Así es la nueva ley contra personas sin hogar en California y por la que algunos ciudadanos podrían ir a prisión
El Concejo Municipal de Fremont, California, aprobó una controvertida ordenanza que penaliza los acampes en propiedades públicas y privadas, así como la ayuda a personas sin hogar. Esta ley fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y proveedores de servicios, quienes argumentan que criminaliza la pobreza y dificulta la asistencia a quienes más lo necesitan.
¿Qué establece la nueva ley de Fremont?
La ordenanza, conocida como Capítulo 8.90 del Código Municipal de Fremont, prohíbe:
- Acampar en propiedades públicas o privadas sin permiso: esto incluye parques, veredas, calles y áreas cercanas a vías fluviales.
- Almacenar pertenencias personales en espacios públicos: las personas sin hogar no podrán dejar sus pertenencias en terrenos públicos.
- Ayudar o facilitar el acampe: cualquier persona que “cause, permita, ayude, incite u oculte” este tipo de actividades podría enfrentar multas de hasta 1000 dólares y hasta seis meses de cárcel.
De acuerdo con el medio local The San Francisco Standard, la ley fue aprobada por seis votos contra 1, con la vicealcaldesa Desrie Campbell como la única opositora. La funcionaria argumentó que la ciudad carece de suficientes refugios y recursos para ofrecer alternativas a las personas sin hogar.
El ayuntamiento citó preocupaciones de salud y seguridad pública para justificar la medida y aseguraron que entre 2022 y 2023 se identificaron 223 campamentos y se recolectaron 409 toneladas de basura.
Además, el recuento puntual de 2024 registró 614 personas sin hogar en Fremont, una reducción del 29% respecto a los 866 contabilizados dos años antes, según lo retomado por The San Francisco Standard.
A pesar de esta disminución, muchos residentes y funcionarios consideran que el problema no mejoró lo suficiente. Antes de la pandemia, menos de 500 personas dormían al aire libre o en vehículos en Fremont.
Las críticas a la nueva ley contra las personas sin hogar
Organizaciones de derechos humanos y proveedores de servicios expresaron su preocupación por el lenguaje confuso y poco claro de la ley de esta ciudad californiana, que podría criminalizar actividades como distribuir alimentos, ropa o atención médica a personas sin hogar.
- Criminalización de la pobreza: grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentaron en una carta que la ordenanza viola la Cuarta Enmienda, que protege contra confiscaciones injustas de propiedad.
- Impacto en proveedores de servicios: iglesias, organizaciones benéficas y equipos de medicina callejera temen que sus actividades sean consideradas ilegales bajo la nueva ley.
- Falta de alternativas: con refugios llenos y opciones limitadas de vivienda asequible, muchas personas sin hogar no tienen adónde ir.
Jenna Daugherty, líder de la organización Fremont for Everyone, calificó la medida como “excepcionalmente cruel”. Además, advirtió en una entrevista con San Francisco Chronicle que podría exponer a la ciudad a demandas costosas.
Lo que permite la nueva ordenanza en California
El alcalde Raj Salwan defendió la ordenanza, que fue aprobada el martes 11 de febrero y entrará en vigor en el 13 de marzo, y afirmó que su objetivo es mantener los espacios públicos accesibles y seguros para todos.
“Esta ordenanza no impide que las organizaciones proporcionen alimentos, agua o servicios esenciales a personas sin hogar”, sostuvo el mandatario local en un correo electrónico a la prensa.
El jefe de policía de Fremont, Sean Washington, aseguró que la intención no es arrestar a personas sin hogar, sino usar la ley como una herramienta para abordar situaciones extremas. “Solo recurriremos a esta ordenanza en casos de conflicto, peligro o problemas de seguridad”, explicó.
Mientras las autoridades argumentan que la medida busca proteger la salud y seguridad pública, organizaciones y defensores advierten que criminalizar la pobreza solo agravará el problema. De acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, en California más de 187 mil personas carecen de hogar.
