La tensión en la Corte Suprema de Justicia está en su punto más alto. Encaminada a funcionar con tres miembros si no avanzan los pliegos que propuso el Gobierno, se ahondó una fuerte interna entre Ricardo Lorenzetti, por un lado, y Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (pronto a jubilarse, el 29 de diciembre), quienes salieron a responder con dureza las críticas que vertió su colega contra ellos.

El escándalo de las últimas horas arrancó cuando Lorenzetti, propulsor de la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema, entendió que unas movidas de Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda habían sido adrede para obstaculizar el desembarco de su protegido y también de Manuel García-Mansilla, los dos jueces que el gobierno de Javier Milei quiere introducir en el máximo tribunal y que no consiguieron todavía el aval del Senado.

Incluso con amenazas de presentar denuncias, Lorenzetti acusó a los demás magistrados de actuar de forma “ilegal” cuando firmaron una serie de acordadas, entre ellas, para darle mayor poder al secretario general de Administración de la Corte, lo que más le molestó.

A través de esta decisión, sus colegas en mayoría delegaron en Gerardo Gabriel Prataviera, que cumple ese rol, la gestión de las licencias, las prórrogas de contratos, la afectación de vehículos y las autorizaciones para ejercer la docencia, entre otras acciones que antes desempeñaban los jueces. Esto es importante porque -en caso de ser designado por decreto- Lijo debería pedirse una licencia en el juzgado federal que comanda para después asumir en la Corte y Prataviera podría no concedérsela.

Lorenzetti vio ahí una jugada y estalló contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. En su disidencia escribió que la decisión es ilegal porque desde ahora “no son los jueces los que deciden, sino un funcionario”, y aseguró que la intención de sus colegas con esto es que los nuevos integrantes del tribunal “no tengan ninguna participación en los temas que les interesan a los integrantes del Poder Judicial”. Fue una alusión a la posible llegada de Lijo o García-Mansilla, que quedarán “condicionados”, según Lorenzetti.

Asimismo, en otra acordada, sus tres compañeros decidieron crear un nuevo cargo de secretario para que el actual funcionario del tribunal Silenio Cárdenas se desempeñe hasta su retiro. En tanto, lo que hasta ahora hacía Cárdenas pasará bajo la órbita de Asunción Mabel Vieito Ferreiro. Ante esto, Lorenzetti cuestionó la cantidad “increíble” de oficinas sin sentido que se constituyeron, lo que tildó como algo “nunca visto” en la historia del Tribunal. Además, y en tándem con los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien le endilgó una supuesta lentitud para resolver sentencias a la Corte, Lorenzetti aprovechó para criticar la presidencia de Rosatti y habló de una “función mínima” del máximo tribunal.

Una dura respuesta

La réplica de la tríada no tardó en llegar. Lo hicieron a través de un informe que publicaron en la cuenta oficial de la Corte bajo un título suspicaz: “La Corte bate récords con la misma dotación de personal”. Ahí aseguraron que llevan dictadas en lo que va del año 12.250 sentencias, cuando Lorenzetti habló de solo 53 con fundamentos propios y Francos marcó como “lamentable” que el máximo tribunal tarde “15 o 20 años” para decidir.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerrará el año con un récord histórico de sentencias dictadas: ya superó los 12.250 fallos, alcanzando más de 20.200 causas resueltas. En el comparativo interanual, en 2023 el máximo tribunal dictó 10.024 sentencias, mientras que en 2022 fueron 8050″, desglosaron los tres cortesanos, con cifras que fueron en sí una respuesta política.

Asimismo, aseguraron que el incremento de sentencias vino acompañado de dos circunstancias: que estuvieron integrados por solo cuatro miembros, cuando deberían tener cinco por normativa, y que “la dotación de personal se mantuvo relativamente estable”. Esto en contra de los dichos de Lorenzetti, quien señaló “oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo, secretarios letrados y acordadas para vaciar la decisión del plenario de los jueces delegándolas a secretarios que obedecen a un ministro”.

Mientras tanto, sus tres colegas plantearon que, a noviembre de este año, el personal del máximo tribunal era de 2471 personas, cuando en 2023 fueron 2484 y, en 2022, 2446. “A modo comparativo, en 2017 la Corte dictó 7401 sentencias, con una dotación de 2558 empleados e integración plena”, dijeron, en una comparación que también tuvo su trasfondo: en ese momento, Lorenzetti presidía el cuerpo.

