Paradoja: según expertos, tras el cierre de la causa que en 2008 ordenó sanearlo, el agua del Riachuelo está más contaminada
Es una historia de más de 200 años de contaminación con el resultado del “río transformado en un tacho de basura”. En la cuenca Matanza Riachuelo, el territorio más densamente poblado del país, sigue pendiente la recomposición de sus suelos y agua donde abundan bacterias, como la Escherichia coli, y residuos industriales, entre ellos el cinc, mercurio y níquel.
Ayer, miembros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) se reunieron para discutir los efectos del cese de la supervisión por parte de la Corte Suprema del fallo Mendoza, la causa en la que el máximo tribunal había ordenado sanear el Riachuelo. Agotadas todas las instancias judiciales en la Argentina, el caso inició un largo camino procesal para dirimirse en la justicia internacional. Lejos de estar cumplidos los objetivos de la sentencia de 2008, para Raúl Estrada Oyuela, diplomático de carrera y abogado a cargo de la presentación, “la calidad del agua es peor que hace 17 años”.
La sesión académica fue organizada por el Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del CARI y contó con un recorrido de los antecedentes de la cuenca, desde los inicios de la contaminación hasta la petición elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el cuerpo colegiado creado oportunamente con el encargo de monitorear el cumplimiento del fallo Mendoza.
“Todos los argentinos escuchamos alguna vez el problema de la contaminación en el Riachuelo. Ya en la Asamblea de 1813 se mencionaba la contaminación en la cuenca y sus consecuencias en la salud. Y décadas más tarde Juan Manuel de Rosas, como gobernador de Buenos Aires, dictó un decreto que disponía que la curtiembre no podía tirar allí los residuos de la faena”, dijo María Esther Bondanza, directora del Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del CARI, en el inicio de la jornada.
“En 2004 vecinos de la zona sur iniciaron una demanda por contaminación, en la que reclamaron la reparación por los perjuicios en la salud y solicitaron que se avance con el saneamiento, un juicio que terminó en la Corte Suprema contra el Estado Nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y 44 de las industrias contaminantes”, agregó.
Bondanza recordó que en 2006 se creó por ley la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y que la Corte Suprema dictó dos sentencias: una, en 2006, que obligó a los demandados a diseñar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) para recomponer la cuenca y prevenir daños a futuro; otra en 2008, el histórico fallo Mendoza que exhortó a que ejecuten las medidas.
“Hubo un largo período de la Corte muy activa en el tema, muy comprometida con la causa y realizando audiencias públicas importantes con todos los actores y organismos ambientales. Hasta abril de 2024, cuando le solicitó a la Acumar un estado de situación. El organismo presentó un informe diciendo que se habían conseguido algunas metas, logrado crear una estructura y que tenía herramientas para alcanzar su cometido. Por ese informe, la Corte emitió en octubre de 2024 la sentencia en la que decide que se retira de la supervisión”, dijo Bondanza.
Y añadió: “Esta decisión provocó la reacción inmediata del cuerpo colegiado, que presentó un recurso de revocatoria contra aquella decisión y, más tarde, hizo una petición a la CIDH por el daño a la población”.
Luego tomó la palabra Estrada Oyuela, quien dedicó gran parte de su carrera profesional a defender los intereses de los habitantes de la cuenca, fue delegado argentino en varias asambleas de las Naciones Unidas a partir de 1968 y presidió la negociación del Protocolo de Kyoto, el acuerdo mundial más importante en medio ambiente.
“No es casualidad que la ciudad esté al lado del Riachuelo. Hacía falta tener un lugar para atracar los buques del estuario del Río de la Plata. Es la razón por la que se fundó dos veces Buenos Aires aquí. Las quejas por la contaminación en la cuenca comenzaron antes de la independencia y la situación se mantiene hasta hoy. El río se transformó en un tacho de basura a causa de la curtiembre, los efluentes industriales sin tratamientos, desechos cloacales, basurales a cielo abierto y los residuos sólidos urbanos”, introdujo Estrada Oyuela.
