No es función del Estado jerarquizar profesiones, ni asegurarles un ingreso digno, ni impedir la irrupción de improvisados, ni evitar la competencia entre sus miembros. El Estado debe velar por el bien común aun cuando distintos sectores, desde su óptica, tengan razones para pedir tutelas particulares. Pues, al fin y al cabo, también están compuestos por familias quienes, despojados de sus “camisetas” laborales, tampoco deberían pagar ventajas ajenas. El beneficio de unos es siempre el costo de otros.
Las resoluciones 61/25 y 62/25 de la Administración de Parques Nacionales, modificatorias del Reglamento de Permisos Turísticos, al desregular los servicios turísticos en los 39 parques nacionales facilitando con menores exigencias la actividad de nuevos prestadores, ha provocado críticas pues “no son parques de diversiones, sino áreas naturales protegidas, que debemos preservar”, advirtiendo que la irrupción de permisionarios de forma descontrolada afectará su cuidado.
Parece razonable facilitar el desarrollo turístico en ellos pues su existencia y preservación no son para contemplarlos en fotografías o como mausoleos para generaciones futuras, sino para disfrute de las actuales, de forma respetuosa y sostenible. Su aplicación práctica debe ser muy estricta para evitar daños irreparables, pues el descuido por lo público es un grave síntoma de nuestra enfermedad colectiva.
Desde 1930, en la Argentina se cree posible mejorar la situación del conjunto a través de regulaciones particulares como si el progreso colectivo fuese la suma de beneficios sectoriales
Lo más ruidoso de la nueva normativa han sido los cambios al trabajo de los guías habilitados. Por un lado, ya no será obligatorio que las empresas de turismo los contraten cuando no esté en riesgo la seguridad de los visitantes ni la protección de los parques. Y por otro, se han flexibilizado los requisitos para ejercer como tales en áreas protegidas. Hasta ahora se requería título terciario o universitario; con las reformas esa exigencia se limitará a los «guías de turismo especializado», mientras que los «guías de sitio», para caminatas y excursiones básicas no necesitarán formación académica. Las exigencias eran tan altas como si fueran para dictar cátedra en Salamanca o para hacer caminatas lunares. Más bien, parecían restricciones gremiales al ingreso de nuevos postulantes y para blindar un mercado cautivo. “Piensa mal y acertarás” es una frase atribuida a Maquiavelo, quizás aplicable al caso.
Según la coordinación nacional de ATE Parques Nacionales “la desregulación traerá precarización laboral pues las agencias van a pagar lo que quieran o contratarán a personas que van a oficiar de guías, pero sin título”. A su vez, los guías agrupados de Río Negro alegan que “se desprofesionaliza y quita jerarquía a la actividad turística, permitiendo que personas sin formación específica, realicen labores especializadas” previendo una oferta de servicios “de baja calidad, en competencia desleal y con pérdida de empleos”. Por su parte, la Cámara Argentina de Turismo alega que la contratación de guías debe ser libre y en reconocimiento de su labor, y no una obligación gravosa aun cuando sea una excursión pequeña.
Hay un tema silenciado por detrás de este debate. La “motosierra” del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no puede entrar al núcleo del problema por tratarse de competencias locales: la colegiación obligatoria vigente en varias provincias, con sus aranceles irrenunciables, que hacen costoso contratar a los guías. Ello ocurre en Río Negro, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, San Juan, La Rioja, Neuquén y, por supuesto, Buenos Aires. En las demás hay asociaciones voluntarias que aspiran convertirse, también, en colegios oficiales.
Al imponerse costos de los agremiados al resto de los argentinos solo se consigue alentar reclamos para lograr conquistas similares y desalentar las actividades que se quiere promover
Todas las actividades productivas tienen una inclinación natural por crear mercados cautivos para mejorar los ingresos de sus miembros. Esto ya lo sabían los revolucionarios franceses que dictaron la Ley Chapelier (1791), eliminando los gremios medievales. En la órbita industrial, además de los aranceles de importación se han utilizado las aprobaciones técnicas o las medidas antidumping para evitar el ingreso de mercaderías del exterior. Las constructoras han limitado la competencia mediante registros de constructores e impuesto la regla de “nunca competir por precio, sino por calidad”. En la provincia de Buenos Aires, los farmacéuticos impidieron la instalación de cadenas de farmacias comerciales. En el nuevo Código Civil y Comercial se impone la contratación de calígrafos para reconocer las firmas en los testamentos, quienes cobran aranceles basados en el acervo hereditario.
