionar” la acción interpuesta en defensa de sus intereses, expoliados al punto de la confiscación. Es decir, no se ha rechazado en términos jurídicos lo alegado, pero en los dos casos los magistrados intervinientes consideraron que debían expresar las posiciones alegadas por otras vías abiertas por el orden normativo.
Haber aumentado la cuarta cuota de lo que los especialistas denominan impuesto territorial, porque grava una alícuota del espacio correspondiente a cada uno de los 24 distritos políticos del país, equivale por magnitud a una quinta cuota
Los problemas del campo con el gobernador son de principios y fundados en hechos concretos. Si en los corrillos de su propio partido –el Partido Justicialista– se lo tilda de “el Comunista” en circunstancias en que libra un enfrentamiento con la expresidenta Cristina Kirchner, tal vez sea por los antecedentes doctrinarios con los que se sumó al movimiento fundado por Juan Perón. Allí dentro se conocerán mejor que en otros lados esos antecedentes y el espíritu que todavía rezuma de ellos. No hay razones para que se discuta aquel apelativo desde otras tribunas, más allá de la desconfianza natural que en la actividad agropecuaria se ha sentido de ordinario por este gobernador aspirante a presidir el país en 2027.
Lo cierto es que Kicillof, en violación del límite que la Legislatura bonaerense había impuesto a su política tributaria a principios de año, elevó el impuesto inmobiliario hasta el 300/400% y, en algunos casos, rozó el 700%. Vale decir que, por cuenta propia, vulneró el tope del ya por sí elevado 200% fijado por la Legislatura bonaerense y avanzó manifiestamente por encima del curso inflacionario. Si bien es cierto que de junio de 2023 a junio de 2024 el crecimiento inflacionario interanual fue del 271%, vemos también que la tendencia a la baja se expresó de noviembre a noviembre en términos incuestionablemente rotundos: 170%.
Resulta pasmosa la discrecionalidad de la relación entre el poder central y las provincias a raíz de la forma antojadiza con la que el primero remite las transferencias automáticas
Se trata de números que reflejan uno de los resultados más positivos de la gestión presidencial de Javier Milei. Enero arrancó con el 20,6% de aumento de los precios al consumidor y los meses siguientes indicaron un descenso gradual, pero sostenido: 13,2 en febrero, ll% en marzo, 8,8 en abril, y así hasta el 2,4% de noviembre, con un índice interanual en los primeros once meses del 112%.
Lo natural hubiera sido que la impaciencia recaudatoria del gobernador bonaerense aguardara, según las mejores tradiciones, hasta comienzos de 2025 a fin de evaluar la situación fiscal de la provincia a la luz de los resultados finales del año por terminar en días más. Haber aumentado la cuarta cuota de lo que los especialistas denominan impuesto territorial, porque grava una alícuota del espacio correspondiente a cada uno de los 24 distritos políticos del país, equivale por magnitud a una quinta cuota.
Ya Buenos Aires figuraba entre los distritos donde este tributo tiene tasas más altas. Compite en ese sentido con Entre Ríos y Santa Fe. Córdoba está ahora algo por debajo de lo que supo estar en el pasado y, bastante más aún, en cuanto a los valores que impone a los predios urbanos.
En Buenos Aires gravita, además, el impuesto a los ingresos brutos, el más absurdo de todos
Muchos de los productores acaudillados por la señora Boubee actúan en la agrupación Soluciones de Campo, que ha sido crítica de entidades de antiguo arraigo en referencia a cómo respaldaron al sector agropecuario en la controversia con el gobernador Kicillof. Es cierto que la presión tributaria sobre el campo es absolutamente desmedida, además de discriminatoria, en relación con otros sectores por la magnitud de los derechos de exportación, vulgarmente conocidos como retenciones, que pesan sobre quienes producen materias y bienes con preponderante destino hacia el exterior. De modo que solo por una situación tan trabajada por la ansiedad en encontrar respuesta a demandas justas, y más en momentos en que la sobrevaluación del peso potencia los problemas señalados anteriormente, explica alguna agria alusión a entidades de tantas luchas encomiables por el campo como Carbap y las sociedades rurales que se han movilizado alrededor de estas cuestiones: las de Baradero, Rojas, Colón, Pergamino, Lincoln, y otras.
Otra vez nos encontramos, en el fondo, con asuntos derivados de la ausencia de una política debidamente concertada en materia de coparticipación federal, deuda que sucesivos gobiernos tienen con la reforma constitucional de 1994. Esta dispuso, por una cláusula transitoria, que debía dictarse en dos años –o sea, en 1996– una ley nueva en reemplazo de la que se había sancionado en 1988, en tiempos del presidente Alfonsín. Ha habido, como se sabe, demasiada discrecionalidad en la relación entre el poder central y las provincias a raíz de la forma antojadiza con la que el primero remite las transferencias no automáticas a las provincias y a la ciudad capital.
Nos encontramos, una vez más, con asuntos derivados de la ausencia de una política concertada en materia de coparticipación federal, deuda que los sucesivos gobiernos mantienen desde 1996
En Buenos Aires gravita, además, sobre los campos el impuesto a los ingresos brutos, que alcanza en casos de arrendamiento un absurdo 5% y un 1% cuando los ingresos son por resultados obtenidos en campo propio. Hablamos del más absurdo de los impuestos, como es común calificarlo entre profesionales especializados en tributos, pues se paga por añadidura a los de ganancias e IVA.
Si desde mediados de año el gobernador de Buenos Aires ha percibido los efectos de una silenciosa rebeldía fiscal no habrá tenido motivos para sorprenderse. Debe saber bien que las sociedades producen en determinadas circunstancias un efecto difícil de esquivar: cuanto mayor es una alícuota impositiva, o notoriamente grosera su demasía, eso se refleja directamente en un mayor porcentaje de contribuyentes que con razón no comparecen a pagar.
No debería sorprenderse el mandatario bonaerense cuando percibe los efectos de una rebeldía fiscal: su voracidad recaudatoria está cruzando todos los límites LA NACION
