El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor se aplica en el orden nacional desde enero para grandes empresas y desde este mes para los demás comercios. Los tickets deben reflejar el IVA y otros impuestos nacionales y las publicidades y góndolas tienen que exhibir el precio total y neto de esos impuestos. Pero este régimen entra en una segunda fase, tanto o más relevante que la primera. La ley invita a las provincias a adherirse para también visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. Todo el viento a favor que este régimen tiene a nivel nacional se convierte en viento en contra cuando de provincias se trata. Solo una de ellas, en tiempo de descuento, adhirió a la aplicación plena del régimen. En el resto, los dos renglones de incidencia fiscal provincial y municipal del modelo de ticket oficial estarán vacíos. Al menos por ahora.
Vale detenerse en la resistencia general de las provincias ante el régimen, a más de nueve meses de sancionado. Lógica, la ONG que impulsó este régimen, ante la demora provincial, envió en enero cartas a los 24 gobernadores recordando el plazo del 1° de abril y haciendo dos preguntas. Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones contestaron que se adherirán y que no sancionarán a los que, antes de la adhesión, visibilicen ingresos brutos y tasas municipales. Una segunda carta fue cursada a los otros 19 gobernadores y únicamente Catamarca contestó de manera similar a las anteriores administraciones provinciales. Llegando el 1° de abril, la ONG envió emails a una decena de funcionarios de las 18 provincias restantes sobre el inminente default. Los acuses de recibo fueron marginales; de las seis que contestaron, solo Chubut y Entre Ríos se activaron, la primera adhiriéndose y la otra en vías de hacerlo. En suma, apenas una provincia adherida, cinco comprometidas y 18 (75% del total), de distintos signos políticos, en silencio.
Detrás de las excusas se esconde la razón de la resistencia: gobernadores e intendentes saben que solo pudieron imponer sus excesos fiscales por el desconocimiento de los ciudadanos y que, si tomaran conciencia, se les exigirían que los bajen. Es lo que está ocurriendo en Brasil, donde se inspiró este régimen. El ocultamiento sistemático de impuestos ha sido la piedra fundamental de la voracidad fiscal en nuestro país, llegando a tener los impuestos más altos del mundo, reflejo del total descontrol del gasto público. La falta de cultura fiscal de la sociedad provocada por este ocultamiento violó el derecho del consumidor a recibir “información adecuada y veraz” (artículo 42 de la Constitución) y lo desconectó de toda cuestión fiscal, mediante prohibiciones vergonzosas (IVA) y disimulando tributos a lo largo de la cadena productiva (ingresos brutos, tasas, etc).
Gobernadores e intendentes saben que solo pudieron imponer sus excesos fiscales por el desconocimiento de los ciudadanos y que, si tomaran conciencia, les exigirían que los bajen
En ese contexto de país más gravoso del mundo, la presión fiscal subnacional aumentó un 48% en este siglo, alcanzando un 5,1% del PBI en 2024, según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). El año pasado los tributos en el país aumentaron de 148 a 155, de los cuales 6 fueron municipales, de acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Esos números encubren todo tipo de excesos provinciales y municipales. Por ejemplo, el costo anual de la legislatura de Tucumán es de 63.000 millones de pesos, 20 veces la de su vecina Santiago del Estero, según la Fundación Libertad. Lanús aplica una tasa del 6% a las ventas de los supermercados. Es decir, a los consumidores. Podrían citarse centenas de ejemplos.
Para apuntalar este régimen, Lógica ha lanzado una campaña de difusión fondeada con aportes privados, destinada a la concientización general del régimen y, especialmente, a la adhesión provincial. Más allá de algunas piezas de vía pública, el grueso corre por las redes con mensajes simples, directos e incisivos. Se suman quienes espontáneamente se acercan a ceder sus espacios. Una agencia de publicidad aportó una centena de lunetas de colectivos para que los mensajes de Lógica circulen desde hace unos meses por el AMBA. Una de las principales radios del país, basada en Córdoba, cederá minutos diarios para que se escuchen los spots de la campaña. Un productor y un influencer, bien conocidos por sus videos virales, están elaborando el principal corto de Lógica. La principal empresa de publicidad en cines hará que sus spots se vean antes de las películas. Y hasta un empresario produjo su propio gran cartel de la ONG, al lado de su hotel y con el Nahuel Huapi de fondo, sobre el costo fiscal de lo que compramos: “Pagás diez noches de hotel y el Estado te duerme cuatro”. Para la última campaña presidencial cinco diarios de amplia circulación cedieron una o media página para solicitadas de Lógica sobre cuestiones fiscales, lo que podría repetirse este año. Porque esta campaña correrá en paralelo a las de las elecciones.
La sociedad civil tiene ahora la oportunidad y, más aún, la responsabilidad de implementar y difundir este régimen, apoyando o acompañando la campaña de Lógica. Debe aprovecharse el año electoral, en el que los políticos suelen escuchar más a los votantes, para que los gobernantes tengan que elegir entre ganar transparencia o perder votos. Es imperioso que, impulsado por el empresariado, se exija la adhesión de las provincias al régimen para disminuir la insoportable carga tributaria local que ahoga la actividad empresarial, profesional y laboral y castiga al consumidor. Cuando la ciudadanía tome conciencia, nunca más lo fiscal de los tres niveles de gobierno será un coto de los políticos, sino que pasará a convertirse en una causa principalmente ciudadana, tal como sucedió con la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia. Desde todos los sectores debemos exigir esta adhesión de las provincias al régimen y hacerla pesar en este año electoral.
