Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) –declarada ayer organización terrorista mediante una resolución firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich–, difundió un video sobre la autoría de los incendios en la Patagonia con motivo de la presentación de Entre rejas, su último libro: “Reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista de las transnacionales, de los terratenientes”, sostuvo, antes de rectificarse negando que sus seguidores estuvieran prendiendo fuego los bosques donde –destaca– vive “su gente”.
Cabe recordar que desde hace décadas la RAM utiliza la metodología del estrago mediante incendios como herramienta de presión política.
Los antecedentes de este lonko weichafe (guerrero) en la materia son frondosos, con participación en ataques incendiarios en Chile, en 2013, que le valieron una condena a 9 años de prisión. El gobierno de Gabriel Boric lo expulsó luego de que la Corte Suprema local indicara que estaba detenido “ilegalmente”, por un tiempo superior al que se le obligó, y nuestro generoso país volvió a abrirle las puertas en agosto pasado a quien se presenta diciendo: “Soy revolucionario, anticapitalista, antisistema”, y reivindicando la lucha armada.
Quedó probado en el juicio que se llevó contra este siniestro personaje en Chile, tras ser extraditado en 2018, que recibió instrucción de Cuba y financiamiento europeo. Durante la gestión kirchnerista, los seudomapuches recibieron también protección y financiamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tal como revelaron dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El dinero del Estado no se destinó a realizar obras, sino a pagar honorarios a abogados luego de la ocupación violenta de terrenos.
Años y años de nefastos avales políticos de todo tipo solo contribuyeron a que principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y las autonomías provinciales quedaran pisoteados bajo el accionar de estos grupos violentos que atentan gravemente contra nuestra soberanía
El actual gobierno ha señalado nuevamente a ese grupo seudomapuche como autor de los incendios que arrasan miles y miles de hectáreas en el sur del país.
“La RAM representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”, expresa la resolución firmada por Bullrich, que deberá ser refrendada por la Cancillería conforme los pasos legales necesarios para incorporar a una agrupación en la lista de actividades terroristas.
El Código Penal dispone penas de entre 5 y 20 años de prisión para quienes integren una organización terrorista.
Años de avales políticos de todo tipo solo contribuyeron a que principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial quedaran pisoteados bajo el accionar de estos grupos violentos que atentaron gravemente contra la soberanía nacional. En 2021, el propio embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, fue severamente criticado por haber defendido a Jones Huala en una audiencia, según se intentó justificar, “para garantizar la regularidad del proceso”.
El mes pasado, la Policía de Río Negro había detenido a Jones Huala en El Bolsón cuando intentaba robar unos vehículos a las 4 de la mañana, para liberarlo luego sin imputarlo. A raíz de sus dichos reivindicatorios de los atentados ya fue denunciado penalmente por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien atribuyó los focos ígneos a grupos mapuches, calificó de “imbécil” a Jones Huala por envalentonar a jóvenes en pos de una falsa lucha ideológica, poniendo vidas en juego. No fue el primero en insistir en que debería estar preso.
El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, responsabilizó a los seudomapuches por los grandes incendios que afectan a Chubut, Río Negro y Neuquén y relacionó esos ataques como respuesta a las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad Nacional relativas a la recuperación de terrenos usurpados por falsas comunidades e incluso con el corte de los subsidios que recibían.
Con las leyes de reiterancia y reincidencia, ya aprobadas por Diputados y que esperan ser debatidas la semana próxima en la Cámara alta, los delitos federales cometidos por el líder de la RAM lo pondrían a la sombra.
Ebrio y vestido con ropa de mujer, Jones Huala había sido detenido en una vivienda tomada por la fuerza en El Bolsón en febrero de 2023, después de permanecer prófugo de la Justicia chilena, gracias a la complicidad de muchos durante más de casi un año. Al ser detenido, dijo que se sentía avergonzado y que había cometido una falta grave a la autodisciplina, no sin acusar al gobierno nacional de persecución política.
Desde hace más de 5000 años, los aguerridos mapuches, originarios de Chile, están en América. No hay registros históricos de asentamientos en nuestro país hasta su posterior arribo a estas tierras, donde asolaron a las tribus originarias para traficar sus mercancías y ganado.
Comunidades mapuches de la zona de Junín de los Andes, desde el Valle de Magdalena, piden ayuda para enfrentar los incendios que destruyen sus bosques, claves para su sostenimiento. Quienes pretenden apropiarse de una identidad ajena con viles fines e indignantes arengas quedan claramente expuestos en sus comportamientos. No podemos permitir que el terrorismo ambiental destruya nuestro tan valioso como irrecuperable patrimonio natural.
En la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial fueron declarados cumplidos los requisitos para inscribir a la RAM en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (Repet).
Se estableció, además, que desde que se derogó el decreto que impedía los desalojos de tierras usurpadas, una situación que se extendió de manera inconcebible durante 18 años, los incendios en los bosques del sur argentino, especialmente en Neuquén, Río Negro y Chubut, fueron en aumento y que, en diversos casos, se probó que se iniciaron de manera intencional y que abundan las denuncias en tal sentido.
El Gobierno ha dado un paso importante en la lucha contra estos delincuentes que atentan contra la naturaleza, las personas y la seguridad pública, apropiándose y destruyendo bienes que no les pertenecen.
Como certeramente señaló días atrás un lector de LA NACION, personajes como Jones Huala deben ser expulsados o confinados a una cárcel de verdad.
Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) –declarada ayer organización terrorista mediante una resolución firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich–, difundió un video sobre la autoría de los incendios en la Patagonia con motivo de la presentación de Entre rejas, su último libro: “Reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista de las transnacionales, de los terratenientes”, sostuvo, antes de rectificarse negando que sus seguidores estuvieran prendiendo fuego los bosques donde –destaca– vive “su gente”.
Cabe recordar que desde hace décadas la RAM utiliza la metodología del estrago mediante incendios como herramienta de presión política.
Los antecedentes de este lonko weichafe (guerrero) en la materia son frondosos, con participación en ataques incendiarios en Chile, en 2013, que le valieron una condena a 9 años de prisión. El gobierno de Gabriel Boric lo expulsó luego de que la Corte Suprema local indicara que estaba detenido “ilegalmente”, por un tiempo superior al que se le obligó, y nuestro generoso país volvió a abrirle las puertas en agosto pasado a quien se presenta diciendo: “Soy revolucionario, anticapitalista, antisistema”, y reivindicando la lucha armada.
Quedó probado en el juicio que se llevó contra este siniestro personaje en Chile, tras ser extraditado en 2018, que recibió instrucción de Cuba y financiamiento europeo. Durante la gestión kirchnerista, los seudomapuches recibieron también protección y financiamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), tal como revelaron dos recientes auditorías de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). El dinero del Estado no se destinó a realizar obras, sino a pagar honorarios a abogados luego de la ocupación violenta de terrenos.
Años y años de nefastos avales políticos de todo tipo solo contribuyeron a que principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y las autonomías provinciales quedaran pisoteados bajo el accionar de estos grupos violentos que atentan gravemente contra nuestra soberanía
El actual gobierno ha señalado nuevamente a ese grupo seudomapuche como autor de los incendios que arrasan miles y miles de hectáreas en el sur del país.
“La RAM representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”, expresa la resolución firmada por Bullrich, que deberá ser refrendada por la Cancillería conforme los pasos legales necesarios para incorporar a una agrupación en la lista de actividades terroristas.
El Código Penal dispone penas de entre 5 y 20 años de prisión para quienes integren una organización terrorista.
Años de avales políticos de todo tipo solo contribuyeron a que principios fundamentales como la propiedad privada, la seguridad jurídica y la autonomía provincial quedaran pisoteados bajo el accionar de estos grupos violentos que atentaron gravemente contra la soberanía nacional. En 2021, el propio embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, fue severamente criticado por haber defendido a Jones Huala en una audiencia, según se intentó justificar, “para garantizar la regularidad del proceso”.
El mes pasado, la Policía de Río Negro había detenido a Jones Huala en El Bolsón cuando intentaba robar unos vehículos a las 4 de la mañana, para liberarlo luego sin imputarlo. A raíz de sus dichos reivindicatorios de los atentados ya fue denunciado penalmente por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien atribuyó los focos ígneos a grupos mapuches, calificó de “imbécil” a Jones Huala por envalentonar a jóvenes en pos de una falsa lucha ideológica, poniendo vidas en juego. No fue el primero en insistir en que debería estar preso.
El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen, responsabilizó a los seudomapuches por los grandes incendios que afectan a Chubut, Río Negro y Neuquén y relacionó esos ataques como respuesta a las medidas implementadas por el Ministerio de Seguridad Nacional relativas a la recuperación de terrenos usurpados por falsas comunidades e incluso con el corte de los subsidios que recibían.
Con las leyes de reiterancia y reincidencia, ya aprobadas por Diputados y que esperan ser debatidas la semana próxima en la Cámara alta, los delitos federales cometidos por el líder de la RAM lo pondrían a la sombra.
Ebrio y vestido con ropa de mujer, Jones Huala había sido detenido en una vivienda tomada por la fuerza en El Bolsón en febrero de 2023, después de permanecer prófugo de la Justicia chilena, gracias a la complicidad de muchos durante más de casi un año. Al ser detenido, dijo que se sentía avergonzado y que había cometido una falta grave a la autodisciplina, no sin acusar al gobierno nacional de persecución política.
Desde hace más de 5000 años, los aguerridos mapuches, originarios de Chile, están en América. No hay registros históricos de asentamientos en nuestro país hasta su posterior arribo a estas tierras, donde asolaron a las tribus originarias para traficar sus mercancías y ganado.
Comunidades mapuches de la zona de Junín de los Andes, desde el Valle de Magdalena, piden ayuda para enfrentar los incendios que destruyen sus bosques, claves para su sostenimiento. Quienes pretenden apropiarse de una identidad ajena con viles fines e indignantes arengas quedan claramente expuestos en sus comportamientos. No podemos permitir que el terrorismo ambiental destruya nuestro tan valioso como irrecuperable patrimonio natural.
En la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial fueron declarados cumplidos los requisitos para inscribir a la RAM en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento (Repet).
Se estableció, además, que desde que se derogó el decreto que impedía los desalojos de tierras usurpadas, una situación que se extendió de manera inconcebible durante 18 años, los incendios en los bosques del sur argentino, especialmente en Neuquén, Río Negro y Chubut, fueron en aumento y que, en diversos casos, se probó que se iniciaron de manera intencional y que abundan las denuncias en tal sentido.
El Gobierno ha dado un paso importante en la lucha contra estos delincuentes que atentan contra la naturaleza, las personas y la seguridad pública, apropiándose y destruyendo bienes que no les pertenecen.
Como certeramente señaló días atrás un lector de LA NACION, personajes como Jones Huala deben ser expulsados o confinados a una cárcel de verdad.
Resulta un paso clave la decisión del gobierno nacional de declarar a los seudomapuches de la RAM como organización terrorista LA NACION
