Secta rusa: el líder quiso forzar a una mujer a ponerle su apellido a un recién nacido para obtener la ciudadanía argentina
El nacimiento de un bebé y el intento de adulteración de una partida de nacimiento fueron los que terminaron de hacer caer a la secta rusa que operaba en Bariloche y por el que 21 personas fueron acusadas de formar parte de una organización criminal transnacional con fines de trata de personas.
A principios de marzo, en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, una joven fue llevada a dar a luz por otras dos mujeres, todas de nacionalidad rusa, y una de las acompañantes les pidió a los médicos que el recién nacido fuese inscripto con el apellido de Konstantin Rudnev, el cabecilla de la organización, al afirmar que él era el padre, que estaba trabajando y que se haría presente en los próximos días.
Lo que buscaba Rudnev con esta maniobra, según cree la Justicia, era poder obtener por esa vía la ciudadanía argentina. Sin embargo, los médicos rechazaron el pedido y registraron al recién nacido con el apellido de su madre. Sin embargo, una de las mujeres procesadas tachó el apellido materno e intentó poner el del líder de la secta. Por este motivo, se debió hacer una nueva partida y, además, la mujer fue acusada por falsedad ideológica en grado de tentativa.
Por su parte, la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo del fiscal general Fernando Arrigo, quien actúa junto a los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, imputó el viernes a 21 personas de nacionalidad rusa de formar parte de una organización criminal que con fines de trata sexual y reducción a la servidumbre que captó a la joven madre de 22 años que fue traída desde Rusia y que el 21 de marzo pasado dio a luz a un bebé en un hospital de esa ciudad rionegrina. Según la fiscalía, el aparente objetivo era anotar al recién nacido como hijo del sindicado jefe de la secta para que este imputado pueda adquirir la nacionalidad argentina mientras elude un pedido de captura de la República Montenegrina.
La fiscalía aclaró que, del total de imputados, solo 13 permanecen detenidos y el resto se encuentra sometido al proceso en libertad con ciertas restricciones. Solo hay dos hombres -entre ellos el presunto líder-, y el resto son mujeres. Todos tienen nacionalidad rusa, aunque a algunos también se les secuestraron pasaportes de otros países, como Brasil y México.
En la audiencia de formalización del caso, que se realizó entre el jueves y viernes pasado, la fiscalía sostuvo frente al juez de garantías Gustavo Zapata, que la organización captó, trasladó, y acogió a la mujer con fines de explotación sexual y de reducción a la servidumbre, para lo cual medió engaño —la fachada de un espacio espiritual y de práctica de yoga— y coerción, y se aprovechó la extrema situación de vulnerabilidad de la víctima.
Los fiscales también atribuyeron a una de las mujeres el delito de falsedad ideológica en grado de tentativa, dado que intentó modificar la partida de nacimiento del niño, documento destinado a acreditar la identidad en la tramitación del DNI.
La fiscalía también imputó a dos mujeres integrantes de la organización el transporte de estupefacientes desde Bariloche a la ciudad de Buenos Aires, a raíz de que se hallaron en su poder frascos con pastillas de cocaína en el momento en que, junto a otros acusados, fueron detenidas el viernes 28 de marzo en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, cuando estaban a punto de tomar un avión hacia la Capital Federal.
Sobre Rudnev
Durante la audiencia de formalización de la investigación, Arrigo afirmó que el líder de la organización fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual en Rusia y que huyó de la República Montenegrina, donde era buscado desde el 9 de octubre pasado. El fiscal sostuvo que, con la maniobra que involucró a la víctima embarazada y a su hijo, este imputado intentó obtener la nacionalidad argentina para posteriormente pedir la residencia brasileña y, de esa forma, poder vivir de manera permanente o temporaria en estos dos países, donde la organización estaba consolidando su asentamiento.
