Reservas, privatizaciones y reformas: el FMI y una hoja de ruta a pedido de Milei
Cualquiera que empiece a leer distraído las 138 páginas del informe técnico sobre el caso argentino que elaboró el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que no repare en el logo de la institución, bien podría pensar que lo que tiene en sus manos es la plataforma electoral económica de La Libertad Avanza. La ironía, no es más que eso, sirve para ilustrar que aquella hoja de ruta tiene una cercanía muy grande con lo que piensa y pretende hacer el presidente Javier Milei.
Ahí radica la principal diferencia entre este Staff Report, tal es el nombre en inglés del trabajo que se elaboró para el directorio del organismo, y otros tantos similares que ya forman parte de la frondosa historia de acuerdos e incumplimientos argentinos con el FMI. La otra es, sin duda, que el Gobierno llegó a Washington con gran parte de la tarea hecha.
Quizá, el mejor resumen de lo que piensa el Fondo está en unas pocas palabras del inicio: “La decidida implementación por parte de las autoridades argentinas de su plan de estabilización, centrado en un sólido ancla fiscal y amplias reformas estructurales, ha dado como resultado una rápida desinflación, una sólida recuperación económica y mejoras incipientes en los indicadores sociales. A pesar de estos avances iniciales, la Argentina sigue enfrentando vulnerabilidades y desafíos estructurales, incluyendo la limitación de los mecanismos externos de protección para afrontar los elevados y crecientes riesgos globales, así como obstáculos para un crecimiento sólido y sostenible.”
Para decodificar el asunto: vale mucho lo que se hizo y eso valió unos cuantos miles de millones de dólares en efectivo. Ahora, falta mucho más. Y ese camino, que ya es conocido por los negociadores argentinos, no sale de los puntos que siempre se colocan en cada uno de los acuerdos. En este caso, ese listado está compuesto por reformas impositiva, laboral y previsional; mantener la baja de subsidios a la energía; apuntalar el gasto social; quitar el cepo definitivamente; acelerar las privatizaciones; consolidar la desregulación de la economía; sancionar una ley de ética pública y, finalmente, mantener la motosierra encendida. Casi un catálogo libertario.
Un dato no menor: gran parte de esas reformas estructurales se piensan y se anotan para después de noviembre. Casualmente o no, después de que termine el proceso electoral con el que se renovarán autoridades provinciales y municipales, además de la mitad de los diputados y un tercio de los senadores.
Una fuente que participó en la redacción del documento, que podría ser una hoja de ruta para la política económica argentina, explica que existen dos tipos de variables para analizarlo: las cuantitativas, que funcionan como una especie de metas, y las cualitativas, que son las herramientas que ayudarían al Gobierno a cumplir esos objetivos.
Las metas cuantitativas muestran el horizonte al que se debería llegar, o al menos acercarse.
Esto sería terminar este año con una inflación que oscile entre 18% y 23%, un superávit de 1,3% del PBI (Milei lo elevó a 1,6% y lo anunció el viernes por el contexto internacional) y un crecimiento de la economía de 5,5 puntos del producto. Según uno de los encargados de la implementación del plan, esa “fortaleza macro” sería la causa de la compra de reservas netas por parte del Central, proyectada en US$4000 millones para 2025.
De este modo, el sendero desinflacionario del programa económico proyecta terminar 2026 entre 10% y 15%, y llegar a un alza de precios anual de 7,5% en 2027, 2028 y 2029.
El superávit primario alcanzaría 2,2% PBI en 2026 y 2,5% del PBI en 2027, cifra que se repetiría en los dos años siguientes. Asimismo, la economía crecería 4,5% en 2026, 4% en 2027, 3,2% en 2028 y 3,1% en 2029.
Con estas proyecciones, el Gobierno argumenta que el Banco Central tendrá las condiciones para hacerse de reservas netas: US$8000 millones en 2026, US$12.500 millones en 2027, US$16.000 millones en 2028 y US$19.000 millones en 2029.
Los números sobre la mesa fijan un horizonte pero no describen cómo la Argentina podría llegar a esa orilla. Entonces, tal cual explicaron fuentes oficiales, entran en juego las denominadas “variables cualitativas”, más comúnmente nombradas como reformas. Estas incluyen cambios en materia impositiva, laboral, previsional, privatizaciones, desregulaciones, ajuste del Estado, reducción de subsidios energéticos y eficientización de la asistencia social, entre otros puntos.
