Se presentaron más de 200 denuncias y calculan que el perjuicio por la estafa con departamentos de pozo supera los 20 millones de dólares
Tras la explosión pública del caso, la causa por la eventual megaestafa con departamentos de pozo que no fueron entregados y que fueron vendidos más de una vez a distintos clientes crece de forma exponencial. Ya se acumularon unas 200 denuncias relativas a 25 emprendimientos comercializados por Induplack Fiduciaria, de la familia L’Abbate, a través de al menos tres cadenas de inmobiliarias, con un perjuicio estimado en más de 20 millones de dólares.
La semana pasada se entregaron cinco empresarios de la construcción ante la Justicia, acusados de delitos tales como asociación ilícita, estafa, administración fraudulenta, defraudación especial por venta de cosa ajena y lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
Se trata de Vito L’Abbate, el fundador de Induplack S.A; sus hijos Emanuel Andrés; Juan Ignacio y Santiago David, y el apoderado de la firma, Patricio Gastón Flores. Fuentes de la causa dijeron a LA NACION que ayer fue indagado el patriarca de la familia.
En este momento la jueza en lo criminal y correccional porteña Paula González tiene incautados unos 900 millones de pesos y decretó la inhibición general de bienes; hay cuentas identificadas en los Estados Unidos.
Los damnificados comparten información, inquietudes y hacen el seguimiento del avance de la causa en distintos grupos de WhatsApp: según pudo saber LA NACION, hay uno por cada emprendimiento y uno general, que ya tiene más de 300 miembros. Tienen un objetivo en común: que les devuelvan la plata que invirtieron para comprar un departamento, sea como inversión o como un lugar para vivir con sus familias.
Para tener una dimensión del alcance de las demandas, en uno de los emprendimientos, en el que hay 48 departamentos, hay 93 personas que afirman tener derechos por adquisición. “Hay unidades que fueron vendidas cuatro o cinco veces. Edificios que están terminados o con un importante grado de avance y otros que deberían estar en etapa de finalización y hoy no son nada”, dijo uno de los damnificados a LA NACION.
La investigación, además, corrió el manto que encubría un entramado de una veintena de sociedades creadas con el eventual objeto de continuar con el “plan de negocios destinado a generar ganancias ilícitas”, según lo definió la fiscalía.
La fiscal Mónica Cuñarro, que es quien lleva adelante la investigación, les imputó a los cinco detenidos “haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo” que “habría comenzado a operar, cuando menos, en 2012, y seguiría operativa en junio de 2024″.
También solicitó el procesamiento y la ampliación de indagatoria de Gabriel y Pablo Brodsky, asociados en los emprendimientos de Induplack a través de la desarrolladora inmobiliaria Predial. Según informó uno de los querellantes a LA NACION, las imputaciones también podrían extenderse a agentes de las redes de inmobiliarias Century y Remax que participaron de la promoción y comercialización de los emprendimientos fallidos.
Cuñarro sostuvo que a través de una investigación en la que contó con la asistencia de la fiscal María Fernanda Bergalli, de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), y María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, “se ha logrado el desbaratamiento de una organización criminal, económicamente sofisticada y jerárquicamente organizada, destinada a realizar estafas millonarias a través del sistema inmobiliario mediante la realización de operaciones fraudulentas”.
A través de Induplack Fiduciaria S.A. “ofrecían unidades en venta bajo la modalidad de venta en pozo, para lo cual recibían pagos anticipados y cuotas de los compradores que debían ser destinados a la construcción de inmuebles” una vez firmado el boleto de compraventa.
Pero, según precisó la titular de la fiscalía N°16, “sin embargo, pese a haberse vencido los plazos convenidos, las obras no se terminaban ni se realizaban los trámites necesarios para escriturar las unidades, perjudicando gravemente a los adquirentes”.
En su dictamen Cuñarro detalló que “el análisis de los hechos reveló un patrón de conducta por parte de los imputados, quienes, tras captar fondos mediante promesas incumplidas de entrega de inmuebles, estiraban los plazos de manera deliberada”.
Hubo compradores que, incluso, habiendo enviado cartas documento que no eran respondidas, se presentaban con escribanos en los edificios y constataban que las unidades que habían comprado estaban ocupadas por familias que también afirmaban tener derechos posesorios de adquisición.
Según consta en la resolución judicial, los hechos por los cuales se dictaron los procesamientos abarcan a al menos 36 damnificados por distintos incumplimientos y fraudes en torno a 14 emprendimientos inmobiliarios en distintas zonas de la Capital.
“Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, atrayendo a los compradores; quienes utilizaban sus ahorros para aprovechar los planes de pago en cuotas que les eran ofrecidos para la adquisición de alguna de las unidades resultantes de la concreción de esos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para desviaron el dinero recibido cubrir el costo de la construcción; los imputados en su propio beneficio y/o de terceros, perjudicando los derechos de los beneficiarios, que nunca pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían comprado”, detalló la titular del juzgado nacional en lo criminal y correccional N°40.