En tal sentido, Arrigo describió que, de acuerdo a la reglamentación de la Ley 23.509 de ciudadanía, la persona que solicite su naturalización deberá tener cónyuge o hijo argentino nativo y que tal situación la exime del requisito de permanencia de dos años continuos de residencia. Agregó que ello, sumado a los acuerdos que existen entre Brasil y Argentina, deriva en que los residentes puedan moverse libremente por los países, y que un acuerdo firmado en 2003 habilita a los argentinos a solicitar permiso de residencia permanente para vivir en Brasil.
Qué dijo la joven madre
Según el testimonio de la víctima, el líder de la organización fue quien se encargó que una de las imputadas la traiga desde Moscú a la Argentina, solventando los gastos del traslado. Al respecto, la Dirección de Migraciones confirmó que las dos mujeres viajaron el mismo día e ingresaron al país en la misma fecha, el 9 de enero, y en el mismo vuelo, y que fueron atendidas por el mismo control migratorio con diferencia de un minuto.
La fiscalía indicó que la primera acción típica desplegada por la organización trasnacional criminal fue la de captar a la víctima vulnerable, como primer momento en el proceso de la trata de personas. “Se conquista con medios engañosos la voluntad de otra persona humana para explotarla con alguna finalidad”, sostuvo Arrigo en la audiencia.
Asimismo, se refirió a “la persuasión coercitiva, es decir, reducir a la víctima a una situación de explotación que se materializa en un dominio por parte del líder, quien ordenó la inscripción del hijo que dio a luz la víctima por intermedio de su organización coercitiva criminal”.
Explicó que para ello la organización aprovechó “la situación de vulnerabilidad de la víctima” al afirmar que se encontraba “sola, en un país que no conoce el idioma, sin sustento económico, ni libertad ambulatoria, ni libertad de comunicación”.
“La víctima tiene viciada su voluntad, por esa razón, accede”, sostuvo Arrigo y agregó que “nunca es válido el consentimiento dado a una situación de esclavitud y, en ningún caso el derecho debe validarlo”.
El sindicado líder de la organización se encuentra detenido en la Unidad N° 6 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la ciudad de Rawson, Chubut, mientras que tres mujeres permanecen alojadas en el penal porteño de Villa Devoto y otras nueve personas, en distintas dependencias policiales de Bariloche.
La fiscalía sostuvo que, del análisis de audios, mensajes de texto, fotografías y videos obtenidos a partir de la apertura de los teléfonos celulares de los imputados, se comprobó el “modus operandi” de la organización.
En este sentido, el fiscal reveló que “se autorizaban las raciones de comida, de compras de diversos productos y se disponían ayunos obligatorios como forma de castigo”. Destacó que en los allanamientos realizados se secuestraron vajillas con nombres, botellones de agua que se encontraban rotulados y se comprobó que el cuarto en el que se almacenaban los alimentos se encontraba bajo llave.
Por otra parte, el fiscal sostuvo que el acogimiento “se dio desde una perspectiva psicológica o espiritual”. En ese sentido, señaló que “desde la idea de la pertenencia a la secta, quienes formaban parte eran personas elegidas, superiores al resto de la sociedad” y agregó: “Para quienes pertenecían a ella ‘el afuera’ era un ‘mundo mundano’ y aquellos que seguían este camino serían quienes iban a trascender”.
También resaltó que “en este caso el acogimiento se presentó como un refugio -dentro de la secta- para permanecer ajenos a ese mundo exterior y mundano, pero en lugar de actuar como un verdadero refugio sirvió a los responsables para controlar hasta el más mínimo detalle de las vidas de sus víctimas”.
En otro tramo de su exposición, Arrigo destacó que las imputadas que acompañaban a la víctima “le compraban cosas, y no la dejaban sola con la excusa de cuidarla restringiendo así su libertad ambulatoria, que ya estaba condicionada de por sí, puesto que se encuentra en un país sin conocimiento del idioma, y aproximadamente a 17 mil kilómetros de su ámbito de vida y familiar”.
