Exministros de Cultura de distintos signos políticos piden al Congreso que rechace el decreto que despoja de autarquía a la Conabip
No está todo dicho en las reformas que el Gobierno impulsa en Cultura. Esta tarde, en una carta enviada al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Oscar Zago, que tiene al senador Víctor Zimmermann como vicepresidente) y a los ocho diputados y ocho senadores que la integran, exministros y exsecretarios de Cultura de la Nación así como expresidentes de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) de los gobiernos de los presidentes Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández solicitaron que “con carácter urgente” se rechace el decreto 345/2025 antes del 4 de junio para “evitar un daño irreparable a la cultura nacional y federal”, como sostienen. El 4 de junio se cumple el plazo de diez días hábiles para que el Congreso acepte o no el decreto.
La carta lleva la firma de Mario Pacho O’Donnell, Rubén Stella, Teresa Parodi, Pablo Avelluto y Tristán Bauer, y de los expresidentes de la Conabip de 1993 a 2019: Daniel Ríos, Miguel Ávila, María del Carmen Bianchi, Ángela Signes y Leandro De Sagastizábal. No hay “grieta” en la defensa de la Conabip. Solo falta la firma de Hernán Lombardi, que fue ministro de Turismo, Cultura y Deportes del presidente Fernando de la Rúa.
El decreto en cuestión -celebrado en redes sociales por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, “en el marco del reordenamiento administrativo”, según se expresa en el Boletín Oficial- establece que la Conabip deja de ser un organismo centralizado (es decir, con relativa autarquía del Poder Ejecutivo) para pasar a depender totalmente de la Secretaría de Cultura (convertida en secretaría de Estado, también por decreto, en 2024).
Además, se disuelve la junta con representantes de las provincias y, en su lugar, se crea un consejo asesor ad honorem de cinco expertos que serían designados por el secretario de Cultura. El presidente de la Conabip -cargo que en la actualidad ocupa el bibliotecólogo Raúl Escandar- se convertiría en director, y los directores, en subdirectores.
“Nos dirigimos a ustedes en calidad de ex Presidentes de la CONABIP y ex Ministros/Secretarios de Cultura de la Nación, a fin de solicitar con carácter urgente el rechazo del Decreto 345/2025 antes del 4 de junio del corriente año, para evitar un daño irreparable a la cultura nacional y federal”, se lee al comienzo de la carta.
“Habiendo ejercido funciones en gestiones de distintos signos políticos a lo largo de las últimas décadas, nos une el compromiso con el rol invaluable de las Bibliotecas Populares y su organismo rector, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares -sostienen los firmantes-. Las Bibliotecas Populares son espacios esenciales de democratización cultural, acceso plural al conocimiento y participación ciudadana. A lo largo del tiempo, todas nuestras gestiones han buscado fortalecer su misión, ampliar su alcance y garantizar su sostenibilidad, actualizando e incorporando las modificaciones que un proyecto de más de ciento cincuenta años de historia fuera requiriendo pero siempre preservando la vigencia y valor del mismo”.
Los exfuncionarios afirman “rotundamente” que “no existe fundamento técnico, presupuestario ni administrativo que justifique las modificaciones impuestas por el Decreto 345/2025″.
“La Conabip ha demostrado ser un organismo eficiente, federal y especializado, dotado de legitimidad institucional y capacidades propias para la administración del Fondo Especial para Bibliotecas Populares, conforme a lo establecido por la Ley N.º 23.351. Transferir dicha administración al Secretario de Cultura, eliminando la estructura especializada, participativa y federal, implica un retroceso institucional grave y una ruptura del espíritu de la ley vigente”.
“Se trata de un acto arbitrario, centralista y regresivo, que pone en riesgo una política pública de largo aliento y alto impacto sociocultural”, remarcan en el documento. Y recuerdan que los legisladores que aprobaron la ley 27.742 (la ley Bases) se habían manifestado en sus discursos a favor de que la Conabip funcionara como hasta ahora. “La emisión del Decreto 345/2025 en el marco de dichas facultades implica, por tanto, una violación al espíritu del parlamentario”, denuncian.
“Más allá de nuestras diferentes pertenencias ideológicas o partidarias, nos une la defensa de una institución centenaria que ha acompañado el desarrollo de más de 1500 Bibliotecas Populares en todo el país, y que constituye uno de los pilares más sólidos de nuestra vida cultural democrática -prosigue la carta-. Por todo lo expuesto, solicitamos a esta Honorable Comisión Bicameral que rechace el Decreto 345/2025 en su conjunto, y restituya la plena vigencia del marco legal que garantiza la autonomía, el financiamiento y la misión cultural y democrática de la Conabip”, concluye la carta.
