Ciudadanía por nacimiento en EE.UU.: qué se sabe del fallo de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra en la recta final de su actual período judicial y una de las decisiones más esperadas gira en torno a un principio consagrado desde fines del siglo XIX: la ciudadanía por nacimiento. En este contexto, los jueces podrían pronunciarse en las próximas semanas sobre una apelación que podría modificar de manera drástica la manera en que se reconoce la nacionalidad estadounidense a hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU.
Se espera una decisión inminente de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento
Según el periodista John Fritze de CNN, los jueces de la Corte Suprema emitirán una serie de fallos claves antes de que finalice el período judicial, a fines de junio. Entre ellos figura esta causa sobre la ciudadanía por nacimiento, considerada una de las más relevantes no solo por su impacto migratorio, sino también por lo que representa en términos de equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
La expectativa es alta, no solo en los círculos legales, sino también en organizaciones de derechos civiles, estados federales y cientos de miles de familias que aguardan una decisión que podría redefinir el acceso a la ciudadanía en Estados Unidos. Todo dependerá del fallo que emita una Corte con mayoría conservadora (seis a tres), cuyas divisiones internas ya se hicieron evidentes en la audiencia del 15 de mayo.
Ciudadanía por nacimiento: la postura de Trump y el rol de la Corte Suprema de EE.UU.
El caso tiene su origen en una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó luego de su toma de posesión, en la cual intentó anular el derecho automático a la ciudadanía para hijos de personas indocumentadas o con estatus migratorio temporal, como visas de estudiante o de trabajo.
Aunque esta política no llegó a implementarse por completo, fue frenada por tribunales federales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, que emitieron medidas cautelares a nivel nacional. Esta acción judicial fue criticada por la administración Trump, que sostiene que tales resoluciones exceden la autoridad conferida por la Constitución a los jueces federales de primera instancia.
Durante una audiencia el pasado 15 de mayo, los magistrados de la Corte Suprema mostraron opiniones divididas sobre los dos aspectos centrales del caso:
- Por un lado, la validez de las órdenes ejecutivas que buscan limitar el derecho a la ciudadanía automática.
- Por otro, el alcance que deberían tener los fallos de jueces de distrito: si pueden aplicarse en todo ese país o solamente en las jurisdicciones involucradas.
El gobierno de Trump, representado por el procurador general D. John Sauer, argumentó que los injunctions universales (mandamientos judiciales) violan el artículo III de la Constitución estadounidense, ya que los tribunales solo deben resolver daños concretos para los demandantes individuales. En sus palabras, citadas por Idaho State Journal, “las medidas cautelares de alcance nacional transgreden el equilibrio tradicional de la equidad judicial”.
Las consecuencias de eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
Más allá del debate jurídico, el impacto potencial de esta decisión podría ser profundo. El principio del “jus soli”, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, fue consagrado por la Enmienda 14 de la Constitución tras la Guerra Civil. Desde entonces, fue ratificado por varios fallos de la Corte, como por ejemplo United States v. Wong Kim Ark en 1898.
Si la Corte Suprema decidiera permitir la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump, miles de niños que nazcan en Estados Unidos de padres sin residencia permanente perderían automáticamente el derecho a la ciudadanía.
La jueza Sonia Sotomayor alertó que esto podría generar una clase de personas sin nacionalidad: “Miles de niños nacerán sin documentos de ciudadanía, lo que podría volverlos apátridas en ciertos lugares donde los países de origen de sus padres no los reconocen como ciudadanos por nacimiento en el exterior”.
Según un estudio del Migration Policy Institute, unas 255 mil personas nacen cada año en Estados Unidos en estas condiciones y quedarían excluidas del acceso a la nacionalidad si se modificara este derecho.
Ciudadanía por nacimiento: opiniones divididas en la Corte Suprema de EE.UU.
Durante la discusión del caso, los jueces mostraron posturas diversas. Algunos expresaron preocupación por las implicancias prácticas de limitar el uso de medidas cautelares a nivel nacional. La jueza Elena Kagan advirtió que se crearía un sistema caótico si los tribunales no pudieran frenar políticas en todo el país norteamericano.
Por su parte, su colega Neil Gorsuch, conservador, coincidió parcialmente al señalar que eso provocaría un “mosaico” judicial y que los juicios colectivos tardarían mucho en consolidarse.
A favor de la postura del gobierno, el juez Clarence Thomas recordó que el uso de estas medidas cautelares universales es reciente, ya que empezaron a utilizarse en la década de 1960, y que antes Estados Unidos funcionaba sin ellas. En una crítica más directa, el juez Samuel Alito cuestionó que algunos jueces de distrito crean que “pueden hacer lo que quieran”.
