Cristina Kirchner apeló su condena por el caso Vialidad: apuntó contra jueces y fiscales, se despegó de la corrupción en Santa Cruz y pidió ser absuelta
En el marco de la causa conocida como Vialidad, Cristina Kirchner apeló hoy el fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó su condena a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta en diciembre de 2022 por Tribunal Federal N° 2, que la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por haber direccionado los contratos en la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. La expresidenta le pidió a la Corte Suprema que revise la sentencia, la revoque y declare su absolución.
En el escrito, la expresidenta denunció que su derecho a la defensa fue violado de múltiples maneras. “No se observaron reglas básicas del sistema acusatorio que rige en materia penal; se infringió el principio de congruencia; se denegó prueba necesaria y conducente para la resolución del pleito; se impidió controlar prueba de cargo dirimente para fundar la condena y se ha violentado el principio de la cosa juzgada”, detalla el texto.
La expresidenta se despachó con una avalancha de criticas hacia los distintos jueces y fiscales que intervinieron durante todo el proceso, cargado de “arbitrariedades” y “contradicciones”, según valora en diversos tramos de la presentación.
“Se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que recae sobre el Ministerio Público Fiscal”, denunció en el escrito, que lleva el patrocinio de abogado en este expediente, Carlos Alberto Beraldi.
“El fiscal ad hoc que intervino en la etapa instructoria (por Ignacio Maiques) es hermano de quien, por entonces, actuaba como Subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (por Juan Bautista Mahiques); la esposa del Dr. Ercolini (por Julián Ercolini), mientras éste desarrollaba sus tareas como juez instructor, se desempeñaba como asesora del referido Ministerio, querellante en la causa a través de la OA”, señala el texto.
“El fiscal [Diego] Luciani y el juez [Rodrigo] Giménez Uriburu integraban un equipo de fútbol denominado La Liverpool que realizaba prácticas deportivas en una quinta perteneciente al por entonces Presidente Macri; los jueces [Jorge] Gorini y Giménez Uriburu visitaron a la Lic. Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando ya había sido propuesta como testigo en este proceso”, agrega.
Y sigue: “El fiscal Mola visitó la Casa de Gobierno y la sede de la AFI en reiteradas oportunidades; el juez Ercolini realizó el referido viaje hacia Lago Escondido; los jueces [Gustavo] Hornos y [Mariano] Borinsky mantuvieron reiterados encuentros con el Ing. Macri en la Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos, sin que existieran motivos oficiales que los justificaran”.
Además, la expresidenta se despojó de cualquier responsabilidad respecto a lo que pudo haber ocurrido con la obra pública en la provincia de Santa Cruz. “Se le ha atribuido el quebrantamiento de deberes que ni la Constitución Nacional, ni la ley, ni ninguna otra norma jurídica le imponían y por ende se violó el principio de legalidad sustantiva”, señala el texto.
Uno de los principales argumentos que esgrime la defensa de Cristina Kirchner es que no es el presidente sino el jefe de Gabinete el responsable de la obra pública. “El art. 100 de la Constitución Nacional pone en cabeza del Jefe de Gabinete ejercer la administración general 24 del país (inc. 1) y ejecutar la ley de presupuesto nacional (inc. 7), quedando habilitado para dictar las normas reglamentarias necesarias (ley 26.124)”,
“Se trata pues de competencias asignadas constitucionalmente que tienen relación directa e inmediata con las cuestiones atinentes a esta causa”, señala el texto, que agrega que ninguna de las declaraciones testimoniales que volcaron los jefes de gabinetes en el periodo investigado (Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich) se aseguró algun tipo de “interferencias por parte de CFK”, dice el texto.
Noticia en desarrollo
En el marco de la causa conocida como Vialidad, Cristina Kirchner apeló hoy el fallo de la Cámara de Casación Penal que confirmó su condena a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, impuesta en diciembre de 2022 por Tribunal Federal N° 2, que la encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por haber direccionado los contratos en la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. La expresidenta le pidió a la Corte Suprema que revise la sentencia, la revoque y declare su absolución.
En el escrito, la expresidenta denunció que su derecho a la defensa fue violado de múltiples maneras. “No se observaron reglas básicas del sistema acusatorio que rige en materia penal; se infringió el principio de congruencia; se denegó prueba necesaria y conducente para la resolución del pleito; se impidió controlar prueba de cargo dirimente para fundar la condena y se ha violentado el principio de la cosa juzgada”, detalla el texto.
La expresidenta se despachó con una avalancha de criticas hacia los distintos jueces y fiscales que intervinieron durante todo el proceso, cargado de “arbitrariedades” y “contradicciones”, según valora en diversos tramos de la presentación.
“Se ha lesionado la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que recae sobre el Ministerio Público Fiscal”, denunció en el escrito, que lleva el patrocinio de abogado en este expediente, Carlos Alberto Beraldi.
“El fiscal ad hoc que intervino en la etapa instructoria (por Ignacio Maiques) es hermano de quien, por entonces, actuaba como Subsecretario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (por Juan Bautista Mahiques); la esposa del Dr. Ercolini (por Julián Ercolini), mientras éste desarrollaba sus tareas como juez instructor, se desempeñaba como asesora del referido Ministerio, querellante en la causa a través de la OA”, señala el texto.
“El fiscal [Diego] Luciani y el juez [Rodrigo] Giménez Uriburu integraban un equipo de fútbol denominado La Liverpool que realizaba prácticas deportivas en una quinta perteneciente al por entonces Presidente Macri; los jueces [Jorge] Gorini y Giménez Uriburu visitaron a la Lic. Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando ya había sido propuesta como testigo en este proceso”, agrega.
Y sigue: “El fiscal Mola visitó la Casa de Gobierno y la sede de la AFI en reiteradas oportunidades; el juez Ercolini realizó el referido viaje hacia Lago Escondido; los jueces [Gustavo] Hornos y [Mariano] Borinsky mantuvieron reiterados encuentros con el Ing. Macri en la Casa de Gobierno y en la Quinta de Olivos, sin que existieran motivos oficiales que los justificaran”.
Además, la expresidenta se despojó de cualquier responsabilidad respecto a lo que pudo haber ocurrido con la obra pública en la provincia de Santa Cruz. “Se le ha atribuido el quebrantamiento de deberes que ni la Constitución Nacional, ni la ley, ni ninguna otra norma jurídica le imponían y por ende se violó el principio de legalidad sustantiva”, señala el texto.
Uno de los principales argumentos que esgrime la defensa de Cristina Kirchner es que no es el presidente sino el jefe de Gabinete el responsable de la obra pública. “El art. 100 de la Constitución Nacional pone en cabeza del Jefe de Gabinete ejercer la administración general 24 del país (inc. 1) y ejecutar la ley de presupuesto nacional (inc. 7), quedando habilitado para dictar las normas reglamentarias necesarias (ley 26.124)”,
“Se trata pues de competencias asignadas constitucionalmente que tienen relación directa e inmediata con las cuestiones atinentes a esta causa”, señala el texto, que agrega que ninguna de las declaraciones testimoniales que volcaron los jefes de gabinetes en el periodo investigado (Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich) se aseguró algun tipo de “interferencias por parte de CFK”, dice el texto.
Noticia en desarrollo
La expresidenta denunció en el escrito que su derecho a la defensa se vio violentado de múltiples maneras; remarco presuntos lazos de la Justicia Federal con el expresidente Mauricio Macri LA NACION