El nacimiento de un bebé y el intento de adulteración de una partida de nacimiento fueron los que terminaron de hacer caer a la secta rusa que operaba en Bariloche y por el que 21 personas fueron acusadas de formar parte de una organización criminal transnacional con fines de trata de personas.
A principios de marzo, en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, una joven fue llevada a dar a luz por otras dos mujeres, todas de nacionalidad rusa, y una de las acompañantes les pidió a los médicos que el recién nacido fuese inscripto con el apellido de Konstantin Rudnev, el cabecilla de la organización, al afirmar que él era el padre, que estaba trabajando y que se haría presente en los próximos días.
Lo que buscaba Rudnev con esta maniobra, según cree la Justicia, era poder obtener por esa vía la ciudadanía argentina. Sin embargo, los médicos rechazaron el pedido y registraron al recién nacido con el apellido de su madre. Sin embargo, una de las mujeres procesadas tachó el apellido materno e intentó poner el del líder de la secta. Por este motivo, se debió hacer una nueva partida y, además, la mujer fue acusada por falsedad ideológica en grado de tentativa.
Por su parte, la Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo del fiscal general Fernando Arrigo, quien actúa junto a los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, imputó el viernes a 21 personas de nacionalidad rusa de formar parte de una organización criminal que con fines de trata sexual y reducción a la servidumbre que captó a la joven madre de 22 años que fue traída desde Rusia y que el 21 de marzo pasado dio a luz a un bebé en un hospital de esa ciudad rionegrina. Según la fiscalía, el aparente objetivo era anotar al recién nacido como hijo del sindicado jefe de la secta para que este imputado pueda adquirir la nacionalidad argentina mientras elude un pedido de captura de la República Montenegrina.
La fiscalía aclaró que, del total de imputados, solo 13 permanecen detenidos y el resto se encuentra sometido al proceso en libertad con ciertas restricciones. Solo hay dos hombres -entre ellos el presunto líder-, y el resto son mujeres. Todos tienen nacionalidad rusa, aunque a algunos también se les secuestraron pasaportes de otros países, como Brasil y México.
En la audiencia de formalización del caso, que se realizó entre el jueves y viernes pasado, la fiscalía sostuvo frente al juez de garantías Gustavo Zapata, que la organización captó, trasladó, y acogió a la mujer con fines de explotación sexual y de reducción a la servidumbre, para lo cual medió engaño —la fachada de un espacio espiritual y de práctica de yoga— y coerción, y se aprovechó la extrema situación de vulnerabilidad de la víctima.
Los fiscales también atribuyeron a una de las mujeres el delito de falsedad ideológica en grado de tentativa, dado que intentó modificar la partida de nacimiento del niño, documento destinado a acreditar la identidad en la tramitación del DNI.
La fiscalía también imputó a dos mujeres integrantes de la organización el transporte de estupefacientes desde Bariloche a la ciudad de Buenos Aires, a raíz de que se hallaron en su poder frascos con pastillas de cocaína en el momento en que, junto a otros acusados, fueron detenidas el viernes 28 de marzo en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, cuando estaban a punto de tomar un avión hacia la Capital Federal.
Sobre Rudnev
Durante la audiencia de formalización de la investigación, Arrigo afirmó que el líder de la organización fue condenado a 11 años de prisión por abuso sexual en Rusia y que huyó de la República Montenegrina, donde era buscado desde el 9 de octubre pasado. El fiscal sostuvo que, con la maniobra que involucró a la víctima embarazada y a su hijo, este imputado intentó obtener la nacionalidad argentina para posteriormente pedir la residencia brasileña y, de esa forma, poder vivir de manera permanente o temporaria en estos dos países, donde la organización estaba consolidando su asentamiento.
