Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud reciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) para levantar la orden que bloquea el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración de Donald Trump. Esta normativa, que permite la deportación inmediata de inmigrantes acusados de ser miembros de organizaciones terroristas, generó una serie de enfrentamientos legales y políticos.

La decisión del tribunal de apelaciones contra la administración Trump

The Washington Post informó que este miércoles, un panel de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló 2-1 a favor de los demandantes que luchan contra su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Sin embargo, esta decisión no impide que el gobierno federal continúe con la detención de aquellas personas acusadas de ser miembros del Tren de Aragua.

Desde que Trump invocó esta antigua legislación de 1798 para acelerar las deportaciones de inmigrantes presuntamente vinculados con grupos criminal, se desató una ola de críticas tanto en EE.UU. como a nivel internacional. La Ley de Enemigos Extranjeros, que solo puede utilizarse en tiempos de guerra o cuando se percibe una amenaza externa grave, fue duramente cuestionada por su aplicación en el contexto actual.

Fue justamente esta ley la que utilizó el presidente republicano para deportar el pasado 16 de marzo a 137 de los 238 venezolanos a la megacárcel en El Salvador, mientras que el resto fueron procesados mediante el Título 8, que regula los procedimientos migratorios convencionales. En esos traslados también hubo 23 pandilleros de Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos dos de sus líderes.

Los argumentos a favor de la detención de la Ley de Enemigos Extranjeros

En concreto, fueron las juezas Karen LeCraft y Patricia Millett quienes rechazaron la solicitud del gobierno para levantar la suspensión. En tanto, el juez Justin Walker, nominado por Trump, tuvo una postura diferente y consideró que el caso debería haber sido llevado a Texas, donde se encontraban detenidos los migrantes que enfrentaban la deportación, en lugar de a Washington D.C.

En el fallo, recogido por CNN, la jueza Karen LeCraft Henderson argumentó que el presidente Trump ya tiene amplias facultades bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para arrestar y detener a individuos que se consideren una amenaza para Estados Unidos. A su vez, destacó que las deportaciones deben realizarse de acuerdo con los procesos legales establecidos.

Por otro lado, la jueza Patricia Millett fue aún más crítica del proceso y mencionó que la decisión del gobierno de deportar a estas personas sin ofrecerles una audiencia, una oportunidad de impugnar su deportación o la posibilidad de acceder a la protección legal disponible, representaba una grave violación de sus derechos.

Apelación a la Corte Suprema de EE.UU.

CNN indicó que el Departamento de Justicia planea apelar la decisión ante la Corte Suprema de EE.UU. por considerar que la orden de restricción temporal interfiere con las negociaciones internacionales, relacionadas con la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo.

En tanto, la administración Trump defendió que las deportaciones son necesarias para proteger a los ciudadanos estadounidenses de las amenazas representadas por los miembros de Tren de Aragua, una organización criminal oriunda de Venezuela.

Mientras se resuelve el caso en los tribunales, miles de migrantes aún se encuentran bajo amenaza de deportación, pese a la orden de restricción temporal les brinda un respiro momentáneo.

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Un tribunal federal de apelaciones rechazó la solicitud reciente del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) para levantar la orden que bloquea el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración de Donald Trump. Esta normativa, que permite la deportación inmediata de inmigrantes acusados de ser miembros de organizaciones terroristas, generó una serie de enfrentamientos legales y políticos.

La decisión del tribunal de apelaciones contra la administración Trump

The Washington Post informó que este miércoles, un panel de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia falló 2-1 a favor de los demandantes que luchan contra su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Sin embargo, esta decisión no impide que el gobierno federal continúe con la detención de aquellas personas acusadas de ser miembros del Tren de Aragua.

Desde que Trump invocó esta antigua legislación de 1798 para acelerar las deportaciones de inmigrantes presuntamente vinculados con grupos criminal, se desató una ola de críticas tanto en EE.UU. como a nivel internacional. La Ley de Enemigos Extranjeros, que solo puede utilizarse en tiempos de guerra o cuando se percibe una amenaza externa grave, fue duramente cuestionada por su aplicación en el contexto actual.

Fue justamente esta ley la que utilizó el presidente republicano para deportar el pasado 16 de marzo a 137 de los 238 venezolanos a la megacárcel en El Salvador, mientras que el resto fueron procesados mediante el Título 8, que regula los procedimientos migratorios convencionales. En esos traslados también hubo 23 pandilleros de Mara Salvatrucha (MS-13), incluidos dos de sus líderes.

Los argumentos a favor de la detención de la Ley de Enemigos Extranjeros

En concreto, fueron las juezas Karen LeCraft y Patricia Millett quienes rechazaron la solicitud del gobierno para levantar la suspensión. En tanto, el juez Justin Walker, nominado por Trump, tuvo una postura diferente y consideró que el caso debería haber sido llevado a Texas, donde se encontraban detenidos los migrantes que enfrentaban la deportación, en lugar de a Washington D.C.

En el fallo, recogido por CNN, la jueza Karen LeCraft Henderson argumentó que el presidente Trump ya tiene amplias facultades bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para arrestar y detener a individuos que se consideren una amenaza para Estados Unidos. A su vez, destacó que las deportaciones deben realizarse de acuerdo con los procesos legales establecidos.

Por otro lado, la jueza Patricia Millett fue aún más crítica del proceso y mencionó que la decisión del gobierno de deportar a estas personas sin ofrecerles una audiencia, una oportunidad de impugnar su deportación o la posibilidad de acceder a la protección legal disponible, representaba una grave violación de sus derechos.

Apelación a la Corte Suprema de EE.UU.

CNN indicó que el Departamento de Justicia planea apelar la decisión ante la Corte Suprema de EE.UU. por considerar que la orden de restricción temporal interfiere con las negociaciones internacionales, relacionadas con la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo.

En tanto, la administración Trump defendió que las deportaciones son necesarias para proteger a los ciudadanos estadounidenses de las amenazas representadas por los miembros de Tren de Aragua, una organización criminal oriunda de Venezuela.

Mientras se resuelve el caso en los tribunales, miles de migrantes aún se encuentran bajo amenaza de deportación, pese a la orden de restricción temporal les brinda un respiro momentáneo.

 Conoce más sobre la decisión del tribunal federal en Columbia que confirma el bloqueo temporal a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.  LA NACION

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