Las cárceles deben ser lugares donde aquellos que cumplen condenas encuentren la manera de recapacitar sobre el daño cometido y puedan al final de la pena reintegrarse de la mejor manera posible a la sociedad. Nunca los penales deberían ser un espacio para seguir delinquiendo o para ingresar en una trama mafiosa. Sin embargo, sobran ejemplos en nuestro país sobre la desvirtuación de aquel principio inobjetable. Lo ocurrido en Rosario es un ejemplo grave, pero no el único.
Experiencias internacionales también dan fe de que, muchas veces, de los pabellones carcelarios surgen nuevas amenazas. Así lo ejemplifica el Primer Comando Capital (PCC), la banda narcocriminal que, desde unas pocas celdas en San Pablo, transitó un sangriento camino para convertirse en la más temible organización delictiva de la región, con miles de integrantes y operaciones en varios países. El año pasado, Chile dio cuenta del ingreso a su territorio de criminales de esa banda. También en 2024, agentes de Interpol detuvieron en la localidad bonaerense de Campana a un importante miembro del PCC, sobre quien pesaba un pedido de captura con notificación de “índice rojo” por homicidio, requerido por el 1er Tribunal Juri de São Paulo.
Con esos antecedentes a la vista y habiendo evaluado la situación de nuestro país, se considera positiva la decidida acción de las autoridades nacionales para poner orden dentro de los penales con el objetivo de que narcos locales no sigan transformando los presidios en centros de transmisión de directivas a delincuentes fuera de los muros.
En ese sentido, el programa de control de presos de alto perfil que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional, del que depende desde diciembre de 2023 el Servicio Penitenciario Federal, aparece como una herramienta válida para aislar a los jefes de bandas actualmente detenidos.
La ministra Patricia Bullrich firmó una resolución para bloquear aún más los intentos de esos presos dirigidos a continuar con su actividad criminal, transmitiendo directivas desde donde nunca debieron hacerlo. No solo tienen vedado ahora el uso de comunicaciones telefónicas, sino que también se les restringió el contacto con familiares, con solo una posibilidad de charla directa durante 60 minutos cada 15 días. Un vidrio especial separará al preso del visitante para evitar, incluso, el acercamiento físico. Esa precaución está sustentada en un hecho concreto: nueve familiares y dos abogados de presos de alto perfil fueron detenidos en los últimos meses por recibir durante las visitas instrucciones escritas sobre delitos, las que debían trasladar desde la cárcel a los cómplices en libertad.
Delincuentes como Ariel “Guille” Cantero, el jefe de la banda narcocriminal Los Monos, estaban acostumbrados a que las cárceles fueran sus verdaderos centros de comando, control y comunicaciones, continuando así el funcionamiento de las bandas pese al arresto de los cabecillas y de sus principales laderos. Cantero se encuentra en prisión desde 2013 y pasó por numerosos establecimientos penitenciarios de Santa Fe y federales sin que pudiese ser obturado su liderazgo en el clan que llevó a Rosario a ser una de las ciudades con mayores tasas de homicidios en nuestro país.
Alojado en el penal federal de Marcos Paz, Cantero ve desde el año pasado por primera vez reducida su capacidad de mando. Antes contaba hasta con un teléfono fijo en su celda. Ahora pasa el tiempo aislado, como otros presos que tienen peso propio dentro de las estructuras criminales. Debe destacarse que ese cambio en la prisión se notó en las calles rosarinas, donde el año pasado cayó 65 por ciento la cantidad de asesinatos.
Esta clase de criminales aprovechan cada ventaja, cada resquicio que encuentran para seguir delinquiendo. Incluso con este sistema de aislamiento, Guille Cantero usaba a un primo para transmitir directivas. Ese joven de 21 años visitó 24 veces en 2024 al líder de Los Monos, que desde abril pasado estaba dentro del régimen conocido en el Servicio Penitenciario Federal como Sistema Integral de Gestión de Alto Riesgo. Cumplía la norma de ser un familiar del detenido y no tener antecedentes. Ya no podrá hacerlo: fue apresado como parte de una asociación ilícita que conducía la barra brava de Newell’s, en cuyo entorno se produjeron varios crímenes y amenazas.