El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor se aplica en el orden nacional desde enero para grandes empresas y desde este mes para los demás comercios. Los tickets deben reflejar el IVA y otros impuestos nacionales y las publicidades y góndolas tienen que exhibir el precio total y neto de esos impuestos. Pero este régimen entra en una segunda fase, tanto o más relevante que la primera. La ley invita a las provincias a adherirse para también visibilizar ingresos brutos y tasas municipales. Todo el viento a favor que este régimen tiene a nivel nacional se convierte en viento en contra cuando de provincias se trata. Solo una de ellas, en tiempo de descuento, adhirió a la aplicación plena del régimen. En el resto, los dos renglones de incidencia fiscal provincial y municipal del modelo de ticket oficial estarán vacíos. Al menos por ahora.
Vale detenerse en la resistencia general de las provincias ante el régimen, a más de nueve meses de sancionado. Lógica, la ONG que impulsó este régimen, ante la demora provincial, envió en enero cartas a los 24 gobernadores recordando el plazo del 1° de abril y haciendo dos preguntas. Solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones contestaron que se adherirán y que no sancionarán a los que, antes de la adhesión, visibilicen ingresos brutos y tasas municipales. Una segunda carta fue cursada a los otros 19 gobernadores y únicamente Catamarca contestó de manera similar a las anteriores administraciones provinciales. Llegando el 1° de abril, la ONG envió emails a una decena de funcionarios de las 18 provincias restantes sobre el inminente default. Los acuses de recibo fueron marginales; de las seis que contestaron, solo Chubut y Entre Ríos se activaron, la primera adhiriéndose y la otra en vías de hacerlo. En suma, apenas una provincia adherida, cinco comprometidas y 18 (75% del total), de distintos signos políticos, en silencio.
Detrás de las excusas se esconde la razón de la resistencia: gobernadores e intendentes saben que solo pudieron imponer sus excesos fiscales por el desconocimiento de los ciudadanos y que, si tomaran conciencia, se les exigirían que los bajen. Es lo que está ocurriendo en Brasil, donde se inspiró este régimen. El ocultamiento sistemático de impuestos ha sido la piedra fundamental de la voracidad fiscal en nuestro país, llegando a tener los impuestos más altos del mundo, reflejo del total descontrol del gasto público. La falta de cultura fiscal de la sociedad provocada por este ocultamiento violó el derecho del consumidor a recibir “información adecuada y veraz” (artículo 42 de la Constitución) y lo desconectó de toda cuestión fiscal, mediante prohibiciones vergonzosas (IVA) y disimulando tributos a lo largo de la cadena productiva (ingresos brutos, tasas, etc).
Gobernadores e intendentes saben que solo pudieron imponer sus excesos fiscales por el desconocimiento de los ciudadanos y que, si tomaran conciencia, les exigirían que los bajen
En ese contexto de país más gravoso del mundo, la presión fiscal subnacional aumentó un 48% en este siglo, alcanzando un 5,1% del PBI en 2024, según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral). El año pasado los tributos en el país aumentaron de 148 a 155, de los cuales 6 fueron municipales, de acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Esos números encubren todo tipo de excesos provinciales y municipales. Por ejemplo, el costo anual de la legislatura de Tucumán es de 63.000 millones de pesos, 20 veces la de su vecina Santiago del Estero, según la Fundación Libertad. Lanús aplica una tasa del 6% a las ventas de los supermercados. Es decir, a los consumidores. Podrían citarse centenas de ejemplos.
Para apuntalar este régimen, Lógica ha lanzado una campaña de difusión fondeada con aportes privados, destinada a la concientización general del régimen y, especialmente, a la adhesión provincial. Más allá de algunas piezas de vía pública, el grueso corre por las redes con mensajes simples, directos e incisivos. Se suman quienes espontáneamente se acercan a ceder sus espacios. Una agencia de publicidad aportó una centena de lunetas de colectivos para que los mensajes de Lógica circulen desde hace unos meses por el AMBA. Una de las principales radios del país, basada en Córdoba, cederá minutos diarios para que se escuchen los spots de la campaña. Un productor y un influencer, bien conocidos por sus videos virales, están elaborando el principal corto de Lógica. La principal empresa de publicidad en cines hará que sus spots se vean antes de las películas. Y hasta un empresario produjo su propio gran cartel de la ONG, al lado de su hotel y con el Nahuel Huapi de fondo, sobre el costo fiscal de lo que compramos: “Pagás diez noches de hotel y el Estado te duerme cuatro”. Para la última campaña presidencial cinco diarios de amplia circulación cedieron una o media página para solicitadas de Lógica sobre cuestiones fiscales, lo que podría repetirse este año. Porque esta campaña correrá en paralelo a las de las elecciones.
La sociedad civil tiene ahora la oportunidad y, más aún, la responsabilidad de implementar y difundir este régimen, apoyando o acompañando la campaña de Lógica. Debe aprovecharse el año electoral, en el que los políticos suelen escuchar más a los votantes, para que los gobernantes tengan que elegir entre ganar transparencia o perder votos. Es imperioso que, impulsado por el empresariado, se exija la adhesión de las provincias al régimen para disminuir la insoportable carga tributaria local que ahoga la actividad empresarial, profesional y laboral y castiga al consumidor. Cuando la ciudadanía tome conciencia, nunca más lo fiscal de los tres niveles de gobierno será un coto de los políticos, sino que pasará a convertirse en una causa principalmente ciudadana, tal como sucedió con la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia. Desde todos los sectores debemos exigir esta adhesión de las provincias al régimen y hacerla pesar en este año electoral.
Es necesario que las provincias adhieran al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor y dejen de ocultar los impuestos que gravan los consumos LA NACION