La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra en la recta final de su actual período judicial y una de las decisiones más esperadas gira en torno a un principio consagrado desde fines del siglo XIX: la ciudadanía por nacimiento. En este contexto, los jueces podrían pronunciarse en las próximas semanas sobre una apelación que podría modificar de manera drástica la manera en que se reconoce la nacionalidad estadounidense a hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU.
Se espera una decisión inminente de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento
Según el periodista John Fritze de CNN, los jueces de la Corte Suprema emitirán una serie de fallos claves antes de que finalice el período judicial, a fines de junio. Entre ellos figura esta causa sobre la ciudadanía por nacimiento, considerada una de las más relevantes no solo por su impacto migratorio, sino también por lo que representa en términos de equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
La expectativa es alta, no solo en los círculos legales, sino también en organizaciones de derechos civiles, estados federales y cientos de miles de familias que aguardan una decisión que podría redefinir el acceso a la ciudadanía en Estados Unidos. Todo dependerá del fallo que emita una Corte con mayoría conservadora (seis a tres), cuyas divisiones internas ya se hicieron evidentes en la audiencia del 15 de mayo.
Ciudadanía por nacimiento: la postura de Trump y el rol de la Corte Suprema de EE.UU.
El caso tiene su origen en una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó luego de su toma de posesión, en la cual intentó anular el derecho automático a la ciudadanía para hijos de personas indocumentadas o con estatus migratorio temporal, como visas de estudiante o de trabajo.
Aunque esta política no llegó a implementarse por completo, fue frenada por tribunales federales en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington, que emitieron medidas cautelares a nivel nacional. Esta acción judicial fue criticada por la administración Trump, que sostiene que tales resoluciones exceden la autoridad conferida por la Constitución a los jueces federales de primera instancia.
Durante una audiencia el pasado 15 de mayo, los magistrados de la Corte Suprema mostraron opiniones divididas sobre los dos aspectos centrales del caso:
- Por un lado, la validez de las órdenes ejecutivas que buscan limitar el derecho a la ciudadanía automática.
- Por otro, el alcance que deberían tener los fallos de jueces de distrito: si pueden aplicarse en todo ese país o solamente en las jurisdicciones involucradas.
El gobierno de Trump, representado por el procurador general D. John Sauer, argumentó que los injunctions universales (mandamientos judiciales) violan el artículo III de la Constitución estadounidense, ya que los tribunales solo deben resolver daños concretos para los demandantes individuales. En sus palabras, citadas por Idaho State Journal, “las medidas cautelares de alcance nacional transgreden el equilibrio tradicional de la equidad judicial”.
Las consecuencias de eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
Más allá del debate jurídico, el impacto potencial de esta decisión podría ser profundo. El principio del “jus soli”, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, fue consagrado por la Enmienda 14 de la Constitución tras la Guerra Civil. Desde entonces, fue ratificado por varios fallos de la Corte, como por ejemplo United States v. Wong Kim Ark en 1898.
Si la Corte Suprema decidiera permitir la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump, miles de niños que nazcan en Estados Unidos de padres sin residencia permanente perderían automáticamente el derecho a la ciudadanía.
La jueza Sonia Sotomayor alertó que esto podría generar una clase de personas sin nacionalidad: “Miles de niños nacerán sin documentos de ciudadanía, lo que podría volverlos apátridas en ciertos lugares donde los países de origen de sus padres no los reconocen como ciudadanos por nacimiento en el exterior”.
Según un estudio del Migration Policy Institute, unas 255 mil personas nacen cada año en Estados Unidos en estas condiciones y quedarían excluidas del acceso a la nacionalidad si se modificara este derecho.
Ciudadanía por nacimiento: opiniones divididas en la Corte Suprema de EE.UU.
Durante la discusión del caso, los jueces mostraron posturas diversas. Algunos expresaron preocupación por las implicancias prácticas de limitar el uso de medidas cautelares a nivel nacional. La jueza Elena Kagan advirtió que se crearía un sistema caótico si los tribunales no pudieran frenar políticas en todo el país norteamericano.
Por su parte, su colega Neil Gorsuch, conservador, coincidió parcialmente al señalar que eso provocaría un “mosaico” judicial y que los juicios colectivos tardarían mucho en consolidarse.
A favor de la postura del gobierno, el juez Clarence Thomas recordó que el uso de estas medidas cautelares universales es reciente, ya que empezaron a utilizarse en la década de 1960, y que antes Estados Unidos funcionaba sin ellas. En una crítica más directa, el juez Samuel Alito cuestionó que algunos jueces de distrito crean que “pueden hacer lo que quieran”.
La Corte Suprema de EE.UU. debe tomar una decisión sobre la ciudadanía por nacimiento. Tras una audiencia con posturas divididas, se espera una resolución clave. LA NACION