En tal sentido, Arrigo describió que, de acuerdo a la reglamentación de la Ley 23.509 de ciudadanía, la persona que solicite su naturalización deberá tener cónyuge o hijo argentino nativo y que tal situación la exime del requisito de permanencia de dos años continuos de residencia. Agregó que ello, sumado a los acuerdos que existen entre Brasil y Argentina, deriva en que los residentes puedan moverse libremente por los países, y que un acuerdo firmado en 2003 habilita a los argentinos a solicitar permiso de residencia permanente para vivir en Brasil.
Qué dijo la joven madre
Según el testimonio de la víctima, el líder de la organización fue quien se encargó que una de las imputadas la traiga desde Moscú a la Argentina, solventando los gastos del traslado. Al respecto, la Dirección de Migraciones confirmó que las dos mujeres viajaron el mismo día e ingresaron al país en la misma fecha, el 9 de enero, y en el mismo vuelo, y que fueron atendidas por el mismo control migratorio con diferencia de un minuto.
La fiscalía indicó que la primera acción típica desplegada por la organización trasnacional criminal fue la de captar a la víctima vulnerable, como primer momento en el proceso de la trata de personas. “Se conquista con medios engañosos la voluntad de otra persona humana para explotarla con alguna finalidad”, sostuvo Arrigo en la audiencia.
Asimismo, se refirió a “la persuasión coercitiva, es decir, reducir a la víctima a una situación de explotación que se materializa en un dominio por parte del líder, quien ordenó la inscripción del hijo que dio a luz la víctima por intermedio de su organización coercitiva criminal”.
Explicó que para ello la organización aprovechó “la situación de vulnerabilidad de la víctima” al afirmar que se encontraba “sola, en un país que no conoce el idioma, sin sustento económico, ni libertad ambulatoria, ni libertad de comunicación”.
“La víctima tiene viciada su voluntad, por esa razón, accede”, sostuvo Arrigo y agregó que “nunca es válido el consentimiento dado a una situación de esclavitud y, en ningún caso el derecho debe validarlo”.
El sindicado líder de la organización se encuentra detenido en la Unidad N° 6 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en la ciudad de Rawson, Chubut, mientras que tres mujeres permanecen alojadas en el penal porteño de Villa Devoto y otras nueve personas, en distintas dependencias policiales de Bariloche.
La fiscalía sostuvo que, del análisis de audios, mensajes de texto, fotografías y videos obtenidos a partir de la apertura de los teléfonos celulares de los imputados, se comprobó el “modus operandi” de la organización.
En este sentido, el fiscal reveló que “se autorizaban las raciones de comida, de compras de diversos productos y se disponían ayunos obligatorios como forma de castigo”. Destacó que en los allanamientos realizados se secuestraron vajillas con nombres, botellones de agua que se encontraban rotulados y se comprobó que el cuarto en el que se almacenaban los alimentos se encontraba bajo llave.
Por otra parte, el fiscal sostuvo que el acogimiento “se dio desde una perspectiva psicológica o espiritual”. En ese sentido, señaló que “desde la idea de la pertenencia a la secta, quienes formaban parte eran personas elegidas, superiores al resto de la sociedad” y agregó: “Para quienes pertenecían a ella ‘el afuera’ era un ‘mundo mundano’ y aquellos que seguían este camino serían quienes iban a trascender”.
También resaltó que “en este caso el acogimiento se presentó como un refugio -dentro de la secta- para permanecer ajenos a ese mundo exterior y mundano, pero en lugar de actuar como un verdadero refugio sirvió a los responsables para controlar hasta el más mínimo detalle de las vidas de sus víctimas”.
En otro tramo de su exposición, Arrigo destacó que las imputadas que acompañaban a la víctima “le compraban cosas, y no la dejaban sola con la excusa de cuidarla restringiendo así su libertad ambulatoria, que ya estaba condicionada de por sí, puesto que se encuentra en un país sin conocimiento del idioma, y aproximadamente a 17 mil kilómetros de su ámbito de vida y familiar”.
Así lo informó el equipo de fiscales a cargo de la investigación que tiene como principal imputado a Konstantin Rudnev, el cabecilla de la organización LA NACION
