“¿Cuándo cobramos?”. Cada mañana, mientras elaboran bizcochitos, palitos de queso o tapas de alfajores, alguno de los trabajadores de la panadería Dignidad Chivilcoy suelta esa pregunta. “¿Cuándo cobramos”, insisten. Quieren saber qué pasa con el sueldo que les debe el Estado desde enero de este año y cuyo monto es el mismo desde febrero de 2023: 28.000 pesos mensuales.

La panadería es el emprendimiento de un taller productivo para personas con discapacidad que funciona en Chivilcoy y le da trabajo a 30 personas. Nació hace 21 años impulsado por la misma necesidad por la que nacieron los 236 talleres productivos que hoy funcionan en todo el país: lograr que las personas con discapacidad tengan un trabajo estable que esté dentro de sus posibilidades y les permita sentirse dignos.

El tipo de emprendimientos que se generan en estos espacios, llamados talleres protegidos de producción, es variable.

Están los que, como en el caso de Dignidad Chivilcoy, se dedican al rubro alimenticio, ya sea elaborando panificados u otro tipo de comidas, u ofreciendo servicio de catering.

También están los que aportan algún tipo de servicio a la comunidad. En Necochea, por ejemplo, la única planta de separación de residuos de esa localidad pertenece a un taller protegido.

Ese emprendimiento, además de reaprovechar plásticos, cartones y otros materiales de descarte, da empleo a 45 trabajadores, todos con algún tipo de discapacidad.

Muchos de los emprendimientos tienen como clientes a empresas o directamente a la ciudadanía. Otros, en cambio, son proveedores, por ejemplo, de un municipio.

Y si bien es variable, en la mayoría de los casos los trabajadores cumplen una jornada de cuatro horas diarias.

Solo 12 de cada 100 personas con discapacidad tiene empleo

Pero más allá de su impacto social concreto, la existencia de los talleres viene a resolver un problema grave: la inclusión en el mercado laboral formal de las personas con discapacidad es ínfima en relación a la cantidad de personas en edad económicamente activa.

Si bien existe una ley, la 22.431, que establece que el 4% de los empleos del Estado están reservados para personas con discapacidad, esa disposición no se cumple. Y en el sector privado no existen incentivos para la inclusión laboral de este colectivo.

Según datos oficiales de 2023, en la Argentina hay 1.594.888 personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad. De ellas, el 55,4% tiene entre 15 y 64 años. Y de ese universo, unas 883.568 personas, apenas el 12,6%, o sea 111.329 dijeron tener trabajo.

“Todavía no sabe lo que es cobrar un sueldo”

“El Estado les sigue fallando”, dice Darío Corrao, un empresario ladrillero de Chivilcoy que hoy es parte de la comisión directiva de Dignidad Chivilcoy. “La educación de las personas con discapacidad está más o menos resuelta. Pero, ¿después?”, se pregunta.

Sabe de lo que habla. Lucía, su hija de 19 años tiene retraso madurativo ocasionado por una condición llamada displasia ectodérmica. Cursa el último año del secundario con apoyo y, desde hace dos meses, integra el plantel de la panadería. Todavía no sabe lo que es cobrar un sueldo.

Corrao, que integra la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires (Fetap, cuenta que estos espacios son una fuente de trabajo para 6034 personas en todo el país.

En Dignidad Chivilcoy, como en la mayoría de ellos, hay lista de espera. “La ciudad tiene 70.000 habitantes y si bien hay otro taller, y hay algunas personas que tienen trabajo en el municipio, es incesante el peregrinar de las familias para que sus hijos tengan algo lo más parecido posible a una salida laboral cuando terminan la escuela”, dice.

¿Deberían cobrar 117.800 pesos?

Detrás de los talleres protegidos de producción, en la mayoría de los casos hay organizaciones de la sociedad civil muy frecuentemente motorizadas por padres de chicos con discapacidad que se cansan de peregrinar. De los 263 talleres, la mayoría (unos 186) funciona en la provincia de Buenos Aires.

Hay dos instrumentos que regulan la actividad de los talleres.

• La primera es la ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”, que prevé una asignación mensual estímulo, no remunerativa, equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, para cada trabajador con discapacidad, monto que hoy ascendería a 117.800 pesos. De esta ley, sancionada en 2012, solo se cumple uno de los artículos, el que habilita a las personas a percibir una jubilación mínima a partir de los 45 años y después de tener 20 años de servicio.
• El otro instrumento es el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción, que había sido creado en 2006, es decir, antes de la sanción de la ley, y sigue vigente. Brinda una contraprestación económica que denominan peculio y que son los 28.000 pesos mensuales que los trabajadores no cobran desde enero. También debería brindarle a los espacios asistencia económica para la contratación de personal de apoyo y para la adquisición de maquinarias o herramientas, cosa que no ocurre.

