El juez que ordenó la detención de Bailaque y un financista denunció que un policía lo intentó sobornar
El viernes 16 de mayo pasado estaba previsto que se realizara una audiencia clave para el financista Fernando Whpei, que actualmente está preso en un destacamento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desde el miércoles pasado, cuando un grupo de fiscales desgranó una serie de acusaciones contra uno de los titulares del Grupo Unión, entre ellas, que extorsionó con el juez federal Marcelo Bailaque y el extitular de la AFIP Carlos Vaudagna a un empresario que le pagó a Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia 140.000 de 200.000 dólares a cambio de que Bailaque cerrara esa causa inventada.
El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz presidió una audiencia en la que la defensa de Whpei iba a fundamentar que el financiste deje el calabozo en el aeropuerto de Rosario, donde llamativamente quedan recluidos imputados del mundo financiero, con buen pasar económico. Otro de los que pasó por ese lugar de reclusión fue Gustavo Shanahan, extitular del puerto de Rosario. Whpei alega que debe estar preso en su extraña casa de calle Santiago, en Rosario, -que los vecinos definen como una fortaleza- porque su hija padece una discapacidad y su esposa no está en condiciones de salud para atenderla. El juez pidió una serie de informes para evaluar esta situación y definir dónde esperará el juicio Whpei.
Antes de esta audiencia, que para Whpei era clave porque se decidirá si seguirá preso en un calabozo o detenido en su domicilio, el juez Rodrígues Da Cruz denunció que vivió una extraña situación cuando entraba a los tribunales federales con un cabo de la Policía Federal Argentina, que luego de esta presentación el viernes en la Oficina de Gestión Judicial fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El magistrado, que también dictó la prisión preventiva para el juez Bailaque el 30 de abril pasado, describió en un escrito esta llamativa situación, que puede interpretarse como un intento de soborno por parte de este agente de la PFA. “Concretamente, siendo las 9 horas y en momentos en que procedía a ingresar al tribunal donde cumplo funciones, el cabo 1° L.M., se me acercó y manifestó lo siguiente: “Doctor, perdón lo moleste, pero no quería dejarlo afuera”, a lo cual le respondí que “no entendía lo qué me estaba diciendo”, y ante ello el citado agregó “que el otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero”.
Rodríguez Da Cruz le indicó a L.M. –de acuerdo a la presentación- que “no entendía qué me estaba manifestando y que lo sucedido no correspondía de ninguna manera”. Según el escrito, el magistrado reveló que el agente policial le respondió: “que esto era de estilo y que le me quería contar para no dejarme afuera”.
Finalmente, el juez le reiteró que “no me parecía apropiado lo que había sucedido”; le explicó que “no me tenía que dejar adentro o afuera de nada porque no compartía en absoluto lo que pasó”.
Lo que se interpretó en la justicia federal es que el suboficial de la Policía Federal intentó iniciar este diálogo con el juez con alguna intención espuria. La sospecha es que esta conversación podría perjudicar al magistrado si se estaba filmando esta extraña charla, en momentos en que este juez preside las audiencias en las que se trata esta causa en la que se reveló una madeja de corrupción de alto nivel en el Poder Judicial, en ARCA, con un financista como Whpei, que no sólo tenía un fuerte poder económico, sino también influencias políticas, tanto a nivel local como nacional.
En las próximas semanas el Consejo de la Magistratura avanzará en la destitución de Bailaque, cuya investigación en ese cuerpo se reactivó después de que Rodrígues Da Cruz dictó el 30 de abril pasado la prisión preventiva contra el magistrado, luego de ser imputado por tramar una extorsión contra el empresario Claudio Iglesias. Esa maniobra se gestó en 2019, según la acusación de los fiscales, en una comida en el quincho de Bailaque en la que participaron el extitular de la AFIP Carlos Vaudagna y Whpei.