En cuanto a las profesiones universitarias, normas locales han creado colegios o consejos que administran las matrículas, haciendo obligatoria la afiliación para obtenerlas. De igual forma, otras especializaciones han logrado convencer a sus legislaturas mediante el dictado de leyes semejantes. Más allá de los frondosos articulados, hay cuatro disposiciones que nunca faltan: la creación de un colegio oficial, la obligación de afiliarse para ejercer la actividad, la aplicación de aranceles mínimos irrenunciables y las cuotas sociales para aquel organismo.
Para muestra, basta un botón (o un chaleco completo). En la provincia de Buenos Aires existen colegios oficiales de asistentes sociales, bioquímicos, dietistas, farmacéuticos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, nutricionistas, obstétricas, odontólogos, profesionales en turismo (¡nuestros guías!), psicólogos, ópticos, sociólogos, técnicos y terapistas, sin olvidar los tradicionales colegios de abogados, escribanos, ingenieros (en sus distintas especialidades), agrónomos, martilleros, médicos, traductores públicos y veterinarios. Además de consejos profesionales de agrimensura, arquitectura, ciencias económicas, informáticas, naturales (geólogos, biólogos, zoólogos, botánicos, ecólogos, geoquímicos y paleontólogos); química y de seguridad e higiene.
Toda la sociedad está parcelada en sindicatos profesionales que intentan imponer sus servicios y honorarios sobre los demás, tan necesitados como ellos. Impiden el ejercicio libre por parte de quienes tienen título, forzándolos a agremiarse, haciendo ilegal cobrar por debajo del arancel oficial e igualando así a todos sus afiliados. Con los aportes, mayores cuando más altos son los aranceles, alimentan la tesorería de sus organizaciones. En las más populosas (no es el caso de los guías, cuya modestia es reconocida) la administración de los dineros recaudados –sumados a las cajas jubilatorias, cuando existen- suele ser un negocio jugoso para gestores de fondos amigos. Y con todo ello, la politización de sus cargos suele ser inevitable.
El bienestar general depende del crecimiento mediante inversiones que mejoren la productividad y aumenten los empleos
Durante el gobierno de Carlos Menem se dictaron los decretos 2284/91 y 2293/92 para desregular esas actividades en todo el país, eliminando las agremiaciones compulsivas y los aranceles obligatorios. Pero ocho años después el decreto 240/99 reconoció su fracaso pues esos sanos principios no pueden imponerse sin la aquiescencia de los estados locales, conforme a la Constitución Nacional. Lamentablemente, en las provincias existe un estrecho connubio entre quienes se dedican a la política y quienes dirigen los consejos profesionales, imposible de quebrar desde afuera, pues suelen ser los mismos. El gobierno federal solo puede actuar en los ámbitos minúsculos de los parques nacionales, el puerto de Buenos Aires y las bases antárticas. Sin ironía.
Desde 1930, en la Argentina se cree posible mejorar la situación del conjunto a través de regulaciones particulares como si el progreso colectivo fuese la suma algebraica de beneficios sectoriales. Al imponerse costos de los agremiados al resto de los argentinos solo se consigue alentar reclamos para lograr conquistas similares y desalentar las actividades que se quiere promover. El bienestar general depende del crecimiento del país mediante inversiones que mejoren la productividad del trabajo, aumenten los empleos regulares y permitan un mayor consumo. En el caso concreto de los guías turísticos en los parques nacionales, siempre apreciados por los visitantes y recordados por los viajeros, sus funciones son imprescindibles y deben hacerlas valer por méritos propios. La participación en asociaciones voluntarias cuya seriedad sea reconocida debería ser la mejor carta de presentación ante las empresas de turismo como garantía del mejor servicio.
Es increíble que, a pesar de años de inflación, falta de empleo estable y pobreza obscena, persista la creencia de que progresaremos con regulaciones sectoriales, mientras el conjunto se cae a pedazos. El síndrome del mejor camarote en el Titanic.
La Unión Europea, agobiada por un lastre semejante, se apresura a desregular pues sus jóvenes emprendedores se mudan a los Estados Unidos, donde las iniciativas no se bloquean. Es otra deuda pendiente de nuestra política, como parte de las reformas necesarias para salir adelante.