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La tensión en la Corte Suprema de Justicia está en su punto más alto. Encaminada a funcionar con tres miembros si no avanzan los pliegos que propuso el Gobierno, se ahondó una fuerte interna entre Ricardo Lorenzetti, por un lado, y Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda (pronto a jubilarse, el 29 de diciembre), quienes salieron a responder con dureza las críticas que vertió su colega contra ellos.

El escándalo de las últimas horas arrancó cuando Lorenzetti, propulsor de la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema, entendió que unas movidas de Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda habían sido adrede para obstaculizar el desembarco de su protegido y también de Manuel García-Mansilla, los dos jueces que el gobierno de Javier Milei quiere introducir en el máximo tribunal y que no consiguieron todavía el aval del Senado.

Incluso con amenazas de presentar denuncias, Lorenzetti acusó a los demás magistrados de actuar de forma “ilegal” cuando firmaron una serie de acordadas, entre ellas, para darle mayor poder al secretario general de Administración de la Corte, lo que más le molestó.

A través de esta decisión, sus colegas en mayoría delegaron en Gerardo Gabriel Prataviera, que cumple ese rol, la gestión de las licencias, las prórrogas de contratos, la afectación de vehículos y las autorizaciones para ejercer la docencia, entre otras acciones que antes desempeñaban los jueces. Esto es importante porque -en caso de ser designado por decreto- Lijo debería pedirse una licencia en el juzgado federal que comanda para después asumir en la Corte y Prataviera podría no concedérsela.

Lorenzetti vio ahí una jugada y estalló contra Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda. En su disidencia escribió que la decisión es ilegal porque desde ahora “no son los jueces los que deciden, sino un funcionario”, y aseguró que la intención de sus colegas con esto es que los nuevos integrantes del tribunal “no tengan ninguna participación en los temas que les interesan a los integrantes del Poder Judicial”. Fue una alusión a la posible llegada de Lijo o García-Mansilla, que quedarán “condicionados”, según Lorenzetti.

Asimismo, en otra acordada, sus tres compañeros decidieron crear un nuevo cargo de secretario para que el actual funcionario del tribunal Silenio Cárdenas se desempeñe hasta su retiro. En tanto, lo que hasta ahora hacía Cárdenas pasará bajo la órbita de Asunción Mabel Vieito Ferreiro. Ante esto, Lorenzetti cuestionó la cantidad “increíble” de oficinas sin sentido que se constituyeron, lo que tildó como algo “nunca visto” en la historia del Tribunal. Además, y en tándem con los dichos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien le endilgó una supuesta lentitud para resolver sentencias a la Corte, Lorenzetti aprovechó para criticar la presidencia de Rosatti y habló de una “función mínima” del máximo tribunal.

Una dura respuesta

La réplica de la tríada no tardó en llegar. Lo hicieron a través de un informe que publicaron en la cuenta oficial de la Corte bajo un título suspicaz: “La Corte bate récords con la misma dotación de personal”. Ahí aseguraron que llevan dictadas en lo que va del año 12.250 sentencias, cuando Lorenzetti habló de solo 53 con fundamentos propios y Francos marcó como “lamentable” que el máximo tribunal tarde “15 o 20 años” para decidir.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerrará el año con un récord histórico de sentencias dictadas: ya superó los 12.250 fallos, alcanzando más de 20.200 causas resueltas. En el comparativo interanual, en 2023 el máximo tribunal dictó 10.024 sentencias, mientras que en 2022 fueron 8050″, desglosaron los tres cortesanos, con cifras que fueron en sí una respuesta política.

Asimismo, aseguraron que el incremento de sentencias vino acompañado de dos circunstancias: que estuvieron integrados por solo cuatro miembros, cuando deberían tener cinco por normativa, y que “la dotación de personal se mantuvo relativamente estable”. Esto en contra de los dichos de Lorenzetti, quien señaló “oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo, secretarios letrados y acordadas para vaciar la decisión del plenario de los jueces delegándolas a secretarios que obedecen a un ministro”.

Mientras tanto, sus tres colegas plantearon que, a noviembre de este año, el personal del máximo tribunal era de 2471 personas, cuando en 2023 fueron 2484 y, en 2022, 2446. “A modo comparativo, en 2017 la Corte dictó 7401 sentencias, con una dotación de 2558 empleados e integración plena”, dijeron, en una comparación que también tuvo su trasfondo: en ese momento, Lorenzetti presidía el cuerpo.

 El máximo tribunal informó la cantidad de causas resueltas este año y el total de empleados que tiene; los datos se difundieron tras la arremetida del extitular de ese órgano judicial; antes, el jefe de Gabinete sostuvo que no puede funcionar con tres jueces  LA NACION

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