El duro revés que experimentó el gobierno de Javier Milei con el amplio rechazo por parte del Senado de la Nación a las propuestas del Poder Ejecutivo para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia reconoce un compendio de errores políticos por parte del Presidente.
El primero de esos errores fue comprar la teoría del juez supremo Ricardo Lorenzetti, según la cual la nominación del juez federal Lijo sería digerible para el kirchnerismo. Era sabido, por cierto, que desde el momento en que el acuerdo para nombrar magistrados en el máximo tribunal de la Nación exige el aval de dos tercios de los senadores presentes, iba a resultar prácticamente imposible hacerlo sin votos kirchneristas. Pero también era sabido que el gobierno de Milei no podía aparecer negociando abiertamente cargos en la Corte con el kirchnerismo frente a una sociedad a la que le vendió su discurso contra la casta. Lograr un apoyo de Cristina Kirchner sin una negociación abierta con ella era tan complejo como buscar negociar sin que nadie lo notara. Constituían alternativas de un juego imposible. Especialmente, cuando para la principal líder opositora, preocupada por sus causas judiciales, el propósito fundamental de toda tratativa no es otro que garantizarse impunidad.
Era obvio que la simple llegada de Lijo a la Corte no satisfacía las necesidades de Cristina Kirchner. Sus operadores políticos en temas jurídicos pretendían una ampliación del número de miembros de la Corte para habilitar el ingreso de postulantes afines al kirchnerismo, al igual que un acuerdo para la cobertura de juzgados federales vacantes y hasta la designación del procurador general de la Nación. Demasiado para lo que el gobierno nacional podía ceder sin ser acusado de pactar con la casta que prometió combatir.
El segundo de los errores de Milei fue, precisamente, la nominación de una figura como Lijo, cuestionado en forma prácticamente unánime por las organizaciones de la sociedad civil consagradas a los temas judiciales y sobre quien resulta ilustrativa la definición del senador Luis Juez: “Es el Tusam de la Justicia porque te va a dormir una causa si al poder político le conviene”.
Una tercera equivocación del Presidente pasó por el dictado del decreto que, a pocas horas del inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso, nombró a Lijo y a García-Mansilla en la Corte Suprema, en comisión. Esta decisión afectó la legitimidad republicana y fue señalada desde distintos ámbitos políticos y académicos como un claro retroceso en materia institucional. Según lo dispuesto por la Constitución nacional, el nombramiento de los jueces solo puede ser efectuado con el acuerdo del Senado. Y no contar con los dos tercios de los senadores para ratificarlos no habilita al Poder Ejecutivo a obviar aquel procedimiento constitucional. Para justificar las designaciones de los jueces de la Corte en comisión y por decreto, el Gobierno esgrimió el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, según el cual figura entre las atribuciones del Poder Ejecutivo “llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Sin embargo, distintos especialistas entienden que el término “empleos” mencionado en ese artículo aludiría a los embajadores o militares, que requieren la conformidad de la Cámara alta para su nombramiento, pero no a titulares de otro poder del Estado, como el Judicial.
Ese decreto encerraba, además, un peligroso precedente, por cuanto si cualquier titular del Poder Ejecutivo pudiese nombrar hasta el 30 de noviembre jueces durante el receso parlamentario y un año después, en ocasión del siguiente receso legislativo, repetir tal procedimiento, podría tener magistrados sin acuerdo del Senado por tiempo indeterminado. El principio de división de poderes, de ese modo, quedaría herido de muerte.
El cuestionado decreto por el cual Milei designó a Lijo y a García-Mansilla en comisión -aunque solo este último se incorporó a la Corte- les brindó a no pocos senadores nacionales el mejor argumento para rechazar los pliegos de los candidatos del Gobierno al máximo tribunal. Incluso les permitió a algunos de ellos oponerse a las designaciones sin tener que formular críticas a Lijo en el debate.
No resultaría extraño que el académico García-Mansilla termine dando un paso al costado
Pero el más imperdonable de todos los errores políticos del Gobierno fue habilitar la posibilidad de que nada menos que el kirchnerismo, a través de sus representantes en el Senado, pudiera vanagloriarse de que salió en defensa de las instituciones y de la seguridad jurídica. Mientras el jefe del bloque de senadores justicialistas, el formoseño José Mayans, exclamó durante la sesión del jueves que “el pueblo argentino merece el funcionamiento de las instituciones de la República”, el senador rionegrino Martín Doñate denunció “un golpe institucional” por parte de Milei por pretender designar miembros de la Corte por decreto. Lo más llamativo del discurso de este senador fue que citó a Juan Bautista Alberdi, cuando no es común escuchar a representantes del peronismo defendiendo a los más genuinos representantes del ideario liberal.