En algunos casos, cobraron todas las cuotas pactadas, pero la empresa constructora ni siquiera había comenzado a ejecutar las obras; a veces, porque ni siquiera tenían los planos de edificación autorizados por el gobierno de la Ciudad.
En ocasiones, ante los incumplimientos de plazos de entrega en un emprendimiento, ofrecían unidades en otro; podía ocurrir, entonces, que o bien se repitiera la falta de inicio de obra o que, por caso, se les otorgara una unidad que ya había sido vendida y que, incluso, estaba ocupada.
Nada de eso les impedía seguir captando clientes, “celebrando boletos de compraventa sobre unidades que conocían que no podrían ser finalizadas o escrituradas por sus nuevas víctimas, a la vez que siguieron percibiendo, en su beneficio, los montos dinerarios que aquellos abonaron en concepto de precio”.
Según pudo saber LA NACION de parte de varios de los damnificados, en los últimos tiempos Induplack ofreció unidades a precios bastante por debajo del valor del metro cuadrado para las zonas de los emprendimientos. El argumento era la liquidez: los empresarios se justificaban en que necesitaban dinero para comprar lotes para construir nuevos edificios.
Hubo “ofertas” de entre 800 y 1500 dólares el metro cuadrado, incluso con unidades con la construcción gruesa finalizada a la que solo les faltaban detalles de terminación. Varias de esas unidades fueron vendidas dos o más veces a distintos clientes, con casos en los que compradores fueron a tomar posesión de los departamentos y se encontraron con que allí ya vivían familias que también habían comprado de buena fe.
“Este proceder evidenciaba un plan de negocio destinado a generar ganancias ilícitas, utilizando los aportes de los compradores sin destinarlos a los fines acordados. Las maniobras incluyeron hipotecas sobre los terrenos y propuestas de acuerdos que nunca cumplían en tiempo y forma, perjudicando a las víctimas, quienes no solo sufrieron pérdidas económicas, sino también daños morales significativos”, dijeron fuentes de la investigación.
Tras la explosión pública del caso, la causa por la eventual megaestafa con departamentos de pozo que no fueron entregados y que fueron vendidos más de una vez a distintos clientes crece de forma exponencial. Ya se acumularon unas 200 denuncias relativas a 25 emprendimientos comercializados por Induplack Fiduciaria, de la familia L’Abbate, a través de al menos tres cadenas de inmobiliarias, con un perjuicio estimado en más de 20 millones de dólares.
La semana pasada se entregaron cinco empresarios de la construcción ante la Justicia, acusados de delitos tales como asociación ilícita, estafa, administración fraudulenta, defraudación especial por venta de cosa ajena y lavado de activos e intermediación financiera no autorizada.
Se trata de Vito L’Abbate, el fundador de Induplack S.A; sus hijos Emanuel Andrés; Juan Ignacio y Santiago David, y el apoderado de la firma, Patricio Gastón Flores. Fuentes de la causa dijeron a LA NACION que ayer fue indagado el patriarca de la familia.
En este momento la jueza en lo criminal y correccional porteña Paula González tiene incautados unos 900 millones de pesos y decretó la inhibición general de bienes; hay cuentas identificadas en los Estados Unidos.
Los damnificados comparten información, inquietudes y hacen el seguimiento del avance de la causa en distintos grupos de WhatsApp: según pudo saber LA NACION, hay uno por cada emprendimiento y uno general, que ya tiene más de 300 miembros. Tienen un objetivo en común: que les devuelvan la plata que invirtieron para comprar un departamento, sea como inversión o como un lugar para vivir con sus familias.
Para tener una dimensión del alcance de las demandas, en uno de los emprendimientos, en el que hay 48 departamentos, hay 93 personas que afirman tener derechos por adquisición. “Hay unidades que fueron vendidas cuatro o cinco veces. Edificios que están terminados o con un importante grado de avance y otros que deberían estar en etapa de finalización y hoy no son nada”, dijo uno de los damnificados a LA NACION.
La investigación, además, corrió el manto que encubría un entramado de una veintena de sociedades creadas con el eventual objeto de continuar con el “plan de negocios destinado a generar ganancias ilícitas”, según lo definió la fiscalía.
La fiscal Mónica Cuñarro, que es quien lleva adelante la investigación, les imputó a los cinco detenidos “haber organizado y tomado parte en una asociación o estructura criminal signada por el propósito colectivo de desplegar conductas delictivas de manera sistemática y prolongada en el tiempo” que “habría comenzado a operar, cuando menos, en 2012, y seguiría operativa en junio de 2024″.
