Los fiscales de Comodoro Py reclaman recursos para implementar el sistema acusatorio

Los fiscales de primera instancia de Comodoro Py le enviaron una carta a su jefe, el procurador general, Eduardo Casal, advirtiendo que la implementación del sistema acusatorio, prevista para agosto, corre serio riesgo de “fracasar” si no se dota a sus fiscalías con mayores y mejores recursos.
“Debemos advertir que el panorama actual dista de ser auspicioso”, advirtieron los fiscales, que pidieron medidas “urgentes” y “concretas” para evitar el “fracaso” de una iniciativa que celebran. “La carencia de recursos es notoria”, definieron.
“Forma parte de nuestra responsabilidad institucional advertir que la implementación de un sistema procesal sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente, en lugar asentarse sobre un diagnóstico adecuado, la coordinación entre los actores del sistema y una apropiada planificación resulta un riesgo cierto para su correcta puesta en funcionamiento”, alertaron.
“La implementación efectiva de este nuevo modelo procesal en un distrito de la relevancia y complejidad como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnologías, e infraestructura acorde a los fines del sistema”, plantearon los fiscales ante Casal.
El nuevo sistema, que ya rige en algunas provincias, relega a los jueces a un rol de mero supervisor y pone en cabeza de los fiscales la investigación de las causas.
Por ello, los funcionarios adhirieron a lo planteado por los fiscales generales ante la Cámara de Casación en referencia a la “notoria desproporción” que, consideran, existe entre el personal del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal.
“Sin duda, contamos con equipos de trabajo altamente capacitados y comprometidos, pero es evidente que las nuevas y amplias responsabilidades que impone el Código Procesal Penal Federal no podrán ser afrontadas adecuadamente con la sola incorporación de algunos auxiliares fiscales adicionales […] la magnitud del desafío exige un refuerzo sustancial y estructural”, afirmaron.
“Solo así podrá garantizarse el correcto funcionamiento del ministerio público fiscal y el pleno cumplimiento de sus funciones en esta etapa clave de transformación del sistema judicial”.
Y enfatizaron: “Resulta imprescindible contar con los necesarios […] de lo contrario, existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen y se ve comprometido el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada”.
La misiva lleva la firma de Gerardo Pollicita, Paloma Ochoa, Eduardo Taiano, Alejandra Mangano, Franco Picardi, Carlos Rívolo Guillermo Marijuan, Ramiro González y Carlos Stornelli.
Los fiscales se quejaron por el tiempo que deben aguardar para la realización de algunos trámites claves, como la extracción forense de teléfonos celulares o de otros dispositivos -entre 3 y 6 meses para obtener turno, afirmaron-, o la falta de equipamiento adecuado para hacer correr programas pesados, como el utilizado para analizar peritajes.
También reclamaron por un mayor espacio físico. El espacio dispuesto para las fiscalías de primera instancia en Comodoro Py no alcanzan a cubrir un piso completo del edificio, argumentaron, y se encuentran sobrepobladas, lo que dificulta llevar a cabo audiencias o el guardado de los efectos secuestrados. “Algunas [fiscalías] han tenido que operar con anexos afuera del edificio”, señalaron.
“La carencia de recursos es notoria, tareas cotidianas en causas complejas, como son la extracción forense de teléfonos celulares o de dispositivos informáticos incautados actualmente registran una demora en la asignación de turnos de entre tres y seis meses”, ejemplificaron.
“Advertimos con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes para revertir estas limitaciones, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas”.
No es la primera vez funcionarios del Ministerio Público Fiscal alertan a Casal sobre la falta de recursos. Hace dos semanas atrás, los fiscales ante la Casación, Raúl Pleé, Javier de Luca y Mario Villar, también elevaron a Casal sus dudas e inquietudes respecto a la puesta en marcha del acusatorio. El procurador ya había llevado la alerta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que busca implementar el sistema en todo el país.
“Todas estas carencias de recursos estructurales y operativas –vinculada a la falta de recursos, técnicos y materiales, impactan directamente en plazo de los procesos, por razones que resultan completamente ajenas la responsabilidad de este Ministerio Publico fiscal,
“Advertimos con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes para revertir estas limitaciones, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas”, cerraron.
Los fiscales de primera instancia de Comodoro Py le enviaron una carta a su jefe, el procurador general, Eduardo Casal, advirtiendo que la implementación del sistema acusatorio, prevista para agosto, corre serio riesgo de “fracasar” si no se dota a sus fiscalías con mayores y mejores recursos.