Las paradojas no terminaron allí, por cuanto también sorprendió que un senador de La Libertad Avanza, como Juan Carlos Pagotto, al defender la designación por decreto de los jueces de la Corte, recurriera a citas de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien en reiteradas ocasiones fue vapuleado por el propio Milei por sus posiciones ultragarantistas en material penal.
El último error de Milei fue probablemente no haber retirado a tiempo los pliegos de sus dos candidatos a la Corte una vez que advirtió la imposibilidad de que pasasen el filtro del Senado. Esta recomendación, que hicieron llegar algunos representantes del radicalismo en la Cámara alta, terminó siendo desoída por el Gobierno. El retiro de los pliegos hubiera atenuado la contundencia de la derrota legislativa del oficialismo y podría haber dejado en una posición más cómoda al doctor García-Mansilla, cuya postulación fue rechazada por 51 senadores -esto es, más de dos terceras partes del cuerpo- y solo respaldada por 20.
Antes de la votación, una primera versión emanada de interlocutores de García-Mansilla indicaba que este iba a renunciar al cargo de juez de la Corte que ocupa en comisión si el Senado no aprobaba su pliego, como finalmente ocurrió. Posteriormente, trascendió que realizaría consultas con sus pares del máximo tribunal para decidir su futuro, al tiempo que desde el Gobierno se insistía en que nada debería obstaculizar su continuidad hasta el 30 de noviembre.
Lo cierto es que la continuidad de García-Mansilla en la Corte podría dar lugar a no pocos conflictos y a cuestionamientos de las sentencias del máximo tribunal en las que aquel intervenga. Se trata de una razón por la cual no resultaría extraño que el académico termine dando un paso al costado. En especial, cuando desde la propia Corte se ha señalado que puede seguir funcionando con tres integrantes.
Se abriría, de ese modo, una nueva etapa, en la que el gobierno de Milei tendrá que barajar y dar de nuevo, buscando dos nuevos candidatos o candidatas para cubrir los puestos vacantes en el más alto tribunal de la Nación, que no ofrezcan la más mínima duda sobre su integridad, honorabilidad e idoneidad. Y, tal vez, deberá armarse de paciencia y esperar al 10 de diciembre próximo, cuando muy probablemente el actual bloque de seis senadores de La Libertad Avanza podría duplicarse luego de las elecciones legislativas de octubre.
El duro revés que experimentó el gobierno de Javier Milei con el amplio rechazo por parte del Senado de la Nación a las propuestas del Poder Ejecutivo para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como miembros de la Corte Suprema de Justicia reconoce un compendio de errores políticos por parte del Presidente.
El primero de esos errores fue comprar la teoría del juez supremo Ricardo Lorenzetti, según la cual la nominación del juez federal Lijo sería digerible para el kirchnerismo. Era sabido, por cierto, que desde el momento en que el acuerdo para nombrar magistrados en el máximo tribunal de la Nación exige el aval de dos tercios de los senadores presentes, iba a resultar prácticamente imposible hacerlo sin votos kirchneristas. Pero también era sabido que el gobierno de Milei no podía aparecer negociando abiertamente cargos en la Corte con el kirchnerismo frente a una sociedad a la que le vendió su discurso contra la casta. Lograr un apoyo de Cristina Kirchner sin una negociación abierta con ella era tan complejo como buscar negociar sin que nadie lo notara. Constituían alternativas de un juego imposible. Especialmente, cuando para la principal líder opositora, preocupada por sus causas judiciales, el propósito fundamental de toda tratativa no es otro que garantizarse impunidad.
Era obvio que la simple llegada de Lijo a la Corte no satisfacía las necesidades de Cristina Kirchner. Sus operadores políticos en temas jurídicos pretendían una ampliación del número de miembros de la Corte para habilitar el ingreso de postulantes afines al kirchnerismo, al igual que un acuerdo para la cobertura de juzgados federales vacantes y hasta la designación del procurador general de la Nación. Demasiado para lo que el gobierno nacional podía ceder sin ser acusado de pactar con la casta que prometió combatir.
El segundo de los errores de Milei fue, precisamente, la nominación de una figura como Lijo, cuestionado en forma prácticamente unánime por las organizaciones de la sociedad civil consagradas a los temas judiciales y sobre quien resulta ilustrativa la definición del senador Luis Juez: “Es el Tusam de la Justicia porque te va a dormir una causa si al poder político le conviene”.