Para el abogado, el caso Mendoza fue un juicio muy especial en el que la Corte reconoció la gran ausencia de información sobre la cuenca. Fue un fallo estructural, algo nuevo en la jurisprudencia argentina, en el que los jueces supremos fijaron como objetivos el saneamiento y la recomposición, la urbanización y relocalización de villas, erradicación de basurales, la limpieza de los márgenes del río y la prevención del daño ambiental a futuro.
“Pero la supervisión de la ejecución fue floja y se cortó prematuramente. La mayoría de los errores se cometieron por falta de información de la zona más densamente poblada del país. En el medio, quedó vacante el cargo de Defensor del Pueblo, perjudicando a sus habitantes. La justicia federal actualmente no tiene peritos ambientales y no se creó ninguna comisión especial para este tipo de peritajes –el toxicológico, por ejemplo–, lo que hizo que los juzgados no tengan herramientas para determinar los niveles de contaminación. Las medidas procesales no fueron suficientes para ejecutar el fallo”, denunció Estrada Oyuela.
Después sostuvo: “Se contamina porque a las empresas producir limpio les resulta caro. Es más barato para una industria pagar las multas que impone Acumar que producir sin contaminar. La situación se sostiene por las prácticas corruptas de funcionarios que evitan las clausuras de empresas contaminantes. La Corte en 2008 ordenó que Acumar realizara en 90 días un plan sanitario de emergencia, que consistía en hacer un mapa sociodemográfico y los factores de riesgo. Esto todavía no está hecho. Hay un problema serio de plomo presente en el agua, el aire y el suelo. El caso del agua es preocupante, los parámetros son más bajos que en 2008, empeoró mucho”.
Estrada Oyuela reconoce como único avance lo que considera cambios cosméticos en el Riachuelo. “Antes se veían los buques abandonados y todo era un gran basural flotante. Ahí trabajaron Acumar y la Prefectura Argentina para levantarlos del lecho del río. También disminuyó el olor, el camino de sirga está más despejado y las barrancas se ven mejor”, enumeró el abogado.
A la vez, hizo referencia a la navegabilidad en la cuenca y al Sistema Riachuelo, el megacolector cloacal que financió el Banco Mundial para recibir los desechos del margen izquierdo que bordea la ciudad de Buenos Aires, desde La Matanza hasta Dock Sud. “Hay un interés muy grande de las areneras de navegar todo el Riachuelo, porque es más barato que transportar en camiones. También hay un interés en la navegabilidad para potenciar el turismo en la zona sur, con el peligro de remover los contaminantes del agua y suelo. El Sistema Riachuelo es un desastre. Se hizo el conductor, pero no el tratamiento de residuos. Solo se va a hacer una planta de pretratamiento que funciona como un colador de los residuos mayores, pero se descargan todos los contaminantes directamente en el Río de la Plata. No hay un estudio del impacto ambiental que tienen esas descargas”, sostuvo.
Por otro lado, señaló que en la actual gestión Acumar redujo gran parte de su personal y no tiene recursos para encarar sus responsabilidades. El abogado participó en la petición elevada a la CIDH, en la que hizo un fuerte énfasis en las necesidades habitacionales de la población y solicitó: medidas cautelares para asegurar su salud, que el organismo realice una visita a la cuenca y que formule recomendaciones al Gobierno.
Consultado por LA NACION sobre las perspectivas de la causa en el sistema interamericano, Estrada Oyuela se mostró pesimista. “Los plazos son muy largos. La decisión sobre la petición que formulamos es apenas una primera instancia y podría llegar recién en un año. No es para nada esperanzador. Los miembros de la CIDH se reúnen dos veces al año en Washington y tienen un período acotado de sesiones. Las resoluciones recientes del organismo fueron en un buen sentido para la defensa del medio ambiente, pero los habitantes de la cuenca no pueden esperar más. Hay una insensibilidad general sobre el tema, no escuché a ningún candidato en las elecciones recientes referirse a ello. La población lleva más de 20 años esperando una solución y si el caso pasa a la Corte Interamericana, no va demorar menos de siete años en emitir un fallo”, concluyó.