Durante la sesión informativa del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que fue el 16 de abril, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, le preguntó al funcionario, entre otros temas, sobre el retraso en el pago.

Francos reconoció la demora e informó que los cuatro pagos adeudados se abonarían junto al pago de mayo. También explicó que, si bien los trabajadores deberían cobrar el equivalente al 40% del salario mínimo tal como especifica la ley, esa norma no está reglamentada.

“El Ministerio de Capital Humano informa que habiéndose sancionado la Ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad” y encontrándose la misma en vías de reglamentación, se ha definido prorrogar el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción hasta la efectiva entrada en vigencia de la citada ley”, puede leerse en su informe, en el que no especifica fecha de reglamentación. Tampoco dice nada sobre lo irrisorio del monto del peculio.

“Es trabajo, no asistencia social”

De esta manera, hoy la paradoja es la siguiente: en el mundo de los talleres protegidos, un jubilado que recibe la mínima, de 355.820 pesos con el bono incluido, cobra del Estado más que un trabajador activo, que solo percibe 28.000 pesos.

Por todo esto es que, según la presidenta de la Fetap, Mónica Pissarro, los talleres protegidos de producción no solo están en emergencia económica sino también legal. “La de los talleres protegidos de producción es una modalidad de trabajo validada por ley, pero esa ley no se aplica. Entonces los organismos que lo regulan lo hacen como si fuera un tipo de asistencia social cuando no lo es”, plantea Pissarro.

La mujer explica que, además del peculio, cada organización le paga al trabajador por la tarea que realiza. “Ese pago no suele ser muy significativo porque con los ingresos del emprendimiento se pagan los costos de funcionamiento que tiene el taller”, explica Mónica, quien además encabeza la asociación civil “Todo para ellos”, orientada a personas con discapacidad.

Una beca para mejorar sus ingresos

Los espacios que funcionan en la provincia de Buenos Aires reciben un financiamiento adicional por parte del Gobierno provincial. Se trata de una beca de 24.000 pesos para el trabajador y de 32.000 pesos por trabajador para la organización.

De esta manera, los ingresos del trabajador con discapacidad se componen, en teoría, del peculio de 28.000 pesos, más la beca provincial, más el plus que pueda otorgarle cada organización.

La asociación “Todo para ellos” cuenta con un taller protegido desde 1989. “Fue variando el tipo de producción pero desde 2002 lleva adelante un sistema de separación de residuos para Necochea, Quequén y sus alrededores”, explica Pissarro.

Actualmente hay 120 puntos limpios donde la comunidad deja botellas plásticas, envases de tetra pack, latas, papel y cartón. “El municipio colabora con la recolección y el traslado a la planta”, agrega la mujer, terapista ocupacional de profesión.

A lo largo del mes, los trabajadores procesan 13 toneladas de residuos por mes. Según las posibilidades de cada empleado, algunos hacen media jornada y otros, el turno completo. El plástico es reconvertido en escamas que después venden para hacer cerdas para escobillones. Por esa tarea, reciben de la organización un monto que oscila entre 30.000 y 80.000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de tarea y las horas trabajadas.

“El lema es que somos un equipo. Cada uno aporta lo que puede y el resultado final es gracias a todos”, dice Mónica, consciente de lo central que es la planta en la vida de sus trabajadores. “Lo ideal sería que estuvieran un tiempo y al mejorar sus condiciones de empleabilidad se fueran a trabajar al mercado formal. Eso sería lindo pero lamentablemente no es lo que ocurre”, concluye.

Más información:

• La panadería Dignidad Chivilcoy es fuente de empleo para 30 personas con discapacidad. Funciona en Saavedra 232, Chivilcoy. Quienes quieran contactarse con ellos pueden escribir a: dignidadchivil@hotmail.com o llamar al +54 9 2346 41-7024.
• En la planta de separación de residuos urbanos Necochea de la asociación civil “Todo para ellos” trabajan 45 personas con discapacidad. Está ubicada en la Calle 79 N° 675, Necochea. Quienes quieran contactarse con ellos pueden llamar al 2262- 55-0552 o por mail a: coordinacionejecutiva@todoparaellos.org
• Quienes quieran entrar en contacto con la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires pueden escribir a: federacion.tallerespba@gmail.com

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“¿Cuándo cobramos?”. Cada mañana, mientras elaboran bizcochitos, palitos de queso o tapas de alfajores, alguno de los trabajadores de la panadería Dignidad Chivilcoy suelta esa pregunta. “¿Cuándo cobramos”, insisten. Quieren saber qué pasa con el sueldo que les debe el Estado desde enero de este año y cuyo monto es el mismo desde febrero de 2023: 28.000 pesos mensuales.