Hay más. Por caso, el documento también sostiene que es necesario que se apruebe una “ley de responsabilidad fiscal” y que también se avance en una ley de ética pública.
Hay varios párrafos que repasan la situación y los desafíos pendientes con la pobreza y la indigencia. “Tras alcanzar un máximo del 53% en el primer semestre de 2024, la tasa de pobreza ha disminuido rápidamente hasta el 38,1% a finales de 2024. La mejora de los indicadores sociales también refleja la decisión de las autoridades de aumentar el gasto en asistencia social, especialmente para madres e hijos, que se duplicó en términos reales”.
Las 10 puntos claves
Reforma impositiva.
El Gobierno se comprometió a presentar al FMI una propuesta en diciembre de este año para reducir la cantidad de tributos y eliminar impuestos distorsivos. Además, el Staff Report menciona posibles cambios en gravámenes a la exportación, “armonizar” el monotributo e incluye la necesidad de coordinar con las provincias la reducción de su carga fiscal y modificaciones al régimen de coparticipación.
Cambios en la legislación laboral.
El documento del Fondo sostiene que “se esperan” flexibilizaciones para negociar salarios y simplificaciones en la finalización de los vínculos de trabajo. A su vez, aclara que esto debe estar coordinado con los cambios impositivos para eliminar las barreras entre los sectores informales y formales.
Sistema jubilatorio.
El Ejecutivo estipula presentar ante el Congreso un diagnóstico y revisión sobre el sistema de pensiones en diciembre de 2026. “La iniciativa debería simplificar un sistema altamente fragmentado y mejorar la relación entre contribuciones y beneficios”, describió el Gobierno.
Subsidios a la energía.
El documento plantea el fin de la segmentación según el poder adquisitivo y dejar un “único subsidio energético para hogares de bajos ingresos”. No tiene fecha. Sin embargo, las proyecciones del Gobierno muestran un recorte del gasto en subsidios más pronunciado en 2027, con un ajuste del 45% y en 2028, otra reducción interanual del 52%, todas en términos nominales.
Gasto social.
El Gobierno completará en diciembre un Sistema de Indicadores Sociales (SIS) para unificar la información en una misma base de datos y “mejorar la focalización y la eficiencia” de estas partidas. En términos nominales, esta inversión ascenderá año tras año desde 2025 hasta 2030 y si se lo midiera en porcentaje del PBI se mantendrá estable entre 3,2% y 3,3%.
Finalización total del cepo.
A partir del lunes se terminan las restricciones de compra de dólares para las personas. Asimismo, se mantiene el impuesto del 30% al dólar tarjeta. El documento del FMI da cuenta del inicio de un proceso gradual rumbo a la finalización de este tipo de regulaciones cambiarias.
Acumulación de reservas.
El Gobierno proyecta acumular US$4000 millones de reservas netas en 2025, US$8000 millones en 2026, US$12.500 millones en 2027, US$16.000 millones en 2028 y US$19.000 millones en 2029, como consecuencia de “la fortaleza macro” devenida del superávit fiscal y crecimiento económico. Según el último dato de reservas netas del BCRA, estas se ubican en US$5.600 millones negativas.
Privatizaciones y motosierra.
Se espera que para mediados de noviembre se presente una “hoja de ruta” de las privatizaciones y concesiones a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas con foco en las compañías incluidas en la Ley Bases. Además, se proyecta la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista, para que el Estado deje de ser el único comprador de la energía a través de Cammesa. Además, hacia fines de septiembre planea terminar de desarrollar “un plan para eliminar las entidades extrapresupuestarias ineficientes, con el fin de mejorar también su gobernanza”.
Ley de Ética Pública.
“Fortaleceremos los marcos anticorrupción. Estamos considerando una reforma a la Ley de Ética Pública, promulgada originalmente en 1999, reconociendo la necesidad de actualizarla para abordar los desafíos legales e institucionales contemporáneos”, sostiene la carta que el Gobierno le envió al FMI para solicitar el nuevo acuerdo.