Una tercera equivocación del Presidente pasó por el dictado del decreto que, a pocas horas del inicio del período de sesiones ordinarias del Congreso, nombró a Lijo y a García-Mansilla en la Corte Suprema, en comisión. Esta decisión afectó la legitimidad republicana y fue señalada desde distintos ámbitos políticos y académicos como un claro retroceso en materia institucional. Según lo dispuesto por la Constitución nacional, el nombramiento de los jueces solo puede ser efectuado con el acuerdo del Senado. Y no contar con los dos tercios de los senadores para ratificarlos no habilita al Poder Ejecutivo a obviar aquel procedimiento constitucional. Para justificar las designaciones de los jueces de la Corte en comisión y por decreto, el Gobierno esgrimió el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución, según el cual figura entre las atribuciones del Poder Ejecutivo “llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Sin embargo, distintos especialistas entienden que el término “empleos” mencionado en ese artículo aludiría a los embajadores o militares, que requieren la conformidad de la Cámara alta para su nombramiento, pero no a titulares de otro poder del Estado, como el Judicial.
Ese decreto encerraba, además, un peligroso precedente, por cuanto si cualquier titular del Poder Ejecutivo pudiese nombrar hasta el 30 de noviembre jueces durante el receso parlamentario y un año después, en ocasión del siguiente receso legislativo, repetir tal procedimiento, podría tener magistrados sin acuerdo del Senado por tiempo indeterminado. El principio de división de poderes, de ese modo, quedaría herido de muerte.
El cuestionado decreto por el cual Milei designó a Lijo y a García-Mansilla en comisión -aunque solo este último se incorporó a la Corte- les brindó a no pocos senadores nacionales el mejor argumento para rechazar los pliegos de los candidatos del Gobierno al máximo tribunal. Incluso les permitió a algunos de ellos oponerse a las designaciones sin tener que formular críticas a Lijo en el debate.
No resultaría extraño que el académico García-Mansilla termine dando un paso al costado
Pero el más imperdonable de todos los errores políticos del Gobierno fue habilitar la posibilidad de que nada menos que el kirchnerismo, a través de sus representantes en el Senado, pudiera vanagloriarse de que salió en defensa de las instituciones y de la seguridad jurídica. Mientras el jefe del bloque de senadores justicialistas, el formoseño José Mayans, exclamó durante la sesión del jueves que “el pueblo argentino merece el funcionamiento de las instituciones de la República”, el senador rionegrino Martín Doñate denunció “un golpe institucional” por parte de Milei por pretender designar miembros de la Corte por decreto. Lo más llamativo del discurso de este senador fue que citó a Juan Bautista Alberdi, cuando no es común escuchar a representantes del peronismo defendiendo a los más genuinos representantes del ideario liberal.
Las paradojas no terminaron allí, por cuanto también sorprendió que un senador de La Libertad Avanza, como Juan Carlos Pagotto, al defender la designación por decreto de los jueces de la Corte, recurriera a citas de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien en reiteradas ocasiones fue vapuleado por el propio Milei por sus posiciones ultragarantistas en material penal.
El último error de Milei fue probablemente no haber retirado a tiempo los pliegos de sus dos candidatos a la Corte una vez que advirtió la imposibilidad de que pasasen el filtro del Senado. Esta recomendación, que hicieron llegar algunos representantes del radicalismo en la Cámara alta, terminó siendo desoída por el Gobierno. El retiro de los pliegos hubiera atenuado la contundencia de la derrota legislativa del oficialismo y podría haber dejado en una posición más cómoda al doctor García-Mansilla, cuya postulación fue rechazada por 51 senadores -esto es, más de dos terceras partes del cuerpo- y solo respaldada por 20.
Antes de la votación, una primera versión emanada de interlocutores de García-Mansilla indicaba que este iba a renunciar al cargo de juez de la Corte que ocupa en comisión si el Senado no aprobaba su pliego, como finalmente ocurrió. Posteriormente, trascendió que realizaría consultas con sus pares del máximo tribunal para decidir su futuro, al tiempo que desde el Gobierno se insistía en que nada debería obstaculizar su continuidad hasta el 30 de noviembre.
Lo cierto es que la continuidad de García-Mansilla en la Corte podría dar lugar a no pocos conflictos y a cuestionamientos de las sentencias del máximo tribunal en las que aquel intervenga. Se trata de una razón por la cual no resultaría extraño que el académico termine dando un paso al costado. En especial, cuando desde la propia Corte se ha señalado que puede seguir funcionando con tres integrantes.
Se abriría, de ese modo, una nueva etapa, en la que el gobierno de Milei tendrá que barajar y dar de nuevo, buscando dos nuevos candidatos o candidatas para cubrir los puestos vacantes en el más alto tribunal de la Nación, que no ofrezcan la más mínima duda sobre su integridad, honorabilidad e idoneidad. Y, tal vez, deberá armarse de paciencia y esperar al 10 de diciembre próximo, cuando muy probablemente el actual bloque de seis senadores de La Libertad Avanza podría duplicarse luego de las elecciones legislativas de octubre.
Tras el duro revés en el Senado, el gobierno nacional deberá barajar y dar de nuevo para definir el futuro de la Corte, aunque podría esperar al recambio legislativo de diciembre para contar con más legisladores propios LA NACION