La panadería es el emprendimiento de un taller productivo para personas con discapacidad que funciona en Chivilcoy y le da trabajo a 30 personas. Nació hace 21 años impulsado por la misma necesidad por la que nacieron los 236 talleres productivos que hoy funcionan en todo el país: lograr que las personas con discapacidad tengan un trabajo estable que esté dentro de sus posibilidades y les permita sentirse dignos.

El tipo de emprendimientos que se generan en estos espacios, llamados talleres protegidos de producción, es variable.

Están los que, como en el caso de Dignidad Chivilcoy, se dedican al rubro alimenticio, ya sea elaborando panificados u otro tipo de comidas, u ofreciendo servicio de catering.

También están los que aportan algún tipo de servicio a la comunidad. En Necochea, por ejemplo, la única planta de separación de residuos de esa localidad pertenece a un taller protegido.

Ese emprendimiento, además de reaprovechar plásticos, cartones y otros materiales de descarte, da empleo a 45 trabajadores, todos con algún tipo de discapacidad.

Muchos de los emprendimientos tienen como clientes a empresas o directamente a la ciudadanía. Otros, en cambio, son proveedores, por ejemplo, de un municipio.

Y si bien es variable, en la mayoría de los casos los trabajadores cumplen una jornada de cuatro horas diarias.

Solo 12 de cada 100 personas con discapacidad tiene empleo

Pero más allá de su impacto social concreto, la existencia de los talleres viene a resolver un problema grave: la inclusión en el mercado laboral formal de las personas con discapacidad es ínfima en relación a la cantidad de personas en edad económicamente activa.

Si bien existe una ley, la 22.431, que establece que el 4% de los empleos del Estado están reservados para personas con discapacidad, esa disposición no se cumple. Y en el sector privado no existen incentivos para la inclusión laboral de este colectivo.

Según datos oficiales de 2023, en la Argentina hay 1.594.888 personas que poseen el Certificado Único de Discapacidad. De ellas, el 55,4% tiene entre 15 y 64 años. Y de ese universo, unas 883.568 personas, apenas el 12,6%, o sea 111.329 dijeron tener trabajo.

“Todavía no sabe lo que es cobrar un sueldo”

“El Estado les sigue fallando”, dice Darío Corrao, un empresario ladrillero de Chivilcoy que hoy es parte de la comisión directiva de Dignidad Chivilcoy. “La educación de las personas con discapacidad está más o menos resuelta. Pero, ¿después?”, se pregunta.

Sabe de lo que habla. Lucía, su hija de 19 años tiene retraso madurativo ocasionado por una condición llamada displasia ectodérmica. Cursa el último año del secundario con apoyo y, desde hace dos meses, integra el plantel de la panadería. Todavía no sabe lo que es cobrar un sueldo.

Corrao, que integra la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires (Fetap, cuenta que estos espacios son una fuente de trabajo para 6034 personas en todo el país.

En Dignidad Chivilcoy, como en la mayoría de ellos, hay lista de espera. “La ciudad tiene 70.000 habitantes y si bien hay otro taller, y hay algunas personas que tienen trabajo en el municipio, es incesante el peregrinar de las familias para que sus hijos tengan algo lo más parecido posible a una salida laboral cuando terminan la escuela”, dice.

¿Deberían cobrar 117.800 pesos?

Detrás de los talleres protegidos de producción, en la mayoría de los casos hay organizaciones de la sociedad civil muy frecuentemente motorizadas por padres de chicos con discapacidad que se cansan de peregrinar. De los 263 talleres, la mayoría (unos 186) funciona en la provincia de Buenos Aires.

Hay dos instrumentos que regulan la actividad de los talleres.

• La primera es la ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”, que prevé una asignación mensual estímulo, no remunerativa, equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, para cada trabajador con discapacidad, monto que hoy ascendería a 117.800 pesos. De esta ley, sancionada en 2012, solo se cumple uno de los artículos, el que habilita a las personas a percibir una jubilación mínima a partir de los 45 años y después de tener 20 años de servicio.
• El otro instrumento es el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción, que había sido creado en 2006, es decir, antes de la sanción de la ley, y sigue vigente. Brinda una contraprestación económica que denominan peculio y que son los 28.000 pesos mensuales que los trabajadores no cobran desde enero. También debería brindarle a los espacios asistencia económica para la contratación de personal de apoyo y para la adquisición de maquinarias o herramientas, cosa que no ocurre.