“Debemos advertir que el panorama actual dista de ser auspicioso”, advirtieron los fiscales, que pidieron medidas “urgentes” y “concretas” para evitar el “fracaso” de una iniciativa que celebran. “La carencia de recursos es notoria”, definieron.
“Forma parte de nuestra responsabilidad institucional advertir que la implementación de un sistema procesal sobre la base de decisiones unilaterales y no coordinadas institucionalmente, en lugar asentarse sobre un diagnóstico adecuado, la coordinación entre los actores del sistema y una apropiada planificación resulta un riesgo cierto para su correcta puesta en funcionamiento”, alertaron.
“La implementación efectiva de este nuevo modelo procesal en un distrito de la relevancia y complejidad como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiere adecuada planificación y la provisión de recursos humanos, herramientas tecnologías, e infraestructura acorde a los fines del sistema”, plantearon los fiscales ante Casal.
El nuevo sistema, que ya rige en algunas provincias, relega a los jueces a un rol de mero supervisor y pone en cabeza de los fiscales la investigación de las causas.
Por ello, los funcionarios adhirieron a lo planteado por los fiscales generales ante la Cámara de Casación en referencia a la “notoria desproporción” que, consideran, existe entre el personal del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal.
“Sin duda, contamos con equipos de trabajo altamente capacitados y comprometidos, pero es evidente que las nuevas y amplias responsabilidades que impone el Código Procesal Penal Federal no podrán ser afrontadas adecuadamente con la sola incorporación de algunos auxiliares fiscales adicionales […] la magnitud del desafío exige un refuerzo sustancial y estructural”, afirmaron.
“Solo así podrá garantizarse el correcto funcionamiento del ministerio público fiscal y el pleno cumplimiento de sus funciones en esta etapa clave de transformación del sistema judicial”.
Y enfatizaron: “Resulta imprescindible contar con los necesarios […] de lo contrario, existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen y se ve comprometido el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país en materia de lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada”.
La misiva lleva la firma de Gerardo Pollicita, Paloma Ochoa, Eduardo Taiano, Alejandra Mangano, Franco Picardi, Carlos Rívolo Guillermo Marijuan, Ramiro González y Carlos Stornelli.
Los fiscales se quejaron por el tiempo que deben aguardar para la realización de algunos trámites claves, como la extracción forense de teléfonos celulares o de otros dispositivos -entre 3 y 6 meses para obtener turno, afirmaron-, o la falta de equipamiento adecuado para hacer correr programas pesados, como el utilizado para analizar peritajes.
También reclamaron por un mayor espacio físico. El espacio dispuesto para las fiscalías de primera instancia en Comodoro Py no alcanzan a cubrir un piso completo del edificio, argumentaron, y se encuentran sobrepobladas, lo que dificulta llevar a cabo audiencias o el guardado de los efectos secuestrados. “Algunas [fiscalías] han tenido que operar con anexos afuera del edificio”, señalaron.
“La carencia de recursos es notoria, tareas cotidianas en causas complejas, como son la extracción forense de teléfonos celulares o de dispositivos informáticos incautados actualmente registran una demora en la asignación de turnos de entre tres y seis meses”, ejemplificaron.
“Advertimos con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes para revertir estas limitaciones, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas”.
No es la primera vez funcionarios del Ministerio Público Fiscal alertan a Casal sobre la falta de recursos. Hace dos semanas atrás, los fiscales ante la Casación, Raúl Pleé, Javier de Luca y Mario Villar, también elevaron a Casal sus dudas e inquietudes respecto a la puesta en marcha del acusatorio. El procurador ya había llevado la alerta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que busca implementar el sistema en todo el país.
“Todas estas carencias de recursos estructurales y operativas –vinculada a la falta de recursos, técnicos y materiales, impactan directamente en plazo de los procesos, por razones que resultan completamente ajenas la responsabilidad de este Ministerio Publico fiscal,
“Advertimos con preocupación que, si no se adoptan medidas concretas y urgentes para revertir estas limitaciones, se comprometerá no solo la eficacia del nuevo sistema, sino también el adecuado ejercicio de las funciones asignadas”, cerraron.
El nuevo reordenamiento, que les da mayor protagonismo y poder, está previsto para agosto; los funcionarios reclaman espacio, recursos humanos y materiales para que la iniciativa no fracase LA NACION