Es una historia de más de 200 años de contaminación con el resultado del “río transformado en un tacho de basura”. En la cuenca Matanza Riachuelo, el territorio más densamente poblado del país, sigue pendiente la recomposición de sus suelos y agua donde abundan bacterias, como la Escherichia coli, y residuos industriales, entre ellos el cinc, mercurio y níquel.
Ayer, miembros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) se reunieron para discutir los efectos del cese de la supervisión por parte de la Corte Suprema del fallo Mendoza, la causa en la que el máximo tribunal había ordenado sanear el Riachuelo. Agotadas todas las instancias judiciales en la Argentina, el caso inició un largo camino procesal para dirimirse en la justicia internacional. Lejos de estar cumplidos los objetivos de la sentencia de 2008, para Raúl Estrada Oyuela, diplomático de carrera y abogado a cargo de la presentación, “la calidad del agua es peor que hace 17 años”.
La sesión académica fue organizada por el Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del CARI y contó con un recorrido de los antecedentes de la cuenca, desde los inicios de la contaminación hasta la petición elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el cuerpo colegiado creado oportunamente con el encargo de monitorear el cumplimiento del fallo Mendoza.
“Todos los argentinos escuchamos alguna vez el problema de la contaminación en el Riachuelo. Ya en la Asamblea de 1813 se mencionaba la contaminación en la cuenca y sus consecuencias en la salud. Y décadas más tarde Juan Manuel de Rosas, como gobernador de Buenos Aires, dictó un decreto que disponía que la curtiembre no podía tirar allí los residuos de la faena”, dijo María Esther Bondanza, directora del Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del CARI, en el inicio de la jornada.
“En 2004 vecinos de la zona sur iniciaron una demanda por contaminación, en la que reclamaron la reparación por los perjuicios en la salud y solicitaron que se avance con el saneamiento, un juicio que terminó en la Corte Suprema contra el Estado Nacional, la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y 44 de las industrias contaminantes”, agregó.
Bondanza recordó que en 2006 se creó por ley la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) y que la Corte Suprema dictó dos sentencias: una, en 2006, que obligó a los demandados a diseñar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) para recomponer la cuenca y prevenir daños a futuro; otra en 2008, el histórico fallo Mendoza que exhortó a que ejecuten las medidas.
“Hubo un largo período de la Corte muy activa en el tema, muy comprometida con la causa y realizando audiencias públicas importantes con todos los actores y organismos ambientales. Hasta abril de 2024, cuando le solicitó a la Acumar un estado de situación. El organismo presentó un informe diciendo que se habían conseguido algunas metas, logrado crear una estructura y que tenía herramientas para alcanzar su cometido. Por ese informe, la Corte emitió en octubre de 2024 la sentencia en la que decide que se retira de la supervisión”, dijo Bondanza.
Y añadió: “Esta decisión provocó la reacción inmediata del cuerpo colegiado, que presentó un recurso de revocatoria contra aquella decisión y, más tarde, hizo una petición a la CIDH por el daño a la población”.
Luego tomó la palabra Estrada Oyuela, quien dedicó gran parte de su carrera profesional a defender los intereses de los habitantes de la cuenca, fue delegado argentino en varias asambleas de las Naciones Unidas a partir de 1968 y presidió la negociación del Protocolo de Kyoto, el acuerdo mundial más importante en medio ambiente.
“No es casualidad que la ciudad esté al lado del Riachuelo. Hacía falta tener un lugar para atracar los buques del estuario del Río de la Plata. Es la razón por la que se fundó dos veces Buenos Aires aquí. Las quejas por la contaminación en la cuenca comenzaron antes de la independencia y la situación se mantiene hasta hoy. El río se transformó en un tacho de basura a causa de la curtiembre, los efluentes industriales sin tratamientos, desechos cloacales, basurales a cielo abierto y los residuos sólidos urbanos”, introdujo Estrada Oyuela.
