La Ley AB 3085 de California, aprobada en septiembre de 2024, introduce cambios significativos en las normas que regulan la incautación de vehículos. Esta legislación amplía las circunstancias bajo las cuales las autoridades pueden retirar y retener autos, especialmente en casos relacionados con conductas peligrosas al volante.

Ley AB 3085: ¿en qué casos se puede incautar un vehículo en California?

La Ley AB 3085 modifica el Código de Vehículos de California para incluir nuevos delitos que justifican la incautación de un vehículo. Según la normativa, un magistrado puede emitir una orden que autorice a un oficial de policía a retirar un auto si existe “causa razonable” para creer que este fue utilizado en la comisión de ciertas infracciones.

Entre las infracciones mencionadas se encuentran:

• Huir de la policía: si un conductor intenta evadir a un oficial que lo persigue, ya sea al acelerar, cambiar de dirección o ignorar las señales de alto, el vehículo puede ser incautado. Esto aplica incluso si el intento de fuga no resulta en un accidente.
• Competencias de velocidad: participar en carreras ilegales en vías públicas o estacionamientos, conocidas como “speed contests”, es otra de las causas que justifican la retención del automóvil. Estas, además de ser ilegales, representan un riesgo grave para la seguridad pública.
• Exhibiciones de velocidad: realizar maniobras peligrosas o demostraciones de velocidad en la vía pública, como aceleraciones bruscas o derrapes, también puede llevar a la incautación del vehículo.
• Conducción temeraria: aunque no se especifican todos los casos, la ley permite la incautación si el vehículo es utilizado en violaciones graves de las normas de tránsito que pongan en riesgo a otros conductores o peatones.

¿Cómo funciona el proceso de incautación de vehículos en California?

Una vez que un oficial de policía presenta una declaración jurada ante un magistrado, este puede emitir una orden para retirar el vehículo. El auto puede permanecer retenido hasta por 30 días, tiempo que depende de la gravedad de la infracción.

Sin embargo, la ley establece ciertas salvaguardias para proteger a los propietarios legítimos:

• Notificación al dueño: la agencia que incauta el vehículo debe notificar al propietario legal dentro de las 48 horas siguientes a la retención. Si no se cumple este plazo, no se pueden cobrar tarifas de almacenamiento por más de 15 días.
• Audiencia post retención: los propietarios tienen derecho a solicitar una audiencia para impugnar la incautación. Esta debe realizarse dentro de los dos días hábiles posteriores a la solicitud. Si se demuestra que no había causa razonable, el auto debe ser liberado sin costo alguno.
• Excepciones: el vehículo puede ser liberado antes del plazo máximo si se demuestra que fue robado, si el conductor no era el propietario registrado o si la retención causa un “perjuicio indebido” a personas que dependen del automóvil para trabajar.

Responsabilidades y costos para los propietarios que incumplan con la ley

La ley establece que el propietario registrado del vehículo es responsable de cubrir los costos de remolque y almacenamiento, a menos que se demuestre que la incautación fue injustificada. Estos costos pueden incluir:

• Tarifas de remolque: varían según la distancia y la empresa contratada.
• Almacenamiento: se cobra por día, con un límite de 30 días.
• Cargos administrativos: las agencias pueden imponer tarifas adicionales por el procesamiento de la incautación.

Consecuencias para los infractores de California

Además de la incautación del vehículo, los conductores que cometan estas infracciones pueden enfrentar otras sanciones, como multas, puntos en su licencia de conducir o incluso cargos criminales. En casos graves, como competencias de velocidad que resulten en lesiones o muertes, las penas pueden incluir prisión.

La Legislatura de California enfatizó que el objetivo de la Ley AB 3085 es “reducir las conductas peligrosas en las carreteras y proteger a los ciudadanos”.

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La Ley AB 3085 de California, aprobada en septiembre de 2024, introduce cambios significativos en las normas que regulan la incautación de vehículos. Esta legislación amplía las circunstancias bajo las cuales las autoridades pueden retirar y retener autos, especialmente en casos relacionados con conductas peligrosas al volante.

Ley AB 3085: ¿en qué casos se puede incautar un vehículo en California?

La Ley AB 3085 modifica el Código de Vehículos de California para incluir nuevos delitos que justifican la incautación de un vehículo. Según la normativa, un magistrado puede emitir una orden que autorice a un oficial de policía a retirar un auto si existe “causa razonable” para creer que este fue utilizado en la comisión de ciertas infracciones.

Entre las infracciones mencionadas se encuentran:

• Huir de la policía: si un conductor intenta evadir a un oficial que lo persigue, ya sea al acelerar, cambiar de dirección o ignorar las señales de alto, el vehículo puede ser incautado. Esto aplica incluso si el intento de fuga no resulta en un accidente.
• Competencias de velocidad: participar en carreras ilegales en vías públicas o estacionamientos, conocidas como “speed contests”, es otra de las causas que justifican la retención del automóvil. Estas, además de ser ilegales, representan un riesgo grave para la seguridad pública.
• Exhibiciones de velocidad: realizar maniobras peligrosas o demostraciones de velocidad en la vía pública, como aceleraciones bruscas o derrapes, también puede llevar a la incautación del vehículo.
• Conducción temeraria: aunque no se especifican todos los casos, la ley permite la incautación si el vehículo es utilizado en violaciones graves de las normas de tránsito que pongan en riesgo a otros conductores o peatones.

¿Cómo funciona el proceso de incautación de vehículos en California?

Una vez que un oficial de policía presenta una declaración jurada ante un magistrado, este puede emitir una orden para retirar el vehículo. El auto puede permanecer retenido hasta por 30 días, tiempo que depende de la gravedad de la infracción.

Sin embargo, la ley establece ciertas salvaguardias para proteger a los propietarios legítimos:

• Notificación al dueño: la agencia que incauta el vehículo debe notificar al propietario legal dentro de las 48 horas siguientes a la retención. Si no se cumple este plazo, no se pueden cobrar tarifas de almacenamiento por más de 15 días.
• Audiencia post retención: los propietarios tienen derecho a solicitar una audiencia para impugnar la incautación. Esta debe realizarse dentro de los dos días hábiles posteriores a la solicitud. Si se demuestra que no había causa razonable, el auto debe ser liberado sin costo alguno.
• Excepciones: el vehículo puede ser liberado antes del plazo máximo si se demuestra que fue robado, si el conductor no era el propietario registrado o si la retención causa un “perjuicio indebido” a personas que dependen del automóvil para trabajar.

Responsabilidades y costos para los propietarios que incumplan con la ley

La ley establece que el propietario registrado del vehículo es responsable de cubrir los costos de remolque y almacenamiento, a menos que se demuestre que la incautación fue injustificada. Estos costos pueden incluir:

• Tarifas de remolque: varían según la distancia y la empresa contratada.
• Almacenamiento: se cobra por día, con un límite de 30 días.
• Cargos administrativos: las agencias pueden imponer tarifas adicionales por el procesamiento de la incautación.

Consecuencias para los infractores de California

Además de la incautación del vehículo, los conductores que cometan estas infracciones pueden enfrentar otras sanciones, como multas, puntos en su licencia de conducir o incluso cargos criminales. En casos graves, como competencias de velocidad que resulten en lesiones o muertes, las penas pueden incluir prisión.

La Legislatura de California enfatizó que el objetivo de la Ley AB 3085 es “reducir las conductas peligrosas en las carreteras y proteger a los ciudadanos”.

 La nueva normativa del Estado Dorado representa un esfuerzo por parte de las autoridades para disuadir conductas peligrosas al volante y garantizar la seguridad en las carreteras  LA NACION

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