Durante la sesión informativa del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que fue el 16 de abril, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, le preguntó al funcionario, entre otros temas, sobre el retraso en el pago.

Francos reconoció la demora e informó que los cuatro pagos adeudados se abonarían junto al pago de mayo. También explicó que, si bien los trabajadores deberían cobrar el equivalente al 40% del salario mínimo tal como especifica la ley, esa norma no está reglamentada.

“El Ministerio de Capital Humano informa que habiéndose sancionado la Ley 26.816 de “Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad” y encontrándose la misma en vías de reglamentación, se ha definido prorrogar el Programa de Asistencia a los Trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción hasta la efectiva entrada en vigencia de la citada ley”, puede leerse en su informe, en el que no especifica fecha de reglamentación. Tampoco dice nada sobre lo irrisorio del monto del peculio.

“Es trabajo, no asistencia social”

De esta manera, hoy la paradoja es la siguiente: en el mundo de los talleres protegidos, un jubilado que recibe la mínima, de 355.820 pesos con el bono incluido, cobra del Estado más que un trabajador activo, que solo percibe 28.000 pesos.

Por todo esto es que, según la presidenta de la Fetap, Mónica Pissarro, los talleres protegidos de producción no solo están en emergencia económica sino también legal. “La de los talleres protegidos de producción es una modalidad de trabajo validada por ley, pero esa ley no se aplica. Entonces los organismos que lo regulan lo hacen como si fuera un tipo de asistencia social cuando no lo es”, plantea Pissarro.

La mujer explica que, además del peculio, cada organización le paga al trabajador por la tarea que realiza. “Ese pago no suele ser muy significativo porque con los ingresos del emprendimiento se pagan los costos de funcionamiento que tiene el taller”, explica Mónica, quien además encabeza la asociación civil “Todo para ellos”, orientada a personas con discapacidad.

Una beca para mejorar sus ingresos

Los espacios que funcionan en la provincia de Buenos Aires reciben un financiamiento adicional por parte del Gobierno provincial. Se trata de una beca de 24.000 pesos para el trabajador y de 32.000 pesos por trabajador para la organización.

De esta manera, los ingresos del trabajador con discapacidad se componen, en teoría, del peculio de 28.000 pesos, más la beca provincial, más el plus que pueda otorgarle cada organización.

La asociación “Todo para ellos” cuenta con un taller protegido desde 1989. “Fue variando el tipo de producción pero desde 2002 lleva adelante un sistema de separación de residuos para Necochea, Quequén y sus alrededores”, explica Pissarro.

Actualmente hay 120 puntos limpios donde la comunidad deja botellas plásticas, envases de tetra pack, latas, papel y cartón. “El municipio colabora con la recolección y el traslado a la planta”, agrega la mujer, terapista ocupacional de profesión.

A lo largo del mes, los trabajadores procesan 13 toneladas de residuos por mes. Según las posibilidades de cada empleado, algunos hacen media jornada y otros, el turno completo. El plástico es reconvertido en escamas que después venden para hacer cerdas para escobillones. Por esa tarea, reciben de la organización un monto que oscila entre 30.000 y 80.000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de tarea y las horas trabajadas.

“El lema es que somos un equipo. Cada uno aporta lo que puede y el resultado final es gracias a todos”, dice Mónica, consciente de lo central que es la planta en la vida de sus trabajadores. “Lo ideal sería que estuvieran un tiempo y al mejorar sus condiciones de empleabilidad se fueran a trabajar al mercado formal. Eso sería lindo pero lamentablemente no es lo que ocurre”, concluye.

Más información:

• La panadería Dignidad Chivilcoy es fuente de empleo para 30 personas con discapacidad. Funciona en Saavedra 232, Chivilcoy. Quienes quieran contactarse con ellos pueden escribir a: dignidadchivil@hotmail.com o llamar al +54 9 2346 41-7024.
• En la planta de separación de residuos urbanos Necochea de la asociación civil “Todo para ellos” trabajan 45 personas con discapacidad. Está ubicada en la Calle 79 N° 675, Necochea. Quienes quieran contactarse con ellos pueden llamar al 2262- 55-0552 o por mail a: coordinacionejecutiva@todoparaellos.org
• Quienes quieran entrar en contacto con la Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires pueden escribir a: federacion.tallerespba@gmail.com

 El atraso en el pago y el monto que perciben ya afecta a 6.000 personas; todas son empleadas de los llamados “talleres protegidos” que gestionan ONG; es un plan que nació hace dos décadas como respuesta a la falta de inserción laboral en el mercado formal  LA NACION

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