El Gobierno insiste con que García-Mansilla seguirá como juez de la Corte aunque el Senado lo rechace

Mientras que ya se activó en el Senado una estrategia opositora para rechazar el pliego de Manuel García-Mansilla, a quien la Corte Suprema de Justicia ya le tomó juramento, el Gobierno insiste con que si sale anulado su pliego desde la Cámara alta, igual se deberá quedar en el máximo tribunal, al menos hasta noviembre. Así lo volvió a sostener este sábado por la mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El viernes por la tarde, el kirchnerismo en tándem con la Unión Cívica Radical (UCR) de Martín Lousteau y su ladera de Pro Guadalupe Tagliaferri intentaban aunar los avales de distintos sectores para conseguir llegar a los nueve votos que les permitirían ir a recinto y, en caso de que haya una mayoría, voltear la designación del ya cortesano, que fue propuesto por el gobierno de Javier Milei. Les faltaba una sola firma.
En caso de conseguir las nueve, la idea es activar un pedido de sesión especial dirigido a Victoria Villarruel, ir a recinto la semana próxima y votar en contra del pliego de García-Mansilla, que asumió en el máximo tribunal luego de ser nombrado por decreto. La oposición entiende que de esta manera dejarían sin efecto su nombramiento y el catedrático debería partir de la Corte.
Sin embargo, Francos planteó lo contrario esta mañana en AM 750. “Si se les rechaza el acuerdo, los ministros siguen en su cargo hasta el 30 de noviembre porque son designaciones hechas constitucionalmente”, aseveró el jefe de Gabinete para dejar en claro la postura que saldrá desde la Casa Rosada si los opositores les tumban a los jueces que designaron, tanto a García-Mansilla como a Ariel Lijo, que todavía no fue acreditado como miembro del máximo tribunal porque no le aceptaron la licencia que presentó ante su juzgado en Comodoro Py.
“Es una designación que hizo el Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución Nacional y, si el Senado finalmente no termina de darle acuerdo, en el caso de que lo rechace, el magistrado sigue hasta el 30 de noviembre y su función es absolutamente legítima hasta ese día”, remarcó Francos.
Siempre en defensa del magistrado que ellos impulsaron, el jefe de Gabinete también rechazó que se intente un juicio político contra García-Mansilla por asumir de manera “ilegítima”, como considera la oposición. “Un juicio político por ese motivo no tiene lógica, se hace por otros motivos, no por un tema de procedimiento de designación a un juez, al que le ha tomado juramento la propia Corte. Obviamente estamos en año electoral… Nosotros sabemos que obramos conformes a la Constitución Nacional”, aseveró.
Además, ponderó que el recién asumido cortesano haya demostrado que es “totalmente independiente” -pese a que fue designado por decreto del Ejecutivo- cuando votó en contra de que Lijo asumiera sin dejar su cargo en el juzgado federal y optara por una licencia. “A mí me parece destacable. No me sorprendió ni me tiene que sorprender. El juez, una vez que asume, expresa su posición de acuerdo a la Constitución y desde el punto de vista jurídico, no me tiene que sorprender ni dejarme de sorprender, es un magistrado que demuestra total independencia”, comentó al respecto, pese a que hubo confusión en Casa Rosada luego de que García-Mansilla votara en contra de Lijo y a que el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, del riñón del asesor Santiago Caputo, moviera los hilos durante toda esa jornada para impulsar la efectivización del juez federal como miembro de la Corte.
Por ahora, los opositores al Gobierno están confiados de que podrán llevar la discusión sobre García-Mansilla al recinto y algunos aseguran que también acelerarán la sesión por Lijo, que ya tiene los votos en comisión (al contrario que el otro decretado por la Casa Rosada) pero no pudo asumir aún. “Hay que llevar esto al recinto. Votemos por la positiva o la negativa, pero defendamos el procedimiento ordinario”, comentó a LA NACION el viernes uno de los artífices de la contraofensiva.
