El traslado de un contingente de presos concretado en estos días hizo demasiado ruido. El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Gabriel Esteban Aquino, había notificado al Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5) sobre la necesidad de desalojar una unidad del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza para acondicionar esas plazas a fin de ubicar con urgencia a la sobrepoblación femenina.
Se procedió así al traslado de 19 exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, dependencia que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias. La medida también se tomó considerando que la cercanía del Hospital Militar garantiza atención médica inmediata a sujetos a quienes injustamente se les ha negado la prisión domiciliaria que estipula la ley a pesar de su avanzada edad. El TOF5 no objetó el traslado y avaló también los pedidos especiales.
Durante la campaña electoral de 2023, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, había prometido una “solución” para los militares “injustamente detenidos”. En 2024, en una entrevista, afirmó que algunos detenidos están presos “sin causa” y que en algunos casos la prisión es “una forma de venganza”. Movidos por el odio y la venganza, organismos de derechos humanos, junto a familiares, sobrevivientes y querellantes, denunciaron que la cárcel de Campo de Mayo sería un penal de privilegio. Desde el Gobierno, respondieron a las acusaciones y afirmaron que “no van a una cárcel VIP, van al mismo lugar al que el kirchnerismo envió a Jorge ‘el Tigre’ Acosta, al Turco Julián (por Julio Simón) y a otros militares peligrosos”. Si la prisión ofreciera algún tipo de privilegio, este vendría desde los tiempos en que el kirchnerismo gobernaba, agregaron.
Son 69 los prisioneros albergados hoy en Ezeiza, incluyendo los últimos 19 trasladados, además de Ricardo Jaime, Pablo García Aliverti y el exfiscal Juan Carlos César Castro.
La utilización política de la figura de los llamados delitos de lesa humanidad no ha cesado y solo un fortalecimiento del Poder Judicial, afianzado en su independencia e imparcialidad, conducirá a decisiones fundadas exclusivamente en la aplicación del derecho
El rechazo de algunos se funda en un cuestionamiento al principio de igualdad ante la ley, que fija que las condiciones carcelarias deben ser uniformes para todos los condenados, sin distinción por el tipo penal. Igual argumento debe aplicarse a los procesos judiciales que establecen que una persona acusada por un delito de lesa humanidad no puede ser condenada si no se prueba su participación en los hechos más allá de toda duda razonable y no, como ha venido ocurriendo en numerosos casos, en juicios amañados con un derecho penal paralelo para supuestos enemigos. Solo así se explican las vergonzosas prisiones preventivas de quienes aguardan sus condenas a más de 40 años de transcurridos los hechos. Hacia marzo pasado, según información oficial del Ministerio Público Fiscal compilada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, había 14 juicios en curso, 63 causas esperan fecha para juicio y 258 permanecen en instrucción. Más de 1200 personas que estaban siendo investigadas fallecieron durante el proceso, 900 de ellas en cautiverio, de las cuales 756 no tenían sentencia firme.
Pisoteando ese sano principio de igualdad, se ha privado a algunos condenados por lesa humanidad mayores de 70 años de gozar de la prisión domiciliaria que contempla la legislación. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la que nuestro país es signataria, obliga a proteger a la ancianidad, prescribiendo para ella una serie de derechos, cuidados y beneficios tanto en lo administrativo como en lo legislativo y judicial. No se puede hablar de un retroceso en el compromiso con los derechos humanos, como disparatadamente argumentan cuando el relato instalado por tantos años se ve hoy superado por una medida tan razonable como válida.
Hablar de derechos es hablar de todos. Nunca restringirlos será defenderlos. Mucho menos, apelar a la venganza, la persecución y el odio. “Un odio que ha sido dramático en nuestra historia. Un odio que es la antítesis de la convivencia pacífica. Un odio que por su propia definición invita a excluir al otro”, tal como lo planteó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en un reciente comunicado, en relación con los ataques al periodismo.
Es de esperar que el cambio de era llegue también en estos temas para que levemos anclas respecto de lo peor del pasado, siendo capaces de dejar espacio para actos concretos de misericordia y perdón. Necesitamos pacificar. La utilización política de la figura de los llamados delitos de lesa humanidad, una categoría excepcional que no debe ser bastardeada por conveniencias ideológicas o económicas, no ha cesado y, también en este terreno, solo un fortalecimiento del Poder Judicial, afianzado en su independencia e imparcialidad, conducirá a decisiones fundadas exclusivamente en la aplicación del derecho y la salvaguarda de las garantías constitucionales.
