La Justicia ordenó el traslado inmediato de presos condenados en la Ciudad a cárceles federales

El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencial y de Faltas N°23 se expidió este viernes sobre un recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y ordenó el traslado inmediato de las personas condenadas detenidas en comisarías y alcaidías porteñas a establecimientos penitenciarios federales. El juez Norberto Luis Circo argumentó que las condiciones de detención en estos lugares son “inadecuadas y violan derechos constitucionales”. La medida se da tras las recientes fugas de presos en territorio porteño.
“El exceso de detenidos condenados alojados en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad lo único que hace es deteriorar el sistema de detención. Es evidente que los condenados por la Justicia Nacional debieran ingresar directamente en la órbita del Servicio Penitenciario Federal no, así como en la actualidad, que permanecen en detención en lugares de la Ciudad, que deberían ser de uso exclusivo de esta Ciudad y de tránsito”, apuntó el magistrado.
Según se expresa en el fallo al que accedió LA NACION, hasta el 18 de febrero se encontraban alojadas 2455 personas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, “que no cuentan con las condiciones mínimas requeridas por la normativa nacional e internacional para la detención de personas condenadas”.
La definición de la Justicia se da luego que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaran esta semana el traslado a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), “lo más rápido posible”, de los detenidos con condena. Luego que las recientes fugas, desatara un tenso ida y vuelta entre Bullrich, y su par porteño, Waldo Wolff, a quien la funcionaria del Gobierno le endilgó los recientes episodios. “Todos los días se le escapa un preso, entonces no se hace cargo. Los presos son de la ciudad”, lanzó la funcionaria en diálogo con LN+.
Noticia en desarrollo
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencial y de Faltas N°23 se expidió este viernes sobre un recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y ordenó el traslado inmediato de las personas condenadas detenidas en comisarías y alcaidías porteñas a establecimientos penitenciarios federales. El juez Norberto Luis Circo argumentó que las condiciones de detención en estos lugares son “inadecuadas y violan derechos constitucionales”. La medida se da tras las recientes fugas de presos en territorio porteño.
“El exceso de detenidos condenados alojados en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad lo único que hace es deteriorar el sistema de detención. Es evidente que los condenados por la Justicia Nacional debieran ingresar directamente en la órbita del Servicio Penitenciario Federal no, así como en la actualidad, que permanecen en detención en lugares de la Ciudad, que deberían ser de uso exclusivo de esta Ciudad y de tránsito”, apuntó el magistrado.
Según se expresa en el fallo al que accedió LA NACION, hasta el 18 de febrero se encontraban alojadas 2455 personas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, “que no cuentan con las condiciones mínimas requeridas por la normativa nacional e internacional para la detención de personas condenadas”.
La definición de la Justicia se da luego que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaran esta semana el traslado a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), “lo más rápido posible”, de los detenidos con condena. Luego que las recientes fugas, desatara un tenso ida y vuelta entre Bullrich, y su par porteño, Waldo Wolff, a quien la funcionaria del Gobierno le endilgó los recientes episodios. “Todos los días se le escapa un preso, entonces no se hace cargo. Los presos son de la ciudad”, lanzó la funcionaria en diálogo con LN+.
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Más de 400 detenidos deben ser transportados debido a que las comisarías y alcaidías donde se encuentran son “inadecuadas y violan derechos constitucionales”, según el juez Norberto Luis Circo LA NACION