La Justicia ordenó el traslado inmediato de presos condenados en la Ciudad a cárceles federales
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencial y de Faltas N°23 se expidió este viernes sobre un recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y ordenó el traslado inmediato de las personas condenadas detenidas en comisarías y alcaidías porteñas a establecimientos penitenciarios federales. El juez Norberto Luis Circo argumentó que las condiciones de detención en estos lugares son “inadecuadas y violan derechos constitucionales”. La medida se da tras las recientes fugas de presos en territorio porteño.
“El exceso de detenidos condenados alojados en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad lo único que hace es deteriorar el sistema de detención. Es evidente que los condenados por la Justicia Nacional debieran ingresar directamente en la órbita del Servicio Penitenciario Federal no, así como en la actualidad, que permanecen en detención en lugares de la Ciudad, que deberían ser de uso exclusivo de esta Ciudad y de tránsito”, apuntó el magistrado.
Según se expresa en el fallo al que accedió LA NACION, hasta el 18 de febrero se encontraban alojadas 2455 personas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, “que no cuentan con las condiciones mínimas requeridas por la normativa nacional e internacional para la detención de personas condenadas”.
En esa línea, se indica que dentro de aquel universo, 411 personas ya tienen dictada una condena y sólo 57 de ellas se encuentran bajo la órbita porteña, mientras que cinco están a cargo de la justicia federal y dos de la provincia de Buenos Aires, “encontrándose el resto a disposición de la justicia nacional, evidenciando la falta de cupos adecuados en el sistema penitenciario federal”. Bajo este contexto, el juez puso el foco en la sobrepoblación carcelaria que enfrenta la Ciudad, “que agrava la calidad de detención de cada uno de los internos allí alojados”.
Y sobre ello se expide: “Si bien toda persona que ingresa como detenido en el ámbito penitenciario/carcelario encuentra restringidos sus derechos en relación a aquellas que se hallan gozando de su libertad, ello no puede significar en ningún caso, la situación descripta en las presentes, bajo ningún propósito, la implementación de tratos o medidas que vulneren su dignidad, o importen tratos inhumanos o degradantes”.
Asimismo las autoridades judiciales destacan que la sobrepoblación carcelaria “perturba al sistema carcelario” y trae aparejado la violación al artículo 18 de la Constitución, así también como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura de la ONU.
Por estos motivos, el juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencial y de Faltas N°23 hace lugar al recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad respecto de las personas que, se encuentren detenidas en dependencias policiales porteñas con sentencia sea que firme o no. “Siempre que, cumplan con los requisitos para ingresar al Servicio Penitenciario Federal y, cuenten con la orden del juzgado correspondiente, debiéndose disponer su traslado a dicha jurisdicción, conforme a lo ya resuelto”, se advierte.
El cruce entre Bullrich y Wolff
La definición de la Justicia se da luego que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaran esta semana el traslado a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), “lo más rápido posible”, de los detenidos con condena. En efecto, la crisis carcelaria evidenciada en las recientes fugas en territorio porteño desataron un tenso ida y vuelta entre Bullrich, y su par porteño, Waldo Wolff, a quien la funcionaria le endilgó los recientes episodios.
“Todos los días se le escapa un preso, entonces no se hace cargo. Los presos son de la ciudad”, apuntó Bullrich en diálogo con LN+. Es que la tensión entre ambos funcionarios escaló tras las declaraciones de Wolff en conferencia de prensa, motivada por la fuga de seis presos de una alcaidía en Caballito, ocurrida 10 días atrás.
En aquella oportunidad, Wolff le reprochó al Gobierno el tener que alojar en sus instalaciones a detenidos que no les corresponden. “Tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF (Servicio Penitenciario Federal) y tienen que estar hoy”, arremetió el funcionario que responde al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.
Durante el año pasado la superpoblación de presos en comisarías y alcaidías porteñas con capacidad para alojar a 1270 internos derivó en 15 fugas en 2024 y tres episodios similares en el primer mes y medio de 2025. Según fuentes de la Ciudad, esta crisis carcelaria le costó al Gobierno de la ciudad $70.161.000.000 durante 2024. Prácticamente, $200.000.000 cada día se destina al alojamiento y custodia de los detenidos.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencial y de Faltas N°23 se expidió este viernes sobre un recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y ordenó el traslado inmediato de las personas condenadas detenidas en comisarías y alcaidías porteñas a establecimientos penitenciarios federales. El juez Norberto Luis Circo argumentó que las condiciones de detención en estos lugares son “inadecuadas y violan derechos constitucionales”. La medida se da tras las recientes fugas de presos en territorio porteño.