En diálogo con LA NACION, el exministro de Cultura Pablo Avelluto destacó que la Conabip es “una de las cosas que está bien en la política cultural argentina desde hace muchos años”.
“He visitado innumerables bibliotecas populares en todo el país y he visto con mis propios ojos el trabajo que hacen -agregó-. Lo que aparenta ser una deseable simplificación administrativa atenta contra una institución en la que la representación federal es central son muchos cientos de bibliotecas diseminadas en todo el país. Los costos de las atribuciones delegadas por el congreso al poder ejecutivo son altísimos. Se trata de decisiones que se toman sin consenso ni diálogo alguno, lo que abre paso a prejuicios y desconocimiento. Y luego, sin ningún derecho al pataleo. Por eso es fundamental que el Congreso le ponga un límite a lo que ha decidido el gobierno con respecto a la Conabip”.
Para María del Carmen Bianchi, que presidió la Conabip en dos ocasiones, la iniciativa del Gobierno es “un despropósito”. “No aporta nada, no resuelve nada, empeora todo, no abarata nada; es simplemente una forma brutal de la aplicación de la motosierra como un gesto de pura agresividad y crueldad y que destruye lo que se construyó durante décadas”, lamentó.
Desde ABGRA expresamos nuestro más enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inclusión de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) en el Decreto 345/2025, del Poder Ejecutivo Nacional.
Lee la noticia en nuestra web: https://t.co/J9mqq6mmau pic.twitter.com/AjZ7KU6fTH— ABGRA (@ABGRAoficial) May 23, 2025
La semana pasada, después del anuncio del vocero Manuel Adorni sobre los cambios en el área de Cultura, que se oficializaron el miércoles 21 en el Boletín Oficial, escritores, historiadores, intelectuales y bibliotecarios difundieron en redes sociales comunicados y solicitadas en defensa de los institutos de investigación histórica (ya que en el mismo decreto 345/2025 se establece su cierre o fusión en un megainstituto del que, por ahora, se sabe poco y nada) y de la Conabip, quizás una de las instituciones estatales más respetadas por los argentinos.
No está todo dicho en las reformas que el Gobierno impulsa en Cultura. Esta tarde, en una carta enviada al presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Oscar Zago, que tiene al senador Víctor Zimmermann como vicepresidente) y a los ocho diputados y ocho senadores que la integran, exministros y exsecretarios de Cultura de la Nación así como expresidentes de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) de los gobiernos de los presidentes Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández solicitaron que “con carácter urgente” se rechace el decreto 345/2025 antes del 4 de junio para “evitar un daño irreparable a la cultura nacional y federal”, como sostienen. El 4 de junio se cumple el plazo de diez días hábiles para que el Congreso acepte o no el decreto.
La carta lleva la firma de Mario Pacho O’Donnell, Rubén Stella, Teresa Parodi, Pablo Avelluto y Tristán Bauer, y de los expresidentes de la Conabip de 1993 a 2019: Daniel Ríos, Miguel Ávila, María del Carmen Bianchi, Ángela Signes y Leandro De Sagastizábal. No hay “grieta” en la defensa de la Conabip. Solo falta la firma de Hernán Lombardi, que fue ministro de Turismo, Cultura y Deportes del presidente Fernando de la Rúa.
El decreto en cuestión -celebrado en redes sociales por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, “en el marco del reordenamiento administrativo”, según se expresa en el Boletín Oficial- establece que la Conabip deja de ser un organismo centralizado (es decir, con relativa autarquía del Poder Ejecutivo) para pasar a depender totalmente de la Secretaría de Cultura (convertida en secretaría de Estado, también por decreto, en 2024).
Además, se disuelve la junta con representantes de las provincias y, en su lugar, se crea un consejo asesor ad honorem de cinco expertos que serían designados por el secretario de Cultura. El presidente de la Conabip -cargo que en la actualidad ocupa el bibliotecólogo Raúl Escandar- se convertiría en director, y los directores, en subdirectores.
“Nos dirigimos a ustedes en calidad de ex Presidentes de la CONABIP y ex Ministros/Secretarios de Cultura de la Nación, a fin de solicitar con carácter urgente el rechazo del Decreto 345/2025 antes del 4 de junio del corriente año, para evitar un daño irreparable a la cultura nacional y federal”, se lee al comienzo de la carta.