Mientras que ya se activó en el Senado una estrategia opositora para rechazar el pliego de Manuel García-Mansilla, a quien la Corte Suprema de Justicia ya le tomó juramento, el Gobierno insiste con que si sale anulado su pliego desde la Cámara alta, igual se deberá quedar en el máximo tribunal, al menos hasta noviembre. Así lo volvió a sostener este sábado por la mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El viernes por la tarde, el kirchnerismo en tándem con la Unión Cívica Radical (UCR) de Martín Lousteau y su ladera de Pro Guadalupe Tagliaferri intentaban aunar los avales de distintos sectores para conseguir llegar a los nueve votos que les permitirían ir a recinto y, en caso de que haya una mayoría, voltear la designación del ya cortesano, que fue propuesto por el gobierno de Javier Milei. Les faltaba una sola firma.
En caso de conseguir las nueve, la idea es activar un pedido de sesión especial dirigido a Victoria Villarruel, ir a recinto la semana próxima y votar en contra del pliego de García-Mansilla, que asumió en el máximo tribunal luego de ser nombrado por decreto. La oposición entiende que de esta manera dejarían sin efecto su nombramiento y el catedrático debería partir de la Corte.
Sin embargo, Francos planteó lo contrario esta mañana en AM 750. “Si se les rechaza el acuerdo, los ministros siguen en su cargo hasta el 30 de noviembre porque son designaciones hechas constitucionalmente”, aseveró el jefe de Gabinete para dejar en claro la postura que saldrá desde la Casa Rosada si los opositores les tumban a los jueces que designaron, tanto a García-Mansilla como a Ariel Lijo, que todavía no fue acreditado como miembro del máximo tribunal porque no le aceptaron la licencia que presentó ante su juzgado en Comodoro Py.
“Es una designación que hizo el Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución Nacional y, si el Senado finalmente no termina de darle acuerdo, en el caso de que lo rechace, el magistrado sigue hasta el 30 de noviembre y su función es absolutamente legítima hasta ese día”, remarcó Francos.
Siempre en defensa del magistrado que ellos impulsaron, el jefe de Gabinete también rechazó que se intente un juicio político contra García-Mansilla por asumir de manera “ilegítima”, como considera la oposición. “Un juicio político por ese motivo no tiene lógica, se hace por otros motivos, no por un tema de procedimiento de designación a un juez, al que le ha tomado juramento la propia Corte. Obviamente estamos en año electoral… Nosotros sabemos que obramos conformes a la Constitución Nacional”, aseveró.
Además, ponderó que el recién asumido cortesano haya demostrado que es “totalmente independiente” -pese a que fue designado por decreto del Ejecutivo- cuando votó en contra de que Lijo asumiera sin dejar su cargo en el juzgado federal y optara por una licencia. “A mí me parece destacable. No me sorprendió ni me tiene que sorprender. El juez, una vez que asume, expresa su posición de acuerdo a la Constitución y desde el punto de vista jurídico, no me tiene que sorprender ni dejarme de sorprender, es un magistrado que demuestra total independencia”, comentó al respecto, pese a que hubo confusión en Casa Rosada luego de que García-Mansilla votara en contra de Lijo y a que el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, del riñón del asesor Santiago Caputo, moviera los hilos durante toda esa jornada para impulsar la efectivización del juez federal como miembro de la Corte.
Por ahora, los opositores al Gobierno están confiados de que podrán llevar la discusión sobre García-Mansilla al recinto y algunos aseguran que también acelerarán la sesión por Lijo, que ya tiene los votos en comisión (al contrario que el otro decretado por la Casa Rosada) pero no pudo asumir aún. “Hay que llevar esto al recinto. Votemos por la positiva o la negativa, pero defendamos el procedimiento ordinario”, comentó a LA NACION el viernes uno de los artífices de la contraofensiva.
Así lo aseveró este sábado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dejó trascender la postura de la Casa Rosada justo cuando el kirchnerismo y la UCR buscan sumar firmas para llevar al ya magistrado a recinto y voltear su designación LA NACION