Golpe a los DeSantis: antiguos fiscales pidieron una “investigación formal” por la polémica donación a Hope Florida
La polémica en torno a Hope Florida suma un nuevo capítulo. Un grupo de exfiscales federales de alto perfil aseguraron que existen motivos fundados para que el Departamento de Justicia investigue la transferencia de 10 millones de dólares desde un acuerdo con una aseguradora del Medicaid hacia la fundación vinculada a Casey DeSantis.
Los hechos que desataron la controversia: ¿qué pasa con Hope Florida?
El caso estalló tras la denuncia pública del representante republicano Alex Andrade, quien acusó a funcionarios del gobierno estatal de haber desviado fondos públicos hacia fines políticos. La clave está en el acuerdo firmado en 2023 entre el estado de Florida y la aseguradora Centene, por un total de US$67 millones, debido a prácticas de sobrefacturación dentro del programa Medicaid.
De esos US$67 millones, la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHA, por sus siglas en inglés) retuvo US$57 millones. Los restantes US$10 millones fueron entregados directamente a la Fundación Hope Florida, una organización estatal alineada con la primera dama, Casey DeSantis, y su campaña para reducir la dependencia de los programas sociales.
Aunque los funcionarios del gobierno de Florida afirmaron que se trató de una donación privada por fuera del Medicaid, cuatro exfiscales federales consultados por el equipo de investigación periodística de Miami Herald y Tampa Bay Times coincidieron en que los indicios señalan lo contrario.
La ruta del dinero de los DeSantis: fundaciones y política
El trayecto del dinero desde la aseguradora hasta los circuitos políticos atravesó por varias etapas que, según los exfiscales, podrían configurar una violación directa a leyes federales:
- La Fundación Hope Florida distribuyó los US$10 millones en dos partes iguales a dos organizaciones sin fines de lucro.
- Esas entidades, a su vez, transfirieron al menos US$8,5 millones a un comité político encabezado por James Uthmeier, quien en ese momento era jefe de gabinete de DeSantis y lideraba una campaña contra la legalización de la marihuana recreativa en el estado.
- El comité de Uthmeier envió luego US$10,5 millones al Partido Republicano de Florida y US$1,1 millones al comité político del propio gobernador.
Según los exfiscales, este esquema podría encubrir una operación de lavado de dinero con fondos públicos, disfrazada de donaciones benéficas.
Los expertos en derecho penal y delitos financieros que analizaron el caso sumaron más de ocho décadas de experiencia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre ellos figuran exjefes de secciones clave como fraude financiero, narcóticos, lavado de activos y decomiso de bienes. Todos coincidieron en que los elementos conocidos hasta el momento bastan para abrir una investigación penal.
“Una vez que hay fondos del Medicaid, esos fondos ya no pertenecen a las organizaciones benéficas ni a los comités de acción política. Son recursos del Estado”, sostuvo Charles Blau, exfiscal y redactor de las leyes federales contra el lavado de dinero en los años ochenta. “Esta situación amerita una investigación formal”, enfatizó.
Stefan Cassella, quien trabajó durante tres décadas como fiscal especializado en fraudes vinculados al Medicaid, subrayó que el Estado podría haber cometido una doble infracción al desviar recursos tanto de Florida como del gobierno federal. “Hay un argumento muy sólido de que esta conducta estafó a Estados Unidos”, aseguró.
Hope Florida: los delitos que podrían investigarse, según los fiscales que analizaron el caso
De acuerdo con los testimonios recogidos por el Miami Herald y Tampa Bay Times, los movimientos financieros entre la aseguradora, las fundaciones y los comités podrían dar lugar a múltiples cargos federales, entre ellos:
- Fraude electrónico y por correo.
- Robo de fondos gubernamentales.
- Lavado de dinero.
- Conspiración para estafar a los Estados Unidos.
- Conspiración para cometer fraude postal.
- Robo de programas que reciben financiación federal.
- Fraude médico.
- Uso indebido de recursos del Medicaid.
Scott Newton, exagente del FBI y fiscal federal, explicó que los delitos más fácilmente imputables en este tipo de esquemas son los relacionados con comunicaciones electrónicas y envíos por correo, ya que basta con demostrar que estas herramientas se usaron durante el proceso de defraudación.
Según Newton, la evidencia hasta ahora disponible incluye mensajes de texto en los que se coordina la solicitud y entrega de los US$5 millones a una de las organizaciones, lo cual refuerza la hipótesis de un plan premeditado para encubrir el desvío de fondos.
“El verdadero desafío para la defensa será explicar cómo dos organizaciones presentan solicitudes casi idénticas de financiamiento pocos días después de recibir la ‘donación’, y cómo eso terminó en contribuciones millonarias a una campaña política”, indicó Newton.
Hope Florida: un escándalo que trasciende la política local
Aunque aún no se inició una investigación oficial ni se imputó a ningún funcionario, el consenso entre los exfiscales es que el caso no puede dejarse de lado. La trama de Hope Florida, con su entrelazado de caridad oficial y financiamiento político, colocó al gobierno de Ron DeSantis en el centro de una tormenta legal y mediática que podría escalar en los próximos meses.
Según Newton, “ningún fiscal federal debería ignorar este tipo de operaciones cuando involucran dinero federal, organizaciones sin fines de lucro y campañas políticas”.
La decisión de avanzar o no con una investigación federal dependerá de múltiples factores, entre ellos las prioridades del Departamento de Justicia y el clima político nacional. Sin embargo, para los expertos consultados, los indicios son más que suficientes para hacerlo
La polémica en torno a Hope Florida suma un nuevo capítulo. Un grupo de exfiscales federales de alto perfil aseguraron que existen motivos fundados para que el Departamento de Justicia investigue la transferencia de 10 millones de dólares desde un acuerdo con una aseguradora del Medicaid hacia la fundación vinculada a Casey DeSantis.
Los hechos que desataron la controversia: ¿qué pasa con Hope Florida?
El caso estalló tras la denuncia pública del representante republicano Alex Andrade, quien acusó a funcionarios del gobierno estatal de haber desviado fondos públicos hacia fines políticos. La clave está en el acuerdo firmado en 2023 entre el estado de Florida y la aseguradora Centene, por un total de US$67 millones, debido a prácticas de sobrefacturación dentro del programa Medicaid.
De esos US$67 millones, la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud (AHA, por sus siglas en inglés) retuvo US$57 millones. Los restantes US$10 millones fueron entregados directamente a la Fundación Hope Florida, una organización estatal alineada con la primera dama, Casey DeSantis, y su campaña para reducir la dependencia de los programas sociales.
Aunque los funcionarios del gobierno de Florida afirmaron que se trató de una donación privada por fuera del Medicaid, cuatro exfiscales federales consultados por el equipo de investigación periodística de Miami Herald y Tampa Bay Times coincidieron en que los indicios señalan lo contrario.
La ruta del dinero de los DeSantis: fundaciones y política
El trayecto del dinero desde la aseguradora hasta los circuitos políticos atravesó por varias etapas que, según los exfiscales, podrían configurar una violación directa a leyes federales:
- La Fundación Hope Florida distribuyó los US$10 millones en dos partes iguales a dos organizaciones sin fines de lucro.
- Esas entidades, a su vez, transfirieron al menos US$8,5 millones a un comité político encabezado por James Uthmeier, quien en ese momento era jefe de gabinete de DeSantis y lideraba una campaña contra la legalización de la marihuana recreativa en el estado.
- El comité de Uthmeier envió luego US$10,5 millones al Partido Republicano de Florida y US$1,1 millones al comité político del propio gobernador.
Según los exfiscales, este esquema podría encubrir una operación de lavado de dinero con fondos públicos, disfrazada de donaciones benéficas.
Los expertos en derecho penal y delitos financieros que analizaron el caso sumaron más de ocho décadas de experiencia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre ellos figuran exjefes de secciones clave como fraude financiero, narcóticos, lavado de activos y decomiso de bienes. Todos coincidieron en que los elementos conocidos hasta el momento bastan para abrir una investigación penal.
“Una vez que hay fondos del Medicaid, esos fondos ya no pertenecen a las organizaciones benéficas ni a los comités de acción política. Son recursos del Estado”, sostuvo Charles Blau, exfiscal y redactor de las leyes federales contra el lavado de dinero en los años ochenta. “Esta situación amerita una investigación formal”, enfatizó.
Stefan Cassella, quien trabajó durante tres décadas como fiscal especializado en fraudes vinculados al Medicaid, subrayó que el Estado podría haber cometido una doble infracción al desviar recursos tanto de Florida como del gobierno federal. “Hay un argumento muy sólido de que esta conducta estafó a Estados Unidos”, aseguró.
Hope Florida: los delitos que podrían investigarse, según los fiscales que analizaron el caso
De acuerdo con los testimonios recogidos por el Miami Herald y Tampa Bay Times, los movimientos financieros entre la aseguradora, las fundaciones y los comités podrían dar lugar a múltiples cargos federales, entre ellos:
- Fraude electrónico y por correo.
- Robo de fondos gubernamentales.
- Lavado de dinero.
- Conspiración para estafar a los Estados Unidos.
- Conspiración para cometer fraude postal.
- Robo de programas que reciben financiación federal.
- Fraude médico.
- Uso indebido de recursos del Medicaid.
Scott Newton, exagente del FBI y fiscal federal, explicó que los delitos más fácilmente imputables en este tipo de esquemas son los relacionados con comunicaciones electrónicas y envíos por correo, ya que basta con demostrar que estas herramientas se usaron durante el proceso de defraudación.
Según Newton, la evidencia hasta ahora disponible incluye mensajes de texto en los que se coordina la solicitud y entrega de los US$5 millones a una de las organizaciones, lo cual refuerza la hipótesis de un plan premeditado para encubrir el desvío de fondos.
“El verdadero desafío para la defensa será explicar cómo dos organizaciones presentan solicitudes casi idénticas de financiamiento pocos días después de recibir la ‘donación’, y cómo eso terminó en contribuciones millonarias a una campaña política”, indicó Newton.
Hope Florida: un escándalo que trasciende la política local
Aunque aún no se inició una investigación oficial ni se imputó a ningún funcionario, el consenso entre los exfiscales es que el caso no puede dejarse de lado. La trama de Hope Florida, con su entrelazado de caridad oficial y financiamiento político, colocó al gobierno de Ron DeSantis en el centro de una tormenta legal y mediática que podría escalar en los próximos meses.
Según Newton, “ningún fiscal federal debería ignorar este tipo de operaciones cuando involucran dinero federal, organizaciones sin fines de lucro y campañas políticas”.
La decisión de avanzar o no con una investigación federal dependerá de múltiples factores, entre ellos las prioridades del Departamento de Justicia y el clima político nacional. Sin embargo, para los expertos consultados, los indicios son más que suficientes para hacerlo
Un grupo de juristas, con varias décadas de investigación de casos relacionados con el lavado de dinero, dieron su punto de vista sobre el caso que involucra a la fundación de Casey DeSantis LA NACION