La experiencia penitenciaria marca, además, que las bandas rosarinas están acostumbradas a la conducción remota, siguiendo jerarquías en la transmisión de órdenes desde las cárceles. Maximiliano Pullaro fue secretario y ministro de Seguridad provincial antes de convertirse en gobernador de Santa Fe. A partir de ese conocimiento, tomó dos decisiones ya como mandatario. Por un lado, replicó en las prisiones provinciales el modelo federal de aislamiento de presos peligrosos. Ahora busca ir un paso más allá: anunció el comienzo del camino para la construcción de una cárcel de máxima seguridad que podrá alojar a 1150 reclusos de alto riesgo. Los funcionarios provinciales le pusieron un mote a ese proyecto: El Infierno.
Más allá de la alegoría, que los presos sientan que la cárcel no es un aguantadero ni una guarida en la que consiguen protección contra otras bandas es un paso positivo. El ejemplo de Los Espartanos muestra que el encierro puede derivar en la construcción de nuevos sueños. Pero para eso el recluso debe tener la real voluntad de un cambio, algo que los jefes narco detenidos están lejos de expresar y, menos, de concretar. Para aquellos que quieren usar las celdas como un punto de difusión de la violencia criminal, el aislamiento se presenta como una de las respuestas más acertadas por parte del Estado.
El crimen organizado representa un enorme problema en muchas partes del mundo y se convierte en verdadero flagelo cuando los Estados ceden terreno ante él. Eso es lo que claramente ha venido ocurriendo en nuestro país. Rosario es apenas la punta de un iceberg que se cierne amenazante sobre nuestra sociedad. Evitemos el naufragio.
Las cárceles deben ser lugares donde aquellos que cumplen condenas encuentren la manera de recapacitar sobre el daño cometido y puedan al final de la pena reintegrarse de la mejor manera posible a la sociedad. Nunca los penales deberían ser un espacio para seguir delinquiendo o para ingresar en una trama mafiosa. Sin embargo, sobran ejemplos en nuestro país sobre la desvirtuación de aquel principio inobjetable. Lo ocurrido en Rosario es un ejemplo grave, pero no el único.
Experiencias internacionales también dan fe de que, muchas veces, de los pabellones carcelarios surgen nuevas amenazas. Así lo ejemplifica el Primer Comando Capital (PCC), la banda narcocriminal que, desde unas pocas celdas en San Pablo, transitó un sangriento camino para convertirse en la más temible organización delictiva de la región, con miles de integrantes y operaciones en varios países. El año pasado, Chile dio cuenta del ingreso a su territorio de criminales de esa banda. También en 2024, agentes de Interpol detuvieron en la localidad bonaerense de Campana a un importante miembro del PCC, sobre quien pesaba un pedido de captura con notificación de “índice rojo” por homicidio, requerido por el 1er Tribunal Juri de São Paulo.
Con esos antecedentes a la vista y habiendo evaluado la situación de nuestro país, se considera positiva la decidida acción de las autoridades nacionales para poner orden dentro de los penales con el objetivo de que narcos locales no sigan transformando los presidios en centros de transmisión de directivas a delincuentes fuera de los muros.
En ese sentido, el programa de control de presos de alto perfil que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional, del que depende desde diciembre de 2023 el Servicio Penitenciario Federal, aparece como una herramienta válida para aislar a los jefes de bandas actualmente detenidos.