No es función del Estado jerarquizar profesiones, ni asegurarles un ingreso digno, ni impedir la irrupción de improvisados, ni evitar la competencia entre sus miembros. El Estado debe velar por el bien común aun cuando distintos sectores, desde su óptica, tengan razones para pedir tutelas particulares. Pues, al fin y al cabo, también están compuestos por familias quienes, despojados de sus “camisetas” laborales, tampoco deberían pagar ventajas ajenas. El beneficio de unos es siempre el costo de otros.
Las resoluciones 61/25 y 62/25 de la Administración de Parques Nacionales, modificatorias del Reglamento de Permisos Turísticos, al desregular los servicios turísticos en los 39 parques nacionales facilitando con menores exigencias la actividad de nuevos prestadores, ha provocado críticas pues “no son parques de diversiones, sino áreas naturales protegidas, que debemos preservar”, advirtiendo que la irrupción de permisionarios de forma descontrolada afectará su cuidado.
Parece razonable facilitar el desarrollo turístico en ellos pues su existencia y preservación no son para contemplarlos en fotografías o como mausoleos para generaciones futuras, sino para disfrute de las actuales, de forma respetuosa y sostenible. Su aplicación práctica debe ser muy estricta para evitar daños irreparables, pues el descuido por lo público es un grave síntoma de nuestra enfermedad colectiva.
Desde 1930, en la Argentina se cree posible mejorar la situación del conjunto a través de regulaciones particulares como si el progreso colectivo fuese la suma de beneficios sectoriales
Lo más ruidoso de la nueva normativa han sido los cambios al trabajo de los guías habilitados. Por un lado, ya no será obligatorio que las empresas de turismo los contraten cuando no esté en riesgo la seguridad de los visitantes ni la protección de los parques. Y por otro, se han flexibilizado los requisitos para ejercer como tales en áreas protegidas. Hasta ahora se requería título terciario o universitario; con las reformas esa exigencia se limitará a los «guías de turismo especializado», mientras que los «guías de sitio», para caminatas y excursiones básicas no necesitarán formación académica. Las exigencias eran tan altas como si fueran para dictar cátedra en Salamanca o para hacer caminatas lunares. Más bien, parecían restricciones gremiales al ingreso de nuevos postulantes y para blindar un mercado cautivo. “Piensa mal y acertarás” es una frase atribuida a Maquiavelo, quizás aplicable al caso.
Según la coordinación nacional de ATE Parques Nacionales “la desregulación traerá precarización laboral pues las agencias van a pagar lo que quieran o contratarán a personas que van a oficiar de guías, pero sin título”. A su vez, los guías agrupados de Río Negro alegan que “se desprofesionaliza y quita jerarquía a la actividad turística, permitiendo que personas sin formación específica, realicen labores especializadas” previendo una oferta de servicios “de baja calidad, en competencia desleal y con pérdida de empleos”. Por su parte, la Cámara Argentina de Turismo alega que la contratación de guías debe ser libre y en reconocimiento de su labor, y no una obligación gravosa aun cuando sea una excursión pequeña.
Hay un tema silenciado por detrás de este debate. La “motosierra” del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no puede entrar al núcleo del problema por tratarse de competencias locales: la colegiación obligatoria vigente en varias provincias, con sus aranceles irrenunciables, que hacen costoso contratar a los guías. Ello ocurre en Río Negro, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Misiones, San Juan, La Rioja, Neuquén y, por supuesto, Buenos Aires. En las demás hay asociaciones voluntarias que aspiran convertirse, también, en colegios oficiales.
Al imponerse costos de los agremiados al resto de los argentinos solo se consigue alentar reclamos para lograr conquistas similares y desalentar las actividades que se quiere promover
Todas las actividades productivas tienen una inclinación natural por crear mercados cautivos para mejorar los ingresos de sus miembros. Esto ya lo sabían los revolucionarios franceses que dictaron la Ley Chapelier (1791), eliminando los gremios medievales. En la órbita industrial, además de los aranceles de importación se han utilizado las aprobaciones técnicas o las medidas antidumping para evitar el ingreso de mercaderías del exterior. Las constructoras han limitado la competencia mediante registros de constructores e impuesto la regla de “nunca competir por precio, sino por calidad”. En la provincia de Buenos Aires, los farmacéuticos impidieron la instalación de cadenas de farmacias comerciales. En el nuevo Código Civil y Comercial se impone la contratación de calígrafos para reconocer las firmas en los testamentos, quienes cobran aranceles basados en el acervo hereditario.