Para el abogado, el caso Mendoza fue un juicio muy especial en el que la Corte reconoció la gran ausencia de información sobre la cuenca. Fue un fallo estructural, algo nuevo en la jurisprudencia argentina, en el que los jueces supremos fijaron como objetivos el saneamiento y la recomposición, la urbanización y relocalización de villas, erradicación de basurales, la limpieza de los márgenes del río y la prevención del daño ambiental a futuro.
“Pero la supervisión de la ejecución fue floja y se cortó prematuramente. La mayoría de los errores se cometieron por falta de información de la zona más densamente poblada del país. En el medio, quedó vacante el cargo de Defensor del Pueblo, perjudicando a sus habitantes. La justicia federal actualmente no tiene peritos ambientales y no se creó ninguna comisión especial para este tipo de peritajes –el toxicológico, por ejemplo–, lo que hizo que los juzgados no tengan herramientas para determinar los niveles de contaminación. Las medidas procesales no fueron suficientes para ejecutar el fallo”, denunció Estrada Oyuela.
Después sostuvo: “Se contamina porque a las empresas producir limpio les resulta caro. Es más barato para una industria pagar las multas que impone Acumar que producir sin contaminar. La situación se sostiene por las prácticas corruptas de funcionarios que evitan las clausuras de empresas contaminantes. La Corte en 2008 ordenó que Acumar realizara en 90 días un plan sanitario de emergencia, que consistía en hacer un mapa sociodemográfico y los factores de riesgo. Esto todavía no está hecho. Hay un problema serio de plomo presente en el agua, el aire y el suelo. El caso del agua es preocupante, los parámetros son más bajos que en 2008, empeoró mucho”.
Estrada Oyuela reconoce como único avance lo que considera cambios cosméticos en el Riachuelo. “Antes se veían los buques abandonados y todo era un gran basural flotante. Ahí trabajaron Acumar y la Prefectura Argentina para levantarlos del lecho del río. También disminuyó el olor, el camino de sirga está más despejado y las barrancas se ven mejor”, enumeró el abogado.
A la vez, hizo referencia a la navegabilidad en la cuenca y al Sistema Riachuelo, el megacolector cloacal que financió el Banco Mundial para recibir los desechos del margen izquierdo que bordea la ciudad de Buenos Aires, desde La Matanza hasta Dock Sud. “Hay un interés muy grande de las areneras de navegar todo el Riachuelo, porque es más barato que transportar en camiones. También hay un interés en la navegabilidad para potenciar el turismo en la zona sur, con el peligro de remover los contaminantes del agua y suelo. El Sistema Riachuelo es un desastre. Se hizo el conductor, pero no el tratamiento de residuos. Solo se va a hacer una planta de pretratamiento que funciona como un colador de los residuos mayores, pero se descargan todos los contaminantes directamente en el Río de la Plata. No hay un estudio del impacto ambiental que tienen esas descargas”, sostuvo.
Por otro lado, señaló que en la actual gestión Acumar redujo gran parte de su personal y no tiene recursos para encarar sus responsabilidades. El abogado participó en la petición elevada a la CIDH, en la que hizo un fuerte énfasis en las necesidades habitacionales de la población y solicitó: medidas cautelares para asegurar su salud, que el organismo realice una visita a la cuenca y que formule recomendaciones al Gobierno.
Consultado por LA NACION sobre las perspectivas de la causa en el sistema interamericano, Estrada Oyuela se mostró pesimista. “Los plazos son muy largos. La decisión sobre la petición que formulamos es apenas una primera instancia y podría llegar recién en un año. No es para nada esperanzador. Los miembros de la CIDH se reúnen dos veces al año en Washington y tienen un período acotado de sesiones. Las resoluciones recientes del organismo fueron en un buen sentido para la defensa del medio ambiente, pero los habitantes de la cuenca no pueden esperar más. Hay una insensibilidad general sobre el tema, no escuché a ningún candidato en las elecciones recientes referirse a ello. La población lleva más de 20 años esperando una solución y si el caso pasa a la Corte Interamericana, no va demorar menos de siete años en emitir un fallo”, concluyó.
Así lo denunció el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), que participó de la petición a la justicia internacional para que intervenga LA NACION