También solicitó el procesamiento y la ampliación de indagatoria de Gabriel y Pablo Brodsky, asociados en los emprendimientos de Induplack a través de la desarrolladora inmobiliaria Predial. Según informó uno de los querellantes a LA NACION, las imputaciones también podrían extenderse a agentes de las redes de inmobiliarias Century y Remax que participaron de la promoción y comercialización de los emprendimientos fallidos.
Cuñarro sostuvo que a través de una investigación en la que contó con la asistencia de la fiscal María Fernanda Bergalli, de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (Sifrai), y María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes, “se ha logrado el desbaratamiento de una organización criminal, económicamente sofisticada y jerárquicamente organizada, destinada a realizar estafas millonarias a través del sistema inmobiliario mediante la realización de operaciones fraudulentas”.
A través de Induplack Fiduciaria S.A. “ofrecían unidades en venta bajo la modalidad de venta en pozo, para lo cual recibían pagos anticipados y cuotas de los compradores que debían ser destinados a la construcción de inmuebles” una vez firmado el boleto de compraventa.
Pero, según precisó la titular de la fiscalía N°16, “sin embargo, pese a haberse vencido los plazos convenidos, las obras no se terminaban ni se realizaban los trámites necesarios para escriturar las unidades, perjudicando gravemente a los adquirentes”.
En su dictamen Cuñarro detalló que “el análisis de los hechos reveló un patrón de conducta por parte de los imputados, quienes, tras captar fondos mediante promesas incumplidas de entrega de inmuebles, estiraban los plazos de manera deliberada”.
Hubo compradores que, incluso, habiendo enviado cartas documento que no eran respondidas, se presentaban con escribanos en los edificios y constataban que las unidades que habían comprado estaban ocupadas por familias que también afirmaban tener derechos posesorios de adquisición.
Según consta en la resolución judicial, los hechos por los cuales se dictaron los procesamientos abarcan a al menos 36 damnificados por distintos incumplimientos y fraudes en torno a 14 emprendimientos inmobiliarios en distintas zonas de la Capital.
“Induplack Fiduciaria S.A. se aseguró la rentabilidad de cada proyecto, atrayendo a los compradores; quienes utilizaban sus ahorros para aprovechar los planes de pago en cuotas que les eran ofrecidos para la adquisición de alguna de las unidades resultantes de la concreción de esos proyectos inmobiliarios. Sin embargo, no obstante haber recibido los fondos suficientes como para desviaron el dinero recibido cubrir el costo de la construcción; los imputados en su propio beneficio y/o de terceros, perjudicando los derechos de los beneficiarios, que nunca pudieron tomar posesión ni escriturar en término las unidades funcionales que habían comprado”, detalló la titular del juzgado nacional en lo criminal y correccional N°40.
En algunos casos, cobraron todas las cuotas pactadas, pero la empresa constructora ni siquiera había comenzado a ejecutar las obras; a veces, porque ni siquiera tenían los planos de edificación autorizados por el gobierno de la Ciudad.
En ocasiones, ante los incumplimientos de plazos de entrega en un emprendimiento, ofrecían unidades en otro; podía ocurrir, entonces, que o bien se repitiera la falta de inicio de obra o que, por caso, se les otorgara una unidad que ya había sido vendida y que, incluso, estaba ocupada.
Nada de eso les impedía seguir captando clientes, “celebrando boletos de compraventa sobre unidades que conocían que no podrían ser finalizadas o escrituradas por sus nuevas víctimas, a la vez que siguieron percibiendo, en su beneficio, los montos dinerarios que aquellos abonaron en concepto de precio”.
Según pudo saber LA NACION de parte de varios de los damnificados, en los últimos tiempos Induplack ofreció unidades a precios bastante por debajo del valor del metro cuadrado para las zonas de los emprendimientos. El argumento era la liquidez: los empresarios se justificaban en que necesitaban dinero para comprar lotes para construir nuevos edificios.
Hubo “ofertas” de entre 800 y 1500 dólares el metro cuadrado, incluso con unidades con la construcción gruesa finalizada a la que solo les faltaban detalles de terminación. Varias de esas unidades fueron vendidas dos o más veces a distintos clientes, con casos en los que compradores fueron a tomar posesión de los departamentos y se encontraron con que allí ya vivían familias que también habían comprado de buena fe.
“Este proceder evidenciaba un plan de negocio destinado a generar ganancias ilícitas, utilizando los aportes de los compradores sin destinarlos a los fines acordados. Las maniobras incluyeron hipotecas sobre los terrenos y propuestas de acuerdos que nunca cumplían en tiempo y forma, perjudicando a las víctimas, quienes no solo sufrieron pérdidas económicas, sino también daños morales significativos”, dijeron fuentes de la investigación.
Están acusados como miembros de una asociación ilícita que cometió decenas de estafas con unidades que no entregaban o que vendían dos veces a distintos clientes; embargos y congelamiento de bienes LA NACION