El traslado de un contingente de presos concretado en estos días hizo demasiado ruido. El 16 de abril pasado, el director de régimen correccional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Gabriel Esteban Aquino, había notificado al Tribunal Oral Federal Nº 5 (TOF5) sobre la necesidad de desalojar una unidad del Complejo Penitenciario VII de Ezeiza para acondicionar esas plazas a fin de ubicar con urgencia a la sobrepoblación femenina.
Se procedió así al traslado de 19 exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad de Ezeiza a la Unidad 34 de Campo de Mayo, dependencia que cuenta con las condiciones de seguridad necesarias. La medida también se tomó considerando que la cercanía del Hospital Militar garantiza atención médica inmediata a sujetos a quienes injustamente se les ha negado la prisión domiciliaria que estipula la ley a pesar de su avanzada edad. El TOF5 no objetó el traslado y avaló también los pedidos especiales.
Durante la campaña electoral de 2023, Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, había prometido una “solución” para los militares “injustamente detenidos”. En 2024, en una entrevista, afirmó que algunos detenidos están presos “sin causa” y que en algunos casos la prisión es “una forma de venganza”. Movidos por el odio y la venganza, organismos de derechos humanos, junto a familiares, sobrevivientes y querellantes, denunciaron que la cárcel de Campo de Mayo sería un penal de privilegio. Desde el Gobierno, respondieron a las acusaciones y afirmaron que “no van a una cárcel VIP, van al mismo lugar al que el kirchnerismo envió a Jorge ‘el Tigre’ Acosta, al Turco Julián (por Julio Simón) y a otros militares peligrosos”. Si la prisión ofreciera algún tipo de privilegio, este vendría desde los tiempos en que el kirchnerismo gobernaba, agregaron.
Son 69 los prisioneros albergados hoy en Ezeiza, incluyendo los últimos 19 trasladados, además de Ricardo Jaime, Pablo García Aliverti y el exfiscal Juan Carlos César Castro.
La utilización política de la figura de los llamados delitos de lesa humanidad no ha cesado y solo un fortalecimiento del Poder Judicial, afianzado en su independencia e imparcialidad, conducirá a decisiones fundadas exclusivamente en la aplicación del derecho
El rechazo de algunos se funda en un cuestionamiento al principio de igualdad ante la ley, que fija que las condiciones carcelarias deben ser uniformes para todos los condenados, sin distinción por el tipo penal. Igual argumento debe aplicarse a los procesos judiciales que establecen que una persona acusada por un delito de lesa humanidad no puede ser condenada si no se prueba su participación en los hechos más allá de toda duda razonable y no, como ha venido ocurriendo en numerosos casos, en juicios amañados con un derecho penal paralelo para supuestos enemigos. Solo así se explican las vergonzosas prisiones preventivas de quienes aguardan sus condenas a más de 40 años de transcurridos los hechos. Hacia marzo pasado, según información oficial del Ministerio Público Fiscal compilada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, había 14 juicios en curso, 63 causas esperan fecha para juicio y 258 permanecen en instrucción. Más de 1200 personas que estaban siendo investigadas fallecieron durante el proceso, 900 de ellas en cautiverio, de las cuales 756 no tenían sentencia firme.
Pisoteando ese sano principio de igualdad, se ha privado a algunos condenados por lesa humanidad mayores de 70 años de gozar de la prisión domiciliaria que contempla la legislación. La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la que nuestro país es signataria, obliga a proteger a la ancianidad, prescribiendo para ella una serie de derechos, cuidados y beneficios tanto en lo administrativo como en lo legislativo y judicial. No se puede hablar de un retroceso en el compromiso con los derechos humanos, como disparatadamente argumentan cuando el relato instalado por tantos años se ve hoy superado por una medida tan razonable como válida.
Hablar de derechos es hablar de todos. Nunca restringirlos será defenderlos. Mucho menos, apelar a la venganza, la persecución y el odio. “Un odio que ha sido dramático en nuestra historia. Un odio que es la antítesis de la convivencia pacífica. Un odio que por su propia definición invita a excluir al otro”, tal como lo planteó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en un reciente comunicado, en relación con los ataques al periodismo.
Es de esperar que el cambio de era llegue también en estos temas para que levemos anclas respecto de lo peor del pasado, siendo capaces de dejar espacio para actos concretos de misericordia y perdón. Necesitamos pacificar. La utilización política de la figura de los llamados delitos de lesa humanidad, una categoría excepcional que no debe ser bastardeada por conveniencias ideológicas o económicas, no ha cesado y, también en este terreno, solo un fortalecimiento del Poder Judicial, afianzado en su independencia e imparcialidad, conducirá a decisiones fundadas exclusivamente en la aplicación del derecho y la salvaguarda de las garantías constitucionales.
Es necesario superar revanchismos que solo alimentan la decadencia, como los observados con motivo del traslado de exmilitares detenidos a Campo de Mayo LA NACION