Cualquiera que empiece a leer distraído las 138 páginas del informe técnico sobre el caso argentino que elaboró el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que no repare en el logo de la institución, bien podría pensar que lo que tiene en sus manos es la plataforma electoral económica de La Libertad Avanza. La ironía, no es más que eso, sirve para ilustrar que aquella hoja de ruta tiene una cercanía muy grande con lo que piensa y pretende hacer el presidente Javier Milei.
Ahí radica la principal diferencia entre este Staff Report, tal es el nombre en inglés del trabajo que se elaboró para el directorio del organismo, y otros tantos similares que ya forman parte de la frondosa historia de acuerdos e incumplimientos argentinos con el FMI. La otra es, sin duda, que el Gobierno llegó a Washington con gran parte de la tarea hecha.
Quizá, el mejor resumen de lo que piensa el Fondo está en unas pocas palabras del inicio: “La decidida implementación por parte de las autoridades argentinas de su plan de estabilización, centrado en un sólido ancla fiscal y amplias reformas estructurales, ha dado como resultado una rápida desinflación, una sólida recuperación económica y mejoras incipientes en los indicadores sociales. A pesar de estos avances iniciales, la Argentina sigue enfrentando vulnerabilidades y desafíos estructurales, incluyendo la limitación de los mecanismos externos de protección para afrontar los elevados y crecientes riesgos globales, así como obstáculos para un crecimiento sólido y sostenible.”
Para decodificar el asunto: vale mucho lo que se hizo y eso valió unos cuantos miles de millones de dólares en efectivo. Ahora, falta mucho más. Y ese camino, que ya es conocido por los negociadores argentinos, no sale de los puntos que siempre se colocan en cada uno de los acuerdos. En este caso, ese listado está compuesto por reformas impositiva, laboral y previsional; mantener la baja de subsidios a la energía; apuntalar el gasto social; quitar el cepo definitivamente; acelerar las privatizaciones; consolidar la desregulación de la economía; sancionar una ley de ética pública y, finalmente, mantener la motosierra encendida. Casi un catálogo libertario.
Un dato no menor: gran parte de esas reformas estructurales se piensan y se anotan para después de noviembre. Casualmente o no, después de que termine el proceso electoral con el que se renovarán autoridades provinciales y municipales, además de la mitad de los diputados y un tercio de los senadores.
Una fuente que participó en la redacción del documento, que podría ser una hoja de ruta para la política económica argentina, explica que existen dos tipos de variables para analizarlo: las cuantitativas, que funcionan como una especie de metas, y las cualitativas, que son las herramientas que ayudarían al Gobierno a cumplir esos objetivos.
Las metas cuantitativas muestran el horizonte al que se debería llegar, o al menos acercarse.
Esto sería terminar este año con una inflación que oscile entre 18% y 23%, un superávit de 1,3% del PBI (Milei lo elevó a 1,6% y lo anunció el viernes por el contexto internacional) y un crecimiento de la economía de 5,5 puntos del producto. Según uno de los encargados de la implementación del plan, esa “fortaleza macro” sería la causa de la compra de reservas netas por parte del Central, proyectada en US$4000 millones para 2025.
De este modo, el sendero desinflacionario del programa económico proyecta terminar 2026 entre 10% y 15%, y llegar a un alza de precios anual de 7,5% en 2027, 2028 y 2029.
El superávit primario alcanzaría 2,2% PBI en 2026 y 2,5% del PBI en 2027, cifra que se repetiría en los dos años siguientes. Asimismo, la economía crecería 4,5% en 2026, 4% en 2027, 3,2% en 2028 y 3,1% en 2029.
Con estas proyecciones, el Gobierno argumenta que el Banco Central tendrá las condiciones para hacerse de reservas netas: US$8000 millones en 2026, US$12.500 millones en 2027, US$16.000 millones en 2028 y US$19.000 millones en 2029.
Los números sobre la mesa fijan un horizonte pero no describen cómo la Argentina podría llegar a esa orilla. Entonces, tal cual explicaron fuentes oficiales, entran en juego las denominadas “variables cualitativas”, más comúnmente nombradas como reformas. Estas incluyen cambios en materia impositiva, laboral, previsional, privatizaciones, desregulaciones, ajuste del Estado, reducción de subsidios energéticos y eficientización de la asistencia social, entre otros puntos.