En cuanto a las profesiones universitarias, normas locales han creado colegios o consejos que administran las matrículas, haciendo obligatoria la afiliación para obtenerlas. De igual forma, otras especializaciones han logrado convencer a sus legislaturas mediante el dictado de leyes semejantes. Más allá de los frondosos articulados, hay cuatro disposiciones que nunca faltan: la creación de un colegio oficial, la obligación de afiliarse para ejercer la actividad, la aplicación de aranceles mínimos irrenunciables y las cuotas sociales para aquel organismo.
Para muestra, basta un botón (o un chaleco completo). En la provincia de Buenos Aires existen colegios oficiales de asistentes sociales, bioquímicos, dietistas, farmacéuticos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, nutricionistas, obstétricas, odontólogos, profesionales en turismo (¡nuestros guías!), psicólogos, ópticos, sociólogos, técnicos y terapistas, sin olvidar los tradicionales colegios de abogados, escribanos, ingenieros (en sus distintas especialidades), agrónomos, martilleros, médicos, traductores públicos y veterinarios. Además de consejos profesionales de agrimensura, arquitectura, ciencias económicas, informáticas, naturales (geólogos, biólogos, zoólogos, botánicos, ecólogos, geoquímicos y paleontólogos); química y de seguridad e higiene.
Toda la sociedad está parcelada en sindicatos profesionales que intentan imponer sus servicios y honorarios sobre los demás, tan necesitados como ellos. Impiden el ejercicio libre por parte de quienes tienen título, forzándolos a agremiarse, haciendo ilegal cobrar por debajo del arancel oficial e igualando así a todos sus afiliados. Con los aportes, mayores cuando más altos son los aranceles, alimentan la tesorería de sus organizaciones. En las más populosas (no es el caso de los guías, cuya modestia es reconocida) la administración de los dineros recaudados –sumados a las cajas jubilatorias, cuando existen- suele ser un negocio jugoso para gestores de fondos amigos. Y con todo ello, la politización de sus cargos suele ser inevitable.
El bienestar general depende del crecimiento mediante inversiones que mejoren la productividad y aumenten los empleos
Durante el gobierno de Carlos Menem se dictaron los decretos 2284/91 y 2293/92 para desregular esas actividades en todo el país, eliminando las agremiaciones compulsivas y los aranceles obligatorios. Pero ocho años después el decreto 240/99 reconoció su fracaso pues esos sanos principios no pueden imponerse sin la aquiescencia de los estados locales, conforme a la Constitución Nacional. Lamentablemente, en las provincias existe un estrecho connubio entre quienes se dedican a la política y quienes dirigen los consejos profesionales, imposible de quebrar desde afuera, pues suelen ser los mismos. El gobierno federal solo puede actuar en los ámbitos minúsculos de los parques nacionales, el puerto de Buenos Aires y las bases antárticas. Sin ironía.
Desde 1930, en la Argentina se cree posible mejorar la situación del conjunto a través de regulaciones particulares como si el progreso colectivo fuese la suma algebraica de beneficios sectoriales. Al imponerse costos de los agremiados al resto de los argentinos solo se consigue alentar reclamos para lograr conquistas similares y desalentar las actividades que se quiere promover. El bienestar general depende del crecimiento del país mediante inversiones que mejoren la productividad del trabajo, aumenten los empleos regulares y permitan un mayor consumo. En el caso concreto de los guías turísticos en los parques nacionales, siempre apreciados por los visitantes y recordados por los viajeros, sus funciones son imprescindibles y deben hacerlas valer por méritos propios. La participación en asociaciones voluntarias cuya seriedad sea reconocida debería ser la mejor carta de presentación ante las empresas de turismo como garantía del mejor servicio.
Es increíble que, a pesar de años de inflación, falta de empleo estable y pobreza obscena, persista la creencia de que progresaremos con regulaciones sectoriales, mientras el conjunto se cae a pedazos. El síndrome del mejor camarote en el Titanic.
La Unión Europea, agobiada por un lastre semejante, se apresura a desregular pues sus jóvenes emprendedores se mudan a los Estados Unidos, donde las iniciativas no se bloquean. Es otra deuda pendiente de nuestra política, como parte de las reformas necesarias para salir adelante.
Es vital que comprendamos, después de años de intervencionismo estatal y de políticas inflacionarias, que de nada sirven las regulaciones sectoriales si el conjunto se cae a pedazos LA NACION
