Tierra del Fuego, ¿un regreso a las fuentes o un acto electoral?
Con la quita de aranceles a la importación y la rebaja de impuestos internos anunciada esta semana, el Milei candidato y el Milei Presidente parecen haber entrado en armonía. No se elimina el régimen para electrónicos –distinta fue la suerte de las principales textiles de la isla–, pero la realidad es que finalmente se obligará a las empresas instaladas en la provincia más austral a competir después de 53 años de promoción estatal. Habrá que ver cuántas subsisten.
La medida de la quita de aranceles provocó un tembladeral en el círculo rojo. No tanto porque afecte a muchos –se estima que sólo dos empresas, Newsan y Mirgor, se llevan el 87% de la producción de celulares–, sino porque algunos creen que el Gobierno podría estar animándose a enfrentar a uno de los lobbies más fuertes dentro de la industria nacional. No sería el único. Al menos, la medida coincide temporalmente con una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) firmada la semana pasada, pero que recién trascendió ayer, que le da el visto bueno al laboratorio Tecnovax en una denuncia por conductas anticompetitivas en el negocio de vacunas contra la aftosa (en el cual es líder Biogénesis Bagó). Según el documento de la CNDC, y tal como había denunciado el laboratorio, “el marco regulatorio vigente presenta diversas barreras que podrían estar limitando en forma injustificada la competencia en la provisión de vacunas contra la fiebre aftosa”. ¿Mera casualidad? Puede ser. Sólo el tiempo dirá.
En plena batalla por la elección porteña, en los círculos empresarios también hubo especulaciones políticas por el timing del anuncio. Después de todo, el Gobierno parece haberle a apuntado con la iniciativa a Nicolás Nicky Caputo –accionista de Mirgor–, uno de los empresarios que Mauricio Macri supo describir como “hermano del alma”. Todo es verosímil en campaña, aunque esta vez no parece haber sido precisamente la agenda del Gobierno, que está básicamente interesado en contener la inflación –bajar los precios de los celulares– y planchar el tipo de cambio para llegar bien competitivo a la elección de octubre. Incluso, los efectos de la medida podrían ir mucho más allá.
“La intención del equipo económico de realizar movimientos graduales pero intencionales para recortar quirúrgicamente impuestos en algunas actividades es parte de una estrategia mayor de generar un boom de productividad”, escribió en su reporte diario Walter Stoeppelwerth, jefe de inversiones de Grit Capital Group. Stoeppelwerth compara la iniciativa con lo que sucedió en Chile y en Australia en los 90, cuando gracias a la incorporación de tecnología y bienes de capital baratos ambos país lograron un despegue de la productividad, que les permitió crecer de forma sostenida, aun con monedas apreciándose. En la misma línea iría la decisión de habilitar la importación de maquinaria usada, tanto para el agro como para la industria. Un punto para la “micro” entre tanto discurso sobre la “macro”.
La realidad es que también el contexto internacional parece mejorar. Poco a poco, el huracán Trump pierde fuerza. Después de un mes de fuerte volatilidad internacional, en el que el riesgo país argentino llegó a escalar hasta los 978 puntos –400 puntos por encima del mínimo que había alcanzado en enero–, los mercados empiezan a recobrar la calma. No es un dato menor para un país que necesita recuperar el acceso al financiamiento internacional para pagar sus deudas, y además apalancar las inversiones de sus industrias más competitivas, como el petróleo y el gas, o la minería. Sin dinero no hay Vaca Muerta posible ni minera que tenga con qué sacar el valioso cobre de la Cordillera.
De hecho, mientras batallan para planchar la inflación de cara a las elecciones de octubre, en el Gobierno siguen de cerca el índice de riesgo país, casi con la misma obsesión con la que siguen los precios. Aunque, a diferencia de lo que sucede con los empresarios locales formadores de precios, el del riesgo país no es un indicador que esté a tiro de “X” (o Twitter). Acá, poco importan las redes, juegan las leyes del mercado. El ministro Luis Caputo lo sabe mejor que nadie.
Ahora, con un riesgo país en torno a los 650 puntos, el sector privado será el primero en probar el apetito de los inversores internacionales por créditos argentinos.
Hay al menos cinco grandes empresas que tienen previsto salir con bonos internacionales a partir de la semana que viene. Son los casos de las petroleras Vista –que recientemente compró activos de Petronas en el país por US$1300 millones–, Pluspetrol –que se llevó a fines de 2024 el negocio en Vaca Muerta de Exxon, por US$1700 millones–, Aconcagua Energía, y Pampa Energía.
Telecom, por su parte, tiene previsto emitir un bono para financiar la compra de Telefónica de Argentina, una operación que está siendo investigada por la Comisión de Defensa de la Competencia por posible concentración de mercado. La última empresa en acceder al mercado internacional había sido Irsa, en marzo pasado, antes de que Trump lanzara su errática guerra comercial. Para el sector privado, el mercado internacional no sólo significa financiamiento en moneda dura, sino financiamiento a largo plazo –puede ir de 5 a 8 años, según estiman en los bancos que trabajan en algunas de estas colocaciones– y por montos que ni por asomo pueden conseguirse en la plaza local.
Por eso a las empresas, le seguirán dos provincias, Córdoba, primero, y luego Santa Fe, que ya hizo este año un sondeo en Nueva York entre grandes fondos. Las emisiones provinciales que podrían ser en cada caso de entre US$500 millones y hasta US$1000 millones, son, tal vez, las más relevantes para el gobierno nacional. De hecho, las provincias, al igual que la Nación, no tienen acceso a los mercados voluntarios desde 2017, tal vez, el último año de bonanza financiera para la Argentina, antes de que en la gestión Macri se desataran las corridas cambiarias que terminaron por dinamitar el programa económico. Las provincias, en tanto, necesitan el fondeo sobre todo para poder financiar obras de infraestructura, que muchas veces antes recaían en el gobierno nacional. La realidad es que hasta ahora, las transferencias del Tesoro, aun para las provincias amigas, como Chaco o Misiones, han servido para cubrir gastos corrientes, pero no son un tipo de financiamiento lo suficientemente largo y abultado como para abordar inversiones más de fondo.
“Todas estas emisiones son fundamentales para ir pavimentando el camino para que después el gobierno nacional pueda salir”, reconoce una fuente con amplia experiencia en el mercado de capitales. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla que la Argentina acceda a los mercados, más temprano que tarde, para poder ir refinanciando sus vencimientos de deuda, como lo hace cualquier país normal. Entre 2026 y 2028, los vencimientos suman unos US$28.000 millones, difícilmente puedan salir esos dólares de las reservas del Banco Central (BCRA), como sucedió hasta ahora.
En el mercado, los grandes fondos no ven imposible que la Nación logre financiarse en el exterior incluso antes de que finalice 2025. Aunque hay otra variable que miran de cerca y es la acumulación de reservas. Pese a que en el Gobierno insisten en que no es un indicador relevante con tipo de cambio flotante, el que el Banco Central (BCRA) no esté comprando dólares en el mercado es algo que miran de cerca. También en el Fondo Monetario Internacional. La Argentina deberá pasar en junio la primera revisión del acuerdo. En el directorio del FMI hay dos cuestiones que empiezan a sondear con algo de desconfianza: la meta de reservas que, se sabe, no se cumplirá, y las presuntas intervenciones del BCRA en el mercado de futuros de dólar. “El humor en el directorio con la Argentina no es el mejor, ya fue muy polémica la aprobación del acuerdo”, dice una fuente, que con años de experiencia en el organismo. Mientras Trump siga apoyando, sin embargo, saben que sólo son actores de reparto.