En marzo pasado, el exjefe de ARCA Rosario se presentó como arrepentido y admitió que en esa cena le dijeron que le iba a llegar una denuncia anónima contra Iglesias, que era falsa, y que él debía llevar, cuando Bailaque estuviera de turno, al juzgado federal. El magistrado no delegó el caso en la Fiscalía Federal, como acostumbraba hacer con todos los expedientes, y ordenó allanamientos contra Iglesias. A la par, Whpei le pidió al empresario extorsionado el pago de 200.000 dólares para que la causa no avanzara. Iglesias pagó una parte de ese monto, en dos reuniones que mantuvo con el financista en sus oficinas en el Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
Esta no fue la única maniobra que compartieron Bailaque y su “amigo” Whpei. Esta trama tiene que ver con el manejo de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que tras la caída de Herme Juárez, alias Vino Caliente, a quien lo habían procesado por lavado de dinero, fue intervenida.
Los miembros de la cooperativa, por fuera de Vino Caliente, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 10.000.000 de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei.
En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.
“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.
Bailaque rechazó en ese momento la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.
La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó, con argumentos lapidarios de Angela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, que consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: “Nunca negué que somos amigos”.
El fiscal Federico Reynares Solari acusó a Bailaque que no expuso su relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.
Whpei ya fue investigado en otras causas de lavado de dinero, y que –según se comprobó- una de las mutuales de ese conglomerado, llamada Siempre Joven, giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los bienes de la familia Kirchner.
Con base en Rosario, Whpei tuvo un despegue económico descomunal en las últimas dos décadas, a partir de obtener otorgar créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias, a través de códigos de descuento. Es decir, los préstamos a suma fija se descontaban de los salarios de los empleados estatales. Se sospecha que Whpei financió varias campañas políticas en Santa Fe, de un arco ideológico transversal, con respaldos económicos a La Cámpora y a sectores de Juntos por el Cambio.
El viernes 16 de mayo pasado estaba previsto que se realizara una audiencia clave para el financista Fernando Whpei, que actualmente está preso en un destacamento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desde el miércoles pasado, cuando un grupo de fiscales desgranó una serie de acusaciones contra uno de los titulares del Grupo Unión, entre ellas, que extorsionó con el juez federal Marcelo Bailaque y el extitular de la AFIP Carlos Vaudagna a un empresario que le pagó a Whpei en las oficinas del Museo de la Democracia 140.000 de 200.000 dólares a cambio de que Bailaque cerrara esa causa inventada.
El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz presidió una audiencia en la que la defensa de Whpei iba a fundamentar que el financiste deje el calabozo en el aeropuerto de Rosario, donde llamativamente quedan recluidos imputados del mundo financiero, con buen pasar económico. Otro de los que pasó por ese lugar de reclusión fue Gustavo Shanahan, extitular del puerto de Rosario. Whpei alega que debe estar preso en su extraña casa de calle Santiago, en Rosario, -que los vecinos definen como una fortaleza- porque su hija padece una discapacidad y su esposa no está en condiciones de salud para atenderla. El juez pidió una serie de informes para evaluar esta situación y definir dónde esperará el juicio Whpei.
Antes de esta audiencia, que para Whpei era clave porque se decidirá si seguirá preso en un calabozo o detenido en su domicilio, el juez Rodrígues Da Cruz denunció que vivió una extraña situación cuando entraba a los tribunales federales con un cabo de la Policía Federal Argentina, que luego de esta presentación el viernes en la Oficina de Gestión Judicial fue pasado a disponibilidad por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El magistrado, que también dictó la prisión preventiva para el juez Bailaque el 30 de abril pasado, describió en un escrito esta llamativa situación, que puede interpretarse como un intento de soborno por parte de este agente de la PFA. “Concretamente, siendo las 9 horas y en momentos en que procedía a ingresar al tribunal donde cumplo funciones, el cabo 1° L.M., se me acercó y manifestó lo siguiente: “Doctor, perdón lo moleste, pero no quería dejarlo afuera”, a lo cual le respondí que “no entendía lo qué me estaba diciendo”, y ante ello el citado agregó “que el otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero”.