Hay más. Por caso, el documento también sostiene que es necesario que se apruebe una “ley de responsabilidad fiscal” y que también se avance en una ley de ética pública.
Hay varios párrafos que repasan la situación y los desafíos pendientes con la pobreza y la indigencia. “Tras alcanzar un máximo del 53% en el primer semestre de 2024, la tasa de pobreza ha disminuido rápidamente hasta el 38,1% a finales de 2024. La mejora de los indicadores sociales también refleja la decisión de las autoridades de aumentar el gasto en asistencia social, especialmente para madres e hijos, que se duplicó en términos reales”.
Las 10 puntos claves
Reforma impositiva.
El Gobierno se comprometió a presentar al FMI una propuesta en diciembre de este año para reducir la cantidad de tributos y eliminar impuestos distorsivos. Además, el Staff Report menciona posibles cambios en gravámenes a la exportación, “armonizar” el monotributo e incluye la necesidad de coordinar con las provincias la reducción de su carga fiscal y modificaciones al régimen de coparticipación.
Cambios en la legislación laboral.
El documento del Fondo sostiene que “se esperan” flexibilizaciones para negociar salarios y simplificaciones en la finalización de los vínculos de trabajo. A su vez, aclara que esto debe estar coordinado con los cambios impositivos para eliminar las barreras entre los sectores informales y formales.
Sistema jubilatorio.
El Ejecutivo estipula presentar ante el Congreso un diagnóstico y revisión sobre el sistema de pensiones en diciembre de 2026. “La iniciativa debería simplificar un sistema altamente fragmentado y mejorar la relación entre contribuciones y beneficios”, describió el Gobierno.
Subsidios a la energía.
El documento plantea el fin de la segmentación según el poder adquisitivo y dejar un “único subsidio energético para hogares de bajos ingresos”. No tiene fecha. Sin embargo, las proyecciones del Gobierno muestran un recorte del gasto en subsidios más pronunciado en 2027, con un ajuste del 45% y en 2028, otra reducción interanual del 52%, todas en términos nominales.
Gasto social.
El Gobierno completará en diciembre un Sistema de Indicadores Sociales (SIS) para unificar la información en una misma base de datos y “mejorar la focalización y la eficiencia” de estas partidas. En términos nominales, esta inversión ascenderá año tras año desde 2025 hasta 2030 y si se lo midiera en porcentaje del PBI se mantendrá estable entre 3,2% y 3,3%.
Finalización total del cepo.
A partir del lunes se terminan las restricciones de compra de dólares para las personas. Asimismo, se mantiene el impuesto del 30% al dólar tarjeta. El documento del FMI da cuenta del inicio de un proceso gradual rumbo a la finalización de este tipo de regulaciones cambiarias.
Acumulación de reservas.
El Gobierno proyecta acumular US$4000 millones de reservas netas en 2025, US$8000 millones en 2026, US$12.500 millones en 2027, US$16.000 millones en 2028 y US$19.000 millones en 2029, como consecuencia de “la fortaleza macro” devenida del superávit fiscal y crecimiento económico. Según el último dato de reservas netas del BCRA, estas se ubican en US$5.600 millones negativas.
Privatizaciones y motosierra.
Se espera que para mediados de noviembre se presente una “hoja de ruta” de las privatizaciones y concesiones a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas con foco en las compañías incluidas en la Ley Bases. Además, se proyecta la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista, para que el Estado deje de ser el único comprador de la energía a través de Cammesa. Además, hacia fines de septiembre planea terminar de desarrollar “un plan para eliminar las entidades extrapresupuestarias ineficientes, con el fin de mejorar también su gobernanza”.
Ley de Ética Pública.
“Fortaleceremos los marcos anticorrupción. Estamos considerando una reforma a la Ley de Ética Pública, promulgada originalmente en 1999, reconociendo la necesidad de actualizarla para abordar los desafíos legales e institucionales contemporáneos”, sostiene la carta que el Gobierno le envió al FMI para solicitar el nuevo acuerdo.
El reporte que elaboraron los cuadros técnicos del Fondo prevé que la economía crecerá 5,5% en el año y se estabilizará en 3%; nuevas leyes impositivas, previsionales y laborales LA NACION