La ministra Patricia Bullrich firmó una resolución para bloquear aún más los intentos de esos presos dirigidos a continuar con su actividad criminal, transmitiendo directivas desde donde nunca debieron hacerlo. No solo tienen vedado ahora el uso de comunicaciones telefónicas, sino que también se les restringió el contacto con familiares, con solo una posibilidad de charla directa durante 60 minutos cada 15 días. Un vidrio especial separará al preso del visitante para evitar, incluso, el acercamiento físico. Esa precaución está sustentada en un hecho concreto: nueve familiares y dos abogados de presos de alto perfil fueron detenidos en los últimos meses por recibir durante las visitas instrucciones escritas sobre delitos, las que debían trasladar desde la cárcel a los cómplices en libertad.
Delincuentes como Ariel “Guille” Cantero, el jefe de la banda narcocriminal Los Monos, estaban acostumbrados a que las cárceles fueran sus verdaderos centros de comando, control y comunicaciones, continuando así el funcionamiento de las bandas pese al arresto de los cabecillas y de sus principales laderos. Cantero se encuentra en prisión desde 2013 y pasó por numerosos establecimientos penitenciarios de Santa Fe y federales sin que pudiese ser obturado su liderazgo en el clan que llevó a Rosario a ser una de las ciudades con mayores tasas de homicidios en nuestro país.
Alojado en el penal federal de Marcos Paz, Cantero ve desde el año pasado por primera vez reducida su capacidad de mando. Antes contaba hasta con un teléfono fijo en su celda. Ahora pasa el tiempo aislado, como otros presos que tienen peso propio dentro de las estructuras criminales. Debe destacarse que ese cambio en la prisión se notó en las calles rosarinas, donde el año pasado cayó 65 por ciento la cantidad de asesinatos.
Esta clase de criminales aprovechan cada ventaja, cada resquicio que encuentran para seguir delinquiendo. Incluso con este sistema de aislamiento, Guille Cantero usaba a un primo para transmitir directivas. Ese joven de 21 años visitó 24 veces en 2024 al líder de Los Monos, que desde abril pasado estaba dentro del régimen conocido en el Servicio Penitenciario Federal como Sistema Integral de Gestión de Alto Riesgo. Cumplía la norma de ser un familiar del detenido y no tener antecedentes. Ya no podrá hacerlo: fue apresado como parte de una asociación ilícita que conducía la barra brava de Newell’s, en cuyo entorno se produjeron varios crímenes y amenazas.
La experiencia penitenciaria marca, además, que las bandas rosarinas están acostumbradas a la conducción remota, siguiendo jerarquías en la transmisión de órdenes desde las cárceles. Maximiliano Pullaro fue secretario y ministro de Seguridad provincial antes de convertirse en gobernador de Santa Fe. A partir de ese conocimiento, tomó dos decisiones ya como mandatario. Por un lado, replicó en las prisiones provinciales el modelo federal de aislamiento de presos peligrosos. Ahora busca ir un paso más allá: anunció el comienzo del camino para la construcción de una cárcel de máxima seguridad que podrá alojar a 1150 reclusos de alto riesgo. Los funcionarios provinciales le pusieron un mote a ese proyecto: El Infierno.
Más allá de la alegoría, que los presos sientan que la cárcel no es un aguantadero ni una guarida en la que consiguen protección contra otras bandas es un paso positivo. El ejemplo de Los Espartanos muestra que el encierro puede derivar en la construcción de nuevos sueños. Pero para eso el recluso debe tener la real voluntad de un cambio, algo que los jefes narco detenidos están lejos de expresar y, menos, de concretar. Para aquellos que quieren usar las celdas como un punto de difusión de la violencia criminal, el aislamiento se presenta como una de las respuestas más acertadas por parte del Estado.
El crimen organizado representa un enorme problema en muchas partes del mundo y se convierte en verdadero flagelo cuando los Estados ceden terreno ante él. Eso es lo que claramente ha venido ocurriendo en nuestro país. Rosario es apenas la punta de un iceberg que se cierne amenazante sobre nuestra sociedad. Evitemos el naufragio.
Aislar a los presos peligrosos que comandan verdaderas mafias desde dentro de los penales es un paso clave en la lucha contra el crimen LA NACION