Rodríguez Da Cruz le indicó a L.M. –de acuerdo a la presentación- que “no entendía qué me estaba manifestando y que lo sucedido no correspondía de ninguna manera”. Según el escrito, el magistrado reveló que el agente policial le respondió: “que esto era de estilo y que le me quería contar para no dejarme afuera”.
Finalmente, el juez le reiteró que “no me parecía apropiado lo que había sucedido”; le explicó que “no me tenía que dejar adentro o afuera de nada porque no compartía en absoluto lo que pasó”.
Lo que se interpretó en la justicia federal es que el suboficial de la Policía Federal intentó iniciar este diálogo con el juez con alguna intención espuria. La sospecha es que esta conversación podría perjudicar al magistrado si se estaba filmando esta extraña charla, en momentos en que este juez preside las audiencias en las que se trata esta causa en la que se reveló una madeja de corrupción de alto nivel en el Poder Judicial, en ARCA, con un financista como Whpei, que no sólo tenía un fuerte poder económico, sino también influencias políticas, tanto a nivel local como nacional.
En las próximas semanas el Consejo de la Magistratura avanzará en la destitución de Bailaque, cuya investigación en ese cuerpo se reactivó después de que Rodrígues Da Cruz dictó el 30 de abril pasado la prisión preventiva contra el magistrado, luego de ser imputado por tramar una extorsión contra el empresario Claudio Iglesias. Esa maniobra se gestó en 2019, según la acusación de los fiscales, en una comida en el quincho de Bailaque en la que participaron el extitular de la AFIP Carlos Vaudagna y Whpei.
En marzo pasado, el exjefe de ARCA Rosario se presentó como arrepentido y admitió que en esa cena le dijeron que le iba a llegar una denuncia anónima contra Iglesias, que era falsa, y que él debía llevar, cuando Bailaque estuviera de turno, al juzgado federal. El magistrado no delegó el caso en la Fiscalía Federal, como acostumbraba hacer con todos los expedientes, y ordenó allanamientos contra Iglesias. A la par, Whpei le pidió al empresario extorsionado el pago de 200.000 dólares para que la causa no avanzara. Iglesias pagó una parte de ese monto, en dos reuniones que mantuvo con el financista en sus oficinas en el Museo de la Democracia, en pleno centro de Rosario.
Esta no fue la única maniobra que compartieron Bailaque y su “amigo” Whpei. Esta trama tiene que ver con el manejo de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que tras la caída de Herme Juárez, alias Vino Caliente, a quien lo habían procesado por lavado de dinero, fue intervenida.
Los miembros de la cooperativa, por fuera de Vino Caliente, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 10.000.000 de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei.
En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.
“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.
Bailaque rechazó en ese momento la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.
La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó, con argumentos lapidarios de Angela Ledesma, revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, que consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: “Nunca negué que somos amigos”.
El fiscal Federico Reynares Solari acusó a Bailaque que no expuso su relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que precisamente por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.
Whpei ya fue investigado en otras causas de lavado de dinero, y que –según se comprobó- una de las mutuales de ese conglomerado, llamada Siempre Joven, giró fondos millonarios a la firma Los Sauces SA, que administraba los bienes de la familia Kirchner.
Con base en Rosario, Whpei tuvo un despegue económico descomunal en las últimas dos décadas, a partir de obtener otorgar créditos con las mutuales a empleados públicos de 16 provincias, a través de códigos de descuento. Es decir, los préstamos a suma fija se descontaban de los salarios de los empleados estatales. Se sospecha que Whpei financió varias campañas políticas en Santa Fe, de un arco ideológico transversal, con respaldos económicos a La Cámpora y a sectores de Juntos por el Cambio.
Un agente de la Policía Federal interceptó al magistrado y le dijo que el abogado del empresario le había “dejado dinero” y que “no quería dejarlo afuera” LA NACION