Con la quita de aranceles a la importación y la rebaja de impuestos internos anunciada esta semana, el Milei candidato y el Milei Presidente parecen haber entrado en armonía. No se elimina el régimen para electrónicos –distinta fue la suerte de las principales textiles de la isla–, pero la realidad es que finalmente se obligará a las empresas instaladas en la provincia más austral a competir después de 53 años de promoción estatal. Habrá que ver cuántas subsisten.
La medida de la quita de aranceles provocó un tembladeral en el círculo rojo. No tanto porque afecte a muchos –se estima que sólo dos empresas, Newsan y Mirgor, se llevan el 87% de la producción de celulares–, sino porque algunos creen que el Gobierno podría estar animándose a enfrentar a uno de los lobbies más fuertes dentro de la industria nacional. No sería el único. Al menos, la medida coincide temporalmente con una resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) firmada la semana pasada, pero que recién trascendió ayer, que le da el visto bueno al laboratorio Tecnovax en una denuncia por conductas anticompetitivas en el negocio de vacunas contra la aftosa (en el cual es líder Biogénesis Bagó). Según el documento de la CNDC, y tal como había denunciado el laboratorio, “el marco regulatorio vigente presenta diversas barreras que podrían estar limitando en forma injustificada la competencia en la provisión de vacunas contra la fiebre aftosa”. ¿Mera casualidad? Puede ser. Sólo el tiempo dirá.
En plena batalla por la elección porteña, en los círculos empresarios también hubo especulaciones políticas por el timing del anuncio. Después de todo, el Gobierno parece haberle a apuntado con la iniciativa a Nicolás Nicky Caputo –accionista de Mirgor–, uno de los empresarios que Mauricio Macri supo describir como “hermano del alma”. Todo es verosímil en campaña, aunque esta vez no parece haber sido precisamente la agenda del Gobierno, que está básicamente interesado en contener la inflación –bajar los precios de los celulares– y planchar el tipo de cambio para llegar bien competitivo a la elección de octubre. Incluso, los efectos de la medida podrían ir mucho más allá.
“La intención del equipo económico de realizar movimientos graduales pero intencionales para recortar quirúrgicamente impuestos en algunas actividades es parte de una estrategia mayor de generar un boom de productividad”, escribió en su reporte diario Walter Stoeppelwerth, jefe de inversiones de Grit Capital Group. Stoeppelwerth compara la iniciativa con lo que sucedió en Chile y en Australia en los 90, cuando gracias a la incorporación de tecnología y bienes de capital baratos ambos país lograron un despegue de la productividad, que les permitió crecer de forma sostenida, aun con monedas apreciándose. En la misma línea iría la decisión de habilitar la importación de maquinaria usada, tanto para el agro como para la industria. Un punto para la “micro” entre tanto discurso sobre la “macro”.
La realidad es que también el contexto internacional parece mejorar. Poco a poco, el huracán Trump pierde fuerza. Después de un mes de fuerte volatilidad internacional, en el que el riesgo país argentino llegó a escalar hasta los 978 puntos –400 puntos por encima del mínimo que había alcanzado en enero–, los mercados empiezan a recobrar la calma. No es un dato menor para un país que necesita recuperar el acceso al financiamiento internacional para pagar sus deudas, y además apalancar las inversiones de sus industrias más competitivas, como el petróleo y el gas, o la minería. Sin dinero no hay Vaca Muerta posible ni minera que tenga con qué sacar el valioso cobre de la Cordillera.
De hecho, mientras batallan para planchar la inflación de cara a las elecciones de octubre, en el Gobierno siguen de cerca el índice de riesgo país, casi con la misma obsesión con la que siguen los precios. Aunque, a diferencia de lo que sucede con los empresarios locales formadores de precios, el del riesgo país no es un indicador que esté a tiro de “X” (o Twitter). Acá, poco importan las redes, juegan las leyes del mercado. El ministro Luis Caputo lo sabe mejor que nadie.