El Concejo Municipal de Fremont, California, aprobó una controvertida ordenanza que penaliza los acampes en propiedades públicas y privadas, así como la ayuda a personas sin hogar. Esta ley fue duramente criticada por organizaciones de derechos humanos y proveedores de servicios, quienes argumentan que criminaliza la pobreza y dificulta la asistencia a quienes más lo necesitan.
¿Qué establece la nueva ley de Fremont?
La ordenanza, conocida como Capítulo 8.90 del Código Municipal de Fremont, prohíbe:
- Acampar en propiedades públicas o privadas sin permiso: esto incluye parques, veredas, calles y áreas cercanas a vías fluviales.
- Almacenar pertenencias personales en espacios públicos: las personas sin hogar no podrán dejar sus pertenencias en terrenos públicos.
- Ayudar o facilitar el acampe: cualquier persona que “cause, permita, ayude, incite u oculte” este tipo de actividades podría enfrentar multas de hasta 1000 dólares y hasta seis meses de cárcel.
De acuerdo con el medio local The San Francisco Standard, la ley fue aprobada por seis votos contra 1, con la vicealcaldesa Desrie Campbell como la única opositora. La funcionaria argumentó que la ciudad carece de suficientes refugios y recursos para ofrecer alternativas a las personas sin hogar.
El ayuntamiento citó preocupaciones de salud y seguridad pública para justificar la medida y aseguraron que entre 2022 y 2023 se identificaron 223 campamentos y se recolectaron 409 toneladas de basura.
Además, el recuento puntual de 2024 registró 614 personas sin hogar en Fremont, una reducción del 29% respecto a los 866 contabilizados dos años antes, según lo retomado por The San Francisco Standard.
A pesar de esta disminución, muchos residentes y funcionarios consideran que el problema no mejoró lo suficiente. Antes de la pandemia, menos de 500 personas dormían al aire libre o en vehículos en Fremont.
Las críticas a la nueva ley contra las personas sin hogar
Organizaciones de derechos humanos y proveedores de servicios expresaron su preocupación por el lenguaje confuso y poco claro de la ley de esta ciudad californiana, que podría criminalizar actividades como distribuir alimentos, ropa o atención médica a personas sin hogar.
- Criminalización de la pobreza: grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentaron en una carta que la ordenanza viola la Cuarta Enmienda, que protege contra confiscaciones injustas de propiedad.
- Impacto en proveedores de servicios: iglesias, organizaciones benéficas y equipos de medicina callejera temen que sus actividades sean consideradas ilegales bajo la nueva ley.
- Falta de alternativas: con refugios llenos y opciones limitadas de vivienda asequible, muchas personas sin hogar no tienen adónde ir.
Jenna Daugherty, líder de la organización Fremont for Everyone, calificó la medida como “excepcionalmente cruel”. Además, advirtió en una entrevista con San Francisco Chronicle que podría exponer a la ciudad a demandas costosas.
Lo que permite la nueva ordenanza en California
El alcalde Raj Salwan defendió la ordenanza, que fue aprobada el martes 11 de febrero y entrará en vigor en el 13 de marzo, y afirmó que su objetivo es mantener los espacios públicos accesibles y seguros para todos.
“Esta ordenanza no impide que las organizaciones proporcionen alimentos, agua o servicios esenciales a personas sin hogar”, sostuvo el mandatario local en un correo electrónico a la prensa.
El jefe de policía de Fremont, Sean Washington, aseguró que la intención no es arrestar a personas sin hogar, sino usar la ley como una herramienta para abordar situaciones extremas. “Solo recurriremos a esta ordenanza en casos de conflicto, peligro o problemas de seguridad”, explicó.
Mientras las autoridades argumentan que la medida busca proteger la salud y seguridad pública, organizaciones y defensores advierten que criminalizar la pobreza solo agravará el problema. De acuerdo con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, en California más de 187 mil personas carecen de hogar.
“Esta ordenanza no impide que las organizaciones proporcionen alimentos, agua o servicios esenciales a personas sin hogar”, sostuvo el mandatario local en un correo electrónico a la prensa. LA NACION