“El exceso de detenidos condenados alojados en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad lo único que hace es deteriorar el sistema de detención. Es evidente que los condenados por la Justicia Nacional debieran ingresar directamente en la órbita del Servicio Penitenciario Federal no, así como en la actualidad, que permanecen en detención en lugares de la Ciudad, que deberían ser de uso exclusivo de esta Ciudad y de tránsito”, apuntó el magistrado.
Según se expresa en el fallo al que accedió LA NACION, hasta el 18 de febrero se encontraban alojadas 2455 personas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, “que no cuentan con las condiciones mínimas requeridas por la normativa nacional e internacional para la detención de personas condenadas”.
En esa línea, se indica que dentro de aquel universo, 411 personas ya tienen dictada una condena y sólo 57 de ellas se encuentran bajo la órbita porteña, mientras que cinco están a cargo de la justicia federal y dos de la provincia de Buenos Aires, “encontrándose el resto a disposición de la justicia nacional, evidenciando la falta de cupos adecuados en el sistema penitenciario federal”. Bajo este contexto, el juez puso el foco en la sobrepoblación carcelaria que enfrenta la Ciudad, “que agrava la calidad de detención de cada uno de los internos allí alojados”.
Y sobre ello se expide: “Si bien toda persona que ingresa como detenido en el ámbito penitenciario/carcelario encuentra restringidos sus derechos en relación a aquellas que se hallan gozando de su libertad, ello no puede significar en ningún caso, la situación descripta en las presentes, bajo ningún propósito, la implementación de tratos o medidas que vulneren su dignidad, o importen tratos inhumanos o degradantes”.
Asimismo las autoridades judiciales destacan que la sobrepoblación carcelaria “perturba al sistema carcelario” y trae aparejado la violación al artículo 18 de la Constitución, así también como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura de la ONU.
Por estos motivos, el juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencial y de Faltas N°23 hace lugar al recurso de habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad respecto de las personas que, se encuentren detenidas en dependencias policiales porteñas con sentencia sea que firme o no. “Siempre que, cumplan con los requisitos para ingresar al Servicio Penitenciario Federal y, cuenten con la orden del juzgado correspondiente, debiéndose disponer su traslado a dicha jurisdicción, conforme a lo ya resuelto”, se advierte.
El cruce entre Bullrich y Wolff
La definición de la Justicia se da luego que la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, acordaran esta semana el traslado a unidades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), “lo más rápido posible”, de los detenidos con condena. En efecto, la crisis carcelaria evidenciada en las recientes fugas en territorio porteño desataron un tenso ida y vuelta entre Bullrich, y su par porteño, Waldo Wolff, a quien la funcionaria le endilgó los recientes episodios.
“Todos los días se le escapa un preso, entonces no se hace cargo. Los presos son de la ciudad”, apuntó Bullrich en diálogo con LN+. Es que la tensión entre ambos funcionarios escaló tras las declaraciones de Wolff en conferencia de prensa, motivada por la fuga de seis presos de una alcaidía en Caballito, ocurrida 10 días atrás.
En aquella oportunidad, Wolff le reprochó al Gobierno el tener que alojar en sus instalaciones a detenidos que no les corresponden. “Tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos. Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF (Servicio Penitenciario Federal) y tienen que estar hoy”, arremetió el funcionario que responde al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.
Durante el año pasado la superpoblación de presos en comisarías y alcaidías porteñas con capacidad para alojar a 1270 internos derivó en 15 fugas en 2024 y tres episodios similares en el primer mes y medio de 2025. Según fuentes de la Ciudad, esta crisis carcelaria le costó al Gobierno de la ciudad $70.161.000.000 durante 2024. Prácticamente, $200.000.000 cada día se destina al alojamiento y custodia de los detenidos.
Más de 400 detenidos deben ser transportados debido a que las comisarías y alcaidías donde se encuentran son “inadecuadas y violan derechos constitucionales”, según el juez Norberto Luis Circo LA NACION