Ahora, con un riesgo país en torno a los 650 puntos, el sector privado será el primero en probar el apetito de los inversores internacionales por créditos argentinos.
Hay al menos cinco grandes empresas que tienen previsto salir con bonos internacionales a partir de la semana que viene. Son los casos de las petroleras Vista –que recientemente compró activos de Petronas en el país por US$1300 millones–, Pluspetrol –que se llevó a fines de 2024 el negocio en Vaca Muerta de Exxon, por US$1700 millones–, Aconcagua Energía, y Pampa Energía.
Telecom, por su parte, tiene previsto emitir un bono para financiar la compra de Telefónica de Argentina, una operación que está siendo investigada por la Comisión de Defensa de la Competencia por posible concentración de mercado. La última empresa en acceder al mercado internacional había sido Irsa, en marzo pasado, antes de que Trump lanzara su errática guerra comercial. Para el sector privado, el mercado internacional no sólo significa financiamiento en moneda dura, sino financiamiento a largo plazo –puede ir de 5 a 8 años, según estiman en los bancos que trabajan en algunas de estas colocaciones– y por montos que ni por asomo pueden conseguirse en la plaza local.
Por eso a las empresas, le seguirán dos provincias, Córdoba, primero, y luego Santa Fe, que ya hizo este año un sondeo en Nueva York entre grandes fondos. Las emisiones provinciales que podrían ser en cada caso de entre US$500 millones y hasta US$1000 millones, son, tal vez, las más relevantes para el gobierno nacional. De hecho, las provincias, al igual que la Nación, no tienen acceso a los mercados voluntarios desde 2017, tal vez, el último año de bonanza financiera para la Argentina, antes de que en la gestión Macri se desataran las corridas cambiarias que terminaron por dinamitar el programa económico. Las provincias, en tanto, necesitan el fondeo sobre todo para poder financiar obras de infraestructura, que muchas veces antes recaían en el gobierno nacional. La realidad es que hasta ahora, las transferencias del Tesoro, aun para las provincias amigas, como Chaco o Misiones, han servido para cubrir gastos corrientes, pero no son un tipo de financiamiento lo suficientemente largo y abultado como para abordar inversiones más de fondo.
“Todas estas emisiones son fundamentales para ir pavimentando el camino para que después el gobierno nacional pueda salir”, reconoce una fuente con amplia experiencia en el mercado de capitales. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla que la Argentina acceda a los mercados, más temprano que tarde, para poder ir refinanciando sus vencimientos de deuda, como lo hace cualquier país normal. Entre 2026 y 2028, los vencimientos suman unos US$28.000 millones, difícilmente puedan salir esos dólares de las reservas del Banco Central (BCRA), como sucedió hasta ahora.
En el mercado, los grandes fondos no ven imposible que la Nación logre financiarse en el exterior incluso antes de que finalice 2025. Aunque hay otra variable que miran de cerca y es la acumulación de reservas. Pese a que en el Gobierno insisten en que no es un indicador relevante con tipo de cambio flotante, el que el Banco Central (BCRA) no esté comprando dólares en el mercado es algo que miran de cerca. También en el Fondo Monetario Internacional. La Argentina deberá pasar en junio la primera revisión del acuerdo. En el directorio del FMI hay dos cuestiones que empiezan a sondear con algo de desconfianza: la meta de reservas que, se sabe, no se cumplirá, y las presuntas intervenciones del BCRA en el mercado de futuros de dólar. “El humor en el directorio con la Argentina no es el mejor, ya fue muy polémica la aprobación del acuerdo”, dice una fuente, que con años de experiencia en el organismo. Mientras Trump siga apoyando, sin embargo, saben que sólo son actores de reparto.
Algunos creen que el Gobierno podría estar animándose a enfrentar a uno de los lobbies más fuertes dentro de la industria nacional LA NACION
