La fiscalía pidió que vayan a juicio oral Eduardo Belliboni y otros 17 acusados de extorsión y fraude al Estado
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que se eleve a juicio oral la causa contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 17 acusados de haber extorsionado a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y de haber defraudado al Estado. El caso investiga un presunto desvío de fondos que estaban destinados a la asistencia social y se habrían usado, en cambio, con fines partidarios.
Según el Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían instaurado “entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica” y habrían defraudado al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”.
Además de pedir la elevación a juicio, el fiscal Pollicita solicitó que se profundice la investigación respecto de otras personas por las mismas conductas, y por asociación ilícita y lavado de dinero.
Antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, había rechazado los recursos presentados por las defensas de los dirigentes procesados del Polo Obrero; entre ellos, Belliboni. La causa avanza además contra dos acusados de la agrupación Barrios de Pie.
Los procesamientos confirmados fueron dictados el año pasado por el juez federal Sebastián Casanello, en una resolución que fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, que agravó la situación judicial de los miembros del Polo Obrero, al añadir el delito de amenazas coactivas y extorsión al de administración fraudulenta. Fue en línea con lo que habían solicitado Pollicita, que fue el fiscal que instruyó la causa, y el fiscal ante la Cámara José Agüero Iturbe.
El presunto desvío por el cual serán juzgados los piqueteros se realizaba a través de una maniobra que incluía supuestas facturas falsas presentadas ante el Estado como justificaciones de gastos por los recursos que recibían y presuntas empresas fantasmas ligadas al Polo Obrero, como Rumbos y Coxtex SA.
Además de Belliboni, del Polo Obrero están procesados María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Adrián Albornoz, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Adrián Coeg. Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, también procesadas, son integrantes de la agrupación Barrios de Pie.
La defensa de algunos de los implicados afirmó que el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado no existió, en tanto las arcas públicas no se vieron afectadas. Adujeron también que la causa enmarcó en un “proceso altamente mediático y estigmatizante” y que no tuvieron acceso total a la prueba. Cuestionaron no haber podido “controlar” las declaraciones de los testigos de identidad reservada que traccionaron el inicio del expediente.
La Cámara de Casación rechazó sus planteos. “Aquí se verificó que los cheques consignados en las facturas presentadas ante el organismo estatal no fueron cobrados por estas personas físicas y jurídicas sino que, y de ahí el desvío indirecto, terminaron acreditados en las cuentas de Rumbos y, por lo tanto, volviendo a la organización”, sostuvo el fallo de la Cámara en alusión a una de las firmas involucradas en la operatoria. “El caso más paradigmático –remarcaron los jueces que sellaron la suerte de los acusados del Polo Obrero– es el de la firma Coxtex SA, que se determinó que no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y movimientos bancarios, y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas en el año 2020″.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que se eleve a juicio oral la causa contra el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otros 17 acusados de haber extorsionado a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo y de haber defraudado al Estado. El caso investiga un presunto desvío de fondos que estaban destinados a la asistencia social y se habrían usado, en cambio, con fines partidarios.
Según el Ministerio Público Fiscal, los imputados habrían instaurado “entre junio de 2020 y marzo de 2024 una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica” y habrían defraudado al Estado “con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”.
Además de pedir la elevación a juicio, el fiscal Pollicita solicitó que se profundice la investigación respecto de otras personas por las mismas conductas, y por asociación ilícita y lavado de dinero.
Antes de la feria judicial, la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, había rechazado los recursos presentados por las defensas de los dirigentes procesados del Polo Obrero; entre ellos, Belliboni. La causa avanza además contra dos acusados de la agrupación Barrios de Pie.
Los procesamientos confirmados fueron dictados el año pasado por el juez federal Sebastián Casanello, en una resolución que fue parcialmente confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones, que agravó la situación judicial de los miembros del Polo Obrero, al añadir el delito de amenazas coactivas y extorsión al de administración fraudulenta. Fue en línea con lo que habían solicitado Pollicita, que fue el fiscal que instruyó la causa, y el fiscal ante la Cámara José Agüero Iturbe.
El presunto desvío por el cual serán juzgados los piqueteros se realizaba a través de una maniobra que incluía supuestas facturas falsas presentadas ante el Estado como justificaciones de gastos por los recursos que recibían y presuntas empresas fantasmas ligadas al Polo Obrero, como Rumbos y Coxtex SA.
Además de Belliboni, del Polo Obrero están procesados María Isolda Dotti, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Cynthia Delgado Vilches, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Roberto Adrián Albornoz, Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz, Ezequiel Adrián Coeg. Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia, también procesadas, son integrantes de la agrupación Barrios de Pie.
La defensa de algunos de los implicados afirmó que el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado no existió, en tanto las arcas públicas no se vieron afectadas. Adujeron también que la causa enmarcó en un “proceso altamente mediático y estigmatizante” y que no tuvieron acceso total a la prueba. Cuestionaron no haber podido “controlar” las declaraciones de los testigos de identidad reservada que traccionaron el inicio del expediente.
La Cámara de Casación rechazó sus planteos. “Aquí se verificó que los cheques consignados en las facturas presentadas ante el organismo estatal no fueron cobrados por estas personas físicas y jurídicas sino que, y de ahí el desvío indirecto, terminaron acreditados en las cuentas de Rumbos y, por lo tanto, volviendo a la organización”, sostuvo el fallo de la Cámara en alusión a una de las firmas involucradas en la operatoria. “El caso más paradigmático –remarcaron los jueces que sellaron la suerte de los acusados del Polo Obrero– es el de la firma Coxtex SA, que se determinó que no tenía sede social ni comercial, carecía de una actividad real y movimientos bancarios, y fue calificada por la AFIP como una usina de facturas apócrifas en el año 2020″.
El fiscal Gerardo Pollicita consideró que el líder del Polo Obrero y los demás imputados que tienen sus procesamientos confirmados deben enfrentar a un tribunal; la causa investiga desmanejos con el Plan Potenciar Trabajo LA NACION