“Habiendo ejercido funciones en gestiones de distintos signos políticos a lo largo de las últimas décadas, nos une el compromiso con el rol invaluable de las Bibliotecas Populares y su organismo rector, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares -sostienen los firmantes-. Las Bibliotecas Populares son espacios esenciales de democratización cultural, acceso plural al conocimiento y participación ciudadana. A lo largo del tiempo, todas nuestras gestiones han buscado fortalecer su misión, ampliar su alcance y garantizar su sostenibilidad, actualizando e incorporando las modificaciones que un proyecto de más de ciento cincuenta años de historia fuera requiriendo pero siempre preservando la vigencia y valor del mismo”.
Los exfuncionarios afirman “rotundamente” que “no existe fundamento técnico, presupuestario ni administrativo que justifique las modificaciones impuestas por el Decreto 345/2025″.
“La Conabip ha demostrado ser un organismo eficiente, federal y especializado, dotado de legitimidad institucional y capacidades propias para la administración del Fondo Especial para Bibliotecas Populares, conforme a lo establecido por la Ley N.º 23.351. Transferir dicha administración al Secretario de Cultura, eliminando la estructura especializada, participativa y federal, implica un retroceso institucional grave y una ruptura del espíritu de la ley vigente”.
“Se trata de un acto arbitrario, centralista y regresivo, que pone en riesgo una política pública de largo aliento y alto impacto sociocultural”, remarcan en el documento. Y recuerdan que los legisladores que aprobaron la ley 27.742 (la ley Bases) se habían manifestado en sus discursos a favor de que la Conabip funcionara como hasta ahora. “La emisión del Decreto 345/2025 en el marco de dichas facultades implica, por tanto, una violación al espíritu del parlamentario”, denuncian.
“Más allá de nuestras diferentes pertenencias ideológicas o partidarias, nos une la defensa de una institución centenaria que ha acompañado el desarrollo de más de 1500 Bibliotecas Populares en todo el país, y que constituye uno de los pilares más sólidos de nuestra vida cultural democrática -prosigue la carta-. Por todo lo expuesto, solicitamos a esta Honorable Comisión Bicameral que rechace el Decreto 345/2025 en su conjunto, y restituya la plena vigencia del marco legal que garantiza la autonomía, el financiamiento y la misión cultural y democrática de la Conabip”, concluye la carta.
En diálogo con LA NACION, el exministro de Cultura Pablo Avelluto destacó que la Conabip es “una de las cosas que está bien en la política cultural argentina desde hace muchos años”.
“He visitado innumerables bibliotecas populares en todo el país y he visto con mis propios ojos el trabajo que hacen -agregó-. Lo que aparenta ser una deseable simplificación administrativa atenta contra una institución en la que la representación federal es central son muchos cientos de bibliotecas diseminadas en todo el país. Los costos de las atribuciones delegadas por el congreso al poder ejecutivo son altísimos. Se trata de decisiones que se toman sin consenso ni diálogo alguno, lo que abre paso a prejuicios y desconocimiento. Y luego, sin ningún derecho al pataleo. Por eso es fundamental que el Congreso le ponga un límite a lo que ha decidido el gobierno con respecto a la Conabip”.
Para María del Carmen Bianchi, que presidió la Conabip en dos ocasiones, la iniciativa del Gobierno es “un despropósito”. “No aporta nada, no resuelve nada, empeora todo, no abarata nada; es simplemente una forma brutal de la aplicación de la motosierra como un gesto de pura agresividad y crueldad y que destruye lo que se construyó durante décadas”, lamentó.
Desde ABGRA expresamos nuestro más enérgico rechazo y profunda preocupación ante la inclusión de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) en el Decreto 345/2025, del Poder Ejecutivo Nacional.
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La semana pasada, después del anuncio del vocero Manuel Adorni sobre los cambios en el área de Cultura, que se oficializaron el miércoles 21 en el Boletín Oficial, escritores, historiadores, intelectuales y bibliotecarios difundieron en redes sociales comunicados y solicitadas en defensa de los institutos de investigación histórica (ya que en el mismo decreto 345/2025 se establece su cierre o fusión en un megainstituto del que, por ahora, se sabe poco y nada) y de la Conabip, quizás una de las instituciones estatales más respetadas por los argentinos.
Pacho O’Donnell, Rubén Stella, Teresa Parodi, Pablo Avelluto y Tristán Bauer, además de expresidentes del organismo, señalan que “no existe fundamento técnico, presupuestario ni administrativo que justifique las modificaciones impuestas” por el Gobierno LA NACION
