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El fiscal reclamó a la Corte que se condene a Cristina Kirchner por asociación ilícita y que eleve la pena a 12 años

El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para elevar la pena contra Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita y revertir las absoluciones por ese delito que beneficiaron a José López, Julio De Vido, Lázaro Báez y Nelson Perotti.

Villar atacó el fallo de la Cámara de Casación que rechazó los recursos extraordinarios y el fallo del tribunal oral federal que condenó a los acusados a seis años de prisión y absolvió de todo los cargos a De Vido.

Dijo que esa sentencia de Casación es arbitraria y se debió abrir el recurso extraordinario porque están en juego cuestiones federales y porque no se contestaron los agravios de las defensas y de fiscalía, sino que se dio una repuesta genérica a todos con “dogmatismo”.

Mario Villar

Villar sostuvo que “hay una clara violación de la ley sustantiva respecto del tipo penal contenido en el artículo 210 del Código Penal”, es decir el artículo que castiga la asociación ilícita.

Con respecto de De Vido, sostuvo que al absolverlo por “el delito de administración infiel” se verificó “la existencia de una arbitraria valoración de la prueba y también un rechazo arbitrario de prueba dirimente para la solución del caso”.

Por eso, pidió que la Corte anule el fallo de Casación o directamente que disponga que procede el recurso. Sostuvo que en el caso hay cuestiones federales en juego al punto que se observa el cumplimiento del Estado argentino de los pactos internacionales que obligan a perseguir la corrupción.

“Teniendo en cuenta que se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”, dijo el fiscal Villar y entendió que así se comprueba la naturaleza federal del planteo, que justifica la intervención de la Corte y “el interés institucional” de la causa.

Y abundó en que está probado en esta causa el requisito típico de “pluralidad de planes delictivos” en la asociación ilícita, pues “se verificaron múltiples defraudaciones”, aunque se las tratara como si fuera un solo delito continuado “por demás discutible” que “determina un caso de arbitrariedad”, que es competencia de la Corte.

“La decisión de la Cámara de Casación luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”, dijo Villar, y le pidió a la Corte que intervenga.

La Corte ahora debe darle vista a procurador Eduardo Casal, jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, para que opine si sostiene el recurso de Villar. Y luego decidir sobre el recurso de queja de la fiscalía y de los recursos de queja de los restantes nueve acusados.

El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para elevar la pena contra Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita y revertir las absoluciones por ese delito que beneficiaron a José López, Julio De Vido, Lázaro Báez y Nelson Perotti.

Villar atacó el fallo de la Cámara de Casación que rechazó los recursos extraordinarios y el fallo del tribunal oral federal que condenó a los acusados a seis años de prisión y absolvió de todo los cargos a De Vido.

Dijo que esa sentencia de Casación es arbitraria y se debió abrir el recurso extraordinario porque están en juego cuestiones federales y porque no se contestaron los agravios de las defensas y de fiscalía, sino que se dio una repuesta genérica a todos con “dogmatismo”.

Mario Villar

Villar sostuvo que “hay una clara violación de la ley sustantiva respecto del tipo penal contenido en el artículo 210 del Código Penal”, es decir el artículo que castiga la asociación ilícita.

Con respecto de De Vido, sostuvo que al absolverlo por “el delito de administración infiel” se verificó “la existencia de una arbitraria valoración de la prueba y también un rechazo arbitrario de prueba dirimente para la solución del caso”.

Por eso, pidió que la Corte anule el fallo de Casación o directamente que disponga que procede el recurso. Sostuvo que en el caso hay cuestiones federales en juego al punto que se observa el cumplimiento del Estado argentino de los pactos internacionales que obligan a perseguir la corrupción.

“Teniendo en cuenta que se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”, dijo el fiscal Villar y entendió que así se comprueba la naturaleza federal del planteo, que justifica la intervención de la Corte y “el interés institucional” de la causa.

Y abundó en que está probado en esta causa el requisito típico de “pluralidad de planes delictivos” en la asociación ilícita, pues “se verificaron múltiples defraudaciones”, aunque se las tratara como si fuera un solo delito continuado “por demás discutible” que “determina un caso de arbitrariedad”, que es competencia de la Corte.

“La decisión de la Cámara de Casación luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”, dijo Villar, y le pidió a la Corte que intervenga.

La Corte ahora debe darle vista a procurador Eduardo Casal, jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, para que opine si sostiene el recurso de Villar. Y luego decidir sobre el recurso de queja de la fiscalía y de los recursos de queja de los restantes nueve acusados.

 Presentó un recurso de queja en el que consideró arbitrario el fallo de la Casación que rechazó su pretensión; y reclamó por la absolución de Julio de Vido; hay “arbitrariedad” dijo  LA NACION